Un espacio en el cual el historial de derechos humanos de China est\u00e1 en discusi\u00f3n es el Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU)<\/a> de la ONU en Ginebra, Suiza, a realizarse el pr\u00f3ximo 6 de noviembre. El EPU es un mecanismo de revisi\u00f3n paritaria en el cual cada estado miembro de la ONU tiene sus propias pr\u00e1cticas de derechos humanos que deben ser examinadas cada cinco a\u00f1os.<\/p>\n El pr\u00f3ximo mes, China enfrenta su tercera revisi\u00f3n, esta vez con un enfoque especial sobre sus responsabilidades en el extranjero.<\/p>\n \u201cLas revisiones ten\u00edan originalmente la intenci\u00f3n de evaluar el cumplimiento de un conjunto de instrumentos de derechos humanos a nivel nacional,\u201d sostuvo Paulina Garz\u00f3n, jefa de la Iniciativa de Inversiones Sostenibles China-Am\u00e9rica Latina<\/a>. Garz\u00f3n ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil latinoamericana en un informe que cuestiona las violaciones cometidas por las compa\u00f1\u00edas chinas en la regi\u00f3n.<\/p>\n \u201cPero ahora hay un conjunto creciente de teor\u00edas que afirman que los pa\u00edses tambi\u00e9n tienen la responsabilidad de implementar aquellos instrumentos sobre los cuales sus compa\u00f1\u00edas trabajan en el resto del mundo. Podremos ver este tipo de evaluaci\u00f3n este a\u00f1o,\u201d agreg\u00f3.<\/p>\n El examen considera tres documentos oficiales: un informe nacional presentado por China, una compilaci\u00f3n de informaci\u00f3n de la ONU preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y un resumen de los informes presentados por las ONG.<\/p>\n Las organizaciones de la sociedad civil de Am\u00e9rica Latina presentaron tres informes para ser tomados en consideraci\u00f3n en la revisi\u00f3n de China. Todos reivindican una amplia gama de violaciones de los derechos humanos vinculadas a proyectos espec\u00edficos, principalmente en los sectores de infraestructura e industrias extractivas.<\/p>\n Un grupo de 21 ONGs<\/a> de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Per\u00fa examinaron 18 proyectos gestionados por 15 consorcios de negocios chinos, vinculados a la miner\u00eda, el petr\u00f3leo y la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica. Estos se ubicaron en reservas ind\u00edgenas o \u00e1reas nominalmente protegidas. Las ONG encontraron que todos los proyectos violaban los derechos humanos.<\/p>\n <\/div>\n \u201cHay una violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos de consulta y participaci\u00f3n previos, junto con los desalojos forzosos, la destrucci\u00f3n de lugares de importancia cultural y natural y [la] criminalizaci\u00f3n de los l\u00edderes comunitarios\u201d, dijo Sof\u00eda Jarrin, coordinadora de medio ambiente y pueblos ind\u00edgenas del Centro de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (CDES) de Ecuador.<\/p>\n Casi dos tercios de los proyectos revisados est\u00e1n en Ecuador. El informe advirti\u00f3 sobre un patr\u00f3n de violaciones en todos los proyectos, incluida la no adopci\u00f3n de medidas que cumplan con las \u201cobligaciones extraterritoriales\u201d de China para proteger los derechos en los pa\u00edses receptores, de acuerdo con sus leyes nacionales.<\/p>\n Estos derechos se especifican en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Econ\u00f3micos<\/a>. China firm\u00f3 el pacto en 1998, pero no lo ha ratificado, lo que significa que no se ha trasladado a la ley china.<\/p>\n Un proyecto al que se hace referencia en el informe es la mina de cobre El Mirador en la provincia de Morona-Santiago, en el sureste de Ecuador. El proyecto ha sido el escenario de un conflicto violento entre la compa\u00f1\u00eda minera china Ecuacorriente S.A. (EXSA), propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan, y la comunidad ind\u00edgena local Shuar.<\/p>\n Los miembros de la comunidad fueron desplazados por la fuerza por la creaci\u00f3n de la mina y, a medida que la disputa avanzaba, el l\u00edder ind\u00edgena Jos\u00e9 Isidro Tendetza Antun fue asesinado. Su cuerpo exhib\u00eda signos de tortura.<\/p>\n La comunidad reclama su derecho a ser consultado en proyectos de desarrollo programados para territorios ancestrales \u2013 tal como lo establece la ley ecuatoriana \u2013 norma que fue violada por la mina que cost\u00f3 unos USD$ 1.4 mil millones.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la creciente dependencia de los pa\u00edses latinoamericanos a las finanzas chinas que, seg\u00fan sostienen, debilita la decisi\u00f3n de sus gobiernos de respetar las leyes al momento que las inversiones las infringen.<\/p>\n Estos proyectos violaron los derechos de la comunidad shuar y de otros 455 grupos ind\u00edgenas en la cuenca del Amazonas<\/p><\/blockquote>\n En el marco de una solicitud por parte de EXSA, el gobierno ecuatoriano orden\u00f3 el cierre de la ONG Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica<\/a>, que defendi\u00f3 a la comunidad shuar en el conflicto de El Mirador. La medida gener\u00f3 el repudio internacional generalizado.<\/p>\n Otro informe clave fue presentado por el Coordinador de Organizaciones Ind\u00edgenas de la Cuenca del Amazonas<\/a> (COICA). COICA revis\u00f3 la mina El Mirador en Ecuador y otros cuatro proyectos ejecutados por firmas chinas: el proyecto minero Arco Minero en Venezuela, el bloque petrolero El Nogal en Colombia, el proyecto petrolero Lote 58 en Per\u00fa y las represas Teles Pires en Brasil.<\/p>\n El informe concluy\u00f3 que, de manera acumulativa, estos proyectos violaron los derechos de la comunidad shuar y de otros 455 grupos ind\u00edgenas en la cuenca del Amazonas, ya que se realizaron sin su consentimiento previo. COICA tambi\u00e9n afirm\u00f3 que estos proyectos amenazaban el derecho a la vida y a un medio ambiente sano y equilibrado.<\/p>\n El EPU analiza los impactos de los derechos de China en otras partes del mundo, pero la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos<\/a> (ISHR, por sus siglas en ingl\u00e9s) present\u00f3 un informe conjunto con la Red Legal del Mekong (MLN), que tambi\u00e9n hace referencia a Am\u00e9rica Latina. Este informe hall\u00f3 una violaci\u00f3n en la mina de cobre Las Bambas en Per\u00fa, donde las comunidades no fueron consultadas sobre los cambios al proyecto original.<\/p>\n En la mina, ubicada en la regi\u00f3n sure\u00f1a de Apur\u00edmac, en Per\u00fa, su nuevo propietario chino MMG fall\u00f3 en no consultarle a la comunidad local sobre las propuestas examinadas para transportar materiales fuera del sitio utilizando carreteras locales, en lugar de un oleoducto. Su elecci\u00f3n de utilizar camiones gener\u00f3 ruido y poluci\u00f3n por polvo, provocando una reacci\u00f3n violenta que gener\u00f3 la paralizaci\u00f3n del proyecto. Tales conflictos han tensionado las relaciones entre Per\u00fa y China.<\/a><\/p>\n \u201cLas violaciones que enfrentan las comunidades debido a las operaciones y las inversiones chinas son demasiado pol\u00edticas para ser planteadas a nivel nacional\u201d, dijo Sarah Brooks, gerente de programas de ISHR, refiri\u00e9ndose a la negativa del gobierno chino a participar en discusiones significativas sobre derechos humanos.<\/p>\n \u201cEl gobierno chino es consciente de estas violaciones. No pueden pretender que sus empresas los representen en el extranjero. Pero tampoco saben qu\u00e9 hacer al respecto. No est\u00e1n dispuestos a ser abiertos y consultivos, y no trabajan con la sociedad civil en los pa\u00edses de acogida. Sus medios para resolver el problema son limitados \u201c, agreg\u00f3.<\/p>\n Como se\u00f1ala Brooks, el EPU es un proceso pol\u00edticamente sensible. Cao Shunli, conocido activista por los derechos en China fue arrestado por intentar viajar a Ginebra para la \u00faltima ronda del EPU de China en el 2013. Meses despu\u00e9s muri\u00f3 en la c\u00e1rcel.<\/a><\/p>\n Si las discusiones sobre los derechos humanos se terminan habitualmente de esta manera, \u00bfqu\u00e9 otras t\u00e1cticas pueden emplear las comunidades para lograr que China escuche sus preocupaciones?<\/p>\n \u201cEl gobierno chino y algunas empresas han comenzado a reconocer que mejorar el negocio responsable tiene sentido desde el punto de vista financiero\u201d, dijo Lowell Chow, investigador principal y representante para Asia Oriental en el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos<\/a>. \u201cLas disputas con los trabajadores y las comunidades pueden retrasar las operaciones y costar dinero\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n La interrupci\u00f3n en la mina Las Bambas cost\u00f3 un estimado de U$S6 millones<\/a>, seg\u00fan la asociaci\u00f3n industrial peruana, Sociedad Nacional de Miner\u00eda, Petr\u00f3leo y Energ\u00eda (SNMPE).<\/p>\n El gobierno chino y las asociaciones de la industria han desarrollado directrices sobre la inversi\u00f3n responsable en el extranjero. Sin embargo, son voluntarias y hay escasas repercusiones por el incumplimiento.<\/p>\n Chow sostuvo que las pautas son un buen primer paso, pero que hay mucho trabajo por hacer en t\u00e9rminos de implementaci\u00f3n: \u201cLas compa\u00f1\u00edas chinas pueden aprovechar lo antes posible, la oportunidad de liderar con el ejemplo en negocios responsables mediante la participaci\u00f3n proactiva con las comunidades anfitrionas\u201d.<\/p>\n Wawa Wang, oficial de pol\u00edticas de finanzas p\u00fablicas del CEE Bank Watch<\/a>, est\u00e1 de acuerdo en que la implementaci\u00f3n de las directrices es un factor clave. Pero sugiere que esto solo es posible si las empresas y los inversores son m\u00e1s transparentes.<\/p>\n \u201cUn paso concreto hacia adelante es comenzar a divulgar informaci\u00f3n social y ambiental relacionada con el proyecto, tal como lo requieren las directrices\u201d, dijo Wang. Hasta ahora, los informes de los inversores chinos sobre los impactos de los proyectos sobre la biodiversidad, el cambio clim\u00e1tico y el desplazamiento de las comunidades han estado \u201cextra\u00f1amente ausentes\u201d.<\/p>\n Los bancos chinos han comenzado a asociarse con bancos regionales de desarrollo para cofinanciar proyectos en Am\u00e9rica Latina. En teor\u00eda, esto permite a los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo<\/a> compartir sus conocimientos y experiencias locales con los bancos chinos y ofrecer asistencia t\u00e9cnica que podr\u00eda ayudar a la prevenci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n \u201cEl objetivo es desarrollar salvaguardas aceptables destinados a que los chinos aborden pr\u00e1cticas de transparencia, responsabilidad y diligencia ambiental y social\u201d, dijo Wang.<\/p>\n China puede tener pautas de la industria para proteger los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero, pero no tiene la jurisdicci\u00f3n legal para establecer una pena por estos delitos.<\/p>\n \u201cEl alcance de la ley china [est\u00e1] limitado a la jurisdicci\u00f3n local y no se podr\u00eda usar para regular las operaciones de las compa\u00f1\u00edas chinas m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de China\u201d, se\u00f1al\u00f3 el material presentado por MLN e ISHR al Alto Comisionado.<\/p>\n Sin embargo, China deber\u00eda comenzar a integrar las normas internacionales de derechos humanos en las leyes que rigen las inversiones salientes, recomend\u00f3 MLN.<\/p>\n En su primer EPU en 2009, China recibi\u00f3 m\u00e1s de 100 recomendaciones, de las cuales acept\u00f3 42 y rechaz\u00f3 50. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, recibi\u00f3 otras 252 recomendaciones, de las cuales acept\u00f3 204 y rechaz\u00f3 48. Sobre las recomendaciones aceptadas, China dijo que 31 ya se hab\u00edan implementado y ocho se estaban implementando en la actualidad.<\/p>\nInformes latinoamericanos<\/h2>\n
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Sensibilidad pol\u00edtica<\/h2>\n
Expectativas<\/h2>\n