{"id":50035216,"date":"2020-05-04T16:02:58","date_gmt":"2020-05-04T15:02:58","guid":{"rendered":"https:\/\/stage.dialogochino.net\/?p=35216"},"modified":"2022-07-01T23:10:09","modified_gmt":"2022-07-01T22:10:09","slug":"35155-comunidad-peruana-quiere-acabar-convenio-entre-la-policia-y-minera-china","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dialogue.earth\/es\/justicia\/35155-comunidad-peruana-quiere-acabar-convenio-entre-la-policia-y-minera-china\/","title":{"rendered":"Per\u00fa: comunidad quiere acabar convenio entre la Polic\u00eda y minera china"},"content":{"rendered":"

Apur\u00edmac, una de las regiones al sur de los Andes peruanos con la mayor inversi\u00f3n extractiva, aloja la mina de cobre Las Bambas<\/a>, operada por el consorcio de capitales chinos conformado por MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal. En las alturas de esta regi\u00f3n los comuneros de las seis provincias de Apur\u00edmac, representados por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, esperan la resoluci\u00f3n a la demanda de amparo que presentaron contra la minera y la Polic\u00eda Nacional en abril de 2019. La disputa: los convenios que la empresa china mantiene con la Polic\u00eda desde hace cinco a\u00f1os y que se han traducido en la desconfianza hacia el gobierno.<\/p>\n

\u201cCuando no hay justicia, \u00bfc\u00f3mo te pueden escuchar? \u00bfC\u00f3mo pueden hablar de democracia si no hay respeto? Solo nos queda protestar, pero la polic\u00eda nos puede detener. Est\u00e1n usando a la Polic\u00eda Nacional como una forma de intimidar\u201d, dice V\u00edctor Limaypuma Ccoricasa, dirigente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas. Las cerca de 200 comunidades que conforman la asociaci\u00f3n se oponen a la constante presencia policial que resguarda a la empresa. Esa es la situaci\u00f3n que buscan revertir mediante una demanda presentada hace casi un a\u00f1o ante el Juzgado Civil Mixto de Tambobamba, en Apur\u00edmac.<\/p>\n

No es la primera vez que las comunidades y Las Bambas se enfrentan<\/a>. A seis horas en auto desde la ciudad de Cusco, la zona alrededor de la mina ha sido el escenario de diversas conflictos<\/a> desde el 2015 que han dejado como consecuencia el fallecimiento de cuatro comuneros. De acuerdo a las comunidades, que viven en el \u00e1rea de influencia de uno de los proyectos m\u00e1s grandes a nivel mundial, se violaron sus derechos a la consulta previa y a la propiedad, se modificaron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, y se inclumplieron las medidas que aminoraban la contaminaci\u00f3n del ambiente. Estas acusaciones llevaron a las comunidades a bloquear las rutas por donde se trasladaba el mineral como medida de protesta, lo que gener\u00f3 p\u00e9rdidas econ\u00f3micas para empresa.<\/p>\n

Hasta el d\u00eda de hoy las disputas contin\u00faan<\/a>. Seg\u00fan los comuneros, a estos graves cuestionamientos ahora se suma la constante presencia de la Polic\u00eda Nacional en resguardo de la empresa -y en detrimento de ellos.<\/p>\n

Lo que en el fondo se comercializa es la propia autoridad del Estado<\/p><\/blockquote>\n

\u201cAnte cualquier reclamo que hacemos, la Polic\u00eda nos dice que no tenemos derechos\u201d, dice Ronald Quispe. A sus 30 a\u00f1os, es el presidente del Frente de Defensa del distrito de Mara y miembro de la comunidad campesina quechua de Miraflores, reconocida as\u00ed en la base de datos oficial del Ministerio de Cultura. Mara es uno de los distritos que hab\u00eda sido considerado inicialmente dentro del \u00e1rea de influencia directa de Las Bambas. Despu\u00e9s de una de la modificatorias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el distrito y sus m\u00e1s de 1500 habitantes no fueron considerados como zona de afectaci\u00f3n, pese a que los camiones de la empresa y la polic\u00eda se trasladan por el lugar camino a la mina.<\/p>\n

Los adultos no son los \u00fanicos afectados con la presencia policial. \u201cLos ni\u00f1os creen que hay guerra. No entienden bien porqu\u00e9 hay muchos polic\u00edas y eso les afecta\u201d, comenta Ronald Quispe.<\/p>\n

Cuestionados convenios<\/h2>\n

Un cambio en la Ley Org\u00e1nica de la Polic\u00eda Nacional permiti\u00f3 en 2006 de forma expl\u00edcita la prestaci\u00f3n de servicios por parte de su personal a otras entidades p\u00fablicas y privadas. Una d\u00e9cada despu\u00e9s, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski emiti\u00f3 el Decreto Supremo N\u00ba 003-2017-IN en el que permiti\u00f3 la celebraci\u00f3n de convenios con empresas extractivas.<\/p>\n

El convenio entre la polic\u00eda y Las Bambas fue suscrito 2017 con autorizaci\u00f3n del entonces ministro del Interior Carlos Basombr\u00edo. Sin embargo, la prestaci\u00f3n de servicios ya ven\u00eda d\u00e1ndose desde a\u00f1os atr\u00e1s. Entre 2015 y agosto de 2018, la Macro Regi\u00f3n Policial de Cusco recibi\u00f3 el pago de m\u00e1s de S\/ 4 millones (US$ 1,200 millones) de la minera por la protecci\u00f3n de sus instalaciones, bienes y personal. La mayor\u00eda de convenios incluyen, adem\u00e1s del resguardo policial, apoyo log\u00edstico, alimentaci\u00f3n, hospedaje y asesor\u00eda legal cuando los polic\u00edas lo necesiten.<\/p>\n

Un informe publicado<\/a> el 2019 por las organizaciones EarthRights International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) revel\u00f3 que se suscribieron 138 convenios entre la Polic\u00eda Nacional y las empresas extractivas entre 1995 y 2018. Hasta marzo de 2020 ya suman 167, de los cuales por lo menos 29 se encuentran vigentes.<\/p>\n

Pese a que el nuevo embajador de China en Per\u00fa, Liang Yu, anunci\u00f3 que la inversi\u00f3n china en el pa\u00eds alcanz\u00f3 los US$ 30,000 millones el diciembre pasado -monto superado en la regi\u00f3n solo en Brasil-, algunas de las empresas de capitales asi\u00e1ticos son las que registran mayores \u00edndices de conflictividad socioambiental.<\/p>\n

<\/p>\n

\"table
Fuente: Ministerio del Interior, Informe de ERI, IDL y la CNDDHH (al 31 de diciembre de 2019).<\/figcaption><\/figure><\/p>\n

<\/div>\n

La firma de los convenios afecta la imparcialidad y la independencia de la polic\u00eda, seg\u00fan varios abogados, ya que crean un vi\u0301nculo entre la instituci\u00f3n y las empresas extractivas que favorece el desarrollo de sus actividades. Esto adem\u00e1s de la posible violaci\u00f3n de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indi\u0301genas que se encuentran en las zonas de influencia directas e indirectas de los proyectos.<\/p>\n

\u201cLo que en el fondo se comercializa es la propia autoridad del Estado. No les interesa contratar a alguien que solo garantice la seguridad de las empresas, sino tambi\u00e9n la autoridad que la polic\u00eda representa\u201d, dice \u00c1lvaro M\u00e1squez Salvador, especialista legal y miembro del equipo de investigaci\u00f3n del Instituto de Defensa Legal.<\/p>\n

La demanda al convenio con Las Bambas no es el \u00fanico caso que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n.<\/p>\n

En los pr\u00f3ximos meses el Tribunal Constitucional, \u00faltima instancia judicial en el Per\u00fa, resolver\u00e1 el pedido de anulaci\u00f3n del \u201ccontrato\u201d entre la Polic\u00eda y la minera Glencore Antapaccay<\/a>, solicitado por Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia cusque\u00f1a de Espinar, y Carlos Umasi, presidente de la Asociaci\u00f3n de Productores Pecuarios de Huinipampa. Por otro lado, el Colegio de Abogados de la regi\u00f3n San Mart\u00edn present\u00f3 en 2019<\/a> una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que hacen posible los convenios y busca anular todos los convenios vigentes en el pa\u00eds.<\/p>\n

Situaci\u00f3n actual en el corredor minero<\/h2>\n

Durante las primeras horas del d\u00eda, volquetes y camiones de la empresa trasladan el mineral extra\u00eddo y atraviesan el corredor minero, v\u00eda que atraviesa los departamentos de Arequipa, Apur\u00edmac y Cusco, pese al \u201cdoble estado de emergencia\u201d que atraviesa la zona. La primera medida fue promulgada una vez m\u00e1s a inicios de marzo a solicitud del Director General de la Polic\u00eda Nacional quien comunic\u00f3 a trav\u00e9s de un informe sobre el conflicto latente en la zona. La segunda declaratoria de emergencia es parte de las acciones tomadas para controlar la epidemia del COVID-19.<\/p>\n

Las comunidades de la zona, impedidas de movilizarse por los decretos, solicitan tambi\u00e9n la inmovilizaci\u00f3n por parte de los trabajadores de las empresas mineras. Las carreteras que forman el corredor minero sol\u00edan ser caminos comunales, distritales o regionales, pero, a pedido de los gobiernos regionales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) las reclasific\u00f3 como nacionales. La polvareda generada y el cambio en la forma de transportar el mineral proveniente de la mina ha generado mayores conflictos, situaci\u00f3n que se mantiene en debate a trav\u00e9s de las mesas de di\u00e1logo instaladas por el gobierno, pero que se encuentran ahora suspendidas por la amenaza del coronavirus.<\/p>\n

Si bien el uso de la fuerza en los conflictos sociales ha sido abordado en la Defensor\u00eda del Pueblo, la constitucionalidad de los convenios policiales es a\u00fan un tema pendiente, dice Alicia Abanto, adjunta de la Defensor\u00eda del Pueblo para el Medio Ambiente.<\/p>\n

\n

167<\/p>\n

\n
\nacuerdos policiales se han firmado con empresas extractivas desde que las reformas permitieron la prestaci\u00f3n de servicios a entidades privadas
\n\n <\/div>\n <\/div>\n

En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, debido a los estados de emergencia el gobierno ha suspendido en doce oportunidades los derechos constitucionales en cuanto a la libertad y seguridad personal en diversas \u00e1reas del corredor minero.<\/p>\n

La Procuradur\u00eda P\u00fablica del Ministerio del Interior -mediante un escrito judicial- insiste en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la Polic\u00eda Nacional y Las Bambas. \u201cDicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protecci\u00f3n y seguridad en una jornada complementaria a su funci\u00f3n policial\u201d, se\u00f1ala en el documento. Y rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.<\/p>\n

Intentamos hablar por correo electr\u00f3nico y por tel\u00e9fono con Las Bambas para conocer su posici\u00f3n sobre la acci\u00f3n judicial de la comunidad contra su convenio con la polic\u00eda. Finalmente, voceros de la minera nos informaron por mensaje de whatsapp que \u201cla empresa no se va a pronunciar sobre el tema\u201d.<\/p>\n

Mientras, los estados de emergencia a causa de la epidemia se han convertido en situaciones permanentes en el sur del pa\u00eds.<\/p>\n

En los pr\u00f3ximos meses, si el estancamiento causado a las entidades estatales por la epidemia del COVID-19 lo permite, el juzgado de Cusco dir\u00e1 si la Polic\u00eda nacional peruana puede al mismo tiempo recibir pago de una empresa para proteger sus intereses y velar por la seguridad de una comunidad que se opone a esa compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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