{"id":60045429,"date":"2024-08-06T15:56:23","date_gmt":"2024-08-06T14:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/dialogue.earth\/?p=60045429"},"modified":"2024-08-07T16:38:47","modified_gmt":"2024-08-07T15:38:47","slug":"el-acuerdo-de-escazu-fortalece-los-litigios-ambientales-en-latinoamerica-y-el-caribe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dialogue.earth\/es\/justicia\/el-acuerdo-de-escazu-fortalece-los-litigios-ambientales-en-latinoamerica-y-el-caribe\/","title":{"rendered":"El Acuerdo de Escaz\u00fa fortalece los litigios ambientales en Latinoam\u00e9rica y el Caribe"},"content":{"rendered":"\n

Ha transcurrido m\u00e1s de una d\u00e9cada desde que se iniciaron las conversaciones sobre el Acuerdo de Escaz\u00fa, el hist\u00f3rico tratado medioambiental de Am\u00e9rica Latina y el Caribe que pretende mejorar el acceso a la informaci\u00f3n, hacer frente a la impunidad generalizada de los delitos contra los defensores del medioambiente y reforzar los derechos de consulta de las comunidades sobre los impactos de los grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.<\/p>\n\n\n\n

El tratado entr\u00f3 finalmente en vigor en 2021<\/a> y hasta la fecha ha sido ratificado por 16 pa\u00edses de la regi\u00f3n. Dominica fue el \u00faltimo en hacerlo, en abril de 2024.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el acuerdo solo est\u00e1 en su cuarto a\u00f1o, y su aplicaci\u00f3n es un trabajo en curso<\/a>, ya se est\u00e1 utilizando en litigios para reforzar los argumentos y, a veces con \u00e9xito, para defender los derechos de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

El a\u00f1o pasado, por ejemplo, la Corte Suprema de Panam\u00e1 declar\u00f3 inconstitucional una ley que otorgaba a una empresa canadiense una concesi\u00f3n<\/a> de 20 a\u00f1os para extraer cobre. El tribunal declar\u00f3<\/a> que la aprobaci\u00f3n de la concesi\u00f3n se hab\u00eda basado en una evaluaci\u00f3n de impacto ambiental que estaba desactualizada, por lo que incumpl\u00eda el objetivo del Acuerdo de Escaz\u00fa de facilitar el acceso a la informaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n

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Lee m\u00e1s<\/span><\/span><\/div><\/a>\n\n\n\n

En algunos pa\u00edses, los tratados internacionales pasan autom\u00e1ticamente a formar parte de la legislaci\u00f3n nacional, por lo que son inmediatamente demandables. Uno de esos pa\u00edses es M\u00e9xico, donde el m\u00e1s alto tribunal detuvo<\/a> un importante proyecto de ampliaci\u00f3n portuaria en la costa del Golfo, en Veracruz, al fallar a favor de los defensores de la comunidad y del medioambiente que pretend\u00edan proteger los arrecifes.<\/p>\n\n\n\n

En Argentina, el tribunal federal de la ciudad de Mar del Plata orden\u00f3 detener<\/a> las actividades de exploraci\u00f3n de combustibles f\u00f3siles en 2022, en un caso presentado por Greenpeace. Lo hizo bas\u00e1ndose expl\u00edcitamente en la falta de participaci\u00f3n e informaci\u00f3n p\u00fablicas exigidas por el Acuerdo de Escaz\u00fa. Sin embargo, apelaciones posteriores anularon esta sentencia. Los jueces argentinos tambi\u00e9n rechazaron una solicitud de Greenpeace de una medida cautelar sobre la exploraci\u00f3n, a pesar de una declaraci\u00f3n <\/a>de apoyo del fiscal, que subrayaba que los procesos en torno a las actividades no se hab\u00edan ajustado debidamente a Escaz\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Casos clave en el Caribe<\/h2>\n\n\n\n

En el Caribe, el Acuerdo de Escaz\u00fa se est\u00e1 utilizando para desafiar los intentos de los gobiernos de protegerse del escrutinio legal.<\/p>\n\n\n\n

Una sentencia clave en esta l\u00ednea forma parte de una batalla legal en curso en Antigua y Barbuda iniciada por dos antiguanos para bloquear la construcci\u00f3n de un aeropuerto privado que da servicio a complejos tur\u00edsticos de lujo en la isla. Jacklyn Frank y John Mussington afirman que el proyecto, que se ha visto implicado en acusaciones de acaparamiento de tierras<\/a>, est\u00e1 destruyendo los bosques de su isla, as\u00ed como ecosistemas de humedales vitales para prevenir la erosi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El recurso inicial de los demandantes, que alegaba que no se hab\u00eda consultado a los ciudadanos de Antigua y Barbuda sobre el proyecto, fue desestimado. Sin embargo, el Consejo Privado de Londres \u2015el tribunal supremo de apelaci\u00f3n para los miembros de la Commonwealth\u2015 no estuvo de acuerdo y dictamin\u00f3<\/a> en febrero que Frank y Mussington ten\u00edan derecho a presentar dicha demanda, lo que en t\u00e9rminos jur\u00eddicos se conoce como “legitimaci\u00f3n activa”, en consonancia con las obligaciones internacionales de Antigua y Barbuda en virtud del Acuerdo de Escaz\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Su batalla legal volver\u00e1 ahora a los tribunales locales, donde recientemente presentaron una nueva demanda.<\/p>\n\n\n\n

Mussington dice que la decisi\u00f3n del Consejo Privado expuso a Antigua y Barbuda, uno de los primeros pa\u00edses en firmar el Acuerdo de Escaz\u00fa el 27 de septiembre de 2018, por no seguir sus propias reglas. “Mientras llev\u00e1bamos este asunto al gobierno [en 2020], estaban ratificando Escaz\u00fa”, se\u00f1ala. “Creo que en eventos futuros, no ser\u00e1 probable que vuelvan a cometer ese error”.<\/p>\n\n\n\n

\"El<\/div>
El pr\u00edncipe Harry del Reino Unido navega entre una colonia de fragatas en los manglares de Barbuda. Seg\u00fan activistas medioambientales, el proyecto de construcci\u00f3n de una lujosa residencia privada para un millonario brit\u00e1nico supuestamente vinculado a la familia real amenaza la zona de cr\u00eda de la fragata en la isla (Imagen: Chris Radburn \/ PA Images \/ Alamy)<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

La sentencia tambi\u00e9n abre la puerta a que otras personas de la regi\u00f3n impugnen decisiones gubernamentales que afectan al medioambiente. Muchas de estas demandas, como la de Mussington, cuentan con el apoyo de la ONG Global Legal Action Network (GLAN).<\/p>\n\n\n\n

Junto con George Jeffery, pescador y gu\u00eda de aves antiguano, GLAN present\u00f3 recientemente una demanda contra la Autoridad de Desarrollo y Control de Antigua y Barbuda por aprobar una residencia privada de lujo para un millonario ingl\u00e9s con “conexiones reales” ahora desacreditadas<\/a> en Cedar Tree Point, una urbanizaci\u00f3n situada dentro de una zona protegida. Afirman que el proyecto amenaza el lugar de anidamiento de tortugas marinas poco comunes y la zona de cr\u00eda de la fragata, el ave nacional.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, Grenada Land Actors (GLA)<\/a>, una red de ONG, organizaciones comunitarias y particulares que buscan una gesti\u00f3n sostenible de la tierra, ha demandado al departamento de planificaci\u00f3n de Granada por el proceso de aprobaci\u00f3n de tres proyectos de “megaturismo”. La organizaci\u00f3n afirma que las obras en estos lugares han deforestado humedales y manglares, perjudicado a especies protegidas y restringido o denegado el acceso tradicional de las comunidades. La audiencia est\u00e1 prevista para octubre.<\/p>\n\n\n\n

Sarah O’Malley, abogada de GLAN, afirma que el gobierno granadino se hab\u00eda basado anteriormente en sentencias judiciales que desestimaban el caso de Barbuda: “El caso de John [Mussington] significa que todos esos argumentos de legitimaci\u00f3n contra los que GLA iba a tener que luchar desaparecen por completo, y pueden centrarse m\u00e1s en los fundamentos”.<\/p>\n\n\n\n

Una demanda similar est\u00e1 prevista en Dominica, donde se est\u00e1 construyendo<\/a> un aeropuerto internacional en una zona ecol\u00f3gicamente sensible.<\/p>\n\n\n\n

Cumplimiento e influencia internacional<\/h2>\n\n\n\n

Escaz\u00fa tiene tambi\u00e9n una creciente dimensi\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

Tras negarse inicialmente a firmar el acuerdo, Chile se convirti\u00f3<\/a> finalmente en parte de pleno derecho en junio de 2022. Apenas cinco meses despu\u00e9s, la Corte Interamericana de Derechos Humanos castig\u00f3<\/a> al pa\u00eds por violar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n de Carlos Baraona Bray, un abogado que fue condenado penalmente por difamaci\u00f3n tras acusar a un senador chileno de presionar pol\u00edticamente a las autoridades p\u00fablicas para que permitieran la tala ilegal de cipreses patag\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n

\"Un<\/div>
Reuni\u00f3n entre defensoras ambientales ind\u00edgenas y el nuevo gobierno guatemalteco. El a\u00f1o pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencion\u00f3 el Acuerdo de Escaz\u00fa en un caso relativo a las comunidades mayas del pa\u00eds (Imagen: Gobierno de Guatemala<\/a>, PDM<\/a>)<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

En su decisi\u00f3n<\/a>, el tribunal destac\u00f3 la garant\u00eda del Acuerdo de Escaz\u00fa de “un entorno seguro y propicio” para los defensores del medioambiente y los requisitos estatales para protegerlos.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo tambi\u00e9n se mencion\u00f3 brevemente en dos sentencias de la Corte Interamericana contra gobiernos: Per\u00fa<\/a>, por violar el derecho a un medioambiente sano de los habitantes de la ciudad minera andina de La Oroya; y otra que reconoc\u00eda los derechos de los pueblos ind\u00edgenas en Guatemala<\/a>. Todo ello a pesar de que estos dos pa\u00edses no han ratificado el acuerdo.<\/p>\n\n\n\n

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo a Dialogue Earth que el Acuerdo de Escaz\u00fa tiene poder por s\u00ed mismo, pero se est\u00e1n haciendo esfuerzos para fortalecerlo utiliz\u00e1ndolo junto con otros instrumentos jur\u00eddicos internacionales.<\/p>\n\n\n\n

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Lee m\u00e1s<\/span><\/span><\/div><\/a>\n\n\n\n

Es probable que se haga referencia al acuerdo en la pr\u00f3xima opini\u00f3n consultiva<\/a> de la Corte Interamericana sobre cambio clim\u00e1tico y derechos humanos, en la que CEJIL ha desempe\u00f1ado un papel clave. Aunque la Corte se encarga principalmente de defender la Convenci\u00f3n Americana \u2015el pacto de derechos humanos ratificado por 24 Estados del hemisferio occidental\u2015, el Acuerdo de Escaz\u00fa se ha mencionado muchas veces en las presentaciones escritas<\/a> y orales sobre esta opini\u00f3n. “Esperamos que esto proporcione a los Estados de las Am\u00e9ricas un conjunto de obligaciones claras basadas en una interpretaci\u00f3n integrada de la Convenci\u00f3n Americana y Escaz\u00fa”, afirma Krsticevic.<\/p>\n\n\n\n

La Fundaci\u00f3n Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una ONG con sede en Argentina, tambi\u00e9n tiene un caso pendiente en la Corte Suprema de Justicia del pa\u00eds, que pretende aunar Escaz\u00fa y el Acuerdo de Par\u00eds sobre cambio clim\u00e1tico. FARN busca una orden cautelar<\/a> que impida a las autoridades nacionales consentir la exploraci\u00f3n s\u00edsmica y la explotaci\u00f3n de combustibles f\u00f3siles en alta mar hasta que se eval\u00faen adecuadamente los impactos ambientales.<\/p>\n\n\n\n

Cristian Fern\u00e1ndez, coordinador jur\u00eddico de FARN, sugiere que las demandas basadas en el acceso a la informaci\u00f3n son relativamente sencillas. Pero a\u00f1ade que hacer cumplir otras partes del Acuerdo de Escaz\u00fa podr\u00eda ser m\u00e1s dif\u00edcil, incluido el principio de no regresi\u00f3n \u2015que los Estados se comprometan a mantener, como m\u00ednimo, los niveles actuales de las normas reguladoras correspondientes\u2015que FARN est\u00e1 tratando de defender en su demanda en curso.<\/p>\n\n\n\n

Una limitaci\u00f3n clave del Acuerdo de Escaz\u00fa es que no cuenta con un tribunal propio para juzgar los casos, afirma Krsticevic. Se ha creado un comit\u00e9 de apoyo al cumplimiento, con normas b\u00e1sicas sobre c\u00f3mo recibir\u00e1 las consultas y emitir\u00e1 recomendaciones acordadas en la \u00faltima conferencia<\/a> de las partes del tratado.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme laguna<\/blockquote>Natalia G\u00f3mez, asesora de pol\u00edticas de cambio clim\u00e1tico de EarthRights International <\/cite><\/div><\/div>\n\n\n\n

Natalia G\u00f3mez, asesora de pol\u00edticas de cambio clim\u00e1tico de EarthRights International y ex representante p\u00fablica oficial del Acuerdo de Escaz\u00fa, a\u00f1ade que el comit\u00e9 de cumplimiento entra en funcionamiento en un pa\u00eds dos a\u00f1os despu\u00e9s de que lo ratifique. Y aunque todav\u00eda no parece que se haya presentado ninguna reclamaci\u00f3n ante el comit\u00e9, algunas fuentes dijeron a Dialogue Earth que los grupos de la sociedad civil est\u00e1n dispuestos a hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

G\u00f3mez afirma que algunos pa\u00edses se hab\u00edan resistido a la creaci\u00f3n de un comit\u00e9 de cumplimiento para Escaz\u00fa, recelosos de nuevos mecanismos que pudieran declarar responsabilidades estatales. Pero aunque el comit\u00e9 no podr\u00e1 sancionar a los gobiernos por incumplimiento, cree que tendr\u00e1 cierto peso pol\u00edtico y jur\u00eddico, y se\u00f1ala las experiencias de acuerdos internacionales similares, como la Convenci\u00f3n europea de Aarhus<\/a> sobre el acceso a la informaci\u00f3n medioambiental: “Seg\u00fan tengo entendido, lo que ha ocurrido en Aarhus y en los comit\u00e9s de cumplimiento de otros tratados es que muchas veces esas decisiones son seguidas por los tribunales en su interpretaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

G\u00f3mez a\u00f1ade que a\u00fan queda trabajo por hacer para educar a los jueces sobre el Acuerdo de Escaz\u00fa, una cuesti\u00f3n en la que, al parecer, est\u00e1n trabajando grupos de la sociedad civil de algunos pa\u00edses. Adem\u00e1s, a pesar de que el acuerdo anima a las partes a crear tribunales especializados en medioambiente, pocos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe cuentan con ellos. “En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme laguna”, afirma G\u00f3mez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este tratado hist\u00f3rico influye cada vez m\u00e1s en las resoluciones judiciales de la regi\u00f3n al proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la justicia medioambiental <\/p>\n","protected":false},"author":3170,"featured_media":60045468,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[50039935],"tags":[50042199,50003611,50029982],"hashtags":[],"country":[50040768,50003523,50003548,50041841,50041906,50003623,50003555,50003560,50003557],"class_list":["post-60045429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","tag-defensores-ambientales","tag-derechos-humanos","tag-legislacion","country-antigua-and-barbuda-2-es","country-argentina-es","country-chile-es","country-dominica-es","country-grenada-es","country-guatemala-es","country-mexico-es","country-panama-es","country-peru-es"],"acf":[],"yoast_head":"\nEl 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