Levantamiento indígena pone en jaque a Ecuador

La ya tensa relación entre el gobierno de Rafael Correa y las comunidades indígenas en Ecuador se vio revolucionada por protestas a nivel nacional, que dejaron como resultado más de 140 detenidos y aún están lejos de terminar. El reclamo pone el eje en el medio ambiente y en el proyecto de modificar la Constitución para habilitar la reelección presidencial. Después de haber recorrido gran parte de Ecuador, organizaciones indígenas agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegaron a Quito para llevar su larga lista de reclamos a Correa. Luego de 10 días en la ciudad y enfrentamientos con la policía, la Conaie puso fin a la protesta pero sólo temporalmente, habiendo ya anunciado una nueva marcha. Correa aseguró que no cederá ante la violencia y afirmó que las manifestaciones de las agrupaciones indígenas caen en “el juego de la derecha” y otros poderosos grupos nacionales e internacionales interesados en desestabilizar a los llamados gobiernos progresistas de América Latina, sosteniendo que está ante un golpe de estado de tipo “blando” en dichos países. “El gobierno ha violado los derechos históricos de los indígenas y los derechos constitucionales del país. Correa se había comprometido a un cambio político y económico estructural pero se terminó entregando al sistema capitalista. Este no es un gobierno de izquierda, es racista e impotente,” sostuvo Jorge Herrera, presidente de la Conaie, al ser consultado por Diálogo Chino. La llegada de empresas petroleras y mineras a Ecuador, muchas de ellas chinas, ocupa una parte importante del reclamo de la Conaie y otras organizaciones. El gobierno reorientó su agenda de desarrollo a actividades extractivas en los últimos años y ha acumulado grandes deudas con China. Incluso, con la gran mayoría de los proyectos petroleros todavía por empezar, Correa ya acordó de manera anticipada la venta de ese futuro petróleo a China para obtener financiamiento, algo fuertemente criticado por las comunidades indígenas por no haber realizado los procesos de consulta previa correspondientes. “El gobierno ha pretendido ampliar la frontera petrolera pero el proceso está parado gracias a nuestro rechazo. Sólo se hicieron algunas licitaciones con judicialización de por medio. Mientras que con la minería, se avanzó con la construcción de infraestructura pero no con la explotación a cielo abierto. Hay una fuerte inversión de capital chino”, afirmaron a Diálogo Chino miembros del equipo de comunicación de Confeniae, una organización indígena amazónica de Ecuador. Pero, más allá de los proyectos, uno de los principales desencadenantes de la protesta ha sido el fracaso de la iniciativa Yasuní, que se propuso frenar un proyecto petrolero en el parque nacional homónimo a cambio de una significativa contribución económica internacional finalmente no conseguida. El hecho de que no se haya llevado adelante muestra la alianza de Correa con empresas internacionales, aseguran las comunidades indígenas. “El medio ambiente tiene un rol importante en la protesta, especialmente después de la iniciativa del Yasuní. Su fracaso tuvo un costo político muy fuerte para el gobierno ya que los ambientalistas que lo apoyaban le dieron la espalda y Correa, en vez de buscar conciliación, les dio la espalda. Se dio un rompimiento con los ambientalistas”, aseguró a Diálogo Chino Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolivar Sede Ecuador. Leyes controversiales Entre los puntos que unen y movilizan a los indígenas, se encuentran dos iniciativas legislativas relacionadas al medio ambiente: la Ley de Aguas y la Ley de Tierras. La Ley de Recursos Hídricos designa a una autoridad gubernamental única para el control de las fuentes de agua en el Ecuador. Ancestralmente este recurso fue manejado por las comunidades campesinas e indígenas que vivían en las zonas altas y páramos donde se originan las fuentes acuíferas, algo que se apresta a cambiar con la nueva legislación. La Conaie presentó en junio una demanda de inconstitucionalidad contra la ley y su reglamento porque considera que viola los derechos de los pueblos indígenas y no fue adecuadamente consultada. La norma afecta la gestión comunitaria del recurso hídrico y no crea mecanismos para eliminar el acaparamiento del agua, dice la organización indígena. “Pedimos la derogación de la ley de recursos hídricos ya que su sanción no fue democrática y viola los derechos territoriales sin permitir la participación de los indígenas. Se busca tener un control político sobre las organizaciones, priorizando el criterio de eficiencia y productividad sobre el derecho humano al agua y a la soberanía alimentaria”, sostuvo Herrera. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales también es cuestionada por el sector campesino. La norma crea una única autoridad agraria, la cual buscará resolver el problema de escasez de tierra productiva en Ecuador. Mientras que en 1970 existían 1.63 hectáreas agrícolas por habitante, para 2014 esa superficie se redujo a 0.43 y se espera que baje a 0.31 este año. Los propietarios rurales cuyas tierras estén desaprovechadas serán notificados por la autoridad agraria para que en el plazo de un año esas tierras sean puestas en producción, con la amenaza de expropiación en el caso de no cumplir con dicha orden. Organizaciones indígenas consideran necesario establecer con claridad las causas para que un terreno sea considerado improductivo para evitar expropiaciones injustificadas. Correa asumió su primer mandato en Ecuador en 2006 con un apoyo mayoritario de hasta el 90% de la población, el cual ahora se ubica alrededor del 60% de acuerdo a encuestas recientes. El mandatario cumplirá 10 años en el poder cuando finalice su mandato el año próximo, el cual podría extenderse todavía más de concretarse una reforma constitucional rechazada por las agrupaciones indígenas. Asamblea y próximos pasos Luego de los cientos de detenidos en Quito, la Conaie realizó una asamblea general y declaró por levantado su levantamiento, que se extendió del 2 al 23 de agosto. Sin embargo, el compromiso fue de continuar con las protestas y es por eso que se puso el 16 de septiembre como fecha para una nueva movilización a escala nacional. “El gobierno nacional desde su inicio vino promoviendo varias estrategias para dividir al movimiento indígena. Pero en este levantamiento hemos logrado demostrar que en la Conaie estamos firmes y más unidos que nunca. No fue una acción sólo en las sierras y en la Amazonía, sino en las tres regiones del país. El compromiso es continuar”, concluyó Herrera en la asamblea.