Al menos 200 defensores de la tierra y de los derechos ambientales fueron asesinados en el 2016, convirtiendo al año pasado en el año con mayor número de muertes registrado hasta ahora, según las nuevas cifras publicadas por la Organización Non-Gubernamental (ONG) británica Global Witness.
El último informe de la organización documenta una “crisis” que se extiende a nivel mundial, ya que el número de países en los que se registraron asesinatos se disparó de 16 a 24 durante el año pasado. El sesenta por ciento de las muertes ocurrieron en América Latina, siendo esta región el lugar más peligroso del mundo para quienes luchan contra la degradación ambiental.
Una vez más, Brasil, que ha sido testigo de conflictos de tierras particularmente sangrientos en los últimos meses, tuvo el mayor número de asesinatos con 49 muertes. Nicaragua tiene la tasa más alta de homicidios per cápita: 11 y, en Colombia, las cifras alcanzaron su máximo histórico con 37 muertes en un año, establece el informe.
“Estos informes cuentan una historia muy sombría. La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo se puede contar en vidas humanas “, dijo Ben Leather, un activista de Global Witness.
En Asia, la resistencia a grandes proyectos mineros en países como India y Filipinas se ha visto afectada por la represión y la violencia avalada por el Estado. El primero tuvo un incremento tres veces mayor en su nivel de homicidios y, ascendiendo a 28, este último se destaca como el país más letal de la región.
La explotación maderera y la agricultura, incluida la ganadería extensiva, son otros de los dos factores protagonistas de este conflicto, según el informe.
La paz es peligrosa para Colombia
El año pasado, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) renunció al control de zonas de territorio rural como parte de un histórico proceso de paz. Pero al hacerlo, la deforestación y la degradación ambiental aumentaron.
La deforestación alcanzó un incremento anual del 44% en el 2016, abarcando un área de 690 millas cuadradas (alrededor de unas 180.000 hectáreas) a medida que grupos criminales se trasladaron a áreas desocupadas y se dedicaron a la tala ilegal y a la minería, según cifras recientes, aportadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Las regiones amazónicas de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare en el sur de Colombia fueron las más afectadas.
“Las FARC no eran ambientalistas, pero sí regulaban la actividad y – dado que tenían las armas – la gente cumplía”, dijo recientemente la activista Susana Muhamad a The Guardian. Bajo su control, las FARC limitaron la deforestación civil a unas 2 hectáreas al año con el fin de mantener la superficie forestal y ayudar a su protección de las fuerzas gubernamentales.
Junto con la creciente deforestación, también han aumentado los asesinatos de los defensores de la tierra y del medio ambiente en Colombia.
“Paradójicamente, el proceso de paz en Colombia ha generado más violencia contra aquellos que defienden su tierra y su medio ambiente contra las industrias destructivas”, aseguró Billy Kyte, líder de la campaña defensora de tierras y medio ambiente de Global Witness.
Kyte explica que las comunidades han regresado para reclamar las tierras que había perdido durante el conflicto armado, pero ahora se enfrentan a grupos paramilitares, grandes terratenientes y bandas criminales deseosas de beneficiarse con los ricos recursos naturales de Colombia.
El gobierno colombiano debe promover el estado de derecho en las zonas rurales de Colombia y lograr que estas áreas sean seguras para las comunidades antes de promover proyectos de desarrollo degradantes ambientalmente, agrega Kyte.
Metodología cuestionada
A principios de este año, al menos un experto cuestionó la metodología de Global Witness en un informe especial que evaluaba la situación en Honduras. El argumento fue que la organización fusionaba los asesinatos a ambientalistas con las víctimas de conflictos agrarios.
“El informe de Global Witness no resiste el escrutinio científico”, dijo José Herrero, vicepresidente de la fundación de conservación FUCSA, argumentando que la “confusión” del informe en las categorías de las víctimas generaría la sensación de un aumento en las cifras.
Kyte, quien fue intimidado y amenazado con un arresto por promover el informe en la capital hondureña Tegucigalpa, ha defendido los métodos de recolección de datos de Global Witness.
“Recopilamos datos sobre defensores de la tierra y del medio ambiente – personas que defienden los derechos de la tierra o del medio ambiente. Nuestra definición y criterios para la inclusión es y siempre ha sido muy clara: no sólo registramos asesinatos de ambientalistas “, dijo.
