Cada día aumenta más la preocupación de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía debido al ferrocarril que conectará los océanos Atlántico y Pacífico. De aproximadamente 5.000 kilómetros de extensión, el corredor ferroviario patrocinado por las empresas chinas atravesará Perú, Bolivia y Brasil, facilitando y abaratando el flujo de granos y otros productos a través del Pacífico. Sin embargo, también atravesará las más remotas comunidades indígenas.
“Además del problema de la explotación forestal y de minería, ambos ilegales, el ferrocarril traerá otros problemas tales como la construcción de carreteras que van a cruzar reservas habitadas por pueblos indígenas que viven en aislamiento”, afirmó a Diálogo Chino Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), de Perú.
Para evitar ser tomadas por sorpresa, las comunidades indígenas peruanas se encuentran en una carrera contra el tiempo para tratar de delimitar sus territorios y asegurar la obtención de los títulos de propiedad de las tierras donde sus antepasados han vivido durante generaciones. Esta sería una manera de protegerse contra posibles impactos causados por las grandes obras de infraestructura. “Actualmente todavía falta delimitar un 20% de los territorios,” explicó.
La semana pasada, los líderes indígenas de la etnia Shipibo visitaron Estocolmo para manifestarse en una conferencia sobre la experiencia de la región peruana de Madre de Dios, donde obtuvieron la delimitación de varios territorios pertenecientes a siete pueblos indígenas distribuidos en 37 comunidades.
En 2002, Cusurichi ayudó a crear una reserva de 7.600 kilómetros cuadrados para abrigar a los pueblos indígenas, que viven en aislamiento voluntario. Cinco años más tarde, recibió el premio Goldman de medio ambiente que todos los años homenajea a activistas de los derechos humanos y ambientales.
Antes del ferrocarril, la carretera
En el año 2000, durante la Cumbre de Presidentes de América del Sur, se firmó un acuerdo para integrar el entramado de carreteras de Perú, Bolivia y Brasil. La denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) fue un rotundo fracaso. Según datos de Promperú, una agencia peruana de promoción a la exportación, en el año 2015, el comercio entre Perú y Brasil solamente creció por valores cercanos a los USD 2,9 millones. Los más de USD 2.000 millones que se invirtieron para conectar ambos países no contribuyeron para diversificar los productos y el comercio continuó siendo incipiente.
En septiembre del corriente año, los presidentes peruano y boliviano, Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales, reunidos en Arequipa, ratificaron su compromiso con el tren transcontinental. Y, una vez más, volvió a sonar el discurso de unir el puerto de Santos, en Brasil, con el peruano de Ilo, pasando por Bolivia, lo que garantiza este modo una salida brasileña hacia el Pacífico. El ferrocarril podría disminuir el tiempo de duración del transporte comercial entre Brasil y China en hasta 25 días.
La construcción de la carretera terminó siendo una “mala experiencia” para la población indígena peruana. Según Cusurichi, hubo una proliferación de extracciones ilegales tanto de minerales como de madera, lo que según él viene dañando cada vez más el medio ambiente y afecta las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Además, todo este movimiento terminó allanado el camino para el tráfico de drogas.
En busca de aliados
En un intento por garantizar el derecho a sus tierras, Cusurichi está buscando aliados, a pesar de tener dificultades para entablar un diálogo con las autoridades ministeriales peruanas. Logró una articulación con las autoridades del Ministerio de Cultura para promover acciones conjuntas de protección de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario, quienes viven en una reserva de 829.000 hectáreas.
Más de la mitad del territorio peruano está compuesto por bosques, y una gran parte de estos es ocupada por los pueblos indígenas. Garantizar el acceso a las tierras de usufructo comunitario en la Amazonía peruana ayudaría a reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, defienden organizaciones tales como Rights and Resources Initiative (RRI).
Muchas de las comunidades indígenas de Madre de Dios viven en sus territorios en estado de inseguridad jurídica. Recientemente integraron un proyecto piloto en apoyo a las comunidades indígenas del mundo con el objetivo de obtener el reconocimiento de sus tierras. Bajo el nombre International Land and Forest Tenure Facility según sus siglas en inglés, que fue lanzado el último 3 de octubre en Suecia, los pueblos de Madre de Dios lograron apoyo financiero, legal y técnico para reclamar por el derecho a sus tierras.
Este fondo constituye una institución financiada por la Fundación Ford y por las agencias sueca y noruega de cooperación para el desarrollo que pretende fortalecer la ampliación del reconocimiento de los derechos colectivos de la tierra como una forma de reducir conflictos, promover los derechos humanos y ayudar a proteger el medio ambiente.
Su objetivo es invertir aproximadamente USD 10 millones por año en la próxima década en proyectos dirigidos a garantizar la obtención del título de propiedad de tierras comunitarias y de pueblos originarios por una superficie de aproximadamente 40 millones de hectáreas.
Los indígenas de la Amazonía peruana han integrado un conjunto de seis proyectos piloto -además de Indonesia, Mali, Camerún, Liberia y Panamá- por un total de 1.780.000 hectáreas que obtuvieron sus derechos.
El éxito en la delimitación
Según Silvana Baldovino, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), que trabajó en conjunto con la FENAMAD para luchar por la obtención de los títulos de propiedad de la tierra, todavía hay que resolver problemas coyunturales.
“Todos los proyectos de Madre de Dios deben analizarse con mucho cuidado debido a la existencia de los pueblos aislados. Cualquier contacto podría resultar en la desaparición de un grupo étnico, ” afirmó a Diálogo Chino.
Actualmente hay mucho interés en explotar los recursos naturales de Perú, comentó Baldovino. “La política nacional promueve las inversiones y por eso mismo algunos estándares ambientales se han reducido. Madre de Dios es rica en oro y madera. La construcción de la carretera interoceánica ha promovido una verdadera avalancha de minería que movilizó a mucha gente para invadir varias zonas”, afirmó con preocupación al indicar que el movimiento económico previsto con la carretera no llegó a un tercio de lo pensado.
“Por otro lado, la entrada de actividades ilegales, deforestación y pérdida de recursos fue mucho mayor a la prevista. Los impactos ocasionados por la carretera fueron muy fuertes” polemizó, mostrando su preocupación por el proyecto del ferrocarril.
El apoyo que la organización indígena recibió de la ´Tenure Facility’ ayudó a geo referenciar 112.000 hectáreas en Madre de Dios, además de obtener apoyo técnico y legal. Tres grupos étnicos lograron que sus territorios, con una superficie aproximada de 60.000 hectáreas, fueran delimitados. La región posee una rica diversidad étnica, con conocimientos tradicionales y culturales. “Por lo tanto, es importante consolidar sus derechos, además de tratarse de una deuda histórica”, destacó la abogada.
El hecho de no poseer el título de propiedad de sus tierras facilita enormemente la expulsión de los pueblos originarios por parte de las corporaciones y de grandes proyectos. “De repente, ves que un camión está destruyendo tu hogar, donde tu pueblo ha vivido durante muchas generaciones. Muchos indígenas son sometidos a pasar por estas situaciones por no tener un documento que compruebe el título de propiedad”, comentó Nonette Royo, directora de la recién creada ‘Tenure Facility’.
Hoy en día, todo el mundo “ha puesto el ojo” en la selva amazónica, afirmó, mostrando preocupación debido a la existencia de intereses comerciales y de proyectos de infraestructura. “Espero que los pueblos indígenas logren fortalecerse para enfrentar estos desafíos. Queremos brindarles apoyo para que puedan adquirir sus títulos de propiedad y que, de este modo, puedan dialogar y negociar “, destacó.
