En la reciente Cumbre de Líderes sobre el Clima convocada por Estados Unidos en la cual participaron referentes políticos a nivel global, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió acelerar la instrumentación de “pagos por servicios eco-sistémicos y canjes de deuda por acción climática”.
El país está sumergido desde 2018 en una severa crisis de deuda. La misma compromete la estabilidad macroeconómica, bloquea las inversiones necesarias para hacer frente a los compromisos en materia climática y refuerza la dependencia de las exportaciones de soja, maíz y carne, con consecuencias negativas sobre los equilibrios de los ecosistemas.
En busca de soluciones, el gobierno de Fernández impulsa un acuerdo con sus acreedores a través del cual se reduzca parte de la deuda externa, o por lo menos sus intereses, a cambio de mayores compromisos ambientales y climáticos. Con diversos climas, territorios y biomas, Argentina es uno de los países más biodiversos del mundo.
“Los países pobres están endeudados y no tienen suficiente espacio fiscal para destinar recursos a la protección medioambiental. Deben poder desviar el flujo de recursos desde el pago de la deuda hacia las medidas necesarias para evitar que continúe la desertificación, asegurar la provisión de alimentos a largo plazo y controlar la sobrepesca”, explica Oscar Soria, director de campañas del movimiento cívico y social global Avaaz.
Los programas de reducción de deuda por conservación de la naturaleza existen desde hace décadas y contaron con la participación de países de América Latina. Sin embargo, su dimensión fue limitada, ya que se calcula que a nivel global la deuda renegociada bajo estos acuerdos fue de un total de US$ 2600 millones entre 1985 y 2015. Asimismo, recibieron cuestionamientos por falta de transparencia.
La crisis de deuda de Argentina
Argentina desarrolló desde 2015 un proceso de endeudamiento acelerado que implicó un aumento de la deuda pública desde el 52,6% del PBI hasta el 104,5% en 2020. El incremento fue todavía mayor en el caso de la deuda nominada en moneda extranjera, que pasó del 30,1 al 79,9% entre 2014 y 2020.
104.5%
Relación deuda-PBI de Argentina a fines de 2020
Una porción importante de la nueva deuda se explica por el crédito acordado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, por un total de US$57 mil millones, que convirtió al país en el principal deudor del organismo internacional. El descalabro de la economía nacional hizo que a mediados de 2019 el FMI suspendiera la entrega de fondos.
El año pasado, el gobierno llevó adelante una reestructuración exitosa de la deuda con los acreedores privados. De este modo, en el corto plazo el principal problema de la deuda argentina está concentrado en el repago del crédito otorgado por el FMI, de US$44 mil millones.
“La renegociación de la deuda con el Fondo se vuelve imprescindible si se tienen en cuenta que los vencimientos en 2022 y 2023 superan los US$19 mil millones”, indica Pablo Manzanelli, investigador del Centro Cifra.
Los vencimientos acumulados de 2022 y 2023 equivalen a la totalidad de las reservas internacionales del Banco Central y exceden largamente al superávit comercial, única fuente de divisas disponible dado que los mercados internacionales están cerrados para el país. Por otro lado, en lo inmediato Argentina enfrenta un vencimiento de 2400 millones de dólares por la deuda con el Club de París.
La ecuación ambiental
La propuesta del Presidente Fernández se enmarca en una crisis global de deuda soberana de gran parte de los países en vías de desarrollo, impulsada por la pandemia del Covid-19. Ello ha llevado a discutir nuevos instrumentos financieros que permitan reducir la deuda y al mismo tiempo responder a la crisis climática y de biodiversidad.
Las propuestas incluyen emitir nuevos bonos con metas de biodiversidad y de cambio climático y reducir la deuda que los países mantienen con organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial – los cuales se comprometieron a presentar un instrumento de “canje de deuda verde” en la próxima cumbre del clima COP26 en noviembre.
“Argentina es un candidato perfecto. Para acceder a las operaciones de reducción de deuda o emisión de bonos verdes, los Estados deberían diseñar una política alineada con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y el Acuerdo de París, la cual tiene que ser aprobada y evaluada”, indicó Kevin P. Gallagher, director del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston.
Acordar el uso de alguno de estos instrumentos le permitiría a Argentina cuidar su capital natural, del cual depende gran parte de su economía. Según datos del Banco Mundial, Argentina es el sexto país del mundo en términos de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la fértil llanura Chaco-Pampeana.
Los países pobres están endeudados y no tienen suficiente espacio fiscal para destinar recursos a la protección medioambiental. Deben poder desviar el flujo de recursos
Argentina, al igual que numerosos países de América Latina, sufre una larga serie de problemas ambientales, los cuales se han profundizado en las últimas décadas. La expansión de las actividades agrícolas y ganaderas, entre otras, impulsaron la pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación de los suelos.
“En los últimos veinte años, el país viene degradando a pasos gigantes sus capitales ambientales. En todas las regiones hay graves situaciones que atender, desde la pérdida de bosque nativo en el Gran Chaco hasta la degradación ecosistémica en la Patagonia y la paulatina destrucción de los humedales en el Litoral”, sostuvo María Elena Zaccagnini, ex co-presidenta en el continente americano de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes).
Según datos oficiales, Argentina está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas. La región más afectada es el Parque Chaqueño, el segundo foco de deforestación de la región después del Amazonas.
6.5
millones de hectáreas de bosque de Argentina fueron deforestadas entre 1998 y 2018
El canje verde
Además de impulsar el canje verde de su deuda soberana, el gobierno de Fernández busca resaltar el rol de Argentina como proveedor de servicios ecosistémicos y de alimentos. En ese sentido el ministerio de Ambiente trabaja con el consorcio The Food and Land Use Coalition (FABLE) sobre los estándares ambientales del sector agrícola.
“No se trata solo de medir el servicio ambiental en términos de captación de carbono, lo cual está muy desarrollado, sino de definir también el valor de la regulación hídrica y del mantenimiento de la biodiversidad según las características de cada región”, explica Pedro Laterra, investigador de la Fundación Bariloche.
El gobierno argentino también trabaja junto con sus pares de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en el marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) para preparar una postura común de cara a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que está prevista para septiembre de este añ
“América Latina y el Caribe es la mayor región proveedora de servicios ecosistémicos, abarcando más de la mitad de los bosques primarios y de la biodiversidad mundial. Hay que concretar sistemas eficientes de cuantificación y capitalización de las externalidades positivas globales resultantes de los sistemas agropecuarios o agroforestales”, indica una declaración del CAS de mayo, elaborado por los ministros de Agricultura.
Se espera que el CAS también sirva para disputar políticamente las futuras reglas globales para el comercio, las inversiones y la deuda basadas en criterios ambientales. La Unión Europea ya ha comenzado a discutir introducir impuestos a importaciones de productos con una alta huella ambiental, lo que podría afectar a Argentina.
Ariel Martínez, secretario de coordinación política del ministerio de Agricultura de Argentina, sostuvo que el país no “puede perder empleo ni retroceder en condiciones sociales” como consecuencia de aplicar mayores políticas ambientales. Además, llamó a “discutir nuevas reglas del comercio, posibles aranceles sobre la emisión del carbono y flujos de financiamiento para la transición energética”.
