São Félix do Xingu, en el estado amazónico de Pará, es un lugar de superlativos: es el segundo municipio con mayores emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Brasil, el segundo con mayor tasa de deforestación en los últimos 15 años y el municipio con la mayor número de ganado del país. También tiene uno de los niveles de desarrollo más bajos de la región.
Este municipio es también una especie de símbolo de la situación general de Pará. El estado encabeza el ranking de deforestación en la Amazonía desde 2006, impulsada por la expansión de la ganadería, el cultivo de soja y la construcción de carreteras y puertos para facilitar el flujo de la producción a los mercados nacionales e internacionales.
Pero en medio de la creciente presión para revertir la destrucción de la Amazonía y la elección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió dar prioridad en su agenda a las cuestiones medioambientales, hay indicios de que Pará podría estar intentando convertirse en un estado más ecológico.
En noviembre de 2022, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, formó parte de la comitiva de Lula en la cumbre del clima COP27 de las Naciones Unidas en Egipto, donde Brasil manifestó su intención de que la COP30 se celebre en la Amazonía brasileña en 2025. Si el país es seleccionado, Belém, la capital de Pará, acogerá el evento. Barbalho también aprovechó su participación en la conferencia para presentar el Plan de Bioeconomía de Pará (PlanBio), que tiene como objetivo reducir a cero las emisiones derivadas del uso de la tierra en el estado para 2036.
El plan se centra en evitar la deforestación valorando, restaurando y promoviendo el uso sostenible de sus recursos biológicos —especialmente sus bosques— como parte de una “bioeconomía”. Pará prevé invertir 1.200 millones de reales (244 millones de dólares) en iniciativas relacionadas con la biodiversidad en los próximos cinco años, y calcula que su bioeconomía podría generar ingresos anuales de unos 170.000 millones de reales (34.500 millones de dólares) en 2040, aproximadamente el equivalente a su PIB actual.
La iniciativa no tiene precedentes a nivel gubernamental, ya que los proyectos que impulsan la bioeconomía han sido dirigidos en gran medida por organizaciones ecologistas y comunidades tradicionales a menor escala.
¿Está a punto de cambiar el modelo económico del estado y su imagen de gran deforestador?
Para Celma de Oliveira, coordinadora de proyectos de la organización ecologista Imaflora y residente en São Félix do Xingu, hay avances prometedores tanto a nivel federal con la elección de Lula, como a nivel estatal con el PlanBio.
“Hay esperanza con esta reanudación de un gobierno más participativo y de ministerios y consejos que fueron desmantelados”, dice de Oliveira, refiriéndose al vaciamiento de organismos ambientales visto durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022). “Ahora, la sociedad civil necesita participar en la gestión para que funcione”.
Ganadería, soja y presiones sobre los pequeños productores
La ganadería y la soja dominan cada vez más el paisaje de Pará, con pastos y plantaciones cada vez más extensos a expensas de los bosques del estado.
Los cultivos de soja ocuparon 849.000 hectáreas de tierra en Pará en 2022, un aumento del 70% sobre el área plantada en 2017. Mientras tanto, el estado tiene el segundo mayor rebaño bovino del país, con 26,7 millones de cabezas y una tasa de 1,5 cabezas por hectárea, considerada de productividad relativamente baja.
“La productividad ganadera de Pará es muy baja y habría que mejorarla drásticamente para evitar que tenga que crecer cada año por la expansión de la tierra”, afirma Sérgio Leitão, fundador y director ejecutivo del Instituto Escolhas, que realiza estudios centrados en el desarrollo sostenible.
En medio de esta continua expansión, muchos pequeños agricultores de Pará están haciendo todo lo posible para resistir la tentación de dedicarse a la producción de soja y ganado, y deforestar en consecuencia.
Los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción
Maria Josefa Neves, de 51 años, posee una propiedad rural en la comunidad de Tancredo Neves, a 120 kilómetros del centro de São Félix do Xingu. En una de sus 12 hectáreas, en terrenos que antes eran pastos, practica la agrosilvicultura, plantando diversos cultivos autóctonos como mandioca, cacao y acerola, una fruta parecida a la cereza.
En el resto de la propiedad, Neves deja que se regenere la vegetación natural. “Vivo en medio del monte, y los monos se acercan hasta el borde de la casa”, dice.
Sin embargo, la zona en la que vive está totalmente deforestada.
Neves es presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Pulpa de Fruta (AMPPF), fundada en 2012. Cultiva guandules —una leguminosa similar a las arvejas— y frutas en paralelo con otros árboles, adoptando técnicas que aprovechan la sombra y ayudan a garantizar los nutrientes necesarios para el suelo sin aplicar productos químicos, sino haciendo uso de biofertilizantes caseros. Neves suministra pulpa de fruta a las escuelas de la región.
La AMPPF cuenta con 55 miembros, que desde hace tres años venden su pulpa de fruta al gobierno federal, que a su vez la distribuye. La asociación ha progresado mucho: su contrato con las autoridades ha ascendido este año a 351.000 reales (71.000 dólares), frente a los 231.000 reales (47.000 dólares) de 2022.
Sin embargo, para crecer y abrirse a nuevos mercados, la asociación necesita inversiones. Por ejemplo, actualmente solo dispone de una pequeña cámara frigorífica para almacenar su producción y un camión refrigerado para transportarla.
Celma de Oliveira afirma que la falta de políticas públicas específicas inhibe la expansión de productores agroecológicos como la AMPFF, y que uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas iniciativas es la dificultad para acceder a créditos.
“Hay créditos específicos para el sistema agroforestal, pero los bancos ponen una serie de trabas, por lo que los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción”, explica de Oliveira, que presta asistencia a la AMPFF a través de Imaflora. Añade que es “mucho más fácil” obtener créditos para la ganadería.
El secretario de Medioambiente del estado de Pará, José Mauro O’de Almeida, coincide en que es necesario crear mejores condiciones para que estos productos se comercialicen: “Tenemos buenas iniciativas en agroforestería, biojoyería, biocosmética, bioproductos en general, pero no están ganando escala”.
Para ello, Almeida afirma que es necesario mejorar las infraestructuras, la logística y la industrialización, manteniendo el procesamiento del producto en la región. “En París se puede comprar açaí liofilizado en polvo a 200 euros el kilo. Tiene un alto valor añadido —mucho mayor que la soja— pero es necesario que haya industrialización”, afirma.
Se espera que el PlanBio responda a algunas de estas demandas en un intento de limitar la expansión de la frontera agrícola, afirma O’de Almeida. El plan subraya la importancia de un modelo económico sostenible y prevé la creación de “centros de emprendimiento” en cinco regiones del estado, así como un “museo de la bioeconomía” y una “escuela del conocimiento forestal”.
Según el secretario, parte de la primera financiación de estas iniciativas podría proceder del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará 300 millones de dólares a proyectos en materia de clima y descarbonización. Se espera que el primer plazo se pague en octubre, aunque aún no se ha definido la cantidad destinada específicamente al PlanBio.
El gobierno estatal juega a dos puntas
A pesar del giro ecológico señalado en recientes anuncios, es probable que el agronegocio siga siendo una industria clave y una fuente vital de ingresos para Pará y su gobierno, y una posible fuente de tensión con sus ambiciones bioeconómicas.
En 2022, las exportaciones agrícolas del estado alcanzaron un valor de 3.000 millones de dólares, un 70% más que el año anterior. Las principales materias primas fueron la soja, la carne vacuna y productos forestales como madera, carbón vegetal y papel.
Según datos del Ministerio de Agricultura, China fue el principal destino internacional de la agroindustria paranaense, seguida de Estados Unidos, Holanda y España. El país asiático concentró 957 millones de dólares de exportaciones —un tercio del total— y la carne y la soja representaron el 92% de este valor.
En abril, el gobernador Barbalho se unió a Lula durante su visita de Estado a China, donde se firmó un acuerdo para la construcción de una línea férrea que conectará el sudeste de Pará con el puerto de Barcarena, en la costa norte del estado. El proyecto, que será construido por la China Communications Construction Company (CCCC), ayudará a transportar materias primas a los mercados internacionales, incluida China, y supondrá una inversión estimada de 7.000 millones de reales (1.400 millones de dólares).
Mientras tanto, las empresas ganaderas del estado recibieron casi 210 millones de reales (42,6 millones de dólares) en exenciones fiscales en 2021. Pero la actividad, dice Leitão, “recibe mucho y ofrece poco en términos de productividad y eficiencia desde el punto de vista ambiental”.
En 2021, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Pará procedía del cambio de uso del suelo, principalmente de la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura, y el 11% procedía directamente de las propias actividades agrícolas y ganaderas, según datos del Observatorio del Clima, una red brasileña de ciencia climática. Altamira, también en Pará, y São Félix do Xingu son los municipios con mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país.
Altamira también alberga la Reserva Extractiva de Riozinho do Anfrísio, una zona protegida de producción sostenible que forma parte del territorio del pueblo indígena Xingu. Al igual que los productores de pulpa de fruta de São Félix do Xingu, los trabajadores de Riozinho do Anfrísio sufren la presión del avance de la deforestación.
La expansión del desmonte hacia la reserva, donde se cosechan castaña, aceite de copaiba y caucho, se ha convertido en una gran preocupación para Pedro Pereira, uno de sus residentes. Pero en los últimos meses ha notado una disminución del número de invasiones del territorio, posiblemente como resultado de los esfuerzos del nuevo gobierno de Lula por reanudar la lucha contra los delitos medioambientales. En abril, el gobernador Barbalho y Marina Silva, ministra de Medioambiente de Brasil, firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la aplicación de la legislación medioambiental, la gestión forestal y el uso del suelo en Pará.
Los productores de Riozinho do Anfrísio han demostrado que es posible generar ingresos manteniendo la selva en pie. Con el apoyo de Origens Brasil —una red coordinada por Imaflora y la ONG Instituto Socioambiental (ISA) que fomenta los negocios sostenibles en la Amazonía— han negociado mejores condiciones con las empresas que compran sus productos. No solo obtienen precios más justos, sino que las empresas también cubren los costos logísticos del negocio.
“Antes, el caucho costaba 70 centavos [0,14 dólares] por bloque, y hoy cuesta 13 reales [2,64 dólares], un cambio enorme, y con un contrato que nos da seguridad”, afirma Pereira.
En el territorio Xingu, Origens Brasil cuenta con casi mil productores registrados que, desde 2016, han generado colectivamente 9,5 millones de reales (1,9 millones de dólares) a través del comercio de sus bioproductos. Solo en 2022, los ingresos fueron de 2 millones de reales (400.000 dólares).
Pero estos ingresos podrían ser mucho mayores, según un reciente estudio del Instituto Escolhas, que evaluó los posibles ingresos de la recuperación de áreas degradadas y, por lo tanto, de la plantación de especies autóctonas que podrían ser aprovechadas por los productores.
La investigación estimó que la reforestación de 6 millones de hectáreas, un área aproximadamente del tamaño de Croacia, podría crear 1 millón de empleos directos, generar 13.600 millones de reales (2.700 millones de dólares) en ingresos y reducir el índice de pobreza en Pará en un 50%. Los empleos serían generados por la mano de obra en la recolección de semillas, producción de plántulas, plantación, mantenimiento y seguimiento de la actividad.
Según Leitão, del Instituto Escolhas, un cuello de botella muy discutido de la bioeconomía es el bajo nivel de productividad. Pero señala que la reforestación de bosques junto con otras actividades de menor impacto, como la horticultura producida por la agricultura familiar, podría ampliar su alcance. “Esto crea un espacio para el empleo, la generación de ingresos y la lucha contra la pobreza, y el tiempo necesario para que aparezca la escala de otras actividades”, afirma Leitão.
Pedro Pereira también está entusiasmado con las perspectivas a futuro. Su principal reto ahora no son los invasores de tierras, sino la expansión de su producción. Espera que su comunidad pueda negociar con más empresas para vender el excedente de producción. Pero, para él, la preservación del medioambiente va más allá de una oportunidad comercial.
“El bosque lo es todo para nosotros”, dice Pereira. “Es de donde sacamos el sustento para nuestra familia, toda nuestra comida, nuestro dinero. Es nuestra fuente de agua. Sin el bosque, no somos nadie”.
