Opinión: El cambio en la Ley Forestal atenta contra los derechos humanos de los peruanos

En diciembre, el Congreso peruano aprobó una serie de enmiendas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que despenalizan la deforestación ilegal en la Amazonía. La ley revisada permite ahora la tala de tierras boscosas con fines agrícolas u otras actividades económicas sin exigir que se tengan en cuenta los ecosistemas forestales existentes. En particular, la ley no garantiza que estas actividades se lleven a cabo de forma responsable.

Estos cambios legislativos abren la puerta a que la deforestación y destrucción de los bosques, incluida la Amazonía peruana, ocurra de manera legal y rápida a favor de actividades económicas poco sostenibles. Esto atenta directamente contra nuestros derechos humanos que son el pilar de nuestro buen vivir.

Los derechos humanos son libertades elementales que todas las personas tenemos, como el derecho a la vida, a la participación política y libertad de expresión, así como el derecho a la cultura. Uno de los últimos en ser reconocidos a nivel internacional es el derecho universal a un medioambiente limpio, sano y sostenible. El Perú reconoce todos nuestros derechos humanos, incluyendo el derecho a la tranquilidad y seguridad, a un ambiente sano y equilibrado, así como acceso a la información y opinión pública.

La protección y manejo responsable de los bosques, incluyendo a la Amazonía peruana, son indispensables para nuestro buen vivir. Los bosques nos dan agua, alimento y medicina, regulan el clima a nivel global, así como son el hogar de millones de seres vivos (humanos y no humanos). Sin bosques saludables y protegidos, no podemos disfrutar de nuestros derechos humanos.

Lamentablemente, la lucha por la preservación de los bosques en Perú se ha intensificado y vuelto más peligrosa en los últimos años. Basta recordar a junio de 2023, cuando el actual Congreso pretendió aprobar un conjunto de normas que priorizaban y fomentaban mayor extracción petrolera y minería de oro en la Amazonía. Estas leyes finalmente no se aprobaron, gracias a la oposición de la sociedad civil, pero los intereses económicos que las respaldan se mantienen. Hay pruebas de la influencia de fuertes grupos de presión agrícolas y mineros que han conseguido muchos aliados en el Congreso peruano.

Es dentro de este contexto que no sorprendió que el 14 de diciembre el Congreso aprobara una modificación irregular de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada posteriormente por el presidente de la cámara el 10 de enero. La modificación incluye varios cambios, como permitir la deforestación de bosques a fin de solicitar títulos de propiedad y convalidar títulos de propiedad y constancias de posesión otorgados de manera irregular con fines agropecuarios. Estas modificaciones en sí traen consecuencias nefastas a los bosques, ya que de por sí son espacios disputados por varios sectores económicos como el narcotráfico, la palma aceitera, hidrocarburos y minería de oro.

Madera talada ilegalmente en una embarcación en el río Napo, cerca de Iquitos, que se dirige al río Amazonas para su exportación. (Imagen: Alamy)

Los más afectados por este cambio normativo son las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en los bosques. En Perú son los pueblos indígenas quienes muchas veces lideran la lucha por la protección de la Amazonía. Estos esfuerzos de resistencia los ponen en situación de riesgo al ser quienes activamente denuncian actividades ilegales o de tipo no sostenible.

Entre 2013 y 2023, 32 defensores ambientales fueron asesinados en Perú por sus esfuerzos de defensa del territorio. Ejemplos de estos asesinatos incluyen a Benjamín Flores en Ucayali y Quinto Inuma en San Martín, ambos asesinados a fin del año pasado.

Actividades como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería de oro e hidrocarburos son las razones principales detrás de los asesinatos de defensores ambientales. Al ser actividades altamente lucrativas, actores de gran poder político como económico tienden a ser los culpables intelectuales detrás de los asesinatos, pero que frecuentemente nunca son procesados por sus crímenes. Peor aún, la inestabilidad política, la corrupción y el aumento del crimen organizado en Perú son factores que predisponen un futuro donde estos asesinatos serán más comunes.

Sin bosques, millones de personas en Perú que indirecta y directamente dependen de ellos no podrán disfrutar de sus derechos humanos fundamentales. Más aún, sin un contexto político que proteja y respete a nuestros defensores ambientales, guardianes de los bosques, tampoco podemos gozar de nuestros derechos humanos. De este modo, la modificatoria a la ley forestal no es sólo un atentando contra el patrimonio natural del país, sino también una violación directa a los derechos humanos de toda la nación.

Recordemos que todos los derechos vienen con responsabilidades y obligaciones. Las personas tenemos el deber de seguir las leyes de nuestros países y contribuir a construir una sociedad próspera, así como velar por el respeto de los derechos de otras personas. Lamentablemente, pareciera que los parlamentarios peruanos se han olvidado de conceptos jurídicos tan elementales como sus deberes a construir una nación segura, saludable y próspera.