A principios de febrero, Nayib Bukele logró la victoria de la presidencia en El Salvador con una aplastante mayoría en las elecciones, pero con múltiples denuncias de irregularidades en los comicios. Bukele se inscribió como candidato a la presidencia por segunda vez, pese a que la Constitución de la República de El Salvador lo prohíbe en seis artículos. Con un control prácticamente total sobre todas las instituciones del Estado, no encontró oposición alguna para hacerlo.
El segundo mandato de Bukele está causando temor entre los ambientalistas de El Salvador, quienes expresaron a Dialogue Earth su preocupación por las acciones tomadas durante los primeros cinco años del presidente en el poder. Predicen un futuro desafiante en un país que es especialmente vulnerable al cambio climático.
Hace cinco años, cuando Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador, propuso reforzar el sistema de monitoreo y mitigación de riesgos ambientales, pero esta ha sido una de las áreas más desmanteladas durante su administración. El presupuesto para monitoreo de tala en áreas naturales protegidas, depredación del ambiente, medición de niveles de lluvia, entre otras, quedó reducido a prácticamente cero durante el último año.
“La política ambiental de este gobierno es no tener política”, resume Luis González, el vocero de la organización ambientalista Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una de las voces que ha mantenido una postura crítica en los últimos años, a pesar de los esfuerzos de Bukele en contra de la disidencia para combatir la violencia de las pandillas.
Otros activistas del medioambiente de áreas críticas ambientales como el Lago de Coatepeque que sufre de contaminación, o la comunidad Santa Marta de Cabañas epicentro del conflicto minero, coinciden en la sensación de abandono con una política bajo la que no se sienten representados. Por el contrario: hablan claramente de retrocesos, como invasión a áreas naturales protegidas para permitir proyectos de construcción, desplazamiento de comunidades, autorizaciones de permisos ambientales sin control y reducción del acceso al agua.
La política ambiental de este gobierno es no tener políticaLuis González, vocero de Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
Una de las promesas que sí se cumplió dentro del plan de gobierno fue la simplificación de trámites de evaluación ambiental. Según la Memoria de Labores 2022 – 2023 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo entre junio 2022 y mayo 2023, esa cartera de Estado otorgó 1.398 resoluciones para obras y proyectos que implicaron $1.274 millones de dólares de inversión, según el reporte.
Agricultura en declive
El Salvador históricamente ha sido un país agrícola, con una economía basada en la producción de café. A pesar de que los sectores industriales han ganado terreno en los últimos años, la agricultura empleó a más del 18% de la población en el 2020 y representa casi un cuarto de sus exportaciones. Pero en los últimos años la sequía ha causado estragos en la producción y durante el 2023 La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) registró pérdidas totales de 1 millón 800 mil quintales de maíz (alrededor de 180,000 toneladas) por el fenómeno de El Niño y posteriores lluvias torrenciales que terminaron de aniquilar la cosecha postrera.
Luis Treminio, presidente de esta organización, asegura que es la primera vez en siete años que El Salvador experimenta tal volumen de pérdidas. La última vez fue durante 2015-2016, período en que también azotó El Niño.
“La política ambiental del gobierno no ha sido la más adecuada”, dice Treminio. Según él, desde 2018, organizaciones internacionales como la FAO y el PMA dieron guía y recursos económicos a El Salvador para desarrollar un plan de contingencia para atender el Corredor Seco, una amplia porción árida desde Panamá hasta el sur de México donde las vulnerabilidades climáticas son más fuertes debido a sus condiciones más propensas a la sequía.
Pero el plan se puso en marcha sólo parcialmente: hubo algunas entregas de semillas y capacitaciones, pero no hay nada programado a largo plazo.
El Niño ha seguido planteando dificultades a los agricultores de El Salvador durante la temporada seca, que normalmente va de noviembre a abril, con precipitaciones inferiores al promedio en los últimos meses. Las agencias meteorológicas pronostican que es probable que el patrón climático persista y hasta se predice que habrá un Súper Niño, es decir una sequía exacerbada este año.
Treminio lamentó que a diferencia de Guatemala y Honduras, sus vecinos en la región del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador no tiene un programa para construir reservas estratégicas de cultivos alimentarios clave, de los cuales pueda depender durante períodos de disminución de la producción.
“Era el último año del presidente (Salvador) Sánchez Cerén y no hizo nada. Entró Bukele y tampoco hizo nada. No tenemos un plan de contingencia para el Corredor Seco a pesar de que el 95% del territorio salvadoreño está en él”, dice Treminio.
Áreas naturales
A pesar de su pequeño tamaño y alta densidad poblacional, El Salvador cuenta con una biodiversidad significativa, que incluye diversos ecosistemas y especies. Destacan formaciones vegetales como bosques nebulosos, páramos, manglares, entre otros. El país alberga también extensos humedales, abarcando el 5.4% de su territorio, con una importancia regional y mundial en términos de recursos genéticos.
La preservación de estas áreas es esencial para garantizar la sostenibilidad y conservación de la rica diversidad biológica de El Salvador, pero el gobierno de Bukele ha permitido de manera directa la destrucción de parte de áreas naturales protegidas. El año pasado autorizó la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico en la Municipalidad de Conchagua, dándole la espalda a dictámenes técnicos que argumentaban que parte del aeropuerto estaría sobre un área natural protegida de manglar. La construcción está provocando, además, el desplazamiento de comunidades en la zona oriente de El Salvador.
El mismo problema se vive cada vez más cotidianamente en la zona occidental del país, colindante con Guatemala. Rubén Sorto es biólogo y defensor ambiental, y forma parte de la Fundación Coatepeque que busca la conservación del Lago de Coatepeque, una zona natural protegida de origen volcánico y ubicada en el departamento de Santa Ana.
“Prácticamente están urbanizando lo que quieren a la orilla del lago y a la luz de todos. Yo he hecho denuncias al ministerio [de Medio Ambiente] y lo que pasa es esto: que el ministerio actúa contra los pequeños”, dice Sorto. Estos proyectos de urbanización de lujo aledaños a la zona del lago, así como un mal manejo de los desechos sólidos están impactando la estructura del lago, del cual dependen decenas de comunidades.
Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas suspendió algunas construcciones nuevas de chalés a la orilla del lago, pero bajo la justificación del estado de emergencia declarado debido a la proliferación de cianobacterias.
El biólogo señala que hasta la fecha la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ha llegado a monitorear y tomar datos del uso del agua de las comunidades rurales que viven alrededor del Lago de Coatepeque y dependen de su agua, pero declara que la autoridad ha hecho poco en contra de las mansiones y negocios privados alrededor de este.
La minería: el temor a un fantasma del pasado
En 2017, dos años antes de la elección de Bukele, El Salvador prohibió la minería de todos los metales por ley. En ese momento, la empresa canadiense Pacific Rim pretendía explotar los grandes yacimientos de oro de la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas. A la empresa se le había concedido una licencia para explorar el sitio en 2002, pero nunca lo explotó con éxito, en medio de una intensa y prolongada oposición de las comunidades locales debido a preocupaciones sobre la salud pública y la contaminación del agua.
La Asociación de Desarrollo Económico de El Salvador (ADES), conformada por algunos líderes anteriormente vinculados a la izquierda y la guerrilla salvadoreña y con más de 30 años de existencia, fue clave en la aprobación de la ley que prohíbe esa actividad extractiva. La experiencia que sus comunidades tienen a nivel organizativo permitió que estas hicieran frente al epicentro del conflicto minero entre el gobierno salvadoreño y la empresa canadiense. La minera perdió el arbitraje internacional en 2016 contra el Estado salvadoreño e incluso demandó internacionalmente al país ante la negativa de obtener un permiso de explotación.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, teme que los pasos dados por el gobierno de Bukele estén construyendo el camino de retorno a la minería. Ella misma lo ha experimentado a nivel familiar: su hijo fue arrestado bajo el régimen de excepción en mayo de 2023, periodo en que se limitan los derechos de los ciudadanos en nombre de una emergencia social, luego de la captura de otros cinco líderes ambientales vinculados a ADES, por un caso que los vincula a su participación en la guerrilla.
Aunque los ambientalistas están bajo arresto domiciliario actualmente, Morales cree que la detención fue una estrategia gubernamental para silenciar la lucha de denuncia ambiental. Otro de los avances del gobierno salvadoreño que despiertan los temores de los activistas es la creación de la Dirección de Minas e Hidrocarburos desde el año 2021.
Los presidentes de ADES destacan la falta de aprobación del rechazo del Acuerdo de Escazú por parte de El Salvador como un problema más para los defensores ambientales del país. Creado en 2021, el tratado ambiental regional busca brindar acceso a la justicia, protección y participación en asuntos ambientales en toda América Latina y el Caribe, y hasta ahora ha sido firmado por 25 países y ratificado por 15. El Salvador nunca ha firmado un instrumento legal que podría haberlos protegido de la persecución. El presidente Nayib Bukele confirmó en cadena nacional que no firmaría el Acuerdo de Escazú.
“Lo firmaríamos si se hicieran pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medioambiente, que es lo que que pretende el Acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les falta desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir viviendas”, explicó el mandatario.
Morales explica que es por esto que ven con preocupación la autorización de permisos de exploración de hidrocarburos, en un país en el que no hay registro de tales yacimientos. La única explicación que le encuentran, dice, es la de una estrategia paulatina para el retorno de la minería.
“En temas ambientales y específicamente en el tema minero creo que hemos retrocedido enormemente. Es una clara criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos. El caso más claro es el nuestro”, dice Morales.
“La lucha por la defensa de nuestros territorios y de nuestro medioambiente pareciera que va cuesta arriba”, agrega Morales.
