El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en boca de todos los colombianos el término “descarbonización”.
Desde que asumió el cargo en 2022, ha hecho del abandono de los combustibles fósiles uno de los objetivos centrales de su administración y ha tratado de situar al país, durante mucho tiempo dependiente de tales combustibles para la exportación, como líder de la transición energética mundial. “A pesar de que Colombia vive a partir del petróleo y el carbón, hemos elegido el lado de la vida”, dijo en la cumbre climática de Naciones Unidas COP28 el año pasado.
El presidente ha respaldado su gran retórica con varias decisiones y políticas que pueden cambiar las perspectivas de la industria del carbón del país. Según Fenalcarbón, en 2023 Colombia exportó 54,5 millones de toneladas de carbón de tipo térmico, siendo el quinto exportador más grande de esta clase de carbón mineral en el mundo. Pero ese mismo año, la Agencia Nacional de Minería retiró el carbón térmico de su lista de minerales estratégicos, una señal de que el gobierno está apostando por otras áreas para el desarrollo industrial.
Este año, el Ministerio de Minas y Energía presentó al público el proyecto para la “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, una legislación que pretende cambiar el foco de satisfacer las demandas extractivistas a mejorar los diálogos con las comunidades que viven en estas zonas, y preparar al país para una transición energética justa. Aunque el proyecto aún no ha sido llevado frente al Congreso, uno de los artículos más polémicos, el artículo 23, propone la prohibición de nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico en el país.
Más recientemente, en septiembre, el gobierno lanzó una cartera de 40.000 millones de dólares con el objetivo de atraer inversiones que ayuden al país en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y apoyen la adaptación al cambio climático.
Sin embargo, a pesar de la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, sigue habiendo mucho debate en torno a la cuestión de una transición energética justa en Colombia, con incertidumbre en algunos ámbitos de la sociedad sobre las consecuencias económicas de la descarbonización. En particular, los trabajadores y las comunidades colombianas que han llegado a depender de la minería del carbón se preguntan cómo garantizará el gobierno que la transición sea justa desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
Carbón en Colombia
En el mercado internacional existe el carbón mineral de tipo térmico, principalmente para plantas de energía termoeléctrica, y el carbón mineral de tipo metalúrgico, usado para la creación de acero. En Colombia el consumo interno de carbón para energía es bajo: solo el 8% del carbón térmico extraído es usado para consumo interno, el resto se exporta.
Sin embargo, sí hay una dependencia económica y laboral en Colombia que proviene de este recurso, especialmente en los departamentos de La Guajira y el César, en el norte del país, donde se concentra el 90,9% de la producción de carbón de Colombia. Más del 35% del PIB de estos departamentos viene de la extracción carbonífera y se estima que la minería de carbón a gran escala brinda 30.000 empleos directos. No hay cifras oficiales sobre los empleos generados por la minería del carbón en la región andina del país, al sur, de donde procede el carbón para las centrales termoeléctricas nacionales. En 2023, el carbón representaba más del 36% de la producción energética de Colombia y el 10,8% de la generación de electricidad.
Con el abandono de los combustibles fósiles, los estudios indican la probabilidad de que disminuya la demanda mundial de carbón en los próximos años, aunque a corto plazo el crecimiento en la India y Asia-Pacífico compensará los descensos en Europa y Estados Unidos. Se prevé que la demanda de China, el mayor consumidor de carbón del mundo, alcance su punto máximo este mismo año y se reduzca en un tercio de aquí a 2040.
En respuesta a las preguntas de Dialogue Earth, el Ministerio de Minas y Energía expresó que, además del compromiso de Colombia con el Acuerdo de París, la transición se debe a la necesidad de adaptarse a un mercado cambiante. “A medida que fuentes no convencionales de energías renovables ganan terreno, disminuirá el uso de termoeléctricas y la demanda de carbón. Esto implica la necesidad de adoptar acciones preventivas en términos de reconversión laboral, diversificación económica y trabajo territorial para mitigar el impacto en las comunidades dependientes del carbón”.
¿Transición justa?
Una “transición energética justa” ha sido ampliamente definida como un proceso que permite invertir en nuevas alternativas energéticas y económicas, sin perpetuar la predominancia de los sistemas basados en combustibles fósiles. Reconoce que, dentro de las industrias de combustibles fósiles como la minería, tan importante como hacer frente a sus consecuencias medioambientales es mitigar los efectos económicos de la descarbonización y garantizar medidas de protección social para las personas y las comunidades que dependen de la industria para su subsistencia.
Incluso antes de una posible transición, la industria colombiana del carbón es una de las que ya se ha enfrentado al escrutinio por su historial en materia de justicia, con varias investigaciones que muestran cómo los abusos laborales y ambientales son a menudo una realidad común. “[Las afectaciones que vemos son] el agua, el suelo, el daño a las comunidades, la violación de los derechos laborales, la violación de derechos de las comunidades, la violencia que se genera”, afirma Juan Carlos Solano, secretario de Sintracarbón, sindicato de trabajadores del carbón. Añade que en lugares como La Guajira las comunidades indígenas wayúu y afrodescendientes han sufrido la violencia de actores armados en actos relacionados con las actividades mineras, un relato que hace eco de las denuncias presentadas por varias ONG en torno a las llevadas a cabo en el Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica.
Para construir un futuro “post-extractivo” y emprender una verdadera transición, debe producirse un cambio en el modelo económico, afirmaron representantes de la sociedad civil colombiana en un taller celebrado por el el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI) sobre el camino hacia una transición justa en el Caribe colombiano. El informe del instituto sobre las conclusiones de los talleres señala que los participantes destacaron que el proceso de transición justa del carbón térmico requiere la reparación de los daños ambientales y comunitarios, la diversificación económica y la consideración de la soberanía territorial. Las perspectivas y la participación de la población local en la toma de decisiones son cruciales, señalaron los participantes.
También habrá costos económicos y sociales relacionados con la transición, como el de la inversión y el mantenimiento de la transición, así como las perspectivas de empleo y la posibilidad de conflictos en zonas que dependían de un tipo de energía o economía, escribió el investigador en ciencias ambientales Mario Alejandro Pérez Rincón en un libro publicado en 2024 sobre transición energética y justicia ambiental en Colombia.
Las afectaciones se ven en el agua, el suelo, el daño a las comunidades, la violación de los derechos laborales y la violación de derechos de las comunidadesJuan Carlos Solano, secretario de Sintracarbón, sindicato de trabajadores del carbón
Un caso que puede dar luces sobre los problemas a los que se enfrentará Colombia en un futuro en su proceso de descarbonización es el del cierre de las minas de la empresa Prodeco, filial de la multinacional minera Glencore, en el municipio de La Jagua, en César.
Alegando que no era rentable continuar con las operaciones, la empresa devolvió al Estado tres concesiones en dos explotaciones mineras, tras solicitar inicialmente la entrega de cinco. Esto provocó problemas como el desempleo y el cierre de empresas, una disminución de los impuestos y de los ingresos fiscales, y que un municipio ya en dificultades se viera obligado a hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de los cierres sin ayuda y con un presupuesto reducido, señala el informe del SEI.
Además, al utilizar el tecnicismo legal de renunciar a los títulos en lugar de cerrar las minas directamente, se consideró que la empresa “aprovechaba esta situación para irse y, quizás, eximirse de varias responsabilidades ambientales y sociales que tiene”, afirmó a El Espectador Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en 2022.
¿Cómo se está planeando la transición?
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expresó a Dialogue Earth que, para garantizar una transición justa a nuevas economías, algunos de los hitos que busca alcanzar son una revitalización de la naturaleza con inclusión social, diversificación de exportaciones, transición de fuentes de energía e incluso “utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética que lleve al país hacia una economía verde”.
Ya se ven alternativas económicas al carbón en los departamentos de La Guajira y César, parte de la diversificación económica de estos territorios. En La Guajira se evidencia la llegada de nuevas industrias de energía renovable, como los 22 proyectos en construcción o activos en el departamento a mayo de 2023, según la Unidad de Planeación MInero Energética (UPME). La unidad también había registrado cinco proyectos de parques solares en curso en La Guajira, con una capacidad de producción conjunta de 1.107 MW.
“En el caso de La Guajira, la transición a renovables requiere acciones inmediatas para poder garantizar que este nuevo sector se desarrolle en armonía y con con los actores territoriales, promoviendo procesos de desarrollo con enfoque local”, dijo José Vega Araujo, investigador asociado en el SEI, en una entrevista con Dialogue Earth. “Estas nuevas tecnologías deben acompañarse de una serie de estrategias que permitan que las comunidades locales tengan poder de decisión y participación en los beneficios que se generan”, aseguró.
El departamento ha tenido dificultades para sacar adelante proyectos de energía eólica debido a la ruptura de las relaciones entre las empresas y las comunidades indígenas. Se están produciendo negociaciones entre empresas y comunidades en las que “no hay un árbitro, no hay un mediador con la capacidad de garantizar procesos de conversación balanceados”, lo que ha llevado a la cancelación de proyectos de Enel y Celsia, señala Araujo.
También se han producido tensiones en las comunidades del departamento que rodea el parque eólico Guajira I, donde las denuncias de violencia derivadas de desacuerdos sobre las indemnizaciones han asolado a las comunidades locales.
Por su parte, en el César hay expectativa por la existencia de yacimientos de plata y cobre, lo cual podría transicionar la extracción minera hacia otras materias primas importantes para la descarbonización, al tiempo que se busca evitar que se repliquen los abusos del modelo actual. “Se puede seguir haciendo minería, pero hay que cambiar la política minero energética a nivel nacional”, resume Solano, el líder sindical.
El gobierno de Colombia está trabajando a través de diálogos y encuentros con actores en una hoja de ruta para la descarbonización del país, y ha publicado escenarios y guías de diálogo para la construcción de esta. Para el Ministerio de Minas y Energía, esta hoja de ruta busca dar claridad en tres aspectos: identificar trayectorias para la descarbonización, teniendo en cuenta la proyectada baja en demanda en los mercados globales; estipular acciones clave para una transición energética con eficiencia y costos favorables; e impulsar procesos de diversificación económica.
“Esto aplica no solo a las regiones productoras de carbón, sino que está orientado también a otros territorios históricamente dependientes de la economía de los hidrocarburos”, respondió el Ministerio a Dialogue Earth.
Es posible que el mercado eventualmente fuerce la mano del gobierno y las multinacionales, con reportes que aseguran que China, el mayor importador mundial de carbón térmico, podría estar reduciendo su demanda de importaciones del combustible en el segundo semestre de 2024. En el primer trimestre del año, las exportaciones de carbón colombiano a China habían aumentado significativamente en comparación con el mismo período de 2023, y en medio de la caída de la demanda de Europa, se decía que los compradores asiáticos eran “el factor de sustento” de la producción colombiana.
Entre tanto, el reto del gobierno colombiano es trazar una ruta de transición que no solo cumpla con sus compromisos ambientales, sino que cumpla con las necesidades de los trabajadores y las comunidades que dependen del carbón.
