El propietario de una de las mayores minas de oro de Colombia se enfrenta actualmente a una batalla en dos frentes. Bajo tierra, Zijin Continental Gold está luchando contra mineros informales que han estado extrayendo oro ilegalmente dentro de su concesión, mientras que en los tribunales internacionales, la empresa china está demandando al Estado colombiano por una supuesta falta de garantías de seguridad para sus operaciones en el país.
Aún es prematuro saber cómo se resolverán esas dos batallas. El desenlace de los conflictos con los mineros informales podría depender de si el Congreso colombiano aprueba las propuestas del presidente Gustavo Petro para modificar el actual código minero del país, en vigor desde 2001. Desde que asumió el poder en 2022, el gobierno de Petro ha promovido reformas que aumentarían la presencia del Estado en la minería y darían prioridad a las preocupaciones de los pequeños mineros frente a las grandes empresas multinacionales, incluida la búsqueda de una mayor formalización dentro del sector.
Mientras tanto, el caso judicial de Zijin dependerá de la resolución en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje de Estados Unidos, que acaba de empezar y cuyo resultado podría tardar años en decidirse.
Violencia y ataques
La tensión es constante en Buriticá, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, donde se ubica la mina de Zijin. Buriticá se convirtió en noticia el pasado mayo por un violento bloqueo por parte de mineros informales de la carretera principal que atraviesa el municipio, la única que conduce al norte, a los puertos del Golfo de Urabá. El bloqueo se produjo inicialmente para exigir el rescate de dos mineros informales que habían quedado atrapados en la mina.
A finales de mes, los representantes de la comunidad compartieron una carta, difundida por Zijin, en la que exigían la intervención del Estado para poner fin al bloqueo, ya que provocaba la interrupción de los suministros de alimentos y sanitarios, así como de la libre circulación en la zona.
Muchos mineros informales de la zona trabajan a las órdenes del Clan del Golfo, un grupo criminal armado que, al parecer, cobra el 10% de la producción minera a cambio de acceder a los túneles. La mina en Buriticá de Zijin se encuentra en el subsuelo de una gran montaña en una zona casi selvática donde el Estado tiene poca presencia. El Clan ya era un actor muy activo en la minería de oro en la zona cuando la empresa china adquirió el proyecto en 2020.
Zijin informó haber perdido el control de al menos el 60% de sus socavones a manos del Clan desde marzo de 2023. La empresa tiene la concesión de esta mina desde 2020, cuando compró las operaciones a la canadiense Continental Gold, que se instaló en esta parte del país en 2011.
Al ser consultada para este artículo, una fuente de Zijin, que pidió el anonimato, aseguró que de enero a septiembre de este año han registrado 74.333 detonaciones de explosivos con las que mineros informales buscaron detener los trabajos de los mineros de Zijin. Además, la fuente añade que han lanzado 943 artefactos para hacerle daño a su infraestructura y han disparado 830 veces contra su gente.
No obstante, al ser consultados al respecto, voceros de los mineros informales niegan que sean responsables de ningún ataque.
Teresa Mazo, representante legal de la Asociación Agrominero y Ambiental de Colombia (Asominacol), una organización sin ánimo de lucro que apoya a los mineros y a la comunidad minera, refutó la idea de que los mineros informales hayan atacado a Zijin. “Nosotros no conocemos estos enfrentamientos porque la zona por donde se accede a los túneles de Zijin en Buriticá es privada y la cuida el Ejército. Un ciudadano normal no puede entrar”.
Según Mazo, la Agencia Nacional de Minería (ANM), que regula la actividad minera en el país, hizo 83 recomendaciones a Zijin para mejorar la situación en la zona, tras las denuncias de que la empresa había vertido “lodo tóxico” en los túneles donde trabajaban los mineros informales. “Hasta ahora no nos han dicho si se han aplicado los correctivos”, añadió. En mayo, una declaración de la empresa rechazaba la acusación y los “rumores”, y afirmaba que había llevado a cabo el relleno obligatorio de los túneles, tal y como exigen las autoridades, y que este proceso “cumple estrictamente” la normativa.
Entre los que trabajan extraoficialmente en la zona de operaciones de Zijin hay mineros ancestrales, que son de la región y han estado explotando minas durante años antes de la llegada de las corporaciones, así como otros que llegaron de otras partes del país atraídos por el descubrimiento de oro. En mayo de 2023, la Comunidad de Mineros Ancestrales de Buriticá presentó una petición exigiendo a Zijin el acceso a 140 hectáreas (o el 1,5% del título minero) donde los mineros han estado trabajando durante una década, afirmando que el trabajo es vital para mantener a más de 300 familias locales.
La Procuraduría General de la Nación, la entidad estatal que vigila la actuación de los funcionarios públicos, emitió un informe a mediados de 2023. En este se describió que “la injerencia de grupos armados ilegales en la zona, para explotar ilegalmente el oro, está perjudicando a los mineros ancestrales”, y además señaló que la empresa minera Zijin Continental Gold era “víctima permanente de ataques e incursiones ilegales en sus instalaciones y al resto de los habitantes de esta comunidad”.
Además, añadió que la minería ilegal “está generando serios problemas ambientales como deforestación y contaminación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la vida de los pobladores que la consumen y utilizan en sus cultivos”.
También, la entidad refirió que el saqueo por parte de los mineros ilegales equivalía a dos toneladas de oro anuales, causando pérdidas para el Estado cercanas al billón de pesos colombianos (casi 226 millones de dólares).
Después de los disturbios públicos de mediados de 2024, la zona volvió a una aparente calma, pero según los lugareños y las ONG entrevistadas para este artículo, esto podría cambiar en cualquier momento. Una explicación dada por el vocero de una organización de derechos humanos en Antioquia, que pidió el anonimato, es que el Clan del Golfo ha optado por la calma ante la posibilidad de que se reanuden las negociaciones con el gobierno de Petro, actualmente suspendidas. El grupo ha mantenido conversaciones de paz intermitentes con la administración nacional en los últimos dos años, y la última conversación registrada fue el pasado agosto.
Demandas y reforma jurídica
Entre tanto, se mantiene la demanda de la empresa Zijin en el CIADI, por 430 millones de dólares.
Zijin Continental Gold anunció su intención de llevar el caso a los tribunales internacionales en noviembre de 2023, después del ataque con un cilindro bomba lanzado desde los túneles ilegales por el que fallecieron dos personas y 14 resultaron heridas. Finalmente, la firma White & Case con sede en New York registró la demanda el 12 de julio pasado en nombre de Zijin.
Zijin Continental Gold ha sido enfática en que en 2020 pagó mil millones de dólares para hacerse a los derechos de explotación de la beta en Buriticá y se queja de que el Estado colombiano primero invitó a los extranjeros a invertir y después no les brindó garantías de protección.
“Aunque Colombia indujo y se benefició de estas inversiones sustanciales, posteriormente ha violado las expectativas que formaron la base sobre la cual el demandante decidió invertir en el país, y en particular, ha fallado en cumplir sus promesas de apoyo y protección”, dice la demanda de Zijin Continental.
En una evaluación realizada en septiembre sobre la situación en Buriticá, el Ministerio de Defensa colombiano trató de poner de relieve problemas más amplios en todo el país en relación con la seguridad y los grupos armados, condiciones que no son exclusivas de Buriticá, y señaló las medidas que se están tomando para mejorar la seguridad en la zona, como la mediación y el diálogo entre las partes interesadas.
Personalidades de varios sectores productivos, entre ellos la minería y la comunidad empresarial en general, han pedido al gobierno que aborde el deterioro de las condiciones de seguridad en todo el país, en medio de un recrudecimiento de la extorsión y el secuestro, y han advertido de la necesidad de que el Estado intervenga para cambiar esta realidad.
Pero lo que más les preocupa es la inestabilidad jurídica que se avecina, según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Desde su campaña a la presidencia, Petro ha tenido un discurso contrario a la actividad extractivista en el país, lo que se ha materializado en varias iniciativas que, según Nariño, podrían poner en peligro tanto los derechos ya adquiridos como la posibilidad de nuevas inversiones privadas.
Entre ellas figura el Decreto 044, promulgado por el Ministerio de Medio Ambiente en enero, que permite declarar reservas medioambientales temporales con el fin de evitar la degradación y garantizar el uso sostenible de los recursos. Establece un periodo de cinco años, prorrogable a diez, para la realización de nuevos estudios de impacto, durante el cual no pueden llevarse a cabo actividades como la minería, aunque ya haya un proyecto en marcha.
Nariño también expresa su preocupación por el proyecto de ley para la reforma del código minero que el gobierno enviará al Congreso, que califica de contener “una redacción ambigua” que, según él, podría dar lugar a diferentes interpretaciones en el futuro. El gobierno de Petro también ha propuesto la creación de una empresa minera estatal, Ecominerales, que según Nariño “tendría prácticamente el monopolio de los recursos minerales y solo de manera marginal permitiría la participación de inversores privados, con lo que afectaría el desarrollo de esta industria tan importante para el país”.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía afirma que la reforma y Ecominerales pretenden aportar “soluciones estructurales para garantizar el desarrollo sostenible del sector y mejorar la calidad de vida de las comunidades mineras”, persiguiendo la formalización de las explotaciones artesanales y de pequeña escala. Tras un primer debate sobre la creación de Ecominerales en una comisión del Congreso en junio, el ministerio reiteró su intención de que la empresa estatal “regule, promueva y garantice la estabilidad jurídica de la inversión privada” y “compita con otras empresas para aumentar su eficiencia”, al tiempo que genere “mayores ingresos para el Estado y el sector minero”.
Aún no se ha fijado una fecha para que la creación de la empresa se debata formalmente en el Congreso, pero es probable que se enfrente a una importante oposición, pues ya se han opuesto varios legisladores.
En cuanto a la demanda pendiente de Zijin ante el CIADI, ya se han designado árbitros para ambas partes, pero aún no se han dado a conocer más detalles sobre las fechas de los procedimientos. Zijin declinó hacer comentarios oficiales sobre el asunto, citando el proceso legal en curso; la fuente anónima de la empresa tampoco hizo comentarios.
