El 1ero de marzo de 2025 asumirá un nuevo gobierno en Uruguay que, de confirmarse algunos pronósticos, tendrá como primer escollo una sequía similar a la sufrida en el invierno de 2023, cuando 1,6 millones de ciudadanos debieron usar agua dulce mezclada con salada por la bajante de la cuenca del río Santa Lucía, única proveedora de Montevideo y su zona metropolitana.
El agua y el acceso al saneamiento, reconocidos como derechos humanos en la Constitución uruguaya, es uno de los ítems más importantes para los dos equipos de campaña que el 24 de noviembre próximo se disputarán el balotaje. Otros temas ambientales en sus agendas son los residuos, el hidrógeno verde y la agricultura sostenible.
Los postulantes son el candidato del Frente Amplio y ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi; y el ex asesor del actual presidente Lacalle Pou y actual candidato de la coalición de gobierno, el Partido Nacional, Álvaro Delgado. En la primera vuelta, en octubre, Orsi obtuvo el 44% de los votos y Delgado el 26,77%.
En conversación con Dialogue Earth, los coordinadores del área ambiental de ambos equipos, Leonardo Herou ―del Frente Amplio― y el actual subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, analizan el futuro ambiental de Uruguay.
“Del minuto uno Yamandú va a tener que tomar muchas decisiones en el área ambiental y en el tema del agua”, advierte Herou, y recuerda que la propuesta de su lista es convocar a “un gran diálogo por el agua” , involucrando a la sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios y productores.
Amarilla destaca estar cerrando lo que fue la primera gestión de un Ministerio de Ambiente creado por el gobierno de Lacalle Pou en 2020, porque “hacía falta darle jerarquía al tema ambiental”, y reconoce que existen todavía numerosos desafíos por delante. Sobre todo, con el agua.
El manejo del agua en Uruguay
Amarilla considera que, ante la posibilidad de una nueva sequía, Uruguay se encuentra mejor preparado que antes, entre otras cosas, por la propuesta del proyecto Neptuno, que contempla tomar agua del estuario Río de la Plata y aumentar el suministro al área metropolitana de Montevideo, pero ha sido cuestionado por la comunidad y la justicia.
Herou se muestra más cauto ante el futuro y recuerda un desencuentro sobre la infraestructura hidráulica entre el último gobierno del Frente Amplio a cargo del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y la actual administración. Vázquez impulsó antes de dejar el gobierno un proyecto de represa en Casupá en el departamento de Florida (centro sur) que luego Lacalle Pou desestimó.
La solución sobre la provisión de agua al sur uruguayo se ha politizado, con posturas divididas entre Casupá y Neptuno. Al tiempo que surgen voces alternativas de investigadores que impulsan una solución departamental para el abastecimiento, ya no con la exclusividad de la cuenca del Santa Lucía, sino asistiéndose de otros cauces.
“No es una idea impensable” para el representante del actual gobierno, quien incluso propone una tercera fuente: las aguas subterráneas, aunque “con un buen estudio” previo que permita conocer mucho más los sistemas de acuíferos, una idea compartida por el Frente Amplio.
Los candidatos coinciden en reestructurar y dotar de presupuesto a la empresa de aguas públicas OSE, una entidad con presencia en todos los departamentos, pero cuya administración radica en Montevideo y la gestión de los principales volúmenes de toma de aguas en una planta en el departamento de Canelones.
El camino a 2030
El próximo gobierno también será el que llegue a 2030, la fecha en la que Uruguay tendrá que haber cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su plan de cambio climático, o Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), en el marco del Acuerdo de París.
El desafío en ese aspecto, coinciden ambos partidos, será avanzar en las prácticas de agricultura sostenible, un sector dominado por la producción extensiva de trigo, soja y arroz, y continuar con la transición energética a través del hidrógeno verde.
“La agricultura es un gran desafío, que es cómo certificamos ambientalmente toda esa producción para darle un mejor valor y un ingreso a mercados que capaz que no se podría entrar”, reflexiona Amarilla, , refiriéndose probablemente a nuevas normas como la de antideforestación de la Unión Europea.
Según promete en su programa de gobierno, el Frente Amplio promoverá y fortalecerá la agroecología como punto de partida hacia una transición ecológica justa, con el foco puesto en los sectores más vulnerables.
Herou, parte del Frente Amplio, dijo que es necesario “avanzar en una alternativa a los combustibles fósiles” con las distintas alternativas existentes, y que su espacio político apuntaría especialmente al hidrógeno verde, un sector cuyo desarrollo ha generado preocupación por el potencial consumo de agua de su producción. Herou dijo que esto se promovería con certezas, controles y, sobre todo, transparencia, “para que la población también sea consciente de las cosas que se están decidiendo y que tienen impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo”.
Amarilla expresó también su apoyo al hidrógeno verde y sus esperanzas en una industria potencial: “Tal vez no visualizamos todavía el impacto que va a tener en el futuro que Uruguay, a partir de la generación de hidrógeno verde, genere fertilizantes verdes. Y que esos fertilizantes nos van a dar un impacto económico muy importante de poder exportar en vez de importar”.
Uruguay firmó en 2023 un memorando de entendimiento con la Unión Europea con foco en el avance del hidrógeno verde, sus derivados y eficiencia energética.
Asimismo, el país presentó en octubre lo que será la primera planta productora de hidrógeno verde. Comenzará a funcionar en 2025 con 8.000 paneles solares, en el departamento de Fray Bentos. Además de este existen otros dos proyectos presentados, en Paysandú y Tacuarembó.
Además de la preocupación por el consumo de agua de estas instalaciones, tanto de fuentes superficiales como subterráneas, los proyectos de hidrógeno verde propuestos también se han enfrentado a las dudas de las comunidades cercanas por la falta de consultas previas.
Impactos climáticos y adaptación
Los eventos climáticos extremos pueden afectar negativamente a sectores clave de la economía uruguaya en el próximo período, como ocurrió en la sequía de 2023.
Según el Ministerio de Economía, las pérdidas totales del sector agropecuario entre 2022 y 2023, como consecuencia de la sequía, se estimaron en más de 1.800 millones de dólares. Esto representó aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Otros graves daños que podrían sufrir las comunidades es la subida de las cuencas, que podría afectar seriamente a las zonas costeras del sur y este del país. Para fin de siglo, entre 10.500 y 12.000 hectáreas de zona costera podrían ser inundadas.
Según Herou, el desafío es poder “tomar las decisiones correctas para generar esa capacidad de resiliencia para prepararse, en tiempos que son cortos, que son tiempos de gobierno”.
“Venimos trabajando con algunos fondos globales, porque ya sabemos que la costa se verá muy afectada y que los escenarios de mediano plazo ―cuando digo medianos, en este siglo― para la zona costera nos debe preocupar y ocupar”, agrega Herou.
Amarilla espera que en el próximo gobierno se incluya “un párrafo de previsión financiera para los eventos climáticos, ya sea de seguridad o de inundación porque es un tema que cualquier país del mundo ya lo tiene”.
Manejo de residuos
La estrategia del Frente Amplio en cuanto a los residuos es impulsar el reciclaje y repetir la experiencia de Canelones, que cerrará el año con 120.000 familias clasificando poco más del 40% de los materiales que se ubican en el mercado.
“Empezamos con una política de residuos de pirámide al revés, con estrategias para reducir los residuos que se generan, desde la producción hasta el consumidor. Después fuimos generando circuitos de economía circular para agregar valor”, relata Herou.
Asimismo, propone un censo de clasificadores para todos los departamentos del país para generar estrategias de inclusión social en el sector, algo todavía en deuda en gran parte del Uruguay.
Amarilla destacó los avances logrados durante la actual administración en este sentido:“Hemos logrado en este periodo reducir al 50% los vertederos a cielo abierto, para ir mutando hacia rellenos sanitarios con condiciones ambientales aceptables en cada una de las capitales departamentales”, reafirma Amarilla. “No podemos enterrar más basura. Lo que tenemos que ver es qué porcentaje podemos lograr reciclar y qué otro porcentaje valorizamos”.
Delitos ambientales y relevancia social
Otro punto en común para ambos equipos de campaña son los controles y penas sobre delitos ambientales.
Herou plantea que tomaron conocimiento de muchos delitos ambientales cuando ya era tarde, por denuncias de los vecinos. “Hay que repensar el control involucrando a la gente, sumando tecnología, sumando inteligencia artificial y teniendo una presencia mucho más fuerte en el territorio”, afirma.
Para Amarilla, si bien Uruguay es un país unitario, hace falta un mayor vínculo con los gobiernos departamentales. “En vez de tener 19 oficinas de Ministerio de Ambiente en todo el país, tenemos que usar a los gobiernos departamentales como oficinas propias, casi, o compartidas en lo que es la presencia del control ambiental”, agrega.
Si bien el subsecretario de Ambiente asegura que es creciente la preocupación social por los temas ambientales en la agenda pública, y que aumenta el número de denuncias a su cartera, el cuidado del ambiente no aparece entre los temas más importantes a la hora de votar.
Todos estamos vinculados a los temas ambientales, pero quizás cuesta conectar ciertos eventos con el ambienteNatalia Bajsa, microbióloga del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Según una encuesta de Factum de abril pasado, cuando comenzó la campaña para las elecciones primarias, el 49% de la población indicó que la seguridad es la principal preocupación, seguido del trabajo con el 12 % y 11% la educación. Ambiente no figura siquiera en la nómina de problemas a tratar.
En consecuencia, el tema tampoco estuvo presente en los bloques de discusión durante el debate presidencial del pasado domingo.
Académicos, psicólogos, docentes y profesionales en ciencias ambientales, arquitectura, urbanismo e ingenieros adhirieron a la propuesta del Frente Amplio en materia ambiental, según sostuvieron en un comunicado.
Natalia Bajsa, una de las firmantes, es microbióloga del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Bajsa sostuvo a Dialogue Earth su sorpresa por la poca mención a los temas ambientales por parte de los candidatos presidenciales en Uruguay.
“La gente iba a la playa no se podía bañar [por los brotes de algas], o no tuvo agua para tomar [por la sequía] o sufrió inundaciones. Todos estamos vinculados a los temas ambientales, pero quizás cuesta conectar ciertos eventos con el ambiente”, dijo la microbióloga.
