Desde las cálidas playas cercanas al ecuador hasta las frías costas del sur, surfistas y científicos se están convirtiendo en activistas en Sudamérica. Sus actividades están logrando impulsar leyes que protegen las olas a lo largo de la costa del Pacífico.
Chile aprobó una ley el pasado octubre que resguarda sus rompientes. Ecuador sigue el mismo camino: su proyecto de Ley de Olas ya tuvo un primer debate en la Asamblea Nacional. Ambos países se inspiraron en el modelo peruano, que sentó un precedente regional hace 25 años.
Lo que nació como una causa local de surfistas, hoy se consolida como una tendencia regional para reconocer el valor ecológico, cultural y económico de las olas.
¿Por qué proteger las olas?
Para la bióloga marina y surfista ecuatoriana Karla Jaramillo, la protección de las olas es esencial: estos ecosistemas, que sirven de refugio a tortugas y vida marina, son frágiles y pueden alterarse con intervenciones mínimas como la construcción de un muelle o un espigón.
“Los surfistas somos los primeros en darnos cuenta de esos cambios, porque habitamos estos espacios”, explica Jaramillo a Dialogue Earth.
Para Jesse Reiblich, profesor adjunto del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de Rhode Island, el papel de las olas en el medioambiente costero es comparable al de las plantas en los humedales o las selvas tropicales: regulan los ecosistemas e influyen en el clima.
¿Cómo puede el desarrollo cambiar las olas?
Las olas son un componente clave del movimiento del agua en las costas y, por lo tanto, un factor importante en la configuración del lecho marino, la costa y la vida que alberga.
Las olas consideradas de buena calidad para el surf suelen estar relacionadas con las características del lecho marino, como los arrecifes y los bancos de arena, y con la forma en que interactúan con el viento, las mareas y las corrientes locales.
Pueden verse drásticamente alteradas por construcciones y desarrollos —como rompeolas, instalaciones portuarias y regeneración de playas— que cambian la forma del lecho marino, la costa o el movimiento del agua. Si se altera la altura, la duración o la forma de las olas, esto puede mejorar o perjudicar el atractivo para los surfistas.
Explica que, aunque históricamente han sido ignoradas en las políticas de protección, en las últimas décadas los surfistas han impulsado un creciente movimiento para defender estos espacios que habitan.
En 2010, la declaración de Política sobre la Zona Costera de Nueva Zelanda estableció la protección de rompientes para el surf. California cuenta con legislación similar, que da una base legal para que la costa y su acceso público se consideren bienes comunes. Actualmente en esa ciudad se está debatiendo la creación de reservas estatales de surf.
California y Nueva Zelanda dentro de reglamentos de uso de sus playas, establecieron guías en protección de olas. En Latinoamérica el marco legal no brindaba esa protección, hasta que Perú marcó el primer precedente en toda la región 25 años atrás.
En América Latina, Perú fue el primero en el año 2000. Desde entonces, otros países han creado sus propios sistemas similares. “Es interesante que se encontró un marco legal para la protección exclusiva de rompientes y ver cómo cada país adapta esto a su marco legal”, dice Reiblich.
Perú se subió a la ola
A finales de la década de 1990, los surfistas peruanos se organizaron para exigir una mayor protección. Fueron impulsados por casos como el de La Herradura, donde la construcción de una carretera afectó a toda la playa, y la construcción de un muelle en Cabo Blanco.
Perú se convirtió en pionero en la protección del surf en el año 2000 con su Ley de Rompientes, diseñada exclusivamente para la protección de las olas. La ley establece que las olas pueden protegerse de actividades que puedan dañar las rompientes, alterar el lecho marino o cambiar las corrientes.
Aunque la ley se aprobó en el año 2000, obtuvo su reglamento recién en 2013, el mismo año en que Perú fue la sede (y ganó) los Juegos Mundiales de Surf de la Asociación Internacional de Surf.
Desde entonces, la norma, junto con el trabajo de la campaña Hazla por tu Ola, ha permitido proteger más de 30 rompientes mediante estudios técnicos y su registro oficial.
La iniciativa Hazla por tu Ola nació como un movimiento ciudadano que reúne aportes de empresas, deportistas y ciudadanos para financiar los estudios técnicos que permiten registrar una rompiente como área protegida bajo la ley peruana. Para registrar oficialmente una rompiente, se deben registrar y presentar los detalles de las olas, la topografía submarina, la costa cercana y la biodiversidad.
La iniciativa fue clave para crear conciencia sobre la importancia de cuidar las olas y obtener más apoyo para la ley, dice la coordinadora de la campaña, Carolina Butrich, ex campeona nacional de windsurf.
La implementación de la ley no fue fácil, dice Butrich, en parte porque el concepto de proteger las olas era difícil de transmitir. Cuando se aprobó en 2000, la ley no designó inmediatamente a una entidad específica como responsable directo de su implementación, y pasaron años hasta que se promulgó la normativa de 2013. “El proceso fue un ensayo y error”, recuerda.
Fueron años de ver qué entidad asumiría esa responsabilidad. En el caso de Perú, la Marina Peruana fue la encargada del registro de olas, lo que significa que supervisa la evaluación de la información para la inclusión de una ola en el registro y la aplicación de la ley.
Chile se sumó
La posibilidad de proteger una ola por ley inspiró a comunidades surfistas como la chilena.
“Después de ver lo de Perú, ver que la protección de una ola podía ser legal, empezamos a ver cómo proteger las olas acá”, cuenta a Dialogue Earth Ramón Navarro, surfista de olas grandes y una de las figuras más visibles en la defensa de las rompientes en Chile.
Navarro resalta la protección de su rompiente natal, Punta de Lobos, en el centro de Chile, como un ejemplo de conservación costera impulsada desde la comunidad: activistas locales adquirieron un terreno clave frente al mar para protegerlo, y Punta de Lobos se convirtió en una Reserva Mundial de Surf en 2017. Estas reservas son una iniciativa de Save The Waves, una coalición de organizaciones que tiene como objetivo proteger los ecosistemas de surf en todo el mundo. Esta organización apoyó la campaña de Navarro y ha contribuido a convertir Punta de Lobos en un modelo de cómo el activismo local y las alianzas internacionales pueden unirse para proteger los ecosistemas costeros.
Este éxito fue impulsado a nivel local, más que por leyes nacionales. “No hay una sola manera de proteger una ola”, afirma Navarro.
Aunque la comunidad surfista chilena estaba logrando avances como Punta de Lobos, quería seguir el ejemplo peruano. El pasado octubre, el país aprobó una ley que introduce protecciones similares y otorga a la Armada chilena la facultad de hacer cumplir la normativa.
Según la ley, cualquier construcción que pueda comprometer una ola protegida deberá someterse ahora a estudios preventivos para determinar si puede llevarse a cabo sin causar daños. En la mayoría de los casos, es probable que se prohíba la construcción para evitar daños.
La normativa obliga al Ministerio de Deportes de Chile y a los gobiernos regionales a identificar y conservar los puntos de surf, así como a exigir informes técnicos sobre la topografía y el impacto en la biodiversidad de cualquier obra que pueda afectarlos.
“Es una gran noticia. Pero se viene el trabajo más fuerte, la implementación de la ley”, advierte Navarro.
Ecuador también avanza
En Ecuador, la defensa de las olas comenzó en 2019, cuando un proyecto de construcción de un espigón en la provincia de Santa Elena, en el sudoeste del país, alertó a los surfistas locales. Temían que la obra altere la rompiente que daba vida a su playa.
De esa movilización nació Mareas Vivas, un colectivo integrado principalmente por tablistas, que encontró inspiración en el modelo peruano. La organización buscó también asesoría legal e involucró a la Federación Ecuatoriana de Surf en la propuesta de ley que en la actualidad se discute en la Asamblea Nacional. La esperanza es ofrecer una protección similar a la de las leyes de Perú, Chile y Ecuador. Butrich expuso el caso peruano ante la Asamblea Nacional de Ecuador.
En Ecuador, la idea de “proteger una ola” parecía abstracta hasta que Mareas Vivas logró mantener el tema en la agenda pública. “Hay tantos aspectos que considerar… desde la línea costera y las dinámicas ecológicas hasta el impacto económico”, explica Cecilia Torres, una de sus coordinadoras.
Antes del primer debate legislativo, en agosto de 2025, Torres notó un cambio: “Más personas empezaban a entender la importancia de las olas, no solo desde lo ambiental o cultural, sino también como parte esencial del ecosistema costero”.
La ley iba a ser debatida por los políticos por segunda vez en noviembre, pero debido a la agitación política en Ecuador, esto se ha retrasado.
Mareas Vivas está presionando para que se reprograme el segundo debate. Torres afirma que el colectivo ya se está preparando para la implementación de la ley y destaca: “De nada sirve una ley si no la aplicamos”.
A surfear
Beatriz Aguirre es parte de la Fundación Corriente a Favor, que promueve el turismo sustentable y forma parte de la red Mareas Vivas. Ella destaca cómo una sola ola puede transformar la economía de una comunidad.
Aguirre cita el caso de Lobitos, en el noroeste de Perú, donde el surf genera cerca de cuatro millones de dólares anuales, según estudios de Save The Waves. Para Aguirre, proteger las olas no solo impulsa el turismo, también se ha convertido en una herramienta de conservación marina al reconocer su valor ecológico y económico.
Estas iniciativas están redefiniendo la relación de los países con el mar, convirtiendo algo aparentemente intangible, la energía y el movimiento del océano, en un bien común sujeto a protección legal. Mientras Chile celebra su nueva ley, Ecuador avanza en el debate, observado de cerca por otros países como México, donde activistas buscan replicar el modelo.
A medida que aumenta el desarrollo costero, también lo hacen los riesgos de interferir en los sistemas oceánicos, advierte el oceanógrafo Willington Rentería, de la Universidad del Sur de California. Desarrollos como el de La Herradura, que inspiró el inicio del movimiento de protección del surf en Perú, se están repitiendo en playas de toda América Latina, advierte.
“El mar no se controla; proteger las olas es también proteger a las comunidades”, señala.
Aunque el camino aún presenta desafíos, la convicción de proteger las olas ya comenzó a unir a comunidades costeras, científicas y al Estado en reconocer que, en la energía de una ola, también se juega el futuro de sus mares.
