Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, Argentina, donde comunidades originarias intentan evitar el desembarco de empresas mineras para extraer litio. La cantidad de agua necesaria para obtener el mineral, utilizado para baterías eléctricas, alteraría su modo de vida radicalmente, sostiene Clemente.
“En el nombre del litio”, el nuevo documental de Cristian Cartier y Martín Longo, refleja el conflicto generado en la región a partir de la extracción del litio. La película, que llevó más de cinco años de trabajo, está disponible online gratuitamente hasta el 9 de agosto y luego se prevé su estreno en los cines de Argentina.
“No decimos que no al litio. Lo que nos preocupa es el manejo del agua. Vemos lo que pasa en otras provincias del país donde ya se está extrayendo el mineral y usan miles de litros de agua. Si se instalan acá, no vamos a tener agua para nosotros, para nuestro ganado y para los animales silvestres”, sostiene Clemente desde El Moreno
El litio en Argentina
La provincia de Jujuy es el principal foco de conflicto por el litio en Argentina, con 36% del total del mineral a nivel nacional. Allí, la empresa Sales de Jujuy, formada por la japonesa Toyota, la canadiense Orocobre y la empresa provincial JEMSE, operan en la localidad de Olaroz la única mina en funcionamiento.
A la par, la minera canadiense Lithium Americas junto a Ganfeng, de capitales chinos, y JEMSE están construyendo una segunda mina con una capacidad de producción de 25 mil toneladas que prevé iniciar sus operaciones a fin de año. A eso se le suma el interés de desarrollar proyectos en Salinas Grandes, donde Clemente vive.
Argentina, Bolivia y Chile se encuentran en el “triángulo del litio”, una área geográfica reconocida a nivel global por los vastos recursos del mineral. Se estima que posee 47 millones de toneladas, alrededor del 65% del total mundial, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Los teléfonos, las computadoras portátiles, las tabletas, las cámaras digitales y muchos otros dispositivos utilizan baterías de iones de litio. Pero el interés en el litio se ha visto particularmente impulsado por los vehículos eléctricos y las energías renovables, que dependen de baterías para el almacenamiento y carga de la energía.
En Salinas Grandes hay un acuerdo implícito. Saben que si las mineras entran todos se van a ver afectados por igual por el uso del agua
“Es necesaria la transición energética para abandonar los combustibles fósiles pero también debemos reflexionar sobre ciertas prácticas que hacen daño al ambiente y a la diversidad social y cultural. No es simplemente cambiar una cosa por la otra”, sostiene Cristian Cartier, uno de los directores del documental.
El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación, el cual requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído. Parte del agua es salada, por lo que no puede ser utilizada para consumo humano. Al usar tanta cantidad, los acuíferos de agua subterránea se podrían ver afectados.
La falta de agua afecta a las comunidades que viven en la misma zona de los proyectos y dependen de la misma para sus actividades diarias, como la agricultura. Al mismo tiempo, algunas áreas en las que ya se han aprobado proyectos en las provincias de Jujuy y Catamarca han sido identificadas como críticas para la biodiversidad.
“El documental busca problematizar y complejizar la mirada preponderante sobre el litio, generalmente presentando como el gran salvador frente a la crisis climática, y mostrar los problemas sociales y ambientales vinculados a su extracción”, sostiene Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, que impulsó el desarrollo de la película.
Las comunidades y el litio
Más de 30 comunidades indígenas habitan en la Cuenca de Salinas Grandes, donde se enfoca el documental. Entre ellas, se encuentran las comunidades de Santuario Tres Pozos, Aguas Blancas y El Moreno. La mayoría no posee título de propiedad, pero el derecho indígena reconoce la ocupación ancestral y pública del territorio.
En 2010, las comunidades presentaron un amparo colectivo contra el estado provincial de Jujuy y de Salta y contra el Estado Nacional para que los gobiernos garanticen sus derechos a expresar su consentimiento sobre la explotación del litio. Esa demanda actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Argentina aprobó en 1992 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas. Además, en la reforma constitucional de 1994, el país reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
“En muchos lugares hay fraccionamiento de las comunidades y ahí las empresas mineras entran más fácil. Pero en Salinas Grandes hay un acuerdo implícito. Saben que si las mineras entran todos se van a ver afectados por igual por el uso del agua. Es uno de los pocos lugares donde todavía no se está extrayendo litio”, afirma Cartier.
Cartier y Longo visitaron cinco veces las comunidades de las Salinas Grandes. Participaron de las asambleas y observaron el día a día de Clemente y muchas otras personas. Si bien algunas situaciones fueron recreadas, el documental refleja de manera fidedigna la lucha de las comunidades a partir del interés de empresas mineras en instalarse en la zona.
De una hora y quince minutos de duración, “En el nombre del litio” registra con detalle cómo se organiza esa resistencia. Se incluyen testimonios de expertos, políticos y científicos, imágenes del paisaje blanco de las salinas y un reflejo de la entereza de las comunidades que se enfrentan a esta problemática.
La idea de los directores era estrenar el documental en proyecciones itinerantes con un cine móvil en las comunidades de la zona de los salares. Sin embargo, solo llegaron a hacer una proyección a fines de 2019 y luego llegó la pandemia. Ahora, esperan retomar sus planes originales cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
La película deja en evidencia “la vulneración de derechos que implica la extracción de litio y las dificultades de parte de gobiernos locales de poder aprovechar oportunidades de diálogo. Primero se buscaba información y participación y ante la falta de respuesta hoy se busca seguir viviendo como se viene haciendo”, sostiene Marchegiani, cuya tesis de doctorado inspiró el desarrollo del documental.
