Las amenazas y asesinatos de defensores ambientales continuaron en América Latina en 2020 a pesar de la pandemia del Covid-19. La región tuvo nuevamente el mayor número de asesinatos en el mundo, encabezados por Colombia y México, de acuerdo al informe anual de la organización Global Witness.
A nivel mundial, se registraron 227 asesinatos, lo que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo. Tres de cada cuatro de las muertes ocurrieron en América Latina. Además, de los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina.
“La cuarentena llevó a que los defensores sean atacados en sus casas, ya que los asesinos sabían donde estaban”, sostuvo Chris Madden, uno de los autores del informe. “Los defensores vieron sus derechos limitados. No pudieron llevar adelante protestas durante la pandemia mientras que las actividades extractivas continuaron normalmente”.
Colombia fue nuevamente el país con mayor cantidad de ataques registrados, con 65 personas defensoras asesinadas en 2020. Un tercio de estos ataques fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores, de acuerdo al informe.
La “lamentable” implementación del Acuerdo de Paz de 2016 es en gran parte responsable de las altas cifras de Colombia, según el informe. Los grupos paramilitares y criminales han tomado el control de áreas rurales remotas donde hay una falta de presencia estatal a través de la violencia contra las comunidades.
En Nicaragua se registraron 12 asesinatos, en comparación con los cinco registrados en 2019. Considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso para los activistas. La cantidad de ataques reportados en Brasil sigue siendo alta, con 20 asesinatos registrados el año pasado.
Al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala y las represas hidroeléctricas. La explotación forestal fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos con 23 casos.
“Las comunidades tienen más presiones sobre sus territorios y quieren defenderlo y eso acaba en violencia de los líderes. Es una tendencia que va a continuar ya que las presiones por los recursos naturales va en aumento. Si seguimos con este modelo de desarrollo no hay otro desenlace”, afirmó Natalia Gómez Peña de Earth Rights International.
Los defensores en América Latina
El reporte se titula “La última línea de defensa”, para resaltar la importancia de los defensores ambientales ante la crisis climática y de biodiversidad, sostiene Madden. Si bien las empresas extractivas los suelen describir como anti-desarrollo, los defensores ambientales en realidad están cuidando los recursos naturales de los que dependen dichas empresas.
“Muchos países tienen mecanismos desarrollados para protegerlos pero los recursos son limitados. Esto se vio profundizado todavía más en la pandemia, con recortes en presupuestos y demoras en procesos judiciales. Necesitamos que los gobiernos resalten públicamente la importancia de los defensores”, afirmó Madden.
Los países con más asesinatos en 2020 fueron Colombia (65), México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12) y Perú (6). Se trata del peor año para los defensores, el más peligroso del que se tiene constancia hasta ahora. Más de 2.000 fueron asesinados en 64 países del mundo del 2002 al 2020.
En las cifras acumuladas, Brasil es el país con más víctimas, con 697 defensores asesinados del 2002 al 2020. Le sigue Colombia con 317. Global Witness resalta la responsabilidad de las industrias extractivas en la violencia, ya que sus modelos económicos “priorizan las ganancias sobre los derechos humanos y el ambiente”.
Un tercio de los líderes asesinados en 2020 pertenecían a comunidades indígenas, particularmente de América del Sur y América Central, lo que significa un aumento de los números de 2019, de acuerdo al informe. Además, los pueblos indígenas fueron el objetivo de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020.
Como en los últimos años, casi 9 de cada 10 de las víctimas de asesinatos eran hombres. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan a formas de violencia específicas de género. Las mujeres tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias.
“La naturaleza no es un depósito sin fin del cual empresas extranjeras pueden sacar todos los recursos que desean. Los gobiernos de América Latina tienen que cambiar la manera de relacionarse con la naturaleza”, sostuvo Juan López de la comunidad Guanipol de Honduras, quien ha sufrido ataques por rechazar un proyecto minero.
El Acuerdo de Escazú
Para los autores del informe, América Latina ya cuenta con una herramienta clave que podría brindar mayor protección a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú. Se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina que entró en vigor en abril luego de ser ratificado por 12 países.
En sus artículos, el acuerdo menciona como objetivos garantizar la implementación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia. Además, busca fortalecer las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano.
Las comunidades tienen más presiones sobre sus territorios y quieren defenderlo y eso acaba en violencia de los líderes
Al otorgar legitimidad a los defensores del ambiente, Escazú debería poder desempeñar un papel importante para poner fin a los conflictos ambientales de la región. Sin embargo, el acuerdo todavía tiene un camino por recorrer. Su éxito dependerá de la voluntad política de los países que lo suscriben en implementarlo.
“Escazú ha ayudado mucho a construir una mejor narrativa del rol de los defensores ambientales. Hay un mayor conocimiento de la ciudadanía de su importancia”, sostiene Gómez Peña. “América Latina no debe seguir encabezando este listado todos los años. Escazú es una necesidad urgente.”
En países como Perú, Guatemala, Brasil y Colombia los gobiernos no han ratificado el acuerdo, citando preocupaciones sobre la soberanía, la inseguridad jurídica y los intereses comerciales. Mientras tanto, países como Chile, El Salvador y Honduras, los gobiernos se han negado siquiera a firmarlo.
En Colombia, las protestas masivas contra el presidente Iván Duque llevaron al líder conservador a firmar el acuerdo en 2019, convirtiéndose en el último país en unirse a Escazú. Pero ambas cámaras del Congreso deben aprobarlo ahora, antes de que se enfrente a una revisión de la Corte Constitucional.
“Esperamos que Escazú haga una diferencia. Es un acuerdo histórico que abarca a toda la región y el desafío ahora está en sumar a los países que faltan”, sostuvo Madden. “Implementar leyes nacionales será muy importante ahora que entró en vigor. Necesitamos reducir la violencia contra los defensores ambientales”.
