La sintonía política entre los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia y el horizonte común de crecimiento de la producción de litio reavivó iniciativas de coordinación regional alrededor del mineral, clave para la transición energética. Por ahora, las líneas de diálogo se enfocan en el aprendizaje mutuo en aspectos geológicos, regulatorios y científicos, en donde también se suma México.
Durante la última Cumbre de las Américas realizada en Estados Unidos, el presidente argentino Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric lanzaron el “Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares“, que ya celebró su primer encuentro con autoridades de ambos países. Además, Argentina viene llevando adelante un diálogo con la empresa estatal de litio de Bolivia, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), al tiempo que México, en una etapa de desarrollo sectorial más incipiente, mantiene una línea de comunicación con Bolivia.
65%
Los países del llamado "triángulo del litio" -Argentina, Bolivia y Chile- representan alrededor del 65% de las reservas mundiales de litio
“Entre Argentina, Chile y Bolivia estamos tratando de ver de qué manera podemos tener una mirada regional sobre el litio. Se busca una agenda común para el desarrollo de la estrategia del sector, cuidando el medio ambiente y propiciando la industrialización”, explicó a Diálogo Chino Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC, la empresa estatal argentina que viene realizando un esfuerzo para desarrollar una batería de litio con fuerte componente nacional.
El diálogo regional en torno al litio está empujado por las condiciones naturales de privilegio de los países en cuanto a reservas disponibles y por el estado de situación y la proyección de la transición energética.
Por un lado, los salares de Argentina, Bolivia y Chile representan cerca del 60% de los recursos globales de litio. Por el otro, el sector del transporte es responsable de alrededor de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero y el abandono del motor a combustión en favor del vehículo eléctrico, en donde la batería de litio funciona como acumulador de energía, es uno de los ejes de la transición energética.
Aprendizaje
Gonzalo Gutiérrez, investigador de la Universidad de Chile y uno de los principales asesores en materia de litio del gobierno de Boric, explicó que el gobierno busca desarrollar una “nueva institucionalidad” en la producción del litio, impulsando cambios normativos para fortalecer el rol del Estado y respetar a las comunidades que viven cerca de los salares.
A ello se suma la intención de crear una empresa nacional del litio, una de las promesas de campaña del gobierno de Boric. La empresa estará integrada verticalmente, sostuvo Gutiérrez, y abarcará actividades desde la exploración y explotación del mineral hasta la manufactura. Sin embargo, el proceso no será sencillo y requerirá de un aprendizaje por parte del estado.
“A veces presumimos que sabemos del litio pero en realidad no conocemos lo que tenemos. Hay una asimetría muy grande en la información a la hora de sentarse a hablar con las empresas”, sostuvo Gutiérrez.
Con una mirada enfocada en la cooperación científico-técnica, a comienzos de junio tuvo lugar el primer encuentro del Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares, con presencia de autoridades de Argentina y Chile. En agosto se concretará la segunda reunión.
“Estamos identificando temas en común para generar aprendizaje. En un mediano plazo, los beneficios posibles de la relación podrían ser lograr una mejor comprensión acerca del royalty adecuado, la cuestión medioambiental y la generación de valor alrededor del litio”, afirmó Gutiérrez.
Estrategia regional: ¿Una “OPEP” del litio?
Los tres países que componen el llamado triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) tienen trayectorias muy diferentes entre sí en términos de estructura legal, antecedentes productivos y desarrollo científico para la producción del mineral
Además, su peso en la producción de litio es bastante menor a la estimación de recurso disponible. Se calcula que Argentina representa alrededor del 8% de la producción global, mientras que Chile da cuenta del 22%, con dos grandes operaciones en funcionamiento en cada caso. Bolivia aún no cuenta con producción de compuestos de litio a escala industrial.
En Argentina la actividad del litio se encuadra en el marco normativo que regula la actividad minera en general y se orienta a promover la atracción de inversiones privadas. En cambio, el litio tiene reglas específicas en Chile, en donde el Estado es mayormente dueño de las concesiones, que sin embargo explotan empresas privadas gracias a la firma de licitaciones. En Bolivia, el litio también es un recurso estratégico y el Estado controla la propiedad, el acceso, la explotación, la extracción y producción del mineral.
Los regímenes normativos son muy distintos. No creo que estén dadas las condiciones normativas y de mercado para pensar en una OPEP del litio
En base a este diferente punto de partida, el investigador del CONICET y de la Universidad de San Martín Martín Obaya advierte que es muy improbable que tenga ruedo una “OPEP del litio”, que vendría a ser un cartel internacional para intervenir en las condiciones de oferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una entidad reconocida por la ONU e integrada por 13 países que de forma conjunta explican el 80,4% de las reservas mundiales de ese hidrocarburo.
Obaya explica que la participación en la producción global de litio por parte de Argentina, Bolivia y Chile bajó en relación a 2011, ya que otros países están avanzando en la exploración pero a costos más altos. A esas dificultades para una OPEP se suma las diferencias en la gestión del litio por parte de los tres países sudamericanos.
“Los regímenes normativos son muy distintos y particularmente en la Argentina las posibilidades de intervención son limitadas. No creo que estén dadas las condiciones políticas, normativas y de mercado para pensar en una OPEP del litio,” resalta Obaya.
El rol en la cadena de valor del litio
Si bien en el último tiempo ha habido varios anuncios de inversiones en producción de litio en Argentina, hasta ahora están en funcionamiento dos proyectos por parte de la empresa norteamericana Livent en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, y de Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, manejado por la australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota Tsusho y la empresa provincial JEMS. Ambas están en proceso de expansión.
Se espera que en el corto plazo entre en operación el proyecto de Minera Exar, que pertenece a la canadiense Lithium Americas y la china Jiangxi Ganfeng Lithium, con peso minoritario de JEMSE, en el salar de Cauchari-Olaroz.
En Argentina, el control sobre la producción primaria y sobre los salares está en manos de las empresas privadas, con participación de provincias y del gobierno nacional a partir del cobro de impuestos y regalías. Por ello, Bruno Fornillo, investigador en litio, sostiene que Argentina podría ser el país que más atente contra una mayor articulación regional.
“La base de la coordinación de estrategias es el control público estatal y social de las reservas litíferas y de la producción primaria. No se puede gestionar algo sobre lo cual no se tiene el control”, agregó.
A pesar de no tener control directo sobre el mineral, una de las apuestas del Estado argentino es avanzar en la cadena de valor del litio, de acuerdo a la tradición industrial nacional y el fuerte grado de desarrollo científico a nivel de laboratorio.
“El país está en condiciones de fabricar celdas para baterías de litio que podrían utilizarse como forma de almacenaje de energía en parques solares. Queremos que el carbonato de litio se industrialice en el país. En este sentido, se comparten experiencias con Bolivia, que también tiene su foco puesto en la agregación de valor”, indica Salvarezza.
Para Juan Carlos Montenegro, ex gerente de la empresa Yacimientos del Litio Bolivianos, se debe fortalecer la relación entre los países para explorar las alternativas de integración. “En los últimos años, esas iniciativas tienen las puertas más abiertas. La integración es vital para discutir qué rol queremos jugar en la gestión de la transición energética”, sostuvo.
La base de la coordinación de estrategias es el control público estatal y social de las reservas litíferas y de la producción primaria. No se puede gestionar algo sobre lo cual no se tiene el control
Bolivia ya cuenta con una planta de baterías a escala laboratorio. Montenegro advierte que la producción a escala de mercado requiere el abastecimiento de otros metales como níquel, manganeso y cobalto y que es allí en donde la integración con otros países de la región aparece como una necesidad.
El ex ejecutivo de la empresa estatal de litio de Bolivia considera que si bien la competencia en el mercado mundial de baterías está lejos del alcance de la región, un destino posible de la fabricación local podrían ser los proyectos de almacenaje de energía para las comunidades rurales que no cuentan con conexión con el sistema eléctrico nacional.
El otro país de América Latina que asoma como potencial jugador en el mercado del litio es México, cuyo gobierno de Andrés Manuel López Obrador recientemente dio un paso para que el Estado intervenga en el control de los salares.
“Se trata de una ley de ‘soberanización’, porque permite que el Estado ejecute una mayor soberanía sobre los salares”, indica Alfredo Jalife-Rahme, analista político mexicano. Sin embargo, advierte que “el Estado no tiene la tecnología para la extracción ni financiamiento para emprender esos proyectos”.
Jalife-Rahme destaca la buena relación entre los gobiernos de México y Bolivia y los intercambios bilaterales en torno al litio y subraya el dilema geopolítico que enfrenta México al tener a China como principal contrato de concesión exploratoria de litio en la región de Sonora y a Estados Unidos como tradicional faro de tensión.
