El 21 de diciembre, el gobierno ecuatoriano emitió una orden para disolver la ONG Acción Ecológica, que durante 30 años ha trabajado para defender los derechos de la tierra y a favor de la protección ante la degradación ambiental en la Amazonía.
El Ministerio del Interior de Ecuador concluyó que al haber movilizado a la oposición contra un proyecto minero de cobre de propiedad china en la provincia de Morona Santiago, la organización ya no actuaba de acuerdo con sus principios fundacionales y por lo tanto, debía cerrarse.
Acción Ecológica objetó que siempre había seguido su misión: defender los principios del buen vivir, una filosofía de vida que normalmente se traduce como «vivir bien» o «buen vivir» y que denota alternativas al desarrollo económico basado en el respeto a los derechos de la naturaleza. El buen vivir se refiere a los principios jurídico filosóficos de vivir en armonía con el mundo natural y ofrecer un marco de protección legal al mundo natural. En Ecuador, el respeto a los derechos de la naturaleza está consagrado en la constitución de 2008.
El caso de Acción Ecológica agrega más leña al fuego al intenso y continuo debate en América Latina sobre cómo el buen vivir y los derechos de la naturaleza coexisten con otros marcos legales y quien garantiza su implementación.
Más allá del desarrollo económico
El buen vivir se basa en la idea de que existen alternativas a la globalización económica sustentadas en una «buena vida» y en la plenitud de vida. La idea, que refleja valores y tradiciones indígenas, no debe confundirse con nociones como «nivel de vida» o «crecimiento económico» definidos en términos monetarios o económicos. Incluye un componente espiritual y una noción de comunidad en la cual la armonía entre las personas y entre las personas y la naturaleza es parte integral de la vida social y de la actividad económica.
Esta idea está creciendo a nivel popular, especialmente en Ecuador y Bolivia en donde articula un lenguaje de resistencia a los efectos sociales y económicos negativos del crecimiento económico y el capitalismo corporativo.
Estrechamente relacionada a la idea del buen vivir, y su énfasis en la armonía con el entorno natural, se encuentra la creencia por los derechos de la naturaleza. La creencia de que la naturaleza tiene derechos está profundamente arraigada en la cultura andina y se relaciona con la idea de la Pacha Mama, o la Madre Tierra, una diosa andina que sostiene la vida en la Tierra. Ecuador fue el primer país del mundo en incluir los derechos de la naturaleza en su constitución.
«La naturaleza, o Pacha Mama, donde la vida se reproduce y sucede, tiene su derecho propio al respeto integral de su existencia y al mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos de vida, estructura, funciones y procesos evolutivos. Todas las personas, comunidades, pueblos y naciones pueden reclamar ante las autoridades públicas el cumplimiento de los derechos de la naturaleza «, establece el artículo 71. La constitución de 2008 de Ecuador también contiene la frase sumak kawsay (una antigua expresión quechua relacionada al buen vivir y que puede ser traducida como «buena forma de vida»).
En Bolivia, la legislatura aprobó la Ley de los Derechos de la Madre Tierra de 2010. La legislación reconoce siete derechos de la Madre Tierra: los derechos a la vida; a la diversidad de la vida; al riego; a limpiar el aire; al equilibrio; a la restauración; y a una vida libre de contaminación.
En ambos países, tanto los individuos como grupos pueden realizar su reclamo a través de los tribunales para defender y proteger los derechos de la naturaleza en el caso que hayan sido violados.
¿Mera retórica?
Los defensores argumentan que, en términos legales, la idea de los derechos de la naturaleza es una jurisprudencia nueva y emergente que necesita tiempo para instalarse y construir un cuerpo de jurisprudencia a través de los tribunales. Sostienen que el énfasis en el buen vivir y los derechos de la naturaleza denotan que Ecuador y Bolivia persiguen seriamente un modelo de desarrollo auténticamente indígena, más que uno determinado por inversionistas externos.
Tanto Ecuador como Bolivia han tratado de disminuir su dependencia de las instituciones económicas internacionales, en particular retirándose del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano creado por el Banco Mundial para resolver disputas entre inversionistas transnacionales y gobiernos anfitriones. El CIADI fue acusado por grupos sociales y ambientales de favorecer a los inversionistas extranjeros a expensas de los países anfitriones. Bolivia fue el primer país del mundo en retirarse del CIADI en 2007 y Ecuador lo secundó en 2010. Sin embargo, desde el incumplimiento de la deuda externa en 2009, Ecuador ha tenido opciones financieras limitadas y esto ha desencadenado una mayor dependencia económica de China, país al cual le debe un estimado de USD$ 15 mil millones.
Mientras que el presidente Rafael Correa ha emprendido acciones para aumentar la participación que estos países reciben en ingresos fiscales por parte de las empresas petroleras y mineras, pareciera ser que la conservación ambiental y el respeto por los derechos de la naturaleza no es la prioridad principal. Esto quedó en evidencia a partir del plan de Yasuní Ishpingo Tambococha Tiputini (Yasuní-ITT) propuesto por Ecuador en 2007, en virtud del cual el gobierno del Ecuador desistiría de explotar las reservas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, si la comunidad internacional le otorgaba una compensación por hacerlo. Pero cuando los donantes internacionales sólo se comprometieron a otorgar 13 millones de dólares, Ecuador abandonó el esquema y reafirmó su derecho al desarrollo del área.
Ecuador y Bolivia buscan redefinir el concepto de soberanía. Desde que Correa llegó al poder en Ecuador y Morales en Bolivia, la noción de plurinacionalismo ha cobrado mayor importancia para estos dos países. El estado plurinacional no debe confundirse con el Estado multinacional (como los casos de Reino Unido y Suiza). El plurinacionalismo, más bien, encarna una nueva forma de soberanía en la cual la soberanía tradicional del Estado coexiste con las ideas indígenas de nación y autodeterminación.
Sin embargo, los dos países siguen siendo susceptibles a presiones externas. La acción del gobierno de Ecuador, ordenando el cierre de Acción Ecológica fue consecuencia directa de una denuncia de la empresa minera china Explorocobres (EXSA). Esto puede traducirse como el debilitamiento de la soberanía nacional a instancias de un poderoso inversionista internacional.
Reconocimiento internacional
La creciente popularidad de la jurisprudencia de la Tierra no se limita únicamente a América Latina. Los defensores de la jurisprudencia de la Tierra sostienen que la idea basada en que la naturaleza está compuesta de objetos es una premisa falsa de los sistemas legales convencionales que tratan al medio ambiente como una serie de recursos que pueden estar sujetos a los derechos de propiedad. Defienden la subjetivación, en oposición a la cosificación de la naturaleza; abordando a la naturaleza y a sus ecosistemas y especies como sujetos con derechos propios, de la misma manera que las democracias liberales tratan a la gente como personas y ciudadanos con derechos.
Esta idea ha ganado un cierto reconocimiento a nivel de sub-estados en los Estados Unidos. Por ejemplo, dos autoridades públicas del estado de Pensilvania (el condado de Tamaqua Borough y Pittsburgh) han aprobado ordenanzas que reconocen los derechos de la naturaleza.
El reconocimiento no gubernamental de estos derechos también se extiende más allá de las fronteras de América Latina y de grupos como Acción Ecológica. En 2012, la Red Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) adoptó la Resolución 100, «incorporando los derechos de la naturaleza como un punto focal de la organización para la toma de decisiones de la UICN», destacando que los derechos de la naturaleza deben convertirse “en un elemento clave, fundamental y absoluto para la planificación, la acción y la evaluación» de la organización.
Bolivia y Ecuador han desempeñado un papel central posicionando los conceptos del buen vivir y de los derechos de la naturaleza en la escena global. Sin embargo, la garantía de que estos conceptos continúen en sus respectivos países todavía sigue siendo una obra inconclusa.
Ambos países siguen fuertemente ligados a modelos extractivitas descendentes de desarrollo económico, con los «derechos de la naturaleza» violados a diario. Pareciera ser que el respeto a los derechos de la naturaleza seguirá siendo abstracto y teórico mientras no exista un marco legal funcional a hacerlos cumplir.
