Por lo menos dos directivos de la empresa CASA, investigados por el cartel de constructoras que pagaban sobornos a cambio de la adjudicación de obras, tuvieron una participación directa en el proceso de licitación del megaproyecto de la Hidrovía en la Amazonia peruana, muy controvertido entre científicos ambientales y varias comunidades indígenas aledañas.
Los representantes de CASA, filial peruana de la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo y socia de la empresa estatal china Sinohydro con la que conformó el consorcio Cohidro, tuvieron acceso privilegiado a las oficinas del Ministerio de Transportes de Perú en momentos claves del proceso de licitación en el que finalmente resultaron ganadores.
El proyecto ganador
Entre aplausos y en presencia del presidente peruano Martín Vizcarra –en ese entonces vicepresidente– se anunció el 6 de julio de 2017 al ganador de la millonaria adjudicación de la primera hidrovía de la Amazonía peruana: el Consorcio Hidrovías II, que luego se cambiaría el nombre a Cohidro.
Ese día, las autoridades de la agencia estatal Proinversión informaron que ganaron las empresas con “la mejor propuesta económica” con cerca de 89 millones de dólares, 10 millones menos que las compañías competidores, en medio de un “riguroso proceso de calificación”.
Lo que no se dijo en aquella ceremonia oficial es que representantes de la empresa Construcción y Administración S.A (CASA) del consorcio Cohidro, vinculados al caso de corrupción ‘Club de la Construcción’, tuvieron acceso privilegiado al Ministerio de Transportes -que debe dar una opinión en la evaluación de los sobres presentados por los postores- en días decisivos del proceso de adjudicación.
El ‘Club de la Construcción’ se refiere al supuesto acuerdo ilegal de empresas de construcción en Perú para distribuirse las obras concedidas por Provías Nacional, que depende del Ministerio de Transportes. La investigación judicial deriva de Lava Jato en Brasil e incluye a las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvão y otras empresas constructoras peruanas.
Solo entre el 2016 y 2017, representantes del consorcio conformado por CASA y el gigante estatal chino Sinohydro visitaron a funcionarios del Ministerio de Transporte decenas de veces, según el registro oficial de visitas de la institución, varias de ellas antes de la apertura de sobres cuando las autoridades revisaban los requerimientos técnicos para elegir a los ganadores. Al mismo tiempo, hubo diversas visitas a Proinversión en momentos estratégicos del proceso.
¿Cuántas visitas realizaron al Ministerio de Transporte las otras empresas que participaron en la licitación: la belga Jan de Nul y la empresa China Communications Corporation Company (CCCC)? Ninguna.
Entre los personajes claves que participaron en estas reuniones figuran el gerente general de CASA, Jaime Sánchez Bernal, directivo de nacionalidad ecuatoriana actualmente investigado por delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos en el caso ‘Club de la Construcción’.
Sánchez Bernal es señalado por la entrega de 100.000 dólares a la campaña electoral de 2016 del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y tiene impedimento de salida del país desde marzo de 2018 por orden del Primer Juzgado Nacional Anticorrupción. Sin embargo, sigue como gerente general de CASA, empresa que lidera el consorcio Cohidro.
Otro de los personajes que aparece en el registro de visitas del Ministerio de Transportes durante el proceso de licitación del megaproyecto es Luis Carrasco Palomo, directivo de CASA, que firmó a nombre de esta empresa dos de los tres contratos de los proyectos identificados por la Fiscalía como sospechosos por presuntos pagos de sobornos. Estas obras son la carretera Tingo María – Aguaytía (en Pucallpa), la carretera Juanjuí Tocache tramo Campanilla (en San Martín), y la carretera Chamaya-Jaén-Puente Integración (en Cajamarca).
Cuando se anunció que Cohidro obtuvo el contrato de la Hidrovía Amazónica, el Ministerio Público ya realizaba la indagación preliminar del caso del ‘Club de la Construcción’ en el que participaba CASA, según los delatores de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht y otros colaboradores. Incluso, al día siguiente de conocerse al consorcio ganador, el 7 de julio de 2017, se publicó en la prensa la existencia de este cártel de empresas constructoras que se repartían obras pagando sobornos a funcionarios públicos del sector de transporte. Sin embargo, las reuniones entre los representantes de CASA y los funcionarios continuaron.
Las acusaciones de corrupción de las socias de Cohidro no se limitan al Perú. Hidalgo & Hidalgo, empresa matriz de CASA en Ecuador, enfrenta investigaciones por corrupción en este país vecino por pagos de sobornos confesados por su socia Odebrecht en la Fase 2 del proyecto de riego Carrizal-Chone.
En Panamá, Hidalgo & Hidalgo se vio implicada en un escándalo de corrupción que terminó con la encarcelación del ex vicepresidente Felipe Virzi. A la compañía se la acusó del pago de más de US$ 10 millones en sobornos a Virzi luego de beneficiarse con el proyecto de riego en el Valle de Tonosí, el cual tuvo un valor de 155 millones de dólares.
Es el caso Arroz Verde, en el que se investiga pagos “para las campañas de Alianza País”, partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en las elecciones del año 2014, aparece implicado Cai Runguo, personaje ligado a la empresa china Sinohydro, del consorcio Cohidro, por ofrecer “500 en facturas” para la campaña.
Ante estos antecedentes y los serios cuestionamientos sobre el impacto ambiental y social del megaproyecto Hidrovía Amazónica, Convoca.pe construyó una base de datos de las visitas claves en todo el proceso de licitación, revisó el expediente técnico del proyecto y otros documentos que ponen en evidencia las conexiones y privilegios de los personajes ligados a investigaciones por corrupción que jugaron un papel importante en esta adjudicación.
Las visitas
Las visitas de los representantes del consorcio Cohidro a las oficinas de altos funcionarios del Ministerio de Transportes se intensificaron entre agosto y septiembre de 2016, precisamente en vísperas del 21 de septiembre, fecha en el que se publicó el tercer proyecto de contrato de concesión, que es el paso previo para una versión final del documento.
El 17 de agosto de 2016, Carmen Benítez Hernández, en representación de Cohidro, según el registro de visitas del Ministerio, y los directivos de CASA investigados por el caso ‘Club de la Construcción’, Jaime Sánchez Bernal y Luis Carrasco Palomo, tuvieron una reunión con Fiorella Molinelli, exviceministra de Transportes, que luego fue acusada por colusión agravada por otro caso.
En el registro de visitas también aparece otro protagonista en representación del consorcio: Eusebio Vega Bueza, hoy gerente técnico de Cohidro. La mayoría de sus reuniones son con los funcionarios de la Dirección de Transporte Acuático del Ministerio, que estuvo a su cargo hasta 2001 cuando tuvo que renunciar por el otorgamiento de la concesión del Puerto Matarani a Santa Sofías Puerto, empresa perteneciente al Grupo Romero, al ser considerado como único postor a pesar de la existencia de 9 empresas interesadas y precalificadas para competir.
Tras su salida del Ministerio, Vega pasó a la Autoridad Portuaria Nacional y luego continuó trabajando como consultor hasta convertirse en el gerente técnico de Cohidro en 2017. En conversación con Convoca.pe, Vega explicó que durante el proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica él prestaba asesorías independientes en aspectos técnicos para diversas empresas.
Al ser consultado sobre la visita del 13 de septiembre de 2016, Vega reconoció que acudió a la reunión con Gao Qiguang, apoderado de la empresa china Sinohydro, socia de Cohidro, porque “los estaba ayudando a actualizar sus propuestas técnicas” para el megaproyecto. Pero dijo que fue contratado por otra empresa llamada Kapac SAC para prestar sus servicios como asesor externo.
En esa ocasión, la reunión de Vega y los empresarios chinos fue con Juan Carlos Paz Cárdenas, en ese entonces director de la Dirección General de Transporte Acuático, la oficina donde el asesor Vega había sido el jefe máximo años atrás.
Vega Bueza recalcó que durante el proceso de licitación del megaproyecto no tuvo ningún vínculo contractual directo con CASA ni Sinohydro, empresas socias de Cohidro. Además, cuestionó el sistema de registro de visitas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones al asegurar que es una imprecisión que él aparezca en estas reuniones representando a Cohidro en septiembre de 2016 cuando la empresa no existía jurídicamente.
Sin embargo, el consorcio ya operaba (con su nombre anterior de Consorcio Hidrovías II) y era uno de los postores del proceso de licitación.
Los abogados
Un mes antes de la modificación de la versión final del contrato de concesión, que se realizó el 8 de marzo de 2017, se registraron reuniones en el Ministerio de Transportes protagonizadas por Hugo Morote Núñez, socio principal de Roselló Abogados, bufete que asesoraba en el proceso de adjudicación al Consorcio Hidrovías II.
Uno de los encuentros se llevó a cabo el 9 de febrero de ese mismo año, cuando Morote se reunió con Diego Fernando Mori Franco, analista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del Ministerio, quien pocos meses después pasó a las filas de Rosselló Abogados para asesorar a una compañía que era cliente del bufete, entre noviembre de 2017 hasta junio de 2019, tal como aparece en su Linkedin.
En conversación con Convoca.pe, Diego Mori dijo que sí se reunió con Morote, quien antes había sido su jefe cuando realizaba prácticas en el estudio Rosselló Abogados. Sin embargo, sostuvo que en el encuentro no se trataron temas relacionados a la Hidrovía Amazónica. “La reunión fue por la carretera longitudinal de la sierra. Yo veía en ese entonces temas terrestres”, precisó.
Mori admitió que cuando renunció al Ministerio, según él por temas personales, inmediatamente ingresó a Roselló Abogados, que le encomendó asesorar a la Concesionaria Puerto Amazonas S.A (Copam), donde trabajó con Carmen Benítez Hernández, gerente general de esa empresa y ahora también gerente general de Cohidro. Copam forma parte del mismo grupo empresarial al que pertenece CASA y Cohidro: la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, de gran poder en el país vecino.
Días previos al 27 de abril de 2017, fecha en la que Proinversión aprobó la nueva versión final de contrato de concesión, el abogado Hugo Morote Núñez visitó en cuatro oportunidades al director de Concesiones en Transportes del Ministerio, Yaco Paul Rosas Romero, entre marzo y abril de ese año. En una de estas visitas, el 22 de marzo, el abogado Morote acompañó a Carmen Benítez Hernández, hoy gerente general del consorcio a cargo de la Hidrovía.
Convoca.pe buscó la versión de Morote, pero respondió en su representación el abogado Miguel Sánchez Moreno, asociado senior del mismo bufete, que asesora a Cohidro desde el inicio del proceso de adjudicación del megaproyecto.
Sánchez Moreno, quien fue gerente legal de Proinversión hasta junio de 2006, argumentó que las frecuentes visitas realizadas por él y Morote al Ministerio eran para tratar temas de diversos clientes. Además, dijo que la información de los registros de visitas del Ministerio tenía errores y que “ese caos en el sistema está generando confusiones”.
Un día antes de que se anunciara que el Consorcio Hidrovías II (Cohidro) había ganado la licitación, el 5 de julio de 2017, el abogado Hugo Morote se reunió con Rosa Nakagawa Morales, quien reemplazó en la Dirección General de Concesiones en Transportes a Yaco Rosas.
Lo que dijo Cohidro
Convoca.pe solicitó una entrevista con representantes del consorcio Cohidro sobre las reuniones sostenidas con funcionarios del Ministerio de Transportes y de Proinversión durante el proceso de adjudicación de la Hidrovía amazónica.
Inicialmente se negaron en dar su versión, luego nos citaron en su sede para una entrevista el 4 de diciembre a las 3 p.m, al borde del cierre de este reportaje.
Pero cuando hicimos las preguntas a los gerentes, optaron por el silencio. “No podemos hablar de reuniones o encuentros previos porque no tenemos conocimiento”, dijo la gerente de responsabilidad social de Cohidro, Narcory Carretero, quien estuvo acompañada del jefe de administración y finanzas Saúl Cárdenas. Luego nos derivaron a Miguel Sánchez Moreno del estudio Roselló Abogados, quien señaló, vía telefónica, que no recordaba que hubiera tantas visitas al Ministerio.
Las preguntas de este medio digital inquietaron a los representantes de Cohidro. La noche del 4 de diciembre, en pleno cierre de este informe periodístico, recibimos un correo electrónico de Saúl Cárdenas en el que señalaba que existen errores en el registro de ingresos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a que Vega recién empezó a trabajar para Cohidro a partir del 19 de septiembre de 2017. Mencionó, además, que “no era posible” que el gerente general de Roselló Abogados, Miguel Morote, visitara el MTC en representación Cohidro porque recién se constituyó como empresa en agosto de 2017.
Sin embargo, el consorcio existía desde fines de 2015 cuando se inició el proceso de la licitación de la Hidrovía Amazónica, como consta en un acta de este acuerdo entre las empresas socias CASA y Sinohydro, según explicó en entrevista telefónica el propio Sánchez Moreno de Roselló Abogados.
Hasta el cierre de este reportaje, el área de prensa del Ministerio de Transportes no respondió sobre las visitas de los representantes de Cohidro. Entre tanto, la coordinadora del área de orientación al ciudadano, Rocío Padilla, explicó que cada funcionario y dirección tiene la responsabilidad de registrar las visitas que recibe, por lo que no hay posibilidades de alteración de esa información.
Las visitas a Proinversión
Al mismo tiempo de las reuniones en el Ministerio de Transportes, los representantes del consorcio Cohidro acudieron antes y después del proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica a Proinversión, entidad encargada de la adjudicación.
En estos encuentros destaca un nuevo personaje: Tharcizio Calderaro Pinto Junior, exdirector para América Latina de la constructora brasileña Camargo Correa, investigada en el caso de corrupción Lava Jato.
En representación de la empresa china Sinohydro, Pinto Junior se reunió el 14 de julio de 2017 con Luis Natal del Carpio Castro, jefe de proyecto en temas ligados a la Hidrovía Amazónica en la entidad pública. Esta reunión se realizó ocho días después de conocerse la decisión final sobre el megaproyecto. En total, Pinto Junior tuvo hasta cuatro reuniones con Del Carpio.
Proinversión respondió a Convoca.pe que “no existe ninguna restricción para sostener las reuniones que se consideren necesarias, en función del avance del proceso de promoción de la inversión privada”.
Por su parte, en la gerencia general de la empresa competidora Jan de Nul respondieron que ellos siguieron “los canales formales para presentar las propuestas técnicas y económicas” y si hubo alguna duda en el proceso de licitación se hicieron las consultas por escrito. No acudieron al Ministerio de Transporte, como sí hicieron representantes del consorcio Cohidro.
Este reportaje fue realizado por Convoca.pe en el marco de su trabajo investigativo sobre el ‘Club de la Construcción’. Diálogo Chino agradece su permiso de reproducir una versión editada del reportaje.
