La provincia de Mendoza en Argentina se prepara para hacer realidad una megaobra largamente postergada. Con idas y vueltas que llegan hasta 1950, la represa Portezuelo del Viento en el occidente del país promete energía, turismo y empleos. Sin embargo, es un frente de conflicto con otras provincias y con organizaciones sociales, que temen quedarse sin agua.
La represa estará ubicada sobre el río Grande en el departamento de Malargüe, a 300 kilómetros de la frontera con Chile. Se proyecta que tendrá una altura de 185 metros, una capacidad de embalse de 2 mil hectómetros cúbicos y una potencia de 210 MW. Generará energía hidroeléctrica suficiente como para abastecer a 130 mil hogares.
Concebida como un proyecto “multipropósito”, las obras incluyen, además de la central hidroeléctrica, el tendido de la línea eléctrica, la construcción de nuevos tramos de la ruta nacional 145 -que une a la Argentina con Chile- y de la ruta provincial 226, y la construcción de la nueva villa Las Loicas, ya que el poblado original quedará bajo el agua.
A pesar de la oposición del gobierno de la provincia vecina de La Pampa, Mendoza avanza con el proceso licitatorio. Al llamado a empresas interesadas en realizar el proyecto sólo se presentó un consorcio encabezado por la estatal china Sinohydro, en alianza con tres compañías mendocinas: IMPSA, CEOSA y Obras Andinas.
Sabía que…?
La empresa matriz de Sinohydro, PowerChina, está desarrollando proyectos de energía en más de 80 países
Sinohydro pertenece al holding estatal chino PowerChina y es una de las compañías más importantes del sector energético y de la construcción a nivel global, con obras en 80 países. En Argentina ya participa en la construcción de la central hidroeléctrica El Tambolar, en la cercana provincia de San Juan y es el principal contratista en proyectos de energía renovable en el país.
“La obra está localizada en Mendoza pero tiene importancia federal porque genera energía limpia que puede abastecer a más de 100 mil familias de otras provincias. Además, está el acopio de agua y la regulación hacia abajo de la disponibilidad y uso de ese recurso. Eso es muy importante para toda la cuenca”, explica Mario Isgro, ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza.
La represa “será una importante generadora de empleo directo al momento de hacer la obra y en su operación y creará empleos indirectos con las actividades que se puedan dar en el espejo de agua del embalse”, anticipa Isro. “Es un lugar muy bonito y ahí pueden desarrollarse actividades relacionadas con el turismo y el deporte”.
Un conflicto de 100 años
Si bien Portezuelo del Viento se realizará en territorio mendocino, el río Grande, sobre el que se hará la represa, es el principal afluente del río Colorado, un importante curso de agua que recorre 1000 kilómetros desde Los Andes hasta el Atlántico y atraviesa cinco provincias: Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
La Pampa se opone al proyecto justamente porque teme que la represa disminuya el caudal del río Colorado en su territorio. “La preocupación central de la provincia de La Pampa es que Portezuelo del Viento afecte la cantidad y calidad del agua en la cuenca del Colorado”, expresa el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri.
La provincia ya inició varias acciones judiciales contra Mendoza y reclama que se haga una evaluación ambiental a lo largo de toda la cuenca del río Colorado. Lastiri asegura que Mendoza está incumpliendo con leyes nacionales sobre el manejo del agua y que la represa podría cambiar su cauce.
La obra va a reducir un 70% el caudal de un río que para nosotros es fundamental. Vivimos del río y necesitamos el agua para sobrevivir
El conflicto no es nuevo. Cien años atrás, un conjunto de obras en Mendoza redujo considerablemente el volumen de agua en La Pampa. En 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, la situación se agravó y derivó en la desaparición de los brazos mayores del río Atuel en La Pampa, con fuerte impacto en el ecosistema y en las actividades productivas que se desarrollaban a su vera.
Tampoco son nuevos los cuestionamientos ambientales a proyectos de grandes represas en Argentina. En los últimos años hubo una fuerte oposición desde sectores sociales a la construcción del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff sobre el río Santa Cruz en la provincia homónima, en el sur del país. Se trata de una obra financiada por el China Development Bank (CDB), en la que la empresa china Gezhouba se asoció a firmas locales para su construcción.
La decisión presidencial
El río Colorado es gestionado de manera conjunta entre las cinco provincias que recorre en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Sus reglas establecen que en caso de que no haya acuerdo entre las provincias, quien dirime en condición de “árbitro” es el Presidente de la Nación.
En junio, tras el reclamo de La Pampa de que se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en toda la cuenca del Colorado -y no solo en territorio mendocino, como ya se realizó- y el respaldo político de todas las otras provincias, excepto Mendoza, quedó habilitada la resolución de ese desacuerdo mediante el mecanismo de “laudo presidencial”.
El Presidente Alberto Fernández deberá, entonces, definir si le da la razón a Mendoza y se cierra la cuestión en torno del estudio de impacto ambiental con el ya realizado en territorio mendocino exclusivamente o atiende el reclamo de La Pampa y resuelve que se realice un estudio que contemple los impactos ambientales en toda la cuenca del Colorado.
Los cuestionamientos
La Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, una agrupación de ciudadanos, apoya el reclamo de La Pampa de un estudio de impacto ambiental que tenga en cuenta al resto de las provincias.
“Esta obra va a afectar de manera importante al caudal del Colorado, que ya tiene de por sí un bajo caudal. Las provincias sufrimos una crisis hídrica agravada por el cambio climático y esta obra la va a empeorar”, argumenta Elsa Díaz, representante de la Asamblea.
Para Díaz, Portezuelo del Viento no es energía limpia, sino parte de un modelo extractivista ya que la energía generada sería usada en nuevos proyectos de minería y petróleo. “Las comunidades que viven a orillas del Colorado ya tienen problemas con la crisis hídrica. Su modelo de economía está siendo afectado y si se quedan sin agua con esta obra, van a ser afectados sus modos de vida”, agrega.
Una visión coincidente tiene Melisa Ibañez, de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, otra agrupación ciudadana, quien considera que Portezuelo del Viento “es una obra sin licencia social”.
“Esta obra va a reducir un 70% el caudal de un río que para nosotros es fundamental. Vivimos del río y necesitamos el agua para sobrevivir. El Colorado es turismo y es agricultura. Nosotros tomamos de esa agua y producimos alimentos. Además, va a afectar a la fauna”, lamenta Ibañez.
En su organización sostienen que “los estudios que se hicieron quedaron viejos; se hicieron sobre el caudal de un río que ya no existe”, en alusión a la crisis hídrica que afecta a la región y que el cambio climático amenaza con prolongar y profundizar.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización de pequeños productores agrícolas de todo el país, también se opone a Portezuelo del Viento.
“Ya tenemos problemas para regar y en el sur bonaerense hay 45 mil hectáreas menos de producción por la crisis hídrica. En ese contexto la represa nos va a perjudicar enormemente”, manifiesta Karina Zon, de la UTT Río Colorado, Regional Patagonia.
Zon también se refiere a una obra que los ambientalistas critican y relacionan con Portezuelo del Viento: un futuro trasvase de agua del río Grande al Atuel, que tendría como consecuencia una mayor reducción del caudal del Colorado. Zon sostiene que esa obra fue ocultada por Mendoza.
“Hay un ocultamiento de una parte del proyecto que afectaría a todas las provincias que están río abajo, tanto en el riego como en consumo humano, porque al disminuir el caudal aumenta la concentración de sales nocivas para el consumo y para los cultivos”, explica Zon.
La mirada de Mendoza
Desde el gobierno de Mendoza niegan que vaya a suceder lo que denuncian ambientalistas y pequeños productores y enfatizan que Portezuelo del Viento mejorará la disponibilidad de agua para toda la cuenca. Además, aseguran que se cumplieron con todos los estudios de impacto ambiental necesarios para el proyecto.
“Las otras provincias no se quedarán sin agua. Al contrario: el embalse es una reserva de agua para cuando la naturaleza no la pueda dar. Y es importante decir que la administración de la salida del agua de la represa se hace en forma conjunta desde el COIRCO”, remarca el ministro Isgro de Mendoza.
Isgro destaca el interés de Sinohydro en hacerse cargo de la construcción de la represa: “La decisión de participar de una compañía como esa es un mensaje de que la obra está bien planteada. Sinohydro tiene mucha experiencia en este tipo de construcciones y se tomó nueve meses para estudiar el pliego licitatorio. Eso es muy auspicioso”, razona.
Eduardo Moreno, ingeniero de la Universidad Nacional de Cuyo, que tuvo a su cargo el estudio general de impacto ambiental, sostuvo que la represa fue “estudiada con muchísimo detenimiento” desde un punto de vista ambiental. Además, descartó que vaya a faltar agua. “Hay planes de manejo para distintos escenarios, de mucha agua o de escasez”, aclara.
Si bien Moreno reconoce que durante el llenado de la presa, que puede durar de dos a cuatro años, el caudal río abajo va a ser menor, resalta que “los planes de llenado y manejo fueron aprobados por las provincias de la cuenca”. Además, resaltó que la represa será muy útil para el cuidado del agua ante el cambio climático, que traerá años más secos en la región.
Moreno asegura que con la represa se evitará la emisión de 300 mil toneladas de dióxido de carbono al año y concluye: “Como se trata de una obra en medio del desierto, que no compite con otras actividades productivas o con flora y fauna significativa, en términos ambientales el balance es tremendamente positivo”.
De todos modos, el futuro del proyecto ahora dependerá del Presidente Alberto Fernández. Si bien no deberá decidir sobre la construcción o no de la represa, sino sobre la realización o no de un estudio de impacto ambiental que abarque a toda la cuenca, esto podría frenar la obra en el caso de que se compruebe un impacto significativo.
