La ley del canal por sobre todo en Nicaragua

Los planes del desarrollador Wang Jing para cavar un canal de 173 millas (280 km) a lo largo del paisaje nicaragüense pueden estar a punto de desmoronarse por falta de fondos, pero la ley que ratifica su concesión renovable por 50 años y le otorga permiso para expropiar tierras para el proyecto parece estar escrita sobre piedra. La secretaria del parlamento de Nicaragua rechazó esta semana una iniciativa ciudadana para derogar la Ley 840, que estipula el derecho exclusivo de Wang a construir y operar el canal, afirmando que carece de “competencia” para tratar la propuesta presentada el jueves 7 de abril. Alba Palacios, primera secretaria de la legislatura y diputada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo que la Corte Suprema declaró la “constitucionalidad” de la Ley 840 en 2013 y, por lo tanto, la Asamblea Nacional no puede revocarla. Pero voceros del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional – la organización tras esta nueva iniciativa legal – cuestionan esa postura. Afirman que fue presentada según el debido proceso y, de acuerdo con el artículo 138 de la constitución de Nicaragua, es atribución de la Asamblea Nacional “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”. “Es absurdo, porque significaría que ninguna ley de la República puede ser reformada si fue declarada su constitucionalidad”, dijo Mónica López Baltodano, la abogada que representa la iniciativa. López Baltodano también afirmó que un representante legal de la oficina de la primera secretaria le entregó una notificación del rechazo el lunes 11 de abril, en una carta firmada por Palacios, pero con fecha del 8 de abril. Según la ley nicaragüense, la primera secretaria está obligada a responder a las nuevas iniciativas legales, rechazándolas o solicitando correcciones dentro de las siguientes 24 horas. López Baltodano se negó a aceptar el documento y dice que la campaña continuará para exigir que la iniciativa sea tratada de acuerdo con el debido proceso. “Nuestra iniciativa cumplió con el 100 % de los requisitos”, dijo López Baltodano a Diálogo Chino; “lo que están haciendo es completamente ilegal”. Disputas territoriales Grupos indígenas que viven en territorio ancestral a lo largo de la ruta propuesta para el canal dicen que la empresa de Wang, HKND, no los consultó adecuadamente sobre los impactos del proyecto. La construcción implicaría la expropiación de aproximadamente 2900 km² de tierras, 1721 km² de los cuales serían expropiados permanentemente. Según López Baltodano, esto viola la constitución de Nicaragua. El gobierno sostiene que los artículos de la ley 840, aprobados por el Congreso, autorizan las expropiaciones. En noviembre del año pasado, la Comisión del Gran Canal de Nicaragua aprobó el estudio de impacto ambiental y social del proyecto, que estuvo plagado de críticas y demoras. El estudio, llevado a cabo por la consultora con sede en el Reino Unido Environmental Resources Management, dice que los “grandes impactos negativos inevitables” incluirían el “desplazamiento físico y económico de aproximadamente 30 000 personas” y el desplazamiento del último poblado de los indios rama. Pero el gobierno nicaragüense ha desatendido el cumplimiento de leyes que protegen los derechos territoriales indígenas mucho antes de otorgar a Wang la concesión del canal, según Lottie Cunningham, una abogada indígena misquito. Cunningham dice que con el incumplimiento de un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce los derechos territoriales de los indios de ese país, el gobierno ha permitido que se encone una sangrienta disputa territorial. Según Cunningham, 24 personas fueron asesinadas y más de 50 gravemente heridas por colonos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACN) desde 2014. Los colonos también se dedican a la tala ilegal y actividades de minería, dice Cunningham. Los misquito son uno de los 25 grupos indígenas y descendientes de africanos para quienes se considera que la RACN es territorio indígena ancestral. El antecedente de la CIDH delineó cinco pasos para que Nicaragua devuelva las tierras a los grupos indígenas del país. El fallo fue posteriormente promulgado como la ley nacional 445, aplicable a la RACN y la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), donde habitan los rama. Sin embargo, el quinto y último paso del proceso de la CIDH implica la remoción o saneamiento de los nuevos colonos del área. Después de una audiencia en octubre del año pasado, la CIDH instó recientemente al gobierno nicaragüense a actuar más para proteger a los misquito y reiteró el derecho de esa comunidad a su territorio ancestral, libre de interferencia violenta de quienes lo invaden como consecuencia de concesiones por obras públicas. En respuesta a la CIDH, el gobierno nicaragüense difundió una declaración que ratifica el establecimiento de las regiones autónomas de la costa del Caribe y el artículo cinco de la Constitución, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a “mantener sus formas comunales de propiedad territorial”. El gobierno también dijo que continúa trabajando para restituir los derechos de los pueblos indígenas y de la propiedad comunal y que les ha otorgado títulos de propiedad por más de 31 500 km².