Intensifican oposición al canal de Nicaragua

Miles de nicaragüenses salieron a las calles el viernes pasado (22) para protestar contra el canal interoceánico y la mediocre respuesta del gobierno frente a las sequías que aquejan al país. La manifestación fue la cuarta de ese tipo contra el megaproyecto de infraestructura y coincidió con la publicación de un nuevo informe que revela el alcance de la crisis hídrica del país. Se estima que entre 15 000 y 20 000 manifestantes —en su mayoría rurales e indígenas— marcharon con cantos de “no al canal” y “fuera chinos” hacia el pueblo de Nueva Guinea en la Región Autónoma del Atlántico Sur nicaragüense, la parte que corresponde al tramo mayor por tierra del canal. La protesta pacífica tuvo lugar tan solo días después de que una iniciativa ciudadana para revocar la ley de 2013 que otorgó el derecho a construir y operar el canal al desarrollador chino Wang Jing fuera rechazada por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Ese mismo día, un informe preparado por 15 ONGs, bajo el título de Crisis socio-ambiental de Nicaragua Post Sequía 2016 afirmó que la escasez del agua en Nicaragua ya afecta hasta al 48% de las comunidades rurales debido a que los humedales, ríos y lagos del país se secan a causa del cambio climático. El informe indicó que la destrucción de bosques y otros ecosistemas es la causa del descenso de los niveles del agua, que ha comprometido la seguridad alimenticia y genera conflictos sociales. “Enfrentamos la crisis ambiental más profunda de la historia reciente,” dijo Víctor Campos, uno de los autores del informe, durante una conferencia de prensa el viernes. “La situación demuestra que no estamos haciendo las cosas para nada bien en el país,” agregó, e instó al gobierno a proteger mejor el medio ambiente y los recursos del país. El informe también hace un llamado a los ciudadanos a proteger activamente los recursos terrestres y acuáticos, y denunciar los delitos ambientales. Además de pasar a través de ecosistemas terrestres delicados, el canal de 278 km (173 millas) atravesaría el lago Nicaragua, y tendría un impacto devastador e “irreversible“ sobre los ecosistemas acuáticos de la mayor reserva de agua dulce en América Central. ¿Tapar la grieta con papel? El concesionario del canal, HKND, anunció a principios de este mes un plan para plantar medio millón de árboles a lo largo de la ruta del canal, para mantener elevado el nivel del agua. La repoblación forestal tendrá lugar fundamentalmente alrededor del pueblo costero de Brito en la zona atlántica sur, en la reserva cercana Indio Maíz y en los humedales de San Miguelito, ubicados en la costa este del lago Nicaragua. Según Bill Wild, asesor principal de HKND para el proyecto del canal, el plan de repoblación forestal es el mayor propuesto para la región de América Central y representa la manera “más sencilla y económica” de conservar el agua. La primera fase, programada para la temporada de lluvias que comienza el próximo mes, implica la plantación de 250 000 árboles. No se sabe qué tipo de árboles plantarán ni cómo se gestionarán los bosques en el futuro, factores que para los conservacionistas son fundamentales para garantizar su supervivencia. Aumenta la tensión El descontento está a punto de estallar en Nicaragua. La del viernes fue la 74.° protesta en contra del gobierno desde que se otorgó a Wang la concesión del canal en 2013. El país es el segundo más pobre del hemisferio occidental y se ha visto asolado por sequías. “El agua se ha ido de los pozos,” comentó la manifestante Reyna Sosa a la revista Confidencial durante la marcha. “Ya no tenemos para lavar…tenemos que andar comprando la lata a dos o tres pesos.” Aunque en la protesta de la semana pasada no hubo incidentes graves, las organizaciones internacionales están cada vez más preocupada por la evidente politización de las instituciones del país. Unas horas antes de la marcha, Amnesty International emitió una declaración pública instando al gobierno nicaragüense a garantizar el derecho de sus ciudadanos a protestar. “En el pasado, se prohibió a los manifestantes ejercer su derecho a la protesta pacífica; sufrieron agresiones, amenazas y arrestos arbitrarios tanto por actores estatales como no estatales durante las movilizaciones previas,” afirma la declaración, en referencia a las barricadas policiales colocadas durante la tercera protesta nacional contra el canal organizada en octubre del año pasado. Amnesty International también exhortó al gobierno nicaragüense a escuchar a las comunidades rurales cuyos derechos y medios de vida se verán afectados por la construcción del canal, tanto en las calles como en el parlamento. Los manifestantes marcharon en Nueva Guinea con consignas que exigen la derogación de la ley del canal (ley 840). Una propuesta ciudadana para revocar la ley 840 fue rechazada por la primera secretaria de la asamblea general de Nicaragua el 11 de abril, sobre la base de que no contaba con jurisdicción para debatir. La decisión fue confirmada más tarde por el órgano rector de la cámara (la Junta Directiva). Mónica López Baltodano, asesora legal de la iniciativa comentó recientemente a Diálogo Chino que la negativa de la Asamblea Nacional a debatir la ley fue “completamente ilegal”.