En cierto sentido, no es importante si el Gran Canal de Nicaragua, que es potencialmente peligroso desde el punto de vista ambiental, pueda seguir adelante o no. Con una ley de dudosa constitucionalidad, que permite su construcción, ya se están percibiendo los impactos adversos sobre los derechos humanos de los nicaragüenses independientemente de si se materializa el retraso de 50 mil millones de dólares pendientes para el mega proyecto.
Ese es el mensaje que Mónica López Baltodano, directora del grupo nicaragüense Fundación Popol Na, brindó a Diálogo Chino en una entrevista en la oficina de la organización en Managua, capital del país.
“La gente dice: ´Ni siquiera hay un canal, entonces ¿por qué está luchando?’” López Baltondano lo explica. Su respuesta es que la propia existencia de la ley del canal (conocida como la Ley 840) significa que legalmente el gobierno puede suprimir el derecho de impugnación del proyecto y de expropiación de tierras.
Como consecuencia directa de la Ley 840, las 119.000 personas que viven a lo largo de la ruta del canal se enfrentan a la incertidumbre, el hostigamiento y la intimidación por parte de las constructoras. Desde el principio, el gobierno llegó acompañado por las fuerzas de seguridad “armadas hasta los dientes”, como dice López Baltodano, con el fin de realizar un censo de las comunidades rurales afectadas por la construcción del canal. Desde entonces, les han negado la posibilidad de aportar una consulta significativa sobre sus impactos, añade.
Hubo atención de los medios sobre la falta de progreso del canal. Sin embargo, López Baltodano destaca que esto no logró capturar el foco del tema principal; que es que los derechos fueron vulnerados desde el anuncio del proyecto en 2013.
Ese año, el gobierno nicaragüense aceleró la aprobación de la Ley 840, otorgándole al empresario chino de telecomunicaciones Wang Jing los derechos exclusivos para construir y operar el canal, potencialmente por más de 100 años. Desde entonces, López Baltodano ha documentado exhaustivamente las violaciones subsecuentes a los derechos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para conmemorar el cuarto aniversario de la concesión del canal, en junio de este año López Baltodano publicó un libro titulado “La entrega de un país: las consecuencias legales de la concesión del Canal de Nicaragua”. Ella describió al libro como un compendio de documentos legales, un registro de marchas (la número 91 se realizó el 15 de agosto), peticiones (una petición en línea de Avaaz reunió 80.000 firmas) e informes de los medios relacionados al canal. También registró la intransigencia con la que López Baltodano afirma que el gobierno ha enfrentado la campaña contra el canal.
“No hay posibilidad alguna de que tengamos derecho a una justicia efectiva en el país”, asegura López Baltodano, recordando los obstáculos que la campaña conjunta con la organización comunitaria rural, el Consejo Nacional para la Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía, ha enfrentado para derogar la ley del canal. Ante la denegación de una audiencia en su país, el 26 de julio los activistas anunciaron que llevarían el caso a nivel supranacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la capital costarricense de San José, ya que la CIDH posee la autoridad necesaria ante los gobiernos nacionales que se han comprometido a formar parte de su jurisdicción (como lo ha hecho Nicaragua) a ordenarles a cumplir con sus resoluciones.
Pero previamente ha habido dictámenes de la CIDH contra Nicaragua, y no siempre fueron respetados. En el 2001, el tribunal regional le ordenó al gobierno nicaragüense (entonces dirigido por el presidente liberal Arnoldo Alemán) que reconociera legalmente el derecho del grupo indígena Awas Tigni a sus tierras originarias, sobre las cuales colonos de otros lugares de Nicaragua habían invadido ilegalmente. El fallo se reflejó en la Ley nacional 445, pero aún no se ha implementado completamente, lo que significa que muchos grupos indígenas de toda Nicaragua aún tienen vulnerada su integridad territorial.
Dado este precedente y la falta del debido proceso otorgado a los nicaragüenses, ¿no está López Baltodano preocupada por el hecho de que el gobierno no cumpla con ningún fallo de la CIDH? Y en este caso, ¿qué pasaría?
“Si es una posibilidad. Porque, aunque no haya institucionalidad, no quiere decir que la ciudadanía no deba apelar por la existencia de la institucionalidad”, explicó, López Baltodano. Además, dice que el objetivo de su libro y la estrategia para conseguir la derogación de la Ley 840, es doble: en primer lugar, el proceso de grabación de las agresiones, las campañas, las peticiones y la iniciativa legal significan que el gobierno no puede negar posteriormente que los activistas hayan intentado hacer valer sus derechos por los canales apropiados; en segundo lugar, sirve como una herramienta para la organización. La campaña ha generado una mayor toma de conciencia de las comunidades sobre sus derechos y ha dado un gran impulso a los movimientos sociales.
“Se suponía que este era el proyecto estelar del gobierno, pero se ha convertido en su talón de Aquiles, y ha generado una fuerza social con un enorme alcance”, dice López Baltodano acerca del canal. “Como resultado, las nuevas demandas de este movimiento, aunque todavía es relativamente pequeño, representan un reto para el resto de los acuerdos políticos del país. Típicamente esto suele involucrar la cooptación de los movimientos sociales por parte de los partidos políticos existentes que luego hacen poco y nada para avanzar en su agenda”, afirma López Baltodano. Esto es cierto para el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros partidos más pequeños que ofrecen poca oposición efectiva, agrega.
López Baltodano asegura que sus acciones legales y la de los movimientos sociales han sido “muy significativas” para detener el canal. Pero teme acerca de las medidas que la alianza conformada por fuertes intereses empresariales y un gobierno políticamente herido puedan exigirle a los opositores al canal.
En Nicaragua, existe la confianza sobre el aparato de seguridad nacional después de que el gobierno revolucionario sandinista de los años 80 reformara su rol tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Como tal, el país está lejos de ser tan peligroso para los activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente como su vecino, Honduras, donde fueron asesinados en cifras récords. Sin embargo, el derecho a las protestas pacíficas y a una consulta adecuada sobre los impactos de los proyectos están en peligro a raíz de la aprobación “extremadamente rápida” y “opaca” de la ley del canal, como también identificó un nuevo informe de Amnistía Internacional.
Una carta al diario británico The Guardian argumentaba que el informe de Amnistía Internacional no tenía en cuenta las encuestas que indicaban que los opositores al canal eran apenas una minoría. También explicaba que la historia del control extranjero sobre la economía de Nicaragua y los altos niveles de pobreza significan que la mayoría de sus ciudadanos y sindicatos creen que generaría empleo local y beneficios muy necesarios.
En Nicaragua, el gobierno controla gran parte de los medios de comunicación y esto podría contribuir a la formación de opinión pública. López Baltodano dice que esto constituye un problema y además, la transmisión de información que impugna la línea del gobierno es de difícil difusión, especialmente en aquellas comunidades con acceso limitado a Internet o a señal de teléfono móvil, tal como sucede en las zonas afectadas por el canal.
López Baltodano asegura que no está de acuerdo en la interferencia de las potencias extranjeras en los asuntos nacionales. Pero a su vez sostiene que la retórica antiimperialista en Nicaragua, comprensiblemente más común desde que Estados Unidos apoyó la contrainsurgencia contra los sandinistas en los años 80, ahora se utiliza para justificar el canal. Según algunos sectores de la izquierda, la inversión de Rusia o China es preferible ya que representa un contrapeso al poder de los EEUU.
Actualmente, Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, países centroamericanos, entre ellos Costa Rica (2006) y Panamá (junio de 2017), han establecido vínculos diplomáticos formales, allanando el camino para una relación más amplia de comercio e inversión.
Aunque el gobierno frecuentemente apunta a los Estados Unidos, que recientemente adelantó el proceso de sanción a Nicaragua por apoyar al problemático régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no siempre constituye un foco de amenaza percibido hacia la soberanía.
Desde que ha hecho el anuncio del canal, “la gente dice ‘¡chinos afuera!’, como antes solían decir ‘¡Gringos afuera!’, asegura López Baltodano. Independientemente de cualquier percepción sobre intereses económicos depredadores, López Baltodano está de acuerdo en que parte de la infraestructura asociada al canal, como la propuesta de un puerto de aguas profundas en la ciudad caribeña de Brito, podría beneficiar económicamente al país. Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental.
Pero el punto, argumenta López Baltodano, es que todos los proyectos deben ser evaluados por sus propios méritos.No deben ser aprobados de manera abrupta y sin las debidas consultas. Para que esto suceda, la ley del canal debe ser derogada, el gobierno debe tener los procesos de licitación apropiados para cada proyecto (Wang Jing fue el único postor para la concesión del canal), llevar a cabo estudios de impacto y aplicar las leyes pertinentes.
López Baltodano admite que mantener el desafío legal a la ley del canal es una tarea enorme: “Hemos abierto una caja y esto requiere un enorme cúmulo de documentación. No tenemos la capacidad para ello”, admite. A pesar de cierto cansancio, ella sigue motivada: “Cualquier persona que va a una movilización contra el canal, y especialmente aquellos que pertenecen a las comunidades rurales se dan cuenta que lo que está pasando allí es algo importante. ”
Además, agrega que sectores de la sociedad que anteriormente estaban divididos, como los grupos negros y mestizos, o los del campo y la ciudad, se han unido detrás de la campaña:
“Formamos parte de un despertar nacional. Esto tendrá un impacto en el país que todavía no podemos medir”.
