Cada vez menos productores cultivan granos y cereales en Argentina. Aunque las exportaciones están en máximos históricos, en las últimas tres décadas la tierra se ha concentrado cada vez más en menos manos y se ha dedicado a la producción de una gama más pequeña de cultivos. Los expertos dicen que este modelo de agronegocios basado en ganancias a corto plazo desincentiva las prácticas sostenibles.
La combinación del uso intensivo de agroquímicos, semillas genéticamente modificadas y la siembra directa, una técnica de cultivo sin arado, quitó diversidad al paisaje agrícola nacional, que pasó de tener chacras mixtas de agricultura y ganadería a dos monocultivos estrellas de exportación: soja y maíz.
La tenencia de la tierra no ayuda a mejorar esa frágil ecuación. Según los datos preliminares del Censo Agropecuario de 2018 a nivel nacional, el 20% de los productores trabajan en tierras alquiladas, un porcentaje que se duplica o sube fuertemente en las tres provincias que componen el corazón agrícola del país: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El sistema de arrendamientos, regido por una ley de 1948 modificada durante la dictadura militar en 1980 (ley número 22.298) genera consecuencias ambientales negativas propias de la falta de planificación. Se alquila en plazos cortos que no superan los dos años y obliga a los productores a generar renta rápidamente, sin considerar el ambiente.
Tal como está planteada, la ley 22.298 facilita el acceso a la tierra de los arrendatarios sin exigencias ambientales de cuidado del suelo, rotación de cultivos o límites a la aplicación de agroquímicos. No incorpora criterios de protección del ambiente, que sí aparecen en la Constitución nacional, reformada en 1994.
Cada vez más concentrados
Argentina produjo el año pasado 120 millones de toneladas de granos y cereales en una superficie de 31 millones de hectáreas: 51,5 millones de toneladas de maíz en 7,26 millones de hectáreas; 50,7 millones de toneladas de soja en 17,2 millones de hectáreas y 6,8 millones de toneladas de trigo en 6,8 millones de hectáreas.
La mayoría de esos granos se dedican a la exportación. En el primer semestre de 2020 el complejo agroindustrial exportó por US$20 mil millones, lo que significa US$7 por cada US$10 que Argentina exporta. La región pampeana concentró el 94% de esas ventas externas, de acuerdo a un informe de la fundación agropecuaria FADA.
En soja, el país que más compra es China, mientras que Vietnam es el principal importador de maíz y Brasil de trigo. China importa cerca de 7 millones de toneladas anuales de poroto de soja argentino, por un valor aproximado de US$2.200 millones.
¿Quiénes producen estos granos y cereales? Los datos provisorios del último censo agropecuario ofrecen una foto actualizada. Hay 236 mil explotaciones agropecuarias que trabajan 161 millones de hectáreas para uso agropecuario y forestal.
El censo también evidencia otro fenómeno. Hay menos cantidad de explotaciones, que a su vez son cada vez más grandes en superficie. Mientras que en el censo de 2002 había 333 mil explotaciones, en 2018 se detectaron 250 mil. En los últimos 30 años se perdieron 170 mil unidades productivas en el campo argentino.
En la actualidad, unas 2.500 grandes empresas agropecuarias (el 1% de las 250 mil explotaciones agropecuarias) manejan casi el 40% de las tierras productivas del país.
Capitalismo agrario
Según el censo, a nivel nacional, el 69% de los establecimientos agropecuarios son manejados por los propietarios, mientras que se alquilan el 19% de los campos. En las provincias netamente agrícolas ese porcentaje crece mucho: en Santa Fe la cantidad de tierras arrendadas salta de forma drástica ya que el 37% de la superficie se alquila.
En Córdoba, mientras que en 2002 sólo el 23% de las explotaciones agropecuarias eran arrendadas, ese porcentaje saltó al 44% en 2018. En Buenos Aires, la tercera provincia que compone el denominado núcleo agropecuario , aproximadamente la tercera parte de las explotaciones trabajan bajo la modalidad de arrendamiento: unas 8,8 millones de hectáreas sobre un total de 23,7 millones de hectáreas.
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“La foto que vemos en la región pampeana desde 1988 es una concentración cada vez mayor de la tierra con porcentajes importantes de parcelas alquiladas. Hay cada vez más pooles de siembra que arriendan”, señaló Marisa Gonella, ingeniera agrónoma especializada en estudios sociales agrarios de la Universidad Nacional de Rosario.
Nombres de empresas como Los Grobo, Cazanave y Asociados o El Tejar surgieron en los últimos 20 años asociados al alquiler de tierras a gran escala.
Esto se debe, sostiene Gonella, a una dinámica propia de la globalización de la economía que permite el ingreso de flujos de capitales “que no tienen que ver con la historia del agro en la región”. En su visión, “la llegada de estos capitales desestructura a los productores que son presionados para alquilar”.
Según Omar Príncipe, pequeño productor familiar y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), desde mediados de los años 80 hasta ahora desaparecieron el 40% de los pequeños y medianos productores, “una bomba social de la cual nadie habla”. A la par, el promedio de las superficies productivas subió casi un 45%, con un aumento similar de la cantidad de campos alquilados.
“Tenemos un modelo concentrador que crece exponencialmente y pasó de producir 46 millones de toneladas a 130 en estos 30 años, pero con la desaparición del 40% de los agricultores. Tenemos crecimiento sin desarrollo”, sintetizó el gremialista rural.
Federación Agraria, una de las cuatro grandes entidades ruralistas de Argentina, reclama desde hace tiempo una nueva Ley de Arrendamientos que genere incentivos fiscales, crediticios o mejoras en las condiciones de negociación a los pequeños y medianos productores “evitando la posición dominante de las grandes empresas generadoras de commodities”.
Cortoplacismo vs sustentabilidad
Empresas de gran escala alejadas de la tradición agraria de Argentina, contextos económicos cambiantes y falta de legislación clara del alquiler de la tierra se potencian para que el criterio reinante en el modelo agroindustrial argentino sea de corto plazo y de búsqueda de rentabilidad rápida.
Desde una mirada socioambiental, trabajar la tierra sin perspectivas de largo plazo lleva a externalidades graves: mayor erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad, uso excesivo de agroquímicos y pérdida del productor familiar tradicional, que opta por vender o alquilar sus tierras.
La erosión de los suelos es una de las principales consecuencias de la producción agropecuaria intensiva en Argentina. Así lo ha señalado la FAO en el informe “La erosión del suelo en Argentina”, donde se explica que si bien se trata del sector que más contribuye a la economía nacional “el suelo, que es el principal soporte de esa actividad, no recibe suficientes cuidados, sino más bien todo lo contrario”.
¿Qué es la tierra? ¿Sólo un capital o un entramado de vida? ¿Priorizamos a los fondos de inversión o a los agricultores?
El organismo calcula que unas 50 millones de hectáreas están afectadas por erosión hídrica o eólica en grado moderado o grave, y que las pérdidas económicas debidas a la degradación del suelo ascienden a unos 700 millones de dólares por año. Los niveles de erosión son particularmente graves en la llamada subregión Pampa Ondulada (provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), la llanura más fértil de Argentina
Para Príncipe, el actual modelo agropecuario potencia el monocultivo. Mientras que en 1988 la soja ocupaba 4,6 millones de hectáreas y se producían 6,5 millones de toneladas, en 2015 esas cifras eran de 20 millones de hectáreas con un volumen de 60 millones de toneladas, de acuerdo a informes de Federación Agraria.
“Una ley de arrendamientos sería clave para proteger el suelo, ya que los contratos a un año están pensados para los pooles de siembra y los fondos de inversión que entran y salen sin criterios de sustentabilidad. Con alquileres más largos puede haber más diversificación”, sostuvo Príncipe.
El gremialista rural pide por una nueva legislación que proponga alquileres a 5 años ya que incentivaría la diversificación productiva. “Hay que pensar en un uso sustentable del suelo, porque este modelo atado a un paquete tecnológico que nos obliga a usar más agroquímicos provoca erosión, problemas de salud y pérdida de bosque o pastizal nativo”, enumeró.
Para Patricia Propersi, ingeniera agrónoma, el modelo agroindustrial argentino “tiene cada vez mayores costos socioambientales” ya que la rotación del capital y la acumulación de ganancias “quedaron por encima de cualquier otro objetivo”.
“¿Qué es la tierra? ¿Sólo un capital o un entramado de vida? ¿Priorizamos a los fondos de inversión o a los agricultores? Somos víctimas de una lógica que ubica al sector como proveedor de divisas y productor de commodities desde el siglo XIX”, agregó
Falta de legislación
Para Propersi, el actual modelo arrendatario, que comenzó en 1970 con la introducción del monocultivo, los agroquímicos y las semillas transgénicas, implica contratos de alquiler que habilitan la especulación a corto plazo. “Aquí la palabra clave para definir la tierra es capital, no bien natural,” agrega.
En este escenario, considera comprensible que no exista legislación que especifique qué prácticas agrícolas pueden hacerse en unidades productivas bajo esa modalidad.
Gonella coincide: “El arrendamiento es una particularidad del modelo argentino. Los intentos de cambiar la ley no avanzaron y la mayoría de los contratos se sigue haciendo entre las partes, muchas veces incluso de manera oral. Todo esto incentiva un cortoplacismo.”
En los últimos 12 años se presentaron 14 proyectos de modificación de la ley de arrendamientos que no prosperaron. El último intento fue en 2008, con un proyecto que buscaba extender a cinco años los contratos, dar mayor protección a pequeños productores y evitar el acaparamiento de tierras por pooles de siembra.
Para Príncipe, el fracaso de los intentos legislativos se explica porque existen intereses económicos que sostienen al actual modelo productivo.
“Que no se haya avanzado en una nueva ley muestra la incapacidad del Estado para regular la tenencia y el acceso a la tierra. Si de algo no se habla en Argentina es de esto”, señaló.
La rebeldía
Aún en este escenario de concentración y alquileres de corto plazo, existen “rebeldes” que apuestan a modos de producción sustentables en campos alquilados. Es el caso del PACA (Proyecto Agroecológico Casilda) del cual participa el veterinario y ambientalista Eduardo Spiaggi.
“Alquilamos 10 hectáreas a un vecino para hacer trigo agroecológico y a eso le agregamos 11 hectáreas propias. El vecino nos cede su terreno, nosotros lo trabajamos y le damos una parte de nuestra producción a modo de alquiler” señaló Spiaggi, para quien el actual modelo rentista “es insostenible”.
Además del trigo, en PACA se producen otros cultivos extensivos a muy pequeña escala como soja, maíz, avena y centeno. También hay una parte dedicada a la producción hortícola y árboles frutales y otro sector destinado a la ganadería de bovinos, ovinos y cerdos. La foto se completa con producción avícola (gallinas y pollos) y cortinas forestales en buena parte de su perímetro.
La finca está ubicada en la zona núcleo del modelo de la agricultura industrial, en un contexto de concentración de la tierra y abandono de las viviendas o “taperización” del campo por éxodo o desaparición del sujeto agrario tradicional de la región.
“Hay una doble explotación de los campos, por parte del dueño y por parte de quien lo alquila para trabajarlo. Las dos partes deben sacar una renta para vivir en plazos cortos” dijo, para agregar que, si bien una nueva y buena Ley de Arrendamientos “ayudaría” a mejorar esa lógica, “no es la solución de fondo”, que pasa -en su opinión- por rediscutir todo el modelo agropecuario nacional.
Por eso, en PACA apuntan a trabajar con otro paradigma productivo basado en los ciclos naturales y en el cuidado de la tierra. Comenzó con la disminución de uso de agroquímicos hasta su eliminación total, el abandono de uso de semillas transgénicas, la diversificación productiva y, finalmente, la organización de cadenas cortas de comercialización y participación en redes de comercio justo.
