Cuatro ministros nuevos de ambiente han sido nombrados en los últimos ocho meses en los países de la región amazónica, en momentos en que la selva tropical continua más grande del mundo enfrenta problemas inmensos en deforestación que amenazan su condición como mayor reserva de oxígeno del mundo.
Estos son los perfiles de los nuevos responsables de la Amazonia.
En Brasil, un ministro ligado a los grandes agricultores
Ricardo Salles fue el último de los 22 ministros nombrados por Jair Bolsonaro, el político de extrema derecha que ganó las elecciones presidenciales brasileras. Salles fue escogido para dirigir el Ministerio de Ambiente después de que Bolsonaro reculara de su decisión de acabar con la entidad, una propuesta que había divulgado ampliamente en campaña.
Su escogencia, sin embargo, no desentona con el discurso del presidente-electo. Uno de los primeros comentarios de Salles tras ser nombrado fue que “la discusión si hay o no calentamiento global es secundaria”. El futuro ministro quiere simplificar las licencias ambientales, aligerar el peso fiscal sobre los productores rurales y volver el trabajo del ministerio “más eficiente”.
También promete “defender la propiedad privada” de los movimientos sociales y de comunidades étnicas. Los grupos indígenas serán quizás los más vulnerables de su gestión: la semana pasada, Bolsonaro anunció que busca permitir la minería en tierras indígenas del país.
Su nombramiento, bien recibido por los grandes productores agropecuarios, causó extrema preocupación en el sector ambiental. No solo por sus posiciones, sino por el momento en que asumirá las riendas del ministerio, cuando la tasa de deforestación de la Amazonia viene incrementando. Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial, entre agosto y octubre creció un 48,8%.
Tal vez el único alivio para los ambientalistas ha sido el anuncio del futuro ministro de que Brasil no se debe retirar del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Aún así, mucho puede cambiar. Su nombramiento ya levantó ampollas. Salles fue acusado por el Ministerio Público de cometer irregularidades y perjudicar al medio ambiente en la elaboración del plan de manejo del área de protección ambiental de Várzea do Rio Tietê, durante su gestión en Sao Paulo. Un juez lo condenó por irregularidades administrativas, un caso que puede ser un problema para Bolsonaro, que se eligió con la bandera de la lucha contra la corrupción.
En Colombia, un ministro experto en deforestación
Ricardo Lozano, el ministro de Ambiente colombiano desde agosto, llegó a su cargo en un momento crucial. El segundo año de implementación del histórico Acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 ha venido acompañado por una terrible noticia: la deforestación se ha disparado en la Amazonia y en muchas regiones donde esa antigua guerrilla marxista mantenía control sobre el territorio y sobre negocios como el de las drogas.
Este geólogo, el primer ministro de ambiente con amplia experiencia en el sector en más de una década en su país, es conocido por haber dirigido durante cinco años el Ideam, el instituto meteorológico de Colombia que creó en 2012 -bajo su liderazgo- un robusto sistema de monitoreo de coberturas de bosques y publica alertas tempranas de deforestación cada tres meses.
Ese es precisamente su mayor desafío ahora, en un momento en que Colombia está perdiendo 219.973 hectáreas de bosque anualmente y en medio de un gobierno –del presidente Iván Duque- que llegó al poder con la bandera de oponerse al acuerdo de paz y de impulsar el gran sector agropecuario.
A lo largo de su carrera, Lozano -cuyo nombramiento fue bien recibido en el sector ambiental- ha trabajado extensamente en temas importantes para Colombia y la Amazonia como cambio climático, gestión del riesgo (en un país que contribuye poco en emisiones de gases de efecto invernadero, pero es muy vulnerable a los efectos de eventos climáticos extremos como inundaciones y deslizamientos) y manejo del recurso hídrico.
Pero todavía tiene el reto de que estos problemas se entiendan de manera transversal. “La deforestación no es un problema solamente del Ministerio de Ambiente ni de un ministro, sino de Estado”, ha dicho en varias ocasiones.
En Ecuador, un ministro que viene del sector petrolero
Marcelo Mata Guerrero, el nuevo ministro de Ambiente ecuatoriano, llegó al cargo hace apenas dos semanas -en medio del cambio de gabinete que hizo el presidente Lenin Moreno- y su nombramiento ya está generando preocupación entre quienes trabajan en la Amazonia.
Este abogado viene de manejar temas ambientales, pero casi siempre desde el sector de hidrocarburos: fue el responsable de medio ambiente en la petrolera Repsol Ecuador y asesor en temas ambientales y sociales de la empresa estatal Petroecuador. Además, tuvo varios cargos ambientales en el Ministerio de Minas y Petróleos, donde fue director nacional de protección ambiental y coordinador de participación social y relaciones comunitarias.
Su designación ha despertado duras críticas del sector ambiental, que sienten que su trayectoria ha estado al servicio del sector extractivo y no del ambiental. En especial, cuestionan sus vínculos laborales con dos empresas ligadas a la explotación de petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, un tema que ha dividido fuertemente a la sociedad ecuatoriana.
“Es inaceptable que hoy se ponga al frente del Ministerio del Ambiente a un antiguo funcionario de la primera empresa petrolera en explotar en este parque nacional, el más biodiverso del Ecuador, y donde existen pueblos en aislamiento voluntario”, dijo Elizabeth Bravo de Acción Ecológica, una de las ONG ambientales más conocidas del país.
Además, agregó: “Ha participado además en procesos de políticas públicas para el área minera, por lo que los movimientos ecologistas del país tememos que su nombramiento facilite la operación minera en zonas de fragilidad ambiental”.
En Perú, una ministra que viene de manejar los bosques
Fabiola Muñoz Dodero llegó al Ministerio de Ambiente peruano al tiempo que asumió el nuevo presidente Martín Vizcarra en abril, tras una década trabajando en el sector forestal.
Esta abogada venía de dirigir durante cuatro años –hasta su nombramiento como ministra- el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), una agencia que depende del Ministerio de Agricultura y que es la máxima autoridad en la gestión de los bosques peruanos. Antes de eso había liderado el programa de cooperación del Servicio Forestal de Estados Unidos en el Perú.
Buena parte importante de su trayectoria ha estado ligada a luchar contra las actividades ilegales que vienen diezmando la Amazonia y otros ecosistemas peruanos. Desde Serfor se enfocó en la tala y el comercio ilegal de madera, sumándose al Pacto Nacional de Madera Legal que busca que toda la madera comercializada en Perú tenga origen legal y verificado para 2021.
Ahora, como ministra, está concentrada en la minería ilegal y la deforestación, haciendo énfasis en la necesidad de alternativas para las comunidades. “Tenemos que reconocer que en el Estado no solemos ser eficientes en generar condiciones para que la actividad legal sea más barata, más rápida que la actividad ilegal”, dijo en abril.
En todo caso, el gobierno de Vizcarra está buscando una ministra que tienda puentes con el sector privado. “Necesitamos una ministra de Ambiente que entienda que la mejor manera de mantener el ambiente es generando la inversión en el país, pero de manera responsable para el sector que ella va a hacer”, dijo el primer ministro César Villanueva tras nombrarla. En eso puede ayudar que Muñoz ya fuela gerente de relaciones comunitarias de la filial peruana de la empresa británica Anglo American, que opera la mina de cobre de Quellaveco.
