“Hace dos días atrás, ya disparamos la primera tongada de carne de ganado vacuno a China. Es un mercado seguro, por tanto tenemos una obligación de cuidar nuestro ganado, ampliar la crianza de ganado, no solamente cantidad sino calidad”, dijo el presidente Evo Morales, el 30 de agosto, en Concepción, uno de los municipios afectados por los incendios que arrasaron más de un millón de hectáreas de bosques y pastizales en Bolivia.
Durante todo agosto ocurrieron incendios forestales en parte de la Chiquitania y el pantanal, en el oriente de Bolivia y cerca de la frontera con Brasil, provocados principalmente por la costumbre de los chaqueos (limpias de terreno de cobertura forestal y vegetal con fuego) para habilitar tierra para la siembra, afectando a 10 municipios del departamento de Santa Cruz.
A pesar de los esfuerzos de bomberos profesionales y voluntarios, no se ha logrado controlar todos los incendios debido a que se reactivan por los fuertes vientos y el calor. Según reportes del gobierno, los focos de calor han disminuido de 8.000 a 662 en menos de 10 días.
El gobierno ha recibido varias críticas por no atender el problema en sus inicios, por no pedir ayuda internacional y por haber autorizado la ampliación de la frontera agropecuaria, entre otras prioridades para impulsar la exportación de carne a China.
Aunque la exportación de carne no tiene la culpa, varios investigadores vienen planteando que puede haber una relación entre los incendios y la deforestación, por un lado, y las políticas económicas que autorizan la ampliación de la frontera agropecuaria y la dotación a particulares de tierras fiscales que pertenecen al Estado, por el otro.
El fuego del agronegocio
“El fuego saltaba de un lado a otro lado. Cuando llegaban los bomberos a sofocar en un lugar el fuego, nos venía la noticia de que el fuego ya estaba en otro lado nuevamente. Venció todo el poder humano que había”, narra Rubén Darío Arias, integrante de la plataforma de defensa del Valle de Tucabaca, ubicado en el municipio de Roboré en la Chiquitania. El 1 de septiembre, el fuego aún no había sido controlado.
La Reserva Forestal Municipal Tucabaca fue afectada por la deforestación de 55 hectáreas cuando una comunidad de 33 familias campesinas intentaba asentarse dentro del área protegida, tras haber obtenido autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) responsable de la distribución y titulación de tierras fiscales de Bolivia. Aunque las actividades agropecuarias van en contra de la vocación de conservación del área también contaban con una autorización de desmonte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
El fuego comenzó a expandirse en la segunda semana de agosto en Santa Cruz.
En la zona afectada por los incendios en Santa Cruz, los pequeños propietarios tienen el 28% de esas tierras tituladas, los medianos el 22%, las grandes empresas el 35%, las comunidades el 7% y el resto son Tierras Comunitarias de Origen (propiedades colectivas indígenas o campesinas), según datos del investigador de temas agrarios Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
Colque considera relevante tener en cuenta este contexto para entender el problema de los incendios y llama la atención sobre dos cosas. Primero, sumados, los medianos y grandes empresarios controlan el 57% de la superficie titulada en la zona. Esa cifra se debe tener en cuenta, argumenta, porque son los mayores beneficiarios del proceso de titulación de tierras más ágil, sin más trámite.
Además, dice Colque, el 7% es propiedad de las comunidades campesinas, algo que en términos de extensión no es significativo. Sin embargo, el problema que esconde esta cifra es que hay nuevas comunidades campesinas que no tienen títulos, pero ya han obtenido autorizaciones de asentamiento dentro de tierras estatales, que les permiten desmontar hasta 20 hectáreas por familia.
“Han obtenido derecho para cambiar el uso suelo, principalmente desmontando. La gran pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios de esta distribución de tierras que se hace sin el debido proceso agrario que debería acabar en la titulación de tierras?”, remarca.
“Las cifras preliminares (que tiene Fundación Tierra) muestran que la mayor parte de las hectáreas quemadas serían tierras fiscales (estatales) y tierras de empresas agropecuarias. Básicamente estaríamos hablando de un 70%”, declaró al diario Los Tiempos. Esta ONG elaboró un mapa que muestra esa relación.
Los incendios también alcanzaron regiones de la Amazonía boliviana, principalmente en el departamento del Beni y en lugares como la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, un área protegida nacional. Tras cuatro días de trabajo de bomberos, guardaparques, biólogos y voluntarios lograron controlar el incendio. Aunque el riesgo no ha pasado, los chaqueos persisten en la zona.
¿Bosque o agroindustria?
No solo sucede en Bolivia. A nivel mundial, se ve una correlación entre los grandes incendios que destruyen los bosques tropicales y la deforestación a causa de la demanda internacional por commodities como soja, aceite de palma o carne, afirma el biólogo investigador Vincent Vos.
“Si proponen ampliar la frontera agropecuaria con unos 20 millones de hectáreas, es obvio que tendremos enormes incendios, ya que es la forma más usada y además recientemente más liberada para convertir bosque en tierras agropecuarias. Es por demás obvio que esta expansión implicará la muerte de miles de millones de plantas y animales. Esa es la propuesta y eso es lo que estamos viviendo”, dice Vos, que vive en el Beni desde hace 20 años y trabaja en desarrollo rural amazónico.
No es el único técnico en Bolivia que se pregunta si algunas políticas económicas se están convirtiendo en incentivos perversos que facilitan la deforestación.
Los incentivos para la producción de bioetanol que lanzó el gobierno de Evo Morales, que habilitaron el mercado interno de producción de biocombustibles (etanol y biodiesel), buscan que Bolivia deje de importar combustibles. Pero también causan preocupación entre técnicos ambientales que temen que aumenten la deforestación.
“El desarrollo agrícola ya no es visto como un proceso orientado a la producción de alimentos para el mercado interno y para el mundo, como rezaba la propaganda inicial, sino para el incremento de cultivos que, como la caña de azúcar y la soya, sean materia prima para la producción de biocombustible”, dice Enrique Ormachea Saavedra, sociólogo e investigador de temas agrarios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“Si durante los 13 años del gobierno del MAS un poco más del 70% del incremento neto de la producción agrícola obedece a estos dos cultivos, a futuro su peso será, ni duda cabe, cada vez mayor, mayor”, añade Ormachea, quien justo recién publicó un artículo llamado “A propósito del desastre medioambiental en la Chiquitania. ¿Ampliación de la frontera agrícola o incrementos en la productividad de la tierra?”
Otros temen que productos como el etanol resten espacio a la producción de alimentos. “La Ley 1098 establece los mecanismos de control de la deforestación y el desplazamiento de otros cultivos para la producción de cultivos destinados a la producción de aditivos de origen vegetal. Eso, obviamente, significa una confesión (…) porque desplazarán a otro cultivo no para favorecer la soberanía alimentaria, sino más bien para beneficiar a un sector que producirá un energético (bioetanol)”, dice Miguel Ángel Crespo, experto en agroecología y director de la ONG ambiental Probioma.
Sin cambios a la vista
El panorama de los incendios ha mejorado un poco, aunque hasta el 1 de septiembre no se habían apagado todos los focos de calor. A eso se suma que el servicio meteorológico pronostica vientos, lo que facilita su reavivamiento.
Ese no es el único escenario que no cambiará, por lo menos, durante la siguiente semana. Entre algunas soluciones planteadas al problema que desembocó en la devastación de más un millón de hectáreas de bosque por el fuego, están que se declare “desastre nacional” para acceder a ayuda internacional. Por ahora el gobierno Morales ha descartado esa situación, porque asegura que el control del fuego no ha desbordado la capacidad del Estado.
Los expertos plantean que, además, se deberían reconsiderar varias normas que permiten la ampliación de la frontera agropecuaria en zonas de vocación forestal.
Esta idea parecería ir en contra de lo que busca el gobierno. En Concepción, el presidente Morales señaló el viernes que para que Bolivia crezca económicamente, la base fundamental son los sectores de “energía, hidrocarburos, minería, agropecuaria y el conocimiento científico”.
“Exportar, exportar los excedentes. Ahora si hablamos de China, necesitamos cantidad y calidad (…) Hemos trabajado con los empresarios, los ganaderos es otra forma de tener otras alternativas. (…) Que no falte la carne a los bolivianos y el resto (es para) exportar”, dijo Morales.
Crespo, el de Probioma, plantea que se haga una restructuración de todo el desarrollo agrícola, declarando una pausa ecológica, derogando todas las normas que han abierto la posibilidad de ampliar la frontera agropecuaria y realizando una auditoría ambiental para cuantificar los daños con el fin de trabajar en la restitución de los bosques.
“Aunque se triplicarán [las ventas], son cifras que no justifican en nada el costo socioambiental de ampliar la frontera agrícola para la exportación de carne. Se tiene que ver lo que significa el bosque no solo para Bolivia sino para el mundo. Se trata de agua, flora, fauna”, dice.
La carne boliviana rumbo a China
El 28 de agosto, el gobierno y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) realizaron el envío de las primeras 48 toneladas de carne bovina a China, de 8.000 que tienen planificado exportar allí en 2019.
Los ganaderos tienen actualmente un excedente de 40.000 toneladas de carne para la exportación y apuntan a otros nuevos mercados como Rusia. Esperan crecer de manera sostenible al 5% anual hasta el 2030, lo que generaría un excedente de 200.000 toneladas de carne para exportación, según Oscar Ciro Pereira, representante de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. Eso significaría un ingreso de 800 millones de dólares para el país.
La expectativa se debe a que China es el mayor importador de carne del mundo con un consumo per cápita de 60 kilos de carne anuales para sus más de 1.400 millones de habitantes.
El embajador chino, Liang Yu, anunció que China prevé importar en los próximos años 10 billones de dólares en bienes y servicios, lo que abre posibilidades para otros productos bolivianos. Bolivia exportó, hasta 2019, 60.000 toneladas de quinua a China, que –como contó Diálogo Chino- provienen sobre todo de pequeños productores.
Menos claro resulta cómo podrá el país asegurar esos ingresos muy relevantes para el agro boliviano, sin que vengan a costo de perder cobertura boscosa.
Según un estudio de la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza, el sector ganadero es responsable del 60% de la deforestación en Bolivia. La investigación ha detectado expansión en la deforestación en regiones como Charagua y la Chiquitania, ambas en el departamento de Santa Cruz que concentra el 78% de la deforestación del país.
Hasta ahora el gobierno no ha explicado cómo conciliar el apoyo al sector agropecuario del país con incentivos como la ampliación de la frontera agrícola sin que signifique perder las de vocación forestal. Los incendios vistos las tres últimas semanas en la Chiquitania y el pantanal boliviano demuestran que esa respuesta es fundamental.
