La ley contra la deforestación de la UE, una prueba para la agricultura sudamericana

A finales de junio entró en vigor la nueva legislación europea que prohíbe la importación de materias primas asociadas a la deforestación y las violaciones de los derechos humanos, y que podría afectar significativamente a los países dependientes de la agricultura del Mercosur, el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

La normativa se centra en la producción y las cadenas de suministro de aceite de palma, soja, ganado, madera, cacao, café y caucho, así como derivados como muebles, chocolate y papel. Estas materias primas representan la mayor parte de la deforestación implicada en las importaciones de la Unión Europea (UE). Sin la nueva ley, según informa la propia UE, este tipo de importaciones podrían causar la pérdida de más de 248.000 hectáreas de bosque cada año, una superficie casi del tamaño de Luxemburgo.

La ley europea contra la deforestación se aplica a todos los países con los que el bloque mantiene relaciones comerciales, pero podría tener un impacto particular en los del Mercosur, que cuenta con la UE como su mayor socio comercial y de inversión y el segundo en el comercio de bienes, solo por detrás de China. En 2021, las importaciones de la UE procedentes de los cuatro países del Mercosur ascendieron a 43.000 millones de euros (48.000 millones de dólares), el 20% de los cuales fueron productos vegetales como la soja y el café. 

Expertos consultados por Diálogo Chino creen que estas regulaciones comerciales más estrictas ayudarán a sanear las cadenas de suministro latinoamericanas, usualmente afectadas por impactos socioambientales negativos. Sin embargo, advierten que la ley podría crear nuevos problemas, como la migración de daños a biomas no cubiertos por la ley. Sectores del agronegocio y gobiernos del Mercosur, por su parte, han calificado la norma como proteccionista.

Cómo funciona la ley de deforestación de la UE: las empresas en el centro

Según la nueva legislación, las empresas que exporten a la UE tendrán que proporcionar información “concluyente y verificable” de que sus productos están libres de deforestación y cumplen con la legislación local de los países exportadores. Esto exigirá la trazabilidad de todos sus proveedores, con geolocalización de cada establecimiento por el que hayan pasado los productos. 

La ley envía una “señal clara” de que el mercado sudamericano necesita actuar, afirma André Vasconcelos, responsable de participación global de Trase, una plataforma que se dedica a monitorear cadenas de suministro. “Algunas empresas ya tienen sus propios procesos de verificación, pero esto necesita ganar escala y ser más transparente”, agregó. 

Un reciente análisis de Global Canopy, la organización impulsora de la iniciativa Trase, demostró que las empresas que más deforestación provocan en las zonas tropicales no están preparadas para aplicar la nueva legislación, ya que más de tres cuartas partes de ellas no tienen un compromiso fuerte con la trazabilidad.

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“Se trata de un ámbito en el que la UE puede y debe contribuir con recursos financieros, para que haya un reparto equitativo de los costos a lo largo de las cadenas”, afirma Vasconcelos. Las empresas tendrán 18 meses para adaptarse, a partir de la entrada en vigor de la ley a finales de junio, y las más pequeñas dispondrán de hasta dos años para prepararse, un proceso en el que, según la normativa, la UE prestará asistencia técnica. 

Luciana Téllez, investigadora de Human Rights Watch que ha seguido el desarrollo de la nueva ley, señala que “su aspecto más fuerte es prohibir cualquier tipo de importación vinculada a la deforestación”, independientemente de que sea legal o ilegal. Esto, dice, impide que un país ajuste sus normas para legalizar más deforestación, además de facilitar su aplicación.

La ley también ayudará a combatir las continuas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la producción agrícola en Sudamérica, afirma Téllez: “Proporciona un mayor apoyo a los pueblos indígenas que reclaman sus derechos sobre la tierra y a la hora de exigir responsabilidades a las empresas que violan sus derechos”. Sin embargo, añade la investigadora, aún existen dudas sobre el reglamento que servirá de base para el seguimiento de estos casos.

Paralelamente, la UE llevará a cabo una evaluación de riesgos de los países exportadores antes de 2025, teniendo en cuenta datos como las tasas de deforestación y expansión agrícola, las tendencias de la producción y las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con “pruebas científicas y fuentes reconocidas a nivel mundial”, según el texto de la ley. 

A partir de ahí, el bloque debe enumerar el grado de riesgo ―bajo, estándar o alto― de cada país exportador. “Esta evaluación crea un incentivo para que los países adopten reformas y limpien sus cadenas de producción, porque en el futuro la Comisión [de la UE] puede revisar y rebajar el índice de riesgo”, afirma Téllez. 

El grado de riesgo impondrá más o menos rigidez en la vigilancia, por lo que algunos países ya han dejado claro que van a reaccionar si se los considera de alto riesgo. “La Comisión recibirá muchas presiones políticas de sus socios para que baje los riesgos de algunos mercados”, afirma Téllez. 

Brasil: ¿un nuevo rumbo para la ganadería?

Brasil es uno de los países que “probablemente” comenzaría con una calificación de alto riesgo, según declaró a la prensa en abril Christophe Hansen, miembro del Parlamento Europeo (MEP) y ponente de la legislación. 

La agroindustria, encabezada por la producción de soja y carne vacuna, es el motor de las exportaciones brasileñas, y la UE es su segundo mayor cliente, solo superado por China. Pero este mismo sector también impulsa la destrucción medioambiental: en 2022, la agroindustria impulsó el 95,7% de la deforestación del país, casi toda ilegal, según MapBiomas.

La deforestación afecta a varias cadenas de suministro en Brasil, pero la ganadería es la más problemática, según los especialistas. Parte de la dificultad se debe al tamaño de esta industria, compuesta por 2,5 millones de propiedades diferentes, y a la complejidad de la cadena de suministro, que se divide en varias etapas: algunas granjas se especializan en la cría de ganado, mientras que otras lo sacrifican y exportan. Así, es habitual que un animal pase por varias propiedades diferentes antes de llegar al mercado.

En el seguimiento de la cadena de suministro, el mayor cuello de botella es el rastreo de las propiedades encargadas de las primeras etapas de la cría de los animales, explica Pedro Burnier, agrónomo y responsable del programa de cría de ganado de Amigos de la Tierra en Brasil. “Lo más difícil de controlar hoy en día es cuando quienes se dedican a engordar el ganado le compran a quienes lo crían, que a su vez también le compran al criador de terneros”, afirma. Además de su tamaño y extensión, la cadena de suministro de la ganadería también carece de transparencia. Las autoridades controlan el sector mediante documentos oficiales completados por los propietarios rurales. La información es autodeclaratoria y, por lo tanto, depende de la buena fe del ganadero. Los mataderos también tienen sus propios sistemas de seguimiento, pero no divulgan sus datos

Estas fallas en el seguimiento pueden dar lugar al llamado “blanqueo de ganado“, es decir, cuando un ganadero multado por delitos socioambientales vende su producción a otra explotación, que luego se encarga de la mercancía con aparente legalidad.  

Una serie de investigaciones, elaboradas por organizaciones ecologistas y medios de comunicación en los últimos años, ha demostrado que el ganado que venden los grandes mataderos procede a menudo de zonas deforestadas ilegalmente. 

Las empresas ya han firmado compromisos para cambiar su conducta con autoridades como, por ejemplo, el Ministerio Público Federal del estado de Pará, en el norte de Brasil. “Hemos visto que se establecen compromisos, pero no se avanza”, afirma Thaís Bannwart, de la campaña Amazonía de Greenpeace Brasil.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, declaró recientemente que la trazabilidad total es un “camino inevitable”, porque “los pocos que cometen delitos ambientales contaminan todo el sistema”. En la actualidad, alrededor del 80% de la deforestación del país está asociada a los grandes ganaderos en las últimas fases de la cadena de producción.

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Frente a las presiones nacionales e internacionales, el sector muestra lentamente signos de estar avanzando. La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) propuso un sistema voluntario para rastrear cada uno de los 225 millones de cabezas de ganado de Brasil, más que la población humana del país, de 203 millones.

Actualmente, según Burnier, la identificación individual sólo cubre el 2% del rebaño. No en vano, la CNA calcula que la adaptación llevará al menos ocho años, cinco veces más que el plazo fijado por la legislación europea. Además, los datos permanecerían bajo el control de la organización y no se harían públicos.

Desde su toma de posesión en enero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado claro que quiere situar al país en una senda medioambiental más positiva. Su gobierno ha puesto en marcha un plan para alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030, y está trabajando para concluir este año planes para los demás biomas del país. En sus primeros seis meses de mandato, la deforestación se redujo un 34% en la Amazonía, pero creció un 21% en el Cerrado, en comparación con 2022.

Sobre las relaciones de Brasil y el Mercosur con la UE, Lula ha apelado a la “confianza mutua, no a la desconfianza y las sanciones”. Tras reunirse en junio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, el presidente afirmó que una ley cuyos efectos trascienden el territorio europeo traerá consigo “potenciales restricciones a las exportaciones agrícolas e industriales brasileñas”.

Argentina: programa piloto contra la deforestación

En otros países del Mercosur, los retos para cumplir la legislación europea son similares. En Argentina, la producción de carne vacuna y soja, destinada en gran parte a la exportación, fue la principal responsable de la pérdida de 7 millones de hectáreas de bosques en las dos últimas décadas. 

La soja es el principal producto básico de exportación de Argentina, la mayor parte en forma de harina de soja, y sus principales compradores son India, China y los Países Bajos. Europa es el principal destino de la carne vacuna refrigerada del país, aunque China es el mayor comprador de carne vacuna congelada. 

Patricia Bergero, subdirectora de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), explica que el 87% de la producción de soja del país se exporta, por lo que la legislación europea “no es poca cosa.”  

“Sin dudas habrá cambios para los productores, especialmente con la identificación o georreferenciación de la propiedad de origen del grano”, dice Bergero. “Esto atravesará toda la cadena de valor de las oleaginosas”.

En cuanto a la carne vacuna, Fernando Storni, presidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), añade que el país “necesita una mejora decisiva del actual sistema de trazabilidad”. Pide, por ejemplo, el uso obligatorio de la identificación electrónica de los animales.

Desde 2020, la provincia de Santa Fe está probando un programa piloto en este sentido. Hasta la fecha, 108 de los 26.000 ganaderos de la región se han apuntado al seguimiento, con imágenes por satélite disponibles en una plataforma digital.  

“Algunos productores no están preparados, por eso trabajamos con ellos en la capacitación”, dice Pablo Fiore, director de producción pecuaria y avícola de Santa Fe. “Por ahora, el programa es voluntario, pero los que no se sumen tendrán menos posibilidades de exportar”.

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Juan Carlos Cotella es director de Aapresid, una asociación de productores de soja, y miembro de VISEC, una plataforma que certifica a los productores del Gran Chaco, un bioma muy afectado por el avance de la deforestación. 

En el Chaco se produce el 13% de la soja argentina, pero pocos agricultores adoptan la trazabilidad, señala Cotella. “Queda mucho trabajo por delante y no está claro cómo se llevará a cabo en el territorio”, añade. 

Paraguay: impactos inciertos

Paraguay es el país del Mercosur que menos productos agrícolas exporta a la UE, pero sigue siendo un proveedor importante. En 2020, Paraguay envió al bloque europeo el 6% de toda su producción agrícola, incluida la soja y la carne. 

Guillermo Achucarro, investigador paraguayo sobre cambio climático de Base Investigaciones Sociales (Base-IS), celebra la aprobación de la ley antideforestación, pero teme que tenga poco efecto en un país que se enfrenta a un lobby “agroindustrial avasallador” y a un intercambio comercial relativamente bajo con la UE.

En las dos últimas décadas, Paraguay ha perdido 6 millones de hectáreas de bosque, el 93% de ellas asociadas a la producción de soja, carne y madera. Pero esta pérdida se ha ralentizado en la última década, según datos del Instituto Nacional Forestal del país. 

El ministro de Agricultura de Paraguay, Moisés Bertoni, afirma que el país, al igual que otras naciones de la región, ya cuenta con su normativa interna para garantizar que el comercio de alimentos se desvincule de la deforestación.

“Tenemos partes del país con deforestación cero desde 2005, mientras que en otras, cada productor protege el 50% de su superficie”, dice Bertoni. “Nos preocupa cómo se aplicará la reglamentación y que acabe excluyendo a los pequeños productores”.

Fabio Villalba es un pequeño productor de hortalizas y carne de la comunidad de Yacare, en el departamento de Cordillera, al este de la capital, Asunción. Desde 2011 forma parte de una asociación de productores agroecológicos. “Ya no hay árboles, el 90% de nuestro país ya está total o parcialmente deforestado”, denuncia Villalba. “No creo que esto cambie mucho con la nueva ley europea”. A pesar de su sensación de degradación medioambiental casi total, los datos de Global Forest Watch indican que Paraguay ha perdido el 28% de su cubierta forestal desde el año 2000. 

Uruguay: un ejemplo de monitoreo

Luciana Téllez considera que Uruguay es el país sudamericano más preparado para cumplir las exigencias de la legislación contra la deforestación. Según ella, su sistema de trazabilidad del rebaño bovino ya es obligatorio, además de “transparente y bien regulado”. 

Desde 1998, el programa de trazabilidad del país está reconocido por la UE. Y en 2004, el país inició el seguimiento individual de bovinos, que más tarde se convirtió en el Sistema Nacional de Información Ganadera. 

“La trazabilidad del ganado vacuno en Uruguay permite seguir la trayectoria del animal desde su nacimiento hasta el sacrificio, aportando datos como la fecha y lugar de nacimiento, sexo, raza, movimientos y cambios de propietario”, explica Jorge Acosta, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En este proceso, cada bovino recibe una especie de aro o pendiente, que identifica su numeración, y un radiotransmisor, que almacena información del animal y sus movimientos en una base de datos.

Desde 2007, todos los productores uruguayos también han adoptado un sistema que controla a los animales en cada etapa de la cadena y en los mercados nacionales o internacionales. 

La carne vacuna es el principal producto de exportación de Uruguay. En 2022, la UE compró el 12% de la producción, todavía muy por debajo de la parte destinada a China, del 58%. La soja uruguaya, por su parte, aunque ha aumentado su mercado de exportación, ha ido abandonando las góndolas de la UE: el bloque redujo sus compras al país en un 93% en la última década.

Por lo tanto, la nueva legislación debería introducir menos cambios en las cadenas de producción uruguayas. Otro factor que reduce su influencia en el país es que los pastizales, su bioma predominante, no están cubiertos por la regulación europea.   

“Su énfasis está claramente en la Amazonía brasileña, así que aún veremos qué ocurre con otros bosques”, afirma Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). 

Gudynas explica que, aunque en Uruguay la tasa de deforestación de la vegetación autóctona se mantiene estable, los bosques del país están degradados y sufren la entrada de especies invasoras. “La mayor presión se origina en la conversión de bosques nativos en plantaciones para fábricas de celulosa”, comenta el investigador.

De las 2 millones de hectáreas de bosque que quedan en Uruguay, más de la mitad son en realidad de especies plantadas, como el eucalipto.

Temor a la migración por deforestación

La ley contra la deforestación acaba de entrar en vigor, pero ya está recibiendo peticiones de revisión. Una de las mayores preocupaciones está en los ecosistemas que excluye, que, sin protección, podrían convertirse en objetivos de la expansión agrícola.

“Esperamos que las revisiones reconozcan la gran importancia ecológica de las sabanas arbóreas, los pastizales y las llanuras aluviales”, afirma Vasconcelos, de Trase, que ha analizado la vulnerabilidad de los ecosistemas no cubiertos por la nueva normativa de la UE.  

Con las nuevas exigencias europeas y la legislación similar que se está estudiando en Estados Unidos, la atención también se dirige a China, que desde 2018 es el principal socio comercial de materias primas del Mercosur, con la excepción de Paraguay. Se teme que el flujo de exportaciones se desplace hacia mercados menos estrictos. “Las exportaciones de soja y carne de Sudamérica a China y otros países asiáticos seguirán provocando deforestación”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

En el caso de China, las empresas vinculadas a la Asociación China de la Carne ya han declarado que invertirán en la sostenibilidad de sus cadenas. El compromiso no tiene el peso de una ley, pero también prevé “mejorar la trazabilidad y la transparencia” del sector.  

“Por los criterios de la asociación, nos damos cuenta de que los chinos están muy preocupados por la huella de carbono en su cadena y por la seguridad alimentaria, en aspectos como la mejora de los pastos y la reducción de la deforestación”, afirma Eduardo Caldas, coordinador de la organización Tropical Forest Alliance (TFA) en Brasil. 

TFA coordina la iniciativa The Beef Alliance, que trabaja con empresas del sector tanto en Brasil como en China para mejorar la trazabilidad y la transparencia. 

A finales de abril, los gobiernos de Brasil y China también publicaron una declaración conjunta en la que manifestaban su interés por ampliar “la cooperación en ámbitos como la agricultura sostenible y con bajas emisiones de carbono”.

“Todavía me cuesta ver cómo se establecerán realmente estos compromisos”, afirma Thaís Bannwart. “No hemos visto nada innovador, pero esperamos que China se inspire en estas nuevas iniciativas y haga propuestas pertinentes, ya que es el mayor consumidor de carne y soja de Brasil”.

Información adicional proporcionada por Yedan Li.