Cuando recibieron la primera alerta de deforestación y las coordenadas exactas en sus celulares, los custodios de la comunidad indígena de Infierno, de la etnia ese’eja, se dirigieron hacia el interior del bosque de Madre de Dios, en la Amazonía peruana. Al llegar a un claro de la selva, confirmaron que la alarma era cierta: cinco personas arrasaban los árboles.
Hacía muy poco, se había instalado un sistema de monitoreo acústico dentro de las 1500 hectáreas de concesión estatal que la comunidad administra para actividades de ecoturismo. “Gracias a los captadores de sonido, hemos escuchado la motosierra”, cuenta Ruhiler Aguirre Mishaja, coordinador de proyectos de Infierno.
En la última década, distintas comunidades nativas amazónicas, como la de Infierno, han mantenido a raya a los taladores ilegales y defendido sus territorios con distintas tecnologías: inteligencia artificial, imágenes satelitales, aplicativos georreferenciados o vehículos aéreos no tripulados (drones).
¿Sabías qué...?
51,6% de la Amazonía peruana está bajo un tipo de protección de parte del Estado o en tierras de comunidades nativas
La batalla que vienen librando es muy importante, pues se calcula que el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global provienen de prácticas de deforestación. Una reciente investigación publicada en Frontiers in Forests and Global Change ya advierte que las zonas dañadas de la Amazonía -el bosque tropical más grande del planeta- podrían estar empeorando los efectos del cambio climático.
Dominar el bosque
La evidencia demuestra que las zonas bajo supervisión de pueblos nativos o del Estado, que representan el 51,6% de la Amazonía peruana, registran una menor deforestación que las “tierras de nadie”. Environmental Defense Fund indica que entre 2000 y 2015 los territorios indígenas de Perú perdieron el 1,96% de su bosque y las áreas naturales protegidas, el 0,59%. En cambio, las tierras fuera de vigilancia sufrieron una depredación de 4,41%.
Jason Kopas, investigador y abogado de Earthjustice -una organización ambientalista internacional-, comenta para Diálogo Chino que el reconocimiento legal y la titulación de los territorios indígenas es un importante primer paso para mejorar la gestión de los bosques. Con sus linderos claros, las comunidades pueden aprovechar mejor las tecnologías de monitoreo. En Loreto, la región peruana con mayor extensión de bosque, de 1221 comunidades reconocidas solo 744 han conseguido titular su suelo.
Pero mientras los pueblos nativos buscan la sostenibilidad, los capitales también ambicionan las riquezas de la selva. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) advierte que el 65,8% de toda la Amazonía está bajo presión por el efecto de actividades extractivas, agropecuarias, y el desarrollo de infraestructuras viales e hidroeléctricas. Y ello, sin contar las actividades fuera de la ley, como la minería y la tala ilegales, o el cultivo de coca destinado al narcotráfico.
El Ministerio del Ambiente peruano publica la información del satélite nacional PerúSat-1, puesto en órbita en 2016, a través de su plataforma GeoBosques. Esta permite identificar alertas de deforestación en tiempo real. El problema es que muchas comunidades nativas no tienen acceso a internet. Así, reducir la brecha de tecnología para acceder a información oportuna sería clave para contener la depredación.
Eso es lo que sugiere un último estudio de la Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, que analizó a 76 comunidades nativas de Loreto divididas en dos grupos: uno de control y otro experimental. En este último (de 36 comunidades) se nombró monitores que recibieron teléfonos inteligentes con un aplicativo de geolocalización.
La esperanza es que, empoderando a las comunidades que están en la primera línea, estas puedan usar esta información para interactuar mejor con el Estado y solicitar mejor asistencia cuando sea necesario
Una vez al mes, por la falta de acceso a internet, a cada comunidad se le fue enviando un pen drive para que descargue en sus nuevos smartphones la información con las alertas obtenidas de Geobosques. Así fueron planeando sus patrullajes. De acuerdo con la data final, la deforestación en sus territorios se redujo en 52% en 2018 y 21% en 2019. El proyecto continúa y se espera que escale.
“La esperanza es que, empoderando a las comunidades que están en la primera línea, estas puedan usar esta información para interactuar mejor con el Estado y solicitar mejor asistencia cuando sea necesario”, señala Kopas, también coautor del estudio, realizado con el apoyo de la Rainforest Foundation US y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
El apu tikuna Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Tikuna y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA), cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia, señala que ocho comunidades de su federación participaron en la experiencia.
“Hemos encontrado muchas cosas que nunca se habían visto y también hemos solucionado otras”, comenta. “Había comunidades que no sabían cuáles eran sus linderos ni qué había dentro de sus territorios”, asegura. Descubrieron la presencia de extranjeros, aserraderos ilegales y plantaciones ilícitas.
En los últimos años, según Hernández, la zona ha venido sufriendo una “deforestación voraz” ligada al cultivo ilegal de coca. “En las comunidades donde no se ha monitoreado, la deforestación sigue poco a poco avanzando”, alerta.
Oídos en los árboles
Madre de Dios está ubicada en la Amazonía sur de Perú, que colinda con Bolivia. Ahí, la comunidad nativa de Infierno integra un proyecto internacional liderado por Rainforest Connection desde el 2018. Esta start-up sin fines de lucro crea sensores de sonido con micrófonos de teléfonos usados, los alimenta con energía solar y los coloca en lo alto de los árboles. Los bosques tropicales son estruendosos, pero la inteligencia artificial que analiza los audios puede diferenciar entre los ruidos de la naturaleza y los ruidos de las motosierras.
César Ipenza, investigador en temas de justicia ambiental, comenta que la información generada por monitoreos satelitales o imágenes directas debe ser corroborada in situ por las autoridades para sancionar los delitos ambientales. “Pero el desplazarse a las zonas de deforestación para una inspección, para ver y contrastar lo que se ve en la imagen, es un reto: viajes terrestres de días u horas hacen complicada esta respuesta [del Estado]”, apunta.
Eso fue justo lo que sucedió a los comuneros de Infierno al inicio de su participación en el proyecto de vigilancia ecoacústica, en febrero de 2018, cuando fueron alertados y encontraron a los cinco taladores ya mencionados. Esa vez llegó la Fiscalía Ambiental, pero no pudo detenerlos porque la policía no acudió a la diligencia. Tampoco pudieron identificar a los delincuentes, pues dieron datos falsos.
Aguirre recuerda que tumbaron 11 árboles de shihuahuaco y una especie de moena. “Eso tiene un valor altísimo”, lamenta el comunero.
Un mes después, apareció una nueva alerta. Luego de cinco horas de viaje, llegaron de nuevo las autoridades administrativas y fiscales, esta vez con la policía. Arrestaron a dos taladores en flagrancia. No obstante, hoy están en libertad, reclama Aguirre, pese a todas las pruebas recogidas gracias a la alerta oportuna.
Con la pandemia y las dificultades de la start-up para viajar, los “oídos” de Infierno han comenzado a desconfigurarse. Sin embargo, los ese’eja esperan actualizarlos pronto y no dejan de monitorear todo su bosque con otras plataformas de imágenes satelitales.
190
mil hectáreas perdidas registró Perú en 2020
Datos del Global Forest Watch advierten que el 2020 fue el año en que Perú registró su más alta cifra de deforestación de bosque primario: 190 mil hectáreas perdidas. Esto equivale a una extensión mayor a la ciudad de Londres.
La tecnología no es suficiente
Luis Tayori, líder harakbut, ya tiene cinco años pilotando drones sobre las 402 mil hectáreas de la Reserva Comunal de Amarakaeri de Madre de Dios y reduciendo los riesgos del patrullaje a pie. Domina a vista de pájaro la extensa área natural protegida, que es también el territorio ancestral de los harakbut.
Tayori es uno de los ocho pilotos certificados por el Ministerio de Transportes que conforman el equipo de vigilancia que él dirige. En alianza con Conservación Amazónica, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la start-up Qaira, reciben capacitaciones y asesoría para la adquisición y mantenimiento de los drones, que deben adaptarse a las condiciones del ambiente, a la extensión del territorio y a las exigencias del patrullaje.
Desde su creación en 2002, la reserva ha conservado el 98,5% de su bosque. Es coadministrada por el ECA Amarakaeri -organización integrada por 10 comunidades de las etnias harakbut, yine y machiguenga- y el Servicio Nacional de Áreas Nacionales Protegidas del Estado peruano (Sernanp). Pero no está libre de peligros.
Madre de Dios es la región más devastada por la fiebre del oro. Un análisis del Centro de Innovación Científica Amazónica determinó que entre 2009 y 2017 esta le generó una pérdida de más de 95 mil hectáreas de bosque. Walter Quertehuari, presidente del ECA Amarakaeri, afirma que en la reserva no hay minería ilegal, pero que sí hay mucha presión de esta actividad en la periferia (“zona de amortiguamiento”).
Camanti es uno de esos casos y se encuentra a pocos metros del área protegida. El Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) ha identificado que solo entre marzo de 2019 y octubre de 2020 la minería ilegal deforestó 105 hectáreas en esa localidad. Como se sabe, esta actividad ilícita también genera contaminación del agua, violaciones de derechos humanos, criminalidad organizada y conflictos con las poblaciones locales.
La vigilancia en Amarakaeri es constante. Tienen 24 vigilantes de las comunidades que se suman a los 14 guardaparques de Sernanp y al personal técnico. Desde 2018, todos realizan monitoreo a través del aplicativo Mapeo Mobile, que permite recoger datos desde el mismo bosque, sin internet, y generar informes digitales. Luego, usan Mapeo Desktop, una versión para computadoras para la gestión y análisis de todos los datos.
El software fue diseñado por las mismas comunidades y Digital Democracy. Según esta organización, hasta junio de 2021 la plataforma recogió 150 evidencias de actividades humanas dentro de la reserva y en la zona de amortiguamiento. Se iniciaron 30 medidas legales.
“Se trata de reemplazar las actividades humanas, pero en este tiempo nos hemos dado cuenta que no es suficiente la tecnología y hay que ir al campo a verificar, sea por el mal tiempo u otros motivos”, explica Tayori. “A nosotros nos preocupa”, dice.
El líder harakbut opina que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los defensores ambientales que reciben amenazas. La percepción de que las autoridades no prestan atención termina por desmotivar a los denunciantes.
“Las propias instituciones no han profundizado este tema. A nosotros, que estamos en el campo, [nos] sucede, y no es una costumbre denunciar”, afirma. Así, mientras las comunidades indígenas buscan nuevas tecnologías para salvar los bosques, se necesita evitar a toda costa que las actividades ilegales encuentren nuevas formas de impunidad.
