El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) archivó el proceso de licencia de la central hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós. Para cerrar el caso, la entidad se basa en los daños ambientales que el proyecto causaría a la Amazonía, y en el caso de realizarse la represa, los posibles daños en tierras, lo cual está prohibido por la ley brasileña. Sin el permiso ambiental no es posible la concretar la licitación para la construcción de la represa.
«El gobierno acertó en su decisión de asegurar la protección del bosque y su gente. Ahora, esperamos que el Ministerio de Justicia reconozca el derecho originario de la comunidad de munduruku y realice la demarcación correspondiente de la tierra Sawré Muybu» dijo Danicley de Aguiar, de Greenpeace Brasil, que llevó a cabo una gran campaña en los últimos meses para detener la construcción del proyecto.Incluso el ministro de Medio Ambiente, Sarney Filho, dijo a la prensa que Tapajós es un «trabajo totalmente prescindible». La energía generada allí puede ser sustituida por otras fuentes de generación renovable, como la energía eólica o solar.
El proyecto São Luiz do Tapajós prevé la instalación de 38 turbinas, con un total de 8.040 megawatts (MW) de capacidad instalada y una media de 4.012 megawatts (MW) de energía asegurada, una superficie de reservorio del tipo hilo de agua, de 728 km2, y una represa de 53 metros de altura y un largo de 7.603 metros. Una de las empresas interesadas en la planta era la Corporación Tres Gargantas de China, que opera en el país a través de EDP Energías de Brasil, el principal accionista después de la privatización promovida por el gobierno de Portugal en 2012.
Los ambientalistas temen que Michel Temer, presidente interino de Brasil, derogue una decisión tomada por Dilma Rousseff en el día de la víspera de su apartamiento de la presidencia de la república para analizar su pedido de juicio político. Esta decisión era la de declarar como tierra indígena un territorio de 180 mil hectáreas, ubicado al norte del país, justamente donde se construiría la última represa hidroeléctrica brasileña, Sao Luiz do Tapajós , en el estado de Pará.
La superficie, equivalente a 180 mil canchas de fútbol, está a punto de ser demarcada como propiedad de la etnia indígena Munduruku. Ya se había dado el primer paso a partir de la aprobación del estudio antropológico realizado por la Fundación Nacional del Indio (Funai). De acuerdo a la Constitución Brasileña, está prohibido construir cualquier tipo de emprendimiento de infraestructura en tierras indígenas, ni tampoco pueden removerse aldeas indígenas en tierras ya demarcadas. Para construir en superficies donde existe riesgo de afectación de tierras cercanas se necesita una autorización del Congreso Nacional.
Justamente, ése es el recelo de los ambientalistas: temen que para congraciarse con la llamada bancada ruralista (básicamente formada por agricultores y ganaderos) en el Congreso Nacional, Temer derogue el decreto de Rousseff. El temor se sustenta en un documento que los ambientalistas afirman que fue entregado al presidente por los ruralistas en el cual, entre otras reivindicaciones, se encuentra la «revisión de las recientes demarcaciones de territorios indígenas/quilombolas (antiguos asentamientos de esclavos fugados), bien como de desapropiaciones para fines de reforma agraria».
Según evalúa la Funai, la construcción de represas en el río Tapajós constituye un factor de preocupación para la población indígena, ya que éstas podrían impactar fuertemente en los territorios que habitan. El estudio destaca que se producirían cambios en las aguas y en el paisaje; en el comportamiento de los ríos Tapajós y Jamanxim, además de sus respectivos afluentes; en la flora y fauna, en especial la relacionada con los insectos, microorganismos y pequeñas especies. Además, advierte sobre el riesgo que se produzcan «problemas sociales, económicos y de infraestructura generados en función de la implementación del cantero de obras».
El proceso de otorgamiento de la licencia ya se estaba desarrollando con complicaciones porque una parte de la sociedad local, básicamente la ligada a los indígenas, se opone a la construcción de la represa. La situación es tan compleja que los Estudios de Componente Indígena, que forman parte del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental de la represa hidroeléctrica, se realizaron tomando como base datos secundarios, como estudios y publicaciones disponibles anteriormente, ya que el Grupo de Estudios Tapajós, un consorcio de empresas a cargo de los estudios, no había obtenido la autorización de la Funai para entrar en las aldeas mapeadas para estudiar el comportamiento de los indios.
Éste y otros aspectos provocaron que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama) solicitara la realización de estudios complementarios (EIA/Rima). A partir de la decisión de la Funai, el Ibama suspendió el proceso de otorgamiento de la licencia previa. Si se observa la decisión desde el punto de vista socio-ambiental, en forma aislada, la medida de la Funai solamente podría avanzar hacia la paralización del proyecto, obligando al gobierno a realizar una revisión de su estrategia de expansión de la oferta de energía a partir de la construcción de la represa, que prevé una potencia instalada de 8.040 megawatts (MW).
Según evalúan especialistas, que prefirieron permanecer en el anonimato, la decisión de la Funai podría anularse, ya que se trató simplemente de un acto administrativo. Pero, según uno de ellos, si se anula la medida se podría generar un gran desgaste en el gobierno interino de Temer. Organizaciones ligadas a movimientos indígenas y ambientales lanzaron una campaña contra aquellas medidas que representen lo que ellos califican como un retroceso en la política indigenista.
El movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) resalta que todavía existe un importante pasivo de procesos de demarcación de tierras que continúan en el Poder Ejecutivo, algunos de los cuales se encuentran bajo plazos constitucionales vencidos. «De ese modo, es una responsabilidad gubernamental dar secuencia a la regularización fondearía de las tierras indígenas», afirmó la entidad.
Además, se está tramitando en el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que en la práctica eliminaría la necesidad de solicitar una licencia ambiental para la realización de proyectos de infraestructura, que está generando una creciente resistencia por parte de fiscales públicos, entidades de defensa del medio ambiente y liderazgos políticos.
Sao Luiz do Tapajós es considerada polémica, ya que la superficie, que actualmente podría ser demarcada, no había sido oficialmente declarada como territorio indígena cuando los estudios ambientales se iniciaron, lo que funcionó como una luz verde para la realización del emprendimiento. El gobierno y el Ministerio Público se ubicaron en lugares opuestos, porque los procuradores vienen afirmando que el país está incumpliendo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que, en el caso de que exista la intención de realizar emprendimientos que puedan afectar los alrededores de las aldeas, las comunidades indígenas deben ser consultadas previamente. Brasil es signatario de la Convención 169, pero no ha reglamentado las condiciones de realización de las consultas.
