La victoria de la Asociación para la Unidad Nacional en Guyana (APNU, por su siglas en inglés) en las elecciones de mayo de 2015, marcó el fin del gobierno ininterrumpido del Partido Progresista del Pueblo (PPP) que había comenzado en 1992.
Muchos también esperaban el fin del tratamiento preferencial otorgado a la empresa maderera china de propiedad mixta Bai Shan Lin (BSL) que, en 2007, comenzó a funcionar en este pequeño país sudamericano, pero rico en recursos, enclavado entre Venezuela y Surinam en la costa del Caribe, al norte del Brasil.
La coalición de la APNU había prometido durante su campaña electoral que prevalecería el “imperio de la ley” bajo su mandato y que las empresas beneficiarias de acuerdos de Inversión Directa Extranjera (IDE) tendrían que cumplir tanto los términos de sus contratos como los de la ley guyanesa. Sin embargo, las empresas chinas, como BSL, continúan siendo dominantes.
Para entender las causas, hay que considerar la reciente historia política y la ecología particular de este país.
Global Financial Integrity, una asociación sin fines de lucro con sede en EE. UU. clasificó a Guyana entre los primeros 25 de los 82 países estudiados entre 2008 y 2012 por flujos financieros ilegales (FFI), que, según se estima, representan el 17,3% de su Producto Bruto Interno (PBI) y el 16,4% de su comercio total.
Durante ese período, el PBI per cápita de Guyana fue de 2.866 USD, mientras que su FFI per cápita fue de 495 USD, posicionándola en el quinto lugar en términos de FFI relativos a su población. Representa un valor extremo en la región: es el único país del Caribe y uno de los dos sudamericanos en los 25 principales.
Guyana cuenta con abundantes bosques tropicales con variedades únicas de madera que incluyen al palo verde (chlorocardium rodiei), la darina (hymenolobium flavum), el purpleheart (peltogyne venosa) y la wamara (swartzia leiocalycina), muy buscadas en el mercado chino.
Más allá de la tala y el comercio forestal, las empresas chinas también son prominentes en la construcción, la venta minorista y otros sectores comerciales. BLS es tan sólo una muestra de que el gobierno no exige el cumplimiento de las reglas para garantizar el otorgamiento justo de contratos y la gestión sostenible de los recursos.
Tala selectiva pesada
La política forestal nacional y los códigos voluntarios para la práctica del aprovechamiento de madera exigen que la Comisión Forestal de Guyana (GFC) fije tasas de aprovechamiento específicas por especie para conservar poblaciones viables de árboles comercialmente deseables y ecológicamente importantes, y garantizar la producción maderera sostenible. Esto no se ha hecho.
No se contempla el aprovisionamiento para la próxima cosecha
En los suelos naturalmente infértiles de Guyana, algunos de esos árboles crecen en macizos o arboledas de una única especie, conocidos localmente como “arrecifes”. Estos son muy susceptibles a la tala excesiva, a menos que se observen cuidadosamente las normas sobre la distancia adecuada entre los tocones. Es decir, no debería haber tala pesada en esos macizos.
La madera tropical de Guyana tiene una elevada demanda de fábricas en China de los socios de BSL y otros compradores debido a su dureza, peso, estabilidad dimensional (no se contrae ni se hincha) y color oscuro, deseable para muebles de lujo y pisos de madera resistentes a impactos.
Estas maderas además son de lento crecimiento, por lo que la tala conservadora debería ser la norma. Pero en la práctica, BSL y los leñadores, a quienes compran madera, han estado cortando árboles cada vez más pequeños, según lo indican los diámetros registrados a efectos fiscales. No se contempla el aprovisionamiento para la próxima cosecha. Esto significa que la próxima tala debe esperar por varias décadas, tal vez cientos de años, contradiciendo completamente las políticas y normas para la gestión forestal sostenible.
La GFC es consciente de la importancia de evitar la tala no sostenible de las más de 1000 especies más rentables de Guyana desde la década de 1950. Los enormes beneficios que pueden resultar de la exportación de troncos de las principales maderas hacia China le permiten a BSL pagar su paso a través de las normas oficiales. Los incentivos que generan las penalizaciones por infringir las normas son escasos, ya que estas resultan demasiado pequeñas y no siempre exigen su cumplimiento a las grandes empresas con vinculaciones políticas.
Conexiones
El gobierno guyanés ha sido y es acusado de actuar en connivencia con BSL, permitiendo que la empresa infrinja las leyes locales y supere las cuotas de tala mediante compras a asociaciones de pequeños leñadores (APL) y exportaciones a nombre de ellas. Los medios locales han informado diversos casos de supuestas infracciones.
A fines de 2016, Joseph Harmon, Ministro de Estado de la oficina del presidente de Guyana —de facto, el segundo líder más poderoso del país— hizo una visita oficial a China acompañado por el “asesor comercial” B.K. Tiwari, según informó la prensa independiente. Tiwari es un empresario controvertido, con estrechos vínculos con el gobierno anterior del PPP, envuelto en diversos casos judiciales con Bai Shan Lin por otorgamientos ilegales de tierras.
Después de protestas públicas generalizadas y antes del regreso de Harmon a Guyana, el presidente David Granger rescindió públicamente de su nombramiento como “asesor comercial”, que aparentemente Harmon le había otorgado a principios de 2016.
Poco después de este asunto, supuestamente Harmon dijo a los funcionarios de la Autoridad Fiscal de Guyana (GRA, por su sigla en inglés) que abortaran una operación en curso para recuperar la posesión de tres vehículos de lujo de BSL por impuestos impagos. Nuevamente, hubo una rápida intervención presidencial y se aseguró que la GRA funcionaría sin interferencias políticas.
“La GRA llevará a cabo sus obligaciones y responsabilidades y se ha comprometido a cumplirlos sin temores, ni favores”, dijo Rawle Lucas, presidente de la GRA en respuesta a las acusaciones y agregó “nos orientamos completamente a devolver la confianza en esta agencia y garantizar que no se reiteren los errores del pasado”.
También apareció una fotografía en Kaieteur News, uno de los dos periódicos independientes de Guyana, tomada aparentemente el 27 de marzo durante el viaje a China, de Harmon en un jet privado, flanqueado por Chu Wenze y Chu Hongbo, de BSL, y Su Zhirong, de Rong-An Inc., la segunda mayor empresa de tala y comercio de madera en Guyana.
“La foto en sí es, por supuesto, una imagen muy incómoda“, admitió Raphael Trotman, ministro de Silvicultura. Harmon finalmente emitió una declaración que afirmaba, entre otras cosas, que el embajador chino en Guyana había organizado el viaje en jet privado para que él visitara al grupo forestal Long Jiang Forestry Industries Group, una empresa con sede en la provincia de Heilongjiang, al norte de China.
El grupo Long Jiang es una empresa estatal que había adquirido el 55% de las acciones de Bai Shan Lin y busca la adquisición completa de la empresa en 2016. Una compra de ese tipo de las concesiones de tala de BLS requeriría la aprobación presidencial previa según la ley de Guyana. No hay evidencia de que haya sido otorgada.
Los intereses de BSL
BSL ha utilizado incorrectamente sus concesiones de FDI de gobierno de Guyana para ampliar su cartera de participaciones comerciales. En 2007, BSL declaró su intención de invertir 100 millones de USD en procesamiento de madera con valor agregado en dos ubicaciones. Nueve años más tarde esas instalaciones aún no existen.
Desde entonces BSL ha incursionado en la minería de oro, el transporte de arena y piedra, la construcción de barcazas para el transporte de madera y piedra extraída, la venta de acero importado libre de impuestos, los bienes raíces, la construcción de viviendas residenciales, un estacionamiento para un ministerio gubernamental y un centro de compras.
En 2007, BSL afirmó que contaba con los derechos para talar 400 000 hectáreas de bosques en Guyana. Para noviembre de 2012, afirmó controlar 950 000 hectáreas de bosques, aunque la GFC solo registró 627 000 hectáreas. Los cálculos independientes mostraron que la cantidad era de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas.
Muchos de los 200 vehículos importados excentos de impuestos para su uso en las fábricas de procesamiento de madera de BSL fueron en realidad asignados a otros negocios de BSL. El uso de combustibles libres de impuestos que había sido autorizado inicialmente para la producción maderera, otorga al grupo BSL, que cuenta con unas 19 empresas subsidiarias en Guyana, una ventaja de costos inmejorable frente a las empresas locales que no disfrutan esos beneficios para la IED.
Las copias de algunas de las solicitudes que BSL realizó entre 2012 y 2015 de importaciones libres de impuestos y exenciones fiscales fueron filtradas al periódico independiente Kaieteur News, y algunos de sus pedidos más sorprendentes fueron extraídos y publicados. Esos pedidos incluían: 1000 millones de toneladas de cemento, 1000 millones de metros de cable eléctrico, 2000 millones de tarros de pintura y 100.000 toneladas de acero (todo ello aprobado por el ministerio de finanzas). Cada solicitud mencionaba la intención de BSL de construir las instalaciones para el procesamiento de madera, con sólo raras consultas por parte de los guyaneses sobre la falta de avances desde 2007.
Guyana debe aplicar de manera sistemática, transparente y sin sesgos, las políticas nacionales aprobadas y las leyes y los códigos profesionales para el aprovechamiento de la madera.
Chu Wenze, director ejecutivo de BSL, fue elegido en noviembre de 2012 como uno de los cuatro vicepresidentes de la asociación del sector, la Asociación China Forestal y de Distribución de Productos de Madera (China Timber and Wood Products Distribution Association, CTWPDA). Entre otras actividades, la asociación organiza eventos donde los representantes del comercio forestal se codean con los funcionarios del gobierno. La CTWPDA rechazó un informe de la Agencia de Investigación Ambiental sobre el comercio ilegal de madera, titulado Hambre de destrucción.
Una mirada al futuro
La decisión del gobierno de Guyana sobre la cuestión de la adquisición total de BSL por el Long Jiang Forestry Industries Group se percibe como un caso que demostrará si el gobierno de Guyana garantizará la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
China y Guyana firmaron un acuerdo comercial bilateral en 2003 que exige el cumplimiento de las leyes de Guyana. Además, todos los acuerdos de la FDI deben seguir los lineamientos fijados en el último informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) y las pautasgeneradas por la Administración Estatal Forestal y el Ministerio de Comercio en Beijing.
Guyana debe aplicar de manera sistemática, transparente y sin sesgos, las políticas nacionales aprobadas y las leyes y los códigos profesionales para el aprovechamiento de la madera. Para que esto ocurra en el sector forestal, será necesario poner fin a las prácticas discrecionales y la tradición de interferencia política para que BSL y otras empresas madereras cumplan las normas.
De acuerdo con las recomendaciones que se hicieron a principios de este año a la junta de directores de la GFC nombrada por el ministerio, se debe presentar una acción judicial ante la Suprema Corte de Guyana. El objetivo de esta presentación es obtener un dictamen que detenga las operaciones de BSL, siguiendo el ejemplo del ministro principal Sarawak en Malasia, que tuvo un efecto extremadamente beneficioso para reducir en gran medida las actividades forestales ilegales casi de un día para el otro. Sin ese tipo de acciones el imperio de la ley en Guyana – al igual que el futuro de sus bosques – pende de un hilo.