Una delegación de líderes indígenas del Amazonas cruzó el Atlántico para hacer oír una de sus principales demandas en la Cumbre del Clima (COP22), en Marruecos: asegurar el reconocimiento de sus territorios y probar que los pueblos originarios pueden ser los principales aliados para conservar la selva tropical más grande del mundo. Los pueblos indígenas están especialmente preocupados por una cosa: por el hecho de que el gobierno y los bancos chinos actúen en la región sin otorgar salvaguardas a la población indígena. “Hemos venido a la COP22 justamente para insistir en un diálogo con los chinos. Lo único que queremos es que respeten nuestros derechos. Las inversiones chinas pueden ser aliadas de los indígenas, en lugar de enemigas”, afirmó a Diálogo Chino Edwin Vásquez, miembro de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA). “Estoy preocupado y asustado. Esto es lo que más me asusta. Debemos negociar de igual a igual y entender cuáles son nuestros derechos. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por lo menos poseen políticas y salvaguardas para los pueblos indígenas, lo que nos permite luchar por nuestros derechos”, recordó. Existe preocupación en COICA debido a las facilidades que los gobiernos latinoamericanos les otorgan a las empresas extranjeras, en especial a las chinas. “China ha establecido un fondo de cooperación Sur-Sur, en los últimos tres años hemos asignado una suma de 100 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo para mejorar su capacidad .Proveeremos 10 proyectos de baja emisión de carbono y 100 proyectos de adaptación y mitigación y en los próximos 3 años capacitarán a 1.000 personas de países en desarrollo (creación de capacidad). Todo esto incluye países de América Latina. China está dispuesta a continuar con esta cooperación, afirmó a Diálogo Chino el representante especial del gobierno chino para el cambio climático, Xie Zhenhua. China igual que los demás Un estudio publicado, en agosto, por la vicepresidente del área de investigación de la Universidad del Pacífico en Lima, Cynthia Sanborn, demostró que los mineros chinos no parecían ser ni mejores, ni peores que otros casos, para operar en Perú. Además, indicó que sus experiencias han sido emblemáticas en relación a los desafíos que enfrentan los inversores extranjeros. “Hemos encontrado que las empresas chinas han fallado en el cumplimiento de los estándares de responsabilidad ambiental y social, la responsabilidad debe ser compartida con los errores cometidos por parte de las empresas, así como con la renuencia o la incapacidad del gobierno para hacer cumplir estas normas. Sin embargo, se han registrado indicios importantes y positivos de los inversionistas chinos y los reguladores peruanos, quienes están dispuestos a trabajar juntos para mejorar este récord”, afirma el estudio. Perú es considerado el lugar principal para la inversión minera china en América Latina, y las empresas chinas concentran alrededor del 30 por ciento de la cartera de inversiones mineras del país. Las empresas chinas también tienen una importante presencia en los sectores de hidrocarburos y en la pesca comercial del Perú. Una cuarta parte del Amazonas está ocupada por territorios indígenas. Son casi tres millones de habitantes que viven en la selva y sólo un 2% de estas tierras han sido deforestadas, una proporción muy baja en relación a las tasas que no son guardadas por los indígenas. La preocupación más importante siguen siendo los grandes proyectos de carreteras, monocultivos, usinas hidroeléctricas y explotación petrolera que amenazan con invadir las áreas indígenas, por muchas de las cuales los pueblos originarios todavía no han recibido el título de propiedad. “Los grandes proyectos que se van a realizar en América Latina siguen siendo una amenaza para los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. Nosotros rechazamos profundamente los proyectos cada vez que los gobiernos no consultan a los pueblos indígenas y terminan violando nuestros derechos fundamentales”, afirmó Vásquez. Según Zhenhua, China cada vez más tiene la intención de cooperar con los países de América Latina en proyectos que sean limpios. Pero cuando se le preguntó acerca de los mega proyectos de capital chino en la región que a menudo no resultan ser verde ni sostenibles, Zhenhua simplemente dijo que el “gobierno chino le pidió a las empresas que sigan el camino de bajas emisiones de carbono y por una economía verde”. Prácticamente todos los días, el representante de la COICA ha participado en diversos paneles cuyos temas tenían que ver con economías indígenas resilientes y caminos para una América Latina con menos emisiones de carbono. “¿Esos proyectos van a favorecer y beneficiar a los pueblos indígenas?”, cuestiona Edwin. “No, sólo van a beneficiar a las grandes empresas extranjeras, a las petroleras y a las mineras. La situación empeoró desde la COP20, que se realizó en Lima en 2014. A pesar de no tener datos, afirma que los pueblos indígenas hoy en día están vivenciando “una verdadera invasión y destrucción de nuestras tierras, lo que trae aparejado prostitución y un agravamiento de los conflictos sociales”, se queja. Un estudio reciente de la organización Rights and Resources Initiative (RRI) realizada en colaboración con el Woods Hole Research Center y el World Resources Institute (WRI) indicó que los pueblos indígenas que habitan selvas tropicales del mundo tienen la responsabilidad de administrar y preservar 54.546 millones de toneladas métricas de carbono, lo que representa un cuarto del total de carbono en existencia de los trópicos. Según los autores de la investigación, el problema es que muchos gobiernos fracasan al no reconocer el derecho a la tierra que tienen los pueblos y las comunidades indígenas. Y cuando tales derechos no son reconocidos, las tierras se transforman en blancos de inversiones agresivas. Una décima parte del total del stock de carbono de las selvas tropicales está localizada en áreas que no poseen título de propiedad, en las cuales los indígenas no han sido reconocidos formalmente. Aunque parezca pequeña, esa proporción de carbono equivale nada menos que a las emisiones de 17.000 millones de automóviles de paseo por año en todo el mundo. REDD+ Indígena Recientemente Perú dio inicio a una iniciativa innovadora relacionada con los pueblos indígenas al crear un mecanismo de compensación financiera por la preservación de sus tierras que se hizo conocido por su sigla REDD+ Indígena Amazónico. La Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Selvática, en su sigla en inglés, intenta estimular la elaboración de políticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que se originan a partir de la deforestación y hacer que la selva no desaparezca. “Adaptamos el concepto de REDD+ a nuestro propio lenguaje. El mensaje de la nueva administración del gobierno peruano pone el foco en la infraestructura sin tomar en cuenta lo que fue afectado en los territorios indígenas. El principio de la consulta libre previa e informada no se está implementando adecuadamente en Perú”, afirmó a Diálogo Chino Henderson Rengifo, del pueblo Achuar, quien preside la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En 2011, los indígenas peruanos hicieron un proyecto piloto en la región de Madre de Dios, localizada en la reserva comunitaria Amarakaeri, que elaboró un plan de vida para las comunidades locales, frenando los vectores de destrucción y promoviendo una gestión sostenible de los recursos naturales. Henderson ha venido a la COP22 para anunciar la ampliación del plan piloto de REDD+ Indígena Amazónico. “Ahora vamos a expandirlo hacia otros doce territorios indígenas que juntos suman más de dos millones de hectáreas”, dijo. Para cumplir su meta de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación hacia 2030, el gobierno peruano deberá aliarse a los pueblos indígenas, sostiene. “En Perú hay 15 millones de hectáreas que administramos nosotros, el cuidado de la selva está en nuestras manos. Pensamos que debemos ser tomados en cuenta. Caso contrario, no lograrán alcanzar la meta”, argumentó Rengifo. La meta es incluir el proyecto REDD+ Indígena Amazónico en la estrategia nacional peruana. El país alberga la segunda extensión en importancia de selvas de América Latina, que cubre aproximadamente un 60% del territorio nacional donde viven más de mil comunidades nativas y cinco mil campesinos. Rengifo explica que este proyecto es una innovadora propuesta climática indígena de gestión holística de los territorios indígenas para una conservación productiva. En 2011 el plan nacional de preparación de REDD hacía referencia al mismo REDD+ Indígena Amazónico. Y, en 2013, AIDESEP logró movilizar aproximadamente USD 14 millones para que el programa fuera implementado bajo el concepto titulación territorial, manejo forestal y gobernanza comunitaria.