Era agosto de 2024, y cinco alertas de deforestación en su teléfono celular hicieron que, a quien diremos Saúl para proteger su identidad, emprendiera un viaje de más de un día para confirmar sus sospechas.
Saúl es un comunero indígena del pueblo shipibo capacitado para el monitoreo de los bosques próximos al Parque Nacional Sierra del Divisor, una cadena montañosa de alta biodiversidad enclavada sobre la frontera entre Perú y Brasil. Ese día de agosto, él salió de su casa rumbo a la comunidad nativa Saasa para enfrentar esta porción de bosque al que pocos llegan.
Saasa, en la región Ucayali, está habitada por apenas 80 personas de la etnia awajún, en la cabecera del río Utuquinía, un afluente del río Ucayali. Se trata de la población indígena más cercana a Sierra del Divisor.
A partir de estas alertas e información georreferencial obtenida a través de Global Forest Watch, plataforma para el monitoreo de bosques en tiempo real, Saúl navegó doce horas desde su localidad y caminó un tramo largo de selva espesa para llegar al sector crítico.
“Esquivé predios peligrosos hasta ubicarme en un lugar desde donde pudiera elevar un dron. La deforestación y sembríos de coca estaban en el límite de Saasa con Siete de Julio, pero también en otros caseríos (no indígenas) vecinos”, cuenta a Dialogue Earth.
El jefe de Saasa, Iván Agkuash, cuenta a Dialogue Earth que en la zona se está plantando coca, cuyas hojas se utilizan para fabricar cocaína. Agkuash muestra su preocupación por lo desprotegida que se encuentra la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor y calcula que más de 10 hectáreas de bosque primario han sido depredadas y reemplazadas por cocales muy cerca del territorio comunal.
El líder indígena remarca que Saasa se ha convertido en una zona de paso para el narcotráfico, pero en su comunidad han optado por evitar enfrentamientos.
Paso de la droga
Según ha podido observar durante sus incursiones en aquella parte convulsa de la Amazonía, Saúl indica que la ruta de los “mochileros”, hombres al servicio de organizaciones criminales de Brasil que trasladan paquetes de droga, parte de distintas localidades brasileñas fronterizas y sigue hasta la cabecera del río Abujao, en Ucayali. Luego continúa por los centros poblados Aguas Negras y Mazaray, cruza una parte del Parque Nacional Sierra del Divisor y sale al río Utuquinía.
“Por Saasa pasan surcando el río, incluso disparando al aire [para intimidar a los residentes], y así llegan a Siete de Julio y los otros caseríos colindantes”, describe Saúl. De regreso a Brasil con los cargamentos, añade, recorren el mismo camino.
Un contexto similar registra la comunidad nativa San Mateo, también en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. De acuerdo con monitores forestales de la organización internacional Global Conservation, que trabaja en la protección de espacios silvestres en peligro, como Sierra del Divisor, gran parte de la depredación y sembríos de coca en San Mateo se expande sobre las márgenes del río Abujao. Por el riesgo, los monitores (que han pedido no revelar su identidad por seguridad) aún no han podido establecer en campo cuánta deforestación hay, pero estiman que no es menor a 50 hectáreas.
Otro punto de atención está en la Comunidad Campesina Ribereña Guapries, que integran los caseríos Guacamayo, Primavera y Esperanza. En el último recorrido que el jefe de la comunidad, Laiver Vásquez, realizó con una brigada de guardias forestales -relata a Dialogue Earth-, detectó al menos 15 hectáreas de cocales en un área ubicada a solo 500 metros del parque nacional. Desde agosto, la comunidad ha registrado 14 alertas de deforestación. Guapries y Saasa serán capacitadas por Global Conservation en el uso de tecnologías para la conservación de sus bosques.
Pocas soluciones
El último reporte publicado en junio de 2024 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que conduce la lucha contra las drogas, da cuenta que de las 92.784 hectáreas de coca que actualmente existen en el Perú, 351 están en la zona de amortiguamiento del parque. El estudio indica que no hay cultivos de coca dentro del área protegida. Sin embargo, la presión está en los espacios adyacentes.
En tanto, Ucayali terminó el 2023 con una deforestación de 27.340 hectáreas, y en los dos primeros meses de 2024 su pérdida de bosques alcanzó 673 hectáreas. De ese total, 203 hectáreas están dentro de comunidades nativas, conforme al análisis más reciente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Es decir, poco menos de un tercio se encuentra dentro de comunidades indígenas. Esto marca un incremento de casi 800% en comparación con el mismo periodo del 2023, donde solo se registraron 23 hectáreas de deforestación en las comunidades indígenas de Ucayali.
El gerente de la oficina regional, Franz Tang, declaró durante la presentación del informe que una de las causas para los niveles de desbosque reportados en Ucayali son los cultivos ilícitos y que, en ese sentido, el problema demanda una urgente intervención multisectorial del Estado.
Por otro lado, Global Conservation, a través de sus programas de control y vigilancia de bosques, busca crear un cinturón de protección para el área natural. Para ello intenta consolidar un trabajo coordinado con todas las comunidades que la rodean.
Nuevo Saposoa y Patria Nueva formaron parte de un proyecto piloto de monitoreo forestal, a cargo de la ONG, en que grupos de comuneros (guardias comunales o ecoguardias) recibieron capacitación para el manejo de drones, del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y para el análisis de imágenes satelitales. La instrucción permitió que puedan realizar reportes acerca del estado de sus bosques y, con ello, que fueran atendidos por las autoridades. Los monitores consignan en sus estadísticas que Nuevo Saposoa, por ejemplo, redujo la deforestación a cero en 2022, tras alcanzar un pico de más de 15.000 hectáreas de deforestación en 2016.
“En los últimos cuatro años ya no hemos tenido alertas de deforestación [en Nuevo Saposoa]. Tampoco en Patria Nueva”, afirma un ecoguardia de la comunidad, que también pidió anonimato.
Sin leyes ni protección
A pesar de los avances logrados en la disminución de la deforestación en Ucayali, en Perú, el cuidado de los bosques y territorios indígenas sigue siendo una tarea peligrosa para la que no existe una protección garantizada.
En octubre de 2020, el Congreso de la República del Perú rechazó la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el derecho a la información, justicia ambiental y a la toma de decisiones sobre el medioambiente en los países de América Latina y el Caribe.
El acuerdo también plantea la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Un punto relevante para el Perú, tomando en cuenta que, en la última década, 35 defensores indígenas fueron asesinados en este país por resguardar sus territorios. La funesta cifra corresponde a la base de datos actualizada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). La mayoría de los crímenes (10) tuvieron a Ucayali como escenario.
Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, dice que sin el acuerdo ratificado las voces y propuestas de los pueblos indígenas peruanos quedan siempre en el vacío dentro de los foros regionales ambientales.
“Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo”, lamenta. Algo así sucedió en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), realizada en Chile, donde Guimaraes sintió que las sugerencias para visibilizar la necesidad de protección de los defensores indígenas no fueron tomadas en cuenta. “Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Esta es la razón por la que no tenemos una voz que pueda llevar nuestras demandas”, añade.
Al término de esa reunión, precisamente, Guimaraes fue informado de un atentado contra su vivienda, donde fue dejada la pinta: “No vivirá”. Las investigaciones fiscales sobre la amenaza -denuncia el apu, como se conoce a los líderes indígenas en Perú- no han avanzado.
Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivoMiguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep
Pese a los reveses que implica la no ratificación de Escazú para las comunidades nativas peruanas, aún puede haber oportunidades de cambio legislativo. Katherine Sánchez, coordinadora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resalta que el Plan de Acción sobre Defensores en Asuntos Ambientales, aprobado en la COP3 contempla para las próximas reuniones un intercambio de información y experiencias de los países ratificantes sobre situaciones de riesgo que afectan a personas defensoras, lo que permitirá identificar estándares comunes y generar una estrategia internacional de protección. La abogada destaca que así será posible atacar las causas estructurales o de fondo.
“Los no ratificantes, como Perú, están invitados a conocer qué van haciendo aquellos países que continúan con Escazú, enriquecerse de los procesos y participar de la estrategia. Luego, cada uno decidirá si mejora su normativa o aplica mecanismos distintos”, explica.
La especialista señala que hasta diciembre de 2023 se presentaron tres proyectos legislativos a fin de obtener la primera ley para proteger a defensores de derechos humanos en Perú. El resultado fueron tres dictámenes diferentes, lo cual fue observado en la evaluación para su debate en el pleno del Congreso. “Pedían que haya un acuerdo y sea emitido un solo dictamen. Por cuestiones estrictamente procedimentales no podemos avanzar”, indica.
Por ahora, la única herramienta en favor de los líderes indígenas peruanos es el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Un instrumento que, a juicio de Sánchez, solo está concebido para atender una emergencia, pero no resuelve problemas de fondo y tampoco incluye obligaciones para el Estado en su totalidad: “Solo vincula a los ocho ministerios que han firmado el documento”. La ratificación de Escazú posibilitaría contar con una norma de rango constitucional, que contendría obligaciones para el Estado en beneficio del medioambiente y sus defensores. Pero ello en Perú suena cada vez más a una utopía.
