Un grupo de jóvenes indígenas achuar instala cámaras, eleva drones a 1.000 metros, captura cientos de fotografías y videos, y mapea puntos vulnerables a lo largo del río Pastaza, que fluye por el corazón de la Amazonía ecuatoriana hasta Perú. Son los Lanceros Digitales, quienes vigilan que los taladores no vuelvan a ingresar en busca de los árboles de balsa (Ochroma pyramidale).
“Hasta ahora no hemos encontrado taladores”, explica Roberto Peas, subcoordinador de esta iniciativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). “Saben que todo está vigilado”.
Esta es una nueva forma en la que los grupos indígenas ejercen su soberanía sobre este rincón de la Amazonia, y llega después de que la región viviera uno de los episodios más duros de su historia reciente: la llamada “fiebre de balsa”. En la última década, Ecuador se ha convertido en el mayor exportador mundial de balsa (Ochroma pyramidale), y la mayor parte de los envíos de madera se dirigen a China, donde se utiliza, paradójicamente, para construir turbinas eólicas para la transición a sistemas energéticos más ecológicos.
En 2020, la fiebre por este árbol de rápido crecimiento, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y 1,8 de diámetro, se extendió por todo el país, desde la costa hacia la Amazonía ecuatoriana. En un comunicado compartido con Dialogue Earth y Red Prensa Verde, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) señaló varios factores que impulsaron el auge de la tala, destacando, entre otros, el continuo otorgamiento de subsidios por parte del gobierno chino a su industria eólica, y el surgimiento de la balsa como una potencial fuente de ingresos para las comunidades indígenas duramente golpeadas por la pandemia del Covid-19.
Al tiempo que el país enfrentaba la pandemia y la ciencia buscaba con afán una vacuna, los taladores ingresaban por el río Pastaza hasta Sharamentsa, comunidad achuar de más de 7.500 habitantes, cerca a la frontera con Perú. “Nadie estaba preparado para vender balsa, no había cultivos”, explica Tiyua Uyunkar, de la Nación Achuar de Ecuador. Aunque la comunidad se opuso al negocio, algunos integrantes tumbaron árboles para los intermediarios. “Esto generó discrepancias entre quienes querían vender y quienes preferían preservarlos”.
Además, se talaron bosques primarios para cultivar balsa y venderla después, relata Rosa Mercedes Vargas Illanes, lideresa de Sharamentsa. Según el MAATE, esto se repitió en otras comunidades con este árbol que, a diferencia de otros, apenas tarda tres años en estar listo para el primer corte.
Cuatro años después, los achuar aseguran que la balsa solo dejó desconsuelo. Pero el negocio sigue vigente. A dos horas de la comunidad, esta investigación encontró cientos de troncos en el suelo y 15 botes cargados con destino al puerto de Manta, en la costa central del país.
Para Uyunkar Domingo Peas, presidente de Cuencas Sagradas, una alianza de organizaciones indígenas y ONG que trabajan en Ecuador y Perú, la peor secuela fue la ruptura social. “Muchos fueron engañados, mal pagados. O usaron mal el dinero, les vendían cerveza, trajeron prostitutas, generando un problema social”.
Diversas fuentes confirmaron que, por aquel entonces, cada “pata” de balsa, como llaman al árbol cortado, valía USD 40. Una fuente informó que los intermediarios pagaban regularmente menos de la mitad de esta cantidad, citando un ejemplo en el que un grupo recibió 5.000 dólares por 280 “patas”, menos de la mitad de los 11.200 dólares que podrían haber valido. Así también engañaron a tribus waorani y kichwa, según WWF.
Otra secuela fue la violencia de género presuntamente ejercida por los taladores. “Hubo muchos abusos, hasta se ‘casaron’ con algunas jóvenes y las abandonaron embarazadas. Teníamos miedo”, afirma Andrea Wampach Vargas, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Pastaza y Morona Santiago.
Desde 2022, la Nación Achuar sanciona a quienes venden balsa, según el Proyecto Sharam, una iniciativa financiada por organizaciones internacionales como Fundación Pachamama y Amazon Conservation Team. Ahora, deben solicitar permiso y reforestar 10 por cada árbol cortado. Además, se impuso el respeto a las mujeres como primera exigencia para comercializar balsa.
A Wampach todavía le preocupa que la violencia no se detenga, especialmente para aquellas que viven cerca a la carretera donde aún venden ilegalmente la madera. “Esos hombres siguen ahí”, advierte.
La fiebre balsera llegó a Perú
En 2020, madereros ecuatorianos cruzaron la frontera por el noreste de Perú para incursionar en territorio indígena wampís. Más de 1,5 millones de pies cúbicos de balsa, que crecía en sus bosques de barbecho, fueron talados ilegalmente, según el Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampís.
“La balsa nos trajo muchas disputas y amenazas”, recuerda Teófilo Kukush, máxima autoridad de la Nación Wampís, integrada por 22 comunidades de los ríos Santiago y Morona. “La inacción del Estado tampoco ayudó”.
A pesar de las represalias de los taladores, los wampís detuvieron toda extracción y bloquearon las embarcaciones. “Logramos frenar esas disputas”, afirma Kukush. “Hasta la fecha no han regresado”.
La industria ecuatoriana descubrió lo fácil que era llevarse la balsa peruana en una industria forestal que batalla contra documentos falsificados, información no verificada y corrupciónAlfredo Rodríguez, especialista forestal peruano
Por esos años la balsa fue una de las cinco especies maderables más exportadas en Perú, según Forest Trends. Entre 2020 y 2021, se exportaron 44.855 m³, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). En 2021 casi toda la balsa (97%) se envió a Ecuador, donde la transforman en paneles y bloques para el mercado chino.
Alfredo Rodríguez, coautor del informe de Forest Trends, señala que prácticamente se comercializó madera ilegal. En 2021 se exportó más de la balsa producida oficialmente: 13.393 m³ de trozas y madera aserrada, según datos solicitados al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). “La industria ecuatoriana descubrió lo fácil que era llevarse la balsa peruana en una industria forestal que batalla contra documentos falsificados, información no verificada y corrupción”, afirma.
Desde 2016, la balsa se registra en plantaciones por orientación del Serfor. Esto a pesar de que, por lo general, crece sin ser plantada en bosques secundarios deforestados. “Bajo esa modalidad sacan un camión de una supuesta plantación y meten la madera de todas las comunidades, registradas o no”, asegura Rodríguez.
Actualmente, existen 875 plantaciones con capacidad de producir 371.866 m³ de balsa, según Serfor. “Es un registro simple y automático”, explica Frank Rivero, experto forestal. No se verifica ni exigen planes de manejo forestal o permisos de extracción. Tampoco el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) puede fiscalizarla. Recién cuando van a aprovecharla puede haber una inspección, pero no es obligatorio, agrega Rivero.
“El Serfor debería corregir la normativa sobre registro y aprovechamiento de plantaciones forestales”, sostiene Rivero. “Muchas veces la balsa es extraída ilegalmente de áreas sin autorización y lavadas con registros de plantaciones”.
Eso sucedió en 2021. En ese año pico de exportaciones y con el mayor registro de siembra, Jalsuri Green S.A.C., empresa ficticia del grupo de crimen organizado Clan de los Topa, fue responsable de casi el 50% de balsa exportada, según datos de Sunat. Esta red criminal, operada desde 2020 con exfuncionarios de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, legalizó la balsa con documentos validados por dicha entidad, según el Ministerio Público.
Desde entonces, las exportaciones han disminuido. En 2022, solo se enviaron 12.778 m³, 60% menos que en 2021. Además, en 2023, Serfor aprobó lineamientos para el aprovechamiento forestal en bosques secundarios. Ahora las áreas donde crece la balsa silvestre requieren supervisión del Osinfor y no pueden ser tratadas como plantaciones.
Para esta investigación se solicitó una entrevista al Serfor sobre el tráfico de balsa amparado en plantaciones. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Tras la fiebre balsera, la Nación Wampís ha apostado por reforestar la especie para comercializarla de forma sostenible. “Estamos buscando mercado directo con China”, afirma Teófilo Kukush. “Pero hasta ahora no encontramos una empresa que pague un precio justo”.
En Colombia, coca por balsa
Por la misma época de la fiebre balsera en Ecuador y Perú, Maximino Morales, un campesino colombiano, escuchó de esta madera en La Carmelita, en el departamento suroccidental de Putumayo, cerca de las fronteras con Ecuador y Perú. Antes, el agricultor de 50 años sembraba coca en este enclave amazónico afectado por el conflicto armado y los cultivos ilícitos.
Intrigado, Morales viajó a Ecuador para conocer el negocio del balso, como se llama en Colombia. Luego, envió a sus hijos a trabajar en la industria, quienes volvieron con el contacto de una empresa ecuatoriana. “Fue un boom. Cada camión cargaba 12 m³ de listones de balso que vendíamos a USD 10.500. Una hectárea generaba tres camiones, es decir, USD 31.000”.
Actualmente, Morales tiene 12 hectáreas sembradas, de las cuales cinco son gracias a los Créditos Verdes que otorga REM Visión Amazonía, una iniciativa gubernamental que pretende reducir la deforestación en la Amazonía colombiana. En total, 60 productores de la zona se han beneficiado de este programa gestionado por el Ministerio de Ambiente y financiado por agencias gubernamentales de Alemania, Noruega y Reino Unido.
“Los agricultores nos decían que lo que se estaba aprovechando era la madera del bosque y por ello muchas personas querían sembrar, por eso promovimos el crédito”, explica Yezid Beltrán, líder Desarrollo Agroambiental de REM Visión Amazonía. El proyecto financia a agricultores hasta USD 6.300 y otorga incentivos de hasta el 50% de crédito desembolsado, incluyendo la asistencia técnica. Ese incentivo está condicionado a un acuerdo de conservación.
“El balso ha sido una bendición”, afirma Morales, quien fue el primer productor al que se le otorgó el crédito. “Ni en el tiempo de los cultivos ilícitos, la coca me despertó tanto ánimo para cultivar”.
Sin embargo, Morales recuerda que todavía falta más ayuda integral para los campesinos que quieren dejar la coca. Tampoco hay suficiente interés de algunas entidades por el balso como alternativa a los cultivos ilícitos, explica.
“En este momento la coca no sirve para nada”, asegura, y describe cómo los planes de crédito para el balso han conseguido disuadir a algunos productores de optar por el cultivo ilícito. “Pero más adelante si no se apuesta por el balso, la gente seguirá con la coca. Está en manos del gobierno, es un tema muy grande y a largo plazo para la Amazonía”.
Este artículo se ha realizado con el apoyo de Earth Journalism Network.
