Rodrigo Paz celebraba la victoria en segunda vuelta de las elecciones bolivianas, la noche del 19 de octubre, cuando recibió una llamada. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en representación del gobierno de Donald Trump, felicitaba al nuevo Presidente de Bolivia.
El propio Paz resaltó tal comunicación durante su primera aparición pública, tras conocerse los primeros resultados del triunfo de su Partido Demócrata Cristiano, de centro-derecha, con el 54% de los votos, sobre la alianza Libre de Jorge “Tuto” Quiroga, que obtuvo 45% en un balotaje.
Esa noche, varios mandatarios y líderes mundiales se comunicaron con Paz. Pero el mensaje del alto funcionario estadounidense era claro: tras casi dos décadas de distanciamiento entre Washington y los gobiernos socialistas de Bolivia, se abría una nueva etapa política, comercial y diplomática.
El nuevo presidente afirmó que se trataría de “una relación estrecha“. En las semanas previas a su toma de posesión, el 8 de noviembre, Paz visitó el país norteamericano en busca de apoyo para resolver la crisis económica y energética que Bolivia afronta desde principios de 2023. Al volver de su reciente periplo, en un encuentro con empresarios de El Alto, ciudad de aymaras migrantes, Paz les dijo: “ya hemos asegurado los dolarcitos, gasolina y diésel que tanto necesitamos”.
Desde el norte, Washington veía en el cambio de gobierno una oportunidad para reconstruir vínculos diplomáticos, que se habían tensado desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador Phillip Goldberg, a quien acusó de encabezar la “división de Bolivia”. El secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, dijo la mañana del 20 de octubre pasado que su país “está presto para ser socio con Bolivia en las prioridades compartidas”, según una declaración difundida por la Embajada de Estados Unidos.
Al otro lado de la geopolítica mundial, China —el principal socio comercial de Bolivia durante los gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2021-2025)— también felicitó a Paz días después de conocido el resultado de la elección. El viernes 24 de octubre, el lider Xi Jinping envió un mensaje al mandatario y le recordó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, hace 40 años, los vínculos bilaterales “han mantenido buen impulso de desarrollo”.
Parsifal D’Sola, director de la Fundación Andrés Bello, que estudia las relaciones entre China y América Latina, dijo estar seguro de que también se habría producido una llamada con funcionarios chinos la noche de la victoria de Paz. “No tengo pruebas, pero tampoco la menor duda de que una de las primeras llamadas que recibió el nuevo gobierno fue de China, precisamente para entablar una nueva conversación, desarrollar una nueva relación y saber exactamente cuáles son las posiciones”, dijo a Dialogue Earth.
Paz ha asumido el cargo en un contexto de profunda crisis económica, reflejada en una caída del 2,4% del PIB en el primer semestre de 2025, y el 17 de diciembre declaró que el país se encontraba en una “emergencia económica”. El nuevo presidente pretende superar la ideología socialista que ha gobernado Bolivia durante mucho tiempo, buscar el apoyo internacional y marcar un nuevo rumbo para su gobierno. Tras hacer campaña con promesas de “capitalismo para todos”, Paz ha declarado que “vamos a abrir Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”.
Sin embargo, esta “apertura”, combinada con los cambios geopolíticos en la región, ha hecho temer a algunos observadores que se relajen las medidas de protección medioambiental en aras del desarrollo económico.
“Estamos en una situación económica muy compleja, resultado de las decisiones económicas tomadas en la última década”, afirma Óscar Campanini, sociólogo especializado en medioambiente y desarrollo, y director del Centro de Documentación e Información Boliviano (Cedib), una ONG. “De alguna manera, ese contexto posibilita que las exigencias ambientales y sociales se relajen, con el pretexto de facilitar inversiones extranjeras”.
Bolivia en la mira
Bolivia y China mantienen relaciones diplomáticas desde 1985. En 2006, con la llegada al poder de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo, esos lazos comenzaron a crecer más allá de los simples intercambios de embajadores y contribuyeron a que China sea hoy el principal socio comercial de Bolivia.
“A partir de 2010 se puede ver con claridad que se intensificaron las inversiones de la cooperación china”, dice Marco Gandarillas, investigador senior de la organización ambiental Latinoamérica Sustentable (LAS). El país asiático es el principal acreedor bilateral boliviano con préstamos para infraestructura principalmente. Además, sus empresas —estatales, privadas y mixtas— se volvieron las principales contratistas en obras viales. Gandarillas, que pronto publicará un informe centrado en las inversiones chinas en el país, declaró a Dialogue Earth que, según sus cálculos, las empresas chinas han construido más de 1.466 kilómetros de carreteras y puentes solo en la Amazonía boliviana. Afirmó que estas infraestructuras son fundamentales para conectar los ríos, que también sirven como importantes vías de tránsito y comercio en estas regiones, a menudo remotas.
Según los datos recopilados por Gandarillas, entre 2010 y 2019, Bolivia firmó 38 acuerdos bilaterales con China. Citando investigaciones sobre acuerdos de cooperación económica y leyes nacionales de ratificación, cuenta 16 préstamos chinos por un total de más de 2.000 millones de dólares durante ese período; otras fuentes que realizan un seguimiento de la financiación china en el extranjero sitúan esta cifra en un nivel aún mayor, más de 3.000 millones de dólares. Además del importante apoyo a una prevista represa hidroeléctrica y a un gran proyecto siderúrgico, buena parte de esta financiación se destinó a tres grandes proyectos de infraestructura vial: la carretera Rurrenabaque-Riberalta, la autovía El Sillar y la carretera Espino-Charagua-Boyuibe.
El último dato actualizado en la página oficial del Banco Central de Bolivia refiere una deuda con China de 1.370 millones de dólares, a junio de 2024.
A nombre de salvar la crisis, terminaremos rifando o sacrificando zonas, ecosistemas y comunidades que subsisten de recursos muy valiososÓscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Boliviano (Cedib)
Ning Leng, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown (EE UU), cuya investigación se ha centrado en China y sus finanzas en el extranjero, dijo a Dialogue Earth que China tiene tres intereses clave en Bolivia: minerales como el litio; agricultura, especialmente soya, e infraestructura, que es el área donde ha tenido el mayor impacto.
La llegada de un nuevo gobierno, lejos de generar suspicacias a China por la rivalidad económica y geopolítica con Estados Unidos, es una oportunidad para reafirmar los lazos, coinciden analistas.
“El enfoque pragmático que ha adoptado Beijing con mandatarios de centro-derecha o derecha —Bolsonaro en Brasil, o Milei en Argentina— son una muestra de cómo China puede adaptarse a los cambios políticos de la región, sin ver afectados o comprometidos sus objetivos de política exterior”, explica Carlos Pìña, politólogo especialista en relaciones China-América Latina.
En el caso argentino, recientemente Javier Milei recibió un nuevo apoyo financiero del gobierno de Trump, por US$ 20.000 millones, sin que ello haya interferido en anteriores proyectos que sus antecesores de izquierda —Cristina Fernández y Alberto Fernández— tenían con China.
Con Brasil ocurrió lo propio. En este momento, las relaciones de China con Lula Da Silva son “estratégicas integrales”, según define el investigador Gandarillas, pero añadió que también lo fueron en gran medida cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro estuvo en el poder entre 2019 y 2022.
En Bolivia, la carta que le envió el presidente Xi Jinping a su homólogo Rodrigo Paz corrobora tal análisis y va más allá, porque ofrece llevar la asociación estratégica China-Bolivia “a un nuevo nivel” de “estratégica integral”, una designación oficial en la diplomacia china. Este es el nivel de relaciones que China ha establecido con otros países sudamericanos, incluidos Brasil y Venezuela, explicó Gandarillas.
De la necesidad a la flexibilidad ambiental
Los proyectos de construcción liderados por empresas chinas en Bolivia y en toda América Latina en las últimas décadas a menudo han generado preocupaciones medioambientales y sociales, aunque en 2024 China aceptó una serie de recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con sus inversiones en el extranjero, entre ellas la de considerar una legislación más sólida que incorpore el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Analistas como Campanini, de Cedib, y Gandarillas, de Latinoamerica Sustentable, están preocupados porque el nuevo gobierno boliviano ha mostrado hasta ahora un gran desequilibrio entre su énfasis en las cuestiones económicas y medioambientales. “A nombre de salvar la crisis, terminaremos rifando o sacrificando zonas, ecosistemas y comunidades que subsisten de recursos muy valiosos”, sentencia Campanini.
Los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana y las organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones similares, especialmente tras la reciente disolución del Ministerio de Medio Ambiente, que se ha fusionado con el Ministerio de Planificación y Desarrollo y Medio Ambiente. Además, el nombramiento del empresario agroindustrial José Fernando Romero Pinto como ministro del nuevo departamento llevó al Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Amazonía Norte de Bolivia (Bocinab) a declarar el “estado de alerta”, describiendo además su preocupación por los cambios en el Ministerio de Medio Ambiente y por el supuesto “fortalecimiento del Ministerio de Minería y Metalurgia”.
En declaraciones a Dialogue Earth, el fundador de Bocinab, Luis Rojas Mogrovejo, afirmó que no permitirían más actividades mineras en sus territorios, que ya se han visto afectados por la contaminación por mercurio. En un momento en el que se observa que el nuevo gobierno se está organizando para intentar levantar la economía del país, Jenny Duri, presidenta del Territorio Indigena Campesino Yaminahua-Machineri (TCO), declaró a Dialogue Earth que “la minería en nuestro territorio es un peligro”.
El gobierno de Paz ha rechazado las críticas iniciales sobre sus perspectivas medioambientales, haciendo hincapié en que considera que el desarrollo y el ambiente son fuerzas complementarias y no opuestas, y presentando la reorganización de su ministerio como una forma de romper la desconexión entre la conservación y la producción.
En una entrevista con Dialogue Earth, Jorge Ávila, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, afirmó que Bolivia “no está en condiciones de abandonar el desarrollo, porque el país está en bancarrota, lo que no significa que vayamos a descuidar el aspecto medioambiental”.
Ávila, abogado con experiencia en temas ambientales, forestales y de políticas públicas, argumentó que Bolivia debe abandonar el enfoque que obliga a ciertos sectores a cumplir con las regulaciones ambientales “como si fuera un castigo”. Por el contrario, “tenemos que persuadir y demostrar que, al hacer las cosas bien desde el punto de vista ambiental, estamos creando mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país”.
