Un trapo de tela desgastado era la única protección que llevaba un joven Lorgio Ñaupas durante sus primeros años echando pesticidas en unos campos de algodón. Décadas más tarde, al recordar esos días, se le vienen a la mente momentos no tan agradables.
“Una vez casi me muero. Estuve fumigando toda la semana y tuve dolor de cabeza y vómitos”, cuenta quien ahora a los 57 años se dedica a la agroecología en el Valle de Chillón, al norte de Lima. También recuerda cuando accidentalmente el pesticida paraquat le cayó en la pierna de unos de sus hijos, ocasionándole una herida profunda y una cicatriz que sigue hasta el día de hoy.
Luego de esas malas experiencias, Lorgio Ñaupas aprendió que los pesticidas peligrosos no son solo un potente veneno para las plagas y malezas, sino también son sustancias químicas que dañan la salud y la tierra. Por ello, ahora se dedica a la agroecología, una práctica más sostenible que promueve la reducción del uso de pesticidas.
Lo que no entiende y se pregunta es: “¿por qué permitimos agroquímicos peligrosos? ¿acaso no hay otras fórmulas para evitar intoxicarnos?”.
En esta investigación liderada por Salud con Lupa, con la colaboración de Dialogue Earth, empezamos a analizar el mercado de los pesticidas en la región. Y lo que más llamó la atención fue que el sistema de evaluación y autorización de pesticidas en muchos países permiten a grandes empresas, como a la empresa con sede en Suiza y de propiedad china Syngenta, registrar y vender plaguicidas que están prohibidos en sus países, aprovechándose de legislaciones flexibles como las peruanas.
A diferencia de Chile, Costa Rica y la Unión Europea, Perú no entrega autorizaciones de uso de pesticidas de carácter renovable cada diez años, sino registros de vigencia indefinida desde los años noventa.
Esto significa que, luego de que una empresa consigue la autorización para venderlo, no se volverán a evaluar sus impactos con información o estudios científicos más recientes, a menos que haya iniciativas extraordinarias para hacerlo por parte de las entidades reguladoras. Así, Syngenta tiene en Perú registros para la venta de 42 pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea y Suiza.
¿Por qué permitimos agroquímicos peligrosos? ¿Acaso no hay otras fórmulas para evitar intoxicarnos?Lorgio Ñaupas, agricultor
Pese a que Perú hizo en 2011 un reordenamiento del sistema de registros de pesticidas para que el país se adaptara a parámetros ambientales exigidos por la Comunidad Andina, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no hizo modificaciones de fondo para fortalecer y hacer transparente el sistema de evaluaciones de agroquímicos. Por ejemplo, los procesos de evaluación peruanos priorizan los estudios y pruebas que presentan los fabricantes y no se recurre a científicos expertos en el tema o a estudios independientes.
Otro problema importante está en que los ensayos clínicos y referencias con que se sustentan las aprobaciones de un pesticida no son públicos. Por eso, para esta investigación usamos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el propósito de que el Estado nos entregue los expedientes que sustentan los registros de agroquímicos otorgados a Syngenta en Perú.
Con este sistema evaluador, Perú solo ha restringido 9 pesticidas por sus potenciales riesgos para la salud humana y el medioambiente en una década, mientras que en la Unión Europea se han retirado 119 agroquímicos en el mismo período. Lo evidencia el caso del pesticida paraquat, uno de los productos más vendidos por Syngenta con una toxicidad reportada 28 veces más aguda que el ya controvertido glifosato. Perú está entre los países de América Latina que lo usó desde los años noventa y recién en 2021 prohibió su venta a pesar de que se conocía evidencia científica sobre sus efectos nocivos desde 1983.
Sin embargo, durante esta investigación encontramos que el paraquat, el mismo que quemó al hijo del señor Ñaupas, sigue circulando en Perú porque ingresa fácilmente de contrabando por la frontera terrestre con Ecuador, donde este pesticida sigue autorizado.
“Cuando se fumiga el palmito con paraquat, nos arde la vista y luego tenemos mareos y diarreas fuertes”, cuenta Frobin Gil, agricultor del cantón Pedro Vicente Maldonado, una zona conocida como la capital del palmito, en la provincia ecuatoriana de Pichincha. Frobin desconoce que este pesticida con el que fumiga el palmito ya está prohibido en Perú y en otras partes del mundo por su alta toxicidad.
Una situación similar ocurre en la comuna General Lagos, de la provincia argentina de Santa Fe, donde se siembra soja y hortalizas resistentes a herbicidas. Aquí también se usa paraquat porque sigue permitido su uso en el país.
“Si el tomate está muy alto y tengo que echar el pesticida arriba, me cae en la cara. Tengo que lavarme enseguida porque arde mucho”, cuenta Miguel Romero, un trabajador de una huerta que trabaja como fumigador en condiciones precarias.
Perú: un sistema fallido
Cuando una empresa solicita el registro de un agroquímico para venderlo en el país, presenta su expediente ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad responsable de la autorización y de la vigilancia de las condiciones en que se cultivan los alimentos. El Senasa responderá basado en su informe y los de otras dos instancias: una evaluación ambiental realizada por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) del Midagri y otra de impacto para la salud humana en manos de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud.
Las evaluaciones de estas direcciones se basan, principalmente, en informes y estudios adjuntados por la empresa fabricante del pesticida en el expediente. Con el actual sistema peruano de autorizaciones únicas de plaguicidas, si la solicitud es aprobada, no tendrá que pasar nunca más por otra revisión en el país. Cuando Salud con Lupa revisó los informes que sustentan las autorizaciones de registro de los plaguicidas de Syngenta más vendidos en Perú, encontramos que la mayoría se basaron en estudios antiguos, algunos con cuatro décadas de antiguedad.
Por ejemplo, el pesticida diquat, prohibido en los países de la Unión Europea en 2019 y en Suiza en 2022, está permitido en Perú desde 2015 con un expediente que se basa en estudios realizados en 1985, que sirvió para señalar que no era una sustancia peligrosa. El mismo año en que las autoridades reguladoras peruanas dieron el visto bueno al diquat, estudios realizados en la Unión Europea describieron la exposición al plaguicida de las personas que trabajan con él como un “área crítica de preocupación”, sugiriendo que podría causar alteraciones en los sistemas hormonales humanos, una acusación que ha sido rebatida por Syngenta.
Otro caso es el pesticida atrazina que ya está prohibido en 44 países del mundo, incluido Suiza, por sus altos riesgos de contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En 2004 fue vetada en la Unión Europea, pero dos décadas después sigue usándose en Perú, donde no se monitorea su impacto en el agua. Syngenta fue una de las primeras empresas en registrar la atrazina en Perú en la década de los noventa.
Situación similar ocurre con el mancozeb, un pesticida de coloración azul prohibido en Suiza desde 2021, que muchas personas conocieron cuando se encontraron restos de esta sustancia en la cebollita china que se vendió en varios mercados del país en los últimos dos años. La última vez que el Senasa revisó la autorización del mancozeb en un producto de Syngenta fue en 2016, cuando su permiso fue actualizado y, a pesar de que existía evidencia científica sobre sus efectos negativos en el sistema endocrino, actualizó su permiso de uso.
Perú también ha autorizado nuevos registros de plaguicidas que contienen el controvertido glifosato, pese a que es considerado como “posible cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2023, el uso del glifosato ha sido extendido por 10 años en la Unión Europea gracias a que Syngenta y otras 7 empresas habrían hecho lobby para subestimar las opiniones técnicas sobre sus riesgos. El glifosato también sigue utilizándose en Suiza, donde los votantes han rechazado una prohibición nacional de todos los pesticidas sintéticos en 2021.
Industria influyente
En Perú, los fabricantes de pesticidas gestionan sus intereses a través de Cultivida, una asociación de 23 empresas que actualmente preside Syngenta. Entre febrero y noviembre del 2023, Cultivida tuvo una serie de reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para ofrecerle dos herramientas informáticas que pretenden que el Estado incorpore para la evaluación de los riesgos medioambientales de sus plaguicidas.
La propuesta se concretó el 11 de abril de este año con el lanzamiento de una plataforma web que el Midagri presentó en un evento a puertas cerradas donde estuvieron presentes representantes de agroquímicos y organizaciones empresariales.
El primer modelo que propuso Cultivida, denominado “Herramienta Acuática Andina de Tamizaje”, cuantifica los niveles de residuos de plaguicidas que quedan en aguas superficiales por efecto de las lluvias. Mientras que la segunda herramienta, el “Modelo de Exposición de Plaguicidas en Agua (ANDES)”, calcula el impacto de las sustancias de los pesticidas en el suelo y las fuentes de agua que hay alrededor de los cultivos.
Midagri optó por incorporar esta última propuesta a su plataforma web como criterio de evaluación previo al registro de un plaguicida. El ministerio no mencionó que entre las organizaciones que apoyan el desarrollo de los programas se encuentra CropLife, la asociación internacional de productores de agroquímicos de la que forma parte Cultivida, y que incluye a Syngenta y a empresas del mismo rubro como Bayer, FMC, BASF, Sumitomo Chemical y Corteva Agrosciences.
Aunque Cultivida negó que los fabricantes de agroquímicos estén interfiriendo con estas donaciones o regalos de herramientas informáticas en el sistema evaluador peruano de pesticidas, algunas organizaciones civiles alertan que sí es una interferencia.
“Los fabricantes de pesticidas ofrecen estas herramientas como una coartada para decir que están controlando cómo se aplican los pesticidas en los cultivos”, dijo Juan Sánchez, consultor en políticas de desarrollo rural y actual director de la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
Mientras que el abogado Jaime Delgado, expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), opinó que si el Estado peruano pretende cambiar el proceso de evaluación medioambiental de los plaguicidas, no es conveniente que sea revisado o consultado a las empresas que luego van a ser fiscalizadas.
Falta de transparencia
Al registro de autorización indefinida de plaguicidas de Perú, se suma otro problema: la falta de transparencia de los permisos otorgados. A diferencia de la Unión Europea, en Perú no son públicos los estudios ni las fuentes con los que se pretende solicitar el registro de un pesticida. Por eso, también tuvimos que utilizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para liberar estos documentos.
Al revisar la documentación se detectó que en la DGAA del Midagri, el área encargada de evaluar los impactos ambientales de los pesticidas en Perú, había un caso de “puerta giratoria”. Juan Carlos Arévalo Rengifo, quien trabaja en el ministerio desde el 2018 y ha redactado por lo menos cuatro informes favorables para registrar los plaguicidas atrazina, brodifacoum, ciproconazol y profenofos de Syngenta, trabajó antes en esta empresa como representante agrícola entre 2014 y 2016.
Mientras trabajó para Syngenta, brindó asistencia técnica sobre el uso de plaguicidas en cultivos agroindustriales y tradicionales, capacitó a agricultores sobre el manejo seguro de agroquímicos y también comercializó estas sustancias. Luego, Arévalo realizó labores similares en las empresas agroquímicas Novagro y Neoagrum hasta antes de llegar al Midagri.
Para el abogado laboralista Ricardo Valderrama, esta situación representaría un conflicto de interés al tratarse de un funcionario que ha trabajado en una empresa y luego ha evaluado solicitudes de la misma. “Si no se ha abstenido y se determina que hay un conflicto de interés, podría ser hasta vacado”, dijo.
Al consultarle a Arévalo por el posible conflicto de interés, dijo que no había razones para hacerlo porque él trabajó en Syngenta en el área de ventas y no en temas de registros, que es lo que evalúa el Midagri.
Además, señaló que “los informes son revisados también por el coordinador, especialista legal y el director [de la DGAA] justamente para evitar algún favorecimiento. Al no tener relación familiar, amistad o de negocios con las empresas, mi objetividad, buena fe y mi criterio no fueron afectados al momento de mi trabajo”.
Sobre este problema y toda la investigación, el Midagri y Syngenta Perú no respondieron nuestras preguntas. Hasta el cierre de esta edición, se mantuvieron en silencio.
Este reportaje ha sido producido por Salud con Lupa con la colaboración de Dialogue Earth.
