A pesar de problemas legales y ambientales, el nuevo gobierno de Alberto Fernández en Argentina reafirmó su intención de continuar con la construcción de dos represas controversiales en la Patagonia argentina – un proyecto clave para desbloquear mayor financiamiento de China.
La construcción de las represas Condor Cliff y La Barrancosa en la provincia de Santa Cruz, un viejo proyecto que data de 1950, fue relanzado en 2007 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy de regreso al poder como vicepresidenta. Desde entonces, su avance ha sido muy limitado.
El nuevo proyecto, que sería financiado en un 85% por China, no es sólo un acuerdo de inversión. Es uno de los proyectos más relevantes para China en Argentina e incluye una clausula de incumplimiento cruzado, lo que convertiría su construcción en una condición para el avance de otros proyectos chinos en el país.
Argentina enfrenta hoy de nuevo una crisis económica y Fernández espera desarrollar una alianza más cercana con China que permita fortalecer sus reservas monetarias e impulsar nuevos proyectos de infraestructura. Para ello, el gobierno ve a las represas como un paso en esa dirección.
“Durante el gobierno anterior, las obras estuvieron paralizadas. Abandono y desidia caracterizaron aquella etapa. Esta es la obra de infraestructura en construcción más importante de Argentina,” sostuvo la vicepresidenta Fernández de Kirchner, en una visita a las represas para su relanzamiento a fin de enero.
Represas: avances y retrocesos
El proyecto energético está a cargo de un consorcio integrado por la empresa Gezhouba Group Corporation (de China, con la mayoría de representación), además de las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo. Desde el gobierno sostienen que aumentará en un 15% la generación hidroeléctrica del país, abasteciendo a más de 600.000 hogares.
“Vemos con mucha confianza este proyecto. La financiación está asegurada por bancos chinos, pero hay que hacer algunos ajustes. Se trata de dos represas sobre el mismo río, aprovechando intensamente su caudal. Será bueno para la provincia y la nación,” sostuvo Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino China.
A fines de 2016, la Corte Suprema de la Nación suspendió las obras ante la demanda de realizar la debida evaluación de impacto ambiental y consulta pública. ¿Los reclamos? Las represas podrían destruir sitios arqueológicos e impactar negativamente en el glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares y uno de los íconos turísticos más populares de Argentina.
800
o menos ejemplares del macá tobiano, nativo de la Patagonia, quedan en existencia
Además, podrían afectar el curso del río Santa Cruz, afectando los estuarios donde el macá tobiano, especie endémica de Argentina, pasa el invierno. En los últimos 25 años, la población de esta ave acuática se redujo en un 80% y hoy se estima que quedan menos de 800 individuos.
El gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) respondió a los pedidos judiciales realizando cambios en el proyecto. En vez de 11 turbinas, ahora tendría 8 y las represas serían más bajas para reducir su impacto ambiental. Eso llevó a que la Corte Suprema levantara el freno a las obras en septiembre de 2017.
Sin embargo, las obras prácticamente no avanzaron al continuar los reclamos.
“Venimos reclamando una Evaluación de Impacto Ambiental que demuestre fehacientemente la falta de impacto ambiental sobre los glaciares,” dice María Marta Di Paola, directora de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien insiste que las grandes problemáticas del proyecto todavía no han sido resueltas.
No se pueden correr riesgos para ese tipo de trabajos delicados
Ignacio “Kini” Roesler, coordinador del programa Patagonia de la organización Aves Argentinas, agrega: “No hay aún acciones ni herramientas concretas para la conservación del ambiente de hibernación del macá tobiano. El río Santa Cruz es fundamental para la conservación de la especie”.
No son solamente las agrupaciones ambientales las que están preocupadas. Comunidades originarias locales, que pertenecen a los pueblo mapuches y tehuelches, se oponen al proyecto en defensa del río y el territorio como espacios sagrados. Hoy mantienen firme su voz y han judicializado su reclamo de una consulta previa.
La ley las ampara: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos “deberán consultar a los pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
“Las obras están avanzando más allá de las debilidades en la evaluación de impacto ambiental y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias”, afirmó Di Paola.
Impacto económico
Para sus impulsores, ambos proyectos representarán una oportunidad de desarrollo de Santa Cruz. La mayoría de la mano de obra es argentina, a excepción del personal directivo y algunos puestos operarios especializados. “No se pueden correr riesgos para ese tipo de trabajos delicados”, asegura Fernández Taboada de la Cámara de Comercio.
Una vez en funcionamiento, lo que las empresas estiman que ocurriría en 2022, el proyecto daría trabajo directo a 3.000 personas e indirecto a todas aquellas que prestaran servicios de alimentación, medicina y recreación. El crédito para su construcción se repagará la generación de energía de las represas.
El proyecto se enmarca en la alianza estratégica que actualmente comparten China y Argentina, un tipo de vínculo diplomático que el país asiático mantiene sólo con algunos países. La relación entre ambos tuvo un destacado crecimiento político y comercial en la última década.
Argentina obtuvo fondos chinos destinados a once proyectos, incluidos ferrocarriles, energía solar, energía nuclear y represas. El país también se benefició de un canje de divisas de 19 mil millones de dólares, que ayudó a reforzar las reservas de moneda extranjera del Banco Central.
El nuevo presidente Alberto Fernández expresó públicamente su deseo de una alianza más cercana con China, cuestionando a Macri por relegar al país asiático. El presidente afirmó su deseo de relanzar proyectos frenados como las represas e incluso de firmar el acuerdo la adhesión del país a La Franja y la Ruta, iniciativa bandera del gobierno chino para reforzar sus lazos políticos y comerciales con el resto del mundo.
Esa cercanía, sin embargo, también genera temores. Di Paola califica el vínculo comercial como “una lucha de fuerzas diferenciales entre un país (China) que necesita salir a invertir, vender insumos, colocar su mano de obra, explotar recursos naturales en otras partes del mundo, y otro (Argentina) que necesita mucho de lo que le puedan dar por lo que responde forzadamente a este tipo de inversiones”.
El futuro energético de Argentina
Apenas el 9.65% de la energía eléctrica en territorio argentino procede de fuentes renovables, incluyendo hidráulica. Esa cifra dista mucho del objetivo que la Ley 27.191 de energía renovable marcó para 2025: llegar al 20%. El resto de la matriz energética se basa en hidrocarburos, principalmente gas natural.
20%
de la energía de Argentina debería ser renovable para 2025, de acuerdo a metas del gobierno
De acuerdo con un informe de FARN, las represas no podrán funcionar al 100% de su capacidad, ya que estarán ubicadas en una zona donde el tendido de alta tensión sólo podrá transportar el 43% de la energía que se producirá. Ello, sumado a los problemas ambientales, hace que las represas no tengan sentido, argumentan.
Un grupo de ex secretarios de Energía afirmaron que los lazos políticos, en lugar de criterios económicos, fueron responsables de la aprobación de las represas. Es por ello que, en vez de avanzar con las mismas, Argentina debería hacerlo con energía solar o eólica, de costos más bajos, argumentan
Los exsecretarios calificaron la decisión de construir las represas como “irresponsable” y la adjudicación de esta como “irregular.” Argentina no podrá afrontar el pago del préstamo para su construcción, la cual no se encuentra incluida en un plan estratégico de Argentina de su desarrollo energético, afirmaron.
“El esfuerzo del Estado debe estar puesto en la generación de energías renovables y limpias, hacia una transición energética, justa e inclusiva,” aseguró Di Paola. “La solución es no hacer las represas: no es un proyecto que sea limpio ni económicamente sustentable.”
Sin embargo, para Fernández Taboada, los beneficios de las represas superarán sus impactos. “El progreso, a veces, afecta a las condiciones ambientales o a los individuos. Los beneficios que va a traer esta obra son mucho mayores de los pequeños perjuicios que pueda haber en el sector ambiental,” sostuvo.
