Con la aprobación en Argentina el jueves pasado, el Acuerdo de Escazú está a un paso de volverse realidad.
Apenas Argentina deposite su ratificación en Naciones Unidas, este tratado regional y sin precedentes en el mundo -que busca mejorar el acceso a información pública, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe- quedará a una sola ratificación de entrar en vigor.
Esto podría ocurrir muy pronto, ya que en el último mes el proceso de ratificación también empezó a moverse en México y Colombia, dos de las principales economías de la región. A esto se suma que Belice y Dominica firmaron la semana pasada. Todo esto le ha dado un nuevo empujón, tras una parálisis de casi seis meses a causa de la pandemia del Covid-19 y de la crisis social y económica que la han acompañado.
Como hicimos en abril, miramos cómo va Escazú en los países que lo firmaron.
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Brasil: sigue sin pasar del gobierno al Congreso
Brasil, que firmó el acuerdo bajo el gobierno anterior de Michel Temer, sigue en el mismo punto de hace seis meses: el gobierno de Jair Bolsonaro continúa analizándolo y no lo ha enviado al Congreso para su ratificación.
Hasta donde saben las organizaciones sociales y ambientales que acompañaron la negociación, aún se encuentra en el proceso de tramitación interna previo a ser enviado al legislativo. Tras su firma, el texto fue enviado para su análisis a tres ministerios: el de Ambiente, el de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y el de Transparencia y Contraloría General de la Unión, sin que se sepa si esas entidades lo aprobaron y qué comentarios enviaron a la Casa Civil responsable de presentarlo al Congreso.
“No hay ningún avance en Brasil en el asunto de Escazú – ni en cualquier otro tema ambiental”, dice Rubens Born, investigador de la Fundação Grupo Esquel Brasil.
Colombia: está en el Congreso, aunque ha surgido oposición
Colombia, que fue el último país en sumarse, radicó el Acuerdo de Escazú en el Congreso en julio pasado. El Gobierno le imprimió mensaje de urgencia, lo que le debería acortar los tiempos legislativos (al reducirle de cuatro a tres debates, ya que el debate de comisiones se vuelve conjunto). Luego deberá ser revisado por la Corte Constitucional, un paso que podría demorar algunos meses.
Sin embargo, en las audiencias públicas en el Congreso han surgido voces críticas del acuerdo. El Consejo Gremial que agrupa a los principales gremios empresariales se opuso, argumentando que sus normas sus redundantes y que podría traer inseguridad jurídica a los inversionistas. “El espíritu del acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen y desde el sector privado y agricultor este acuerdo genera muchas dudas”, dijo Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
El gobierno de Iván Duque –que inicialmente se opuso con el argumento de que no contenía medidas novedosas pero exponía al país a ser responsabilizado internacionalmente- lo respalda, aunque un sector de su partido político está en contra. En todo caso, estos avances marcan un fuerte giro en la postura de Colombia frente a Escazú, ya que Duque reversó su posición inicial tras las protestas masivas a final de 2019 contra el gobierno y de que ese fuese uno de los pedidos insistentes de la sociedad civil en los espacios de diálogo.
“El principal compromiso ambiental del Presidente fue ratificar el Acuerdo de Escazú. Hasta el momento todas las entidades públicas, la academia y la sociedad civil han apoyado enérgicamente el Acuerdo. Pero también es muy importante que el Presidente muestre su liderazgo político para que junto con el poder legislativo y el apoyo de todos los partidos de gobierno, se materialice el mensaje de urgencia y Escazú sea aprobado antes de que termine el periodo legislativo el próximo 16 de diciembre”, dice Lina Muñoz Ávila, profesora de derecho y gestión ambiental de la Universidad del Rosario.
Costa Rica: tuvo un tropiezo en la rama judicial
En el país que fue sede de la negociación y que le prestó su nombre al acuerdo, la ratificación sufrió un retroceso sorpresivo.
Hace una semana, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le asestó un duro golpe, al decidir –por 6 votos contra 1- que el acuerdo podría afectar el funcionamiento de la rama judicial y generarle gastos adicionales. Su fallo significa que el acuerdo no pasó la revisión de constitucionalidad y que, en vez de pasar a segundo y último debate en la Asamblea Legislativa, deberá volver a surtir el primer debate que ya había superado en febrero y deberá aclarar el presupuestal.
“Al haberle dado la espalda Chile y al haberse retrasado significativamente la ratificación de Costa Rica, la ausencia de ambos Estados promotores está causando un daño inconmensurable al Acuerdo de Escazú, [que está siendo] objeto de una campaña de desinformación en América Latina tendiente a hacer creer erróneamente a sectores políticos que afectará la inversión extranjera”, dice Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público de la Universidad de Costa Rica. “No habrá Acuerdo de Escazú por un rato más en Costa Rica”.
Guatemala: continúa frenado en el gobierno
Aunque el gobierno guatemalteco le dio visibilidad al acuerdo desde el momento de la firma, convocando desde agosto de 2018 a talleres de socialización con el ministro de ambiente y altos funcionarios de Cancillería, desde entonces su trámite se ha estancado.
Dos años después, el gobierno sigue sin llevarlo al Congreso. Cuando Jimmy Morales dejó la presidencia a final del 2019, el acuerdo seguía teóricamente en consultas en el Ministerio de Ambiente y otras entidades públicas. El nuevo presidente, Alejandro Giammattei, asumió en enero y no se ha referido al tema. “Hay intereses profundos por la disputa entre medio ambiente, pueblos indígenas y sector privado”, resume un funcionario de la comunidad internacional que pidió omitir su nombre porque no está autorizado a hablar públicamente del tema.
México: ya llegó al Senado para ser discutido
Tras un largo trámite al interior del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente envió el acuerdo a mediados de agosto al Senado. Como el período legislativo apenas comenzó el primero de septiembre, hasta la semana pasada estaban terminando de conformar las presidencias de las tres comisiones que deberán discutirlo pronto.
“Sabemos que hay muy buena percepción sobre la eventual aprobación del Acuerdo en varias de las fracciones y en las tres comisiones que trabajarán Escazú. Apenas tengan las calendarizaciones de temas, tendremos más elementos para estimar tiempos sobre cuándo podría salir, pero los mensajes desde adentro son muy positivos sobre el apoyo con el que cuenta el Acuerdo. El ejecutivo desde Cancillería y el Ministerio de Ambiente están impulsando también”, dice Tomás Severino, director de Cultura Ecológica.
Paraguay: continúa el silencio absoluto del Gobierno
En Paraguay, la polémica que llevó al presidente Mario Abdo Benítez a retirar el proyecto del Congreso en diciembre pasado sigue afectando al acuerdo regional. Nueve meses después, el Gobierno no ha vuelto a presentarlo, aunque en febrero el diario ABC Color había reportado que la Cancillería estaba lista para llevar de nuevo el texto al Congreso en marzo.
La cara más visible de esa oposición, sin embargo, ha cambiado algo. Si la crisis comenzó cuando el arzobispo Edmundo Valenzuela dijo que el acuerdo ambiental permitiría legalizar la llamada ‘ideología de género’ -un concepto vago acuñado por sectores conservadores para englobar políticas progresistas sobre género-, ahora gira más en torno a empresarios del campo y políticos libertarios que temen que afecte la producción.
En medio de ese silencio estatal, sus promotores vienen explicando el valor que podría tener para los empresarios. “Lastimosamente no termina de entenderse que la inversión extranjera directa, tan necesaria para que el país crezca, no vendrá si no tenemos estándares legales en materia ambiental sólidos como los que propone Escazú”, dice Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea).
“Escazú ya no solo es necesario para garantizar el derecho a un ambiente sano, sino para abrir mercados. A largo plazo, quienes se oponen lo terminarán aceptando por la propia dinámica económica global. En el medio, perderemos tiempo y se depredará el ambiente más de lo que sucedería si Escazú fuera ratificado y entrara en breve en vigor también en Paraguay”, añade.
Perú: arrancó debate, pero enfrenta campaña de desinformación
En Perú, otro de los países que lideró la negociación, el acuerdo volvió a caminar después de haber quedado paralizado en medio de la crisis política del año pasado, que llevó a la disolución del Congreso y a la elección de uno nuevo.
Esa discusión, sin embargo, se ha visto obstaculizada en las audiencias públicas por la oposición de algunos sectores que afirman que afectaría la soberanía nacional. “Significa en la práctica que el 53% del territorio peruano, que es la Amazonia, estaría sometida a una legislación radical y distinta a la del resto del Perú”, ha dicho el ex canciller Francisco Tudela, argumentando que muchos conflictos socio-ambientales en torno a ligados a la explotación legal de manera, petróleo y gas podrían terminar en tribunales internacionales.
El gobierno de Martín Vizcarra ha jugado un rol más bien invisible en el debate, a pesar de que mandó hace un año el expediente al Congreso recomendando su aprobación acompañado por informes favorables de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y diez ministerios. Por eso ha causado extrañeza la posición actual de la Cancillería, que ya había dado su visto bueno y convocado muchas reuniones para impulsarlo. El nuevo ministro Mario López pidió públicamente “no ratificarlo todavía [porque] no hay un consenso” y el anterior, Gustavo Meza-Cuadra, mandó una carta al Congreso advirtiendo que el acuerdo podría generar nuevas obligaciones internacionales al país.
En ausencia de ese respaldo decidido de Vizcarra, ha sido la sociedad civil quien se ha movido para responder a las inquietudes de los sectores críticos y combatir la desinformación con cartillas pedagógicas. “Los espacios virtuales dedicados a hablar sobre Escazú aumentaron mucho, desde académicos hasta regionales y organizados desde la sociedad civil”, dice Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
República Dominicana: a la espera del nuevo presidente
En el país caribeño, donde las discusiones se ralentizaron por la pandemia y la seguidilla de elecciones, la ratificación dependerá del nuevo gobierno que asumió a mediados de agosto.
Varias organizaciones ambientales le escribieron una carta al nuevo presidente Luis Abinader la semana pasada, quejándose de la demora de su predecesor en el proceso de ratificación y pidiéndole que lo active. Hasta donde saben, el próximo paso es que la Cancillería lo envíe a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que a su vez lo debe enviar al Tribunal Constitucional –que revisará su constitucionalidad- y luego al Congreso.
“Las organizaciones estamos solicitando permiso a las autoridades porque este jueves vamos a tener una parada en la Puerta del Conde, el lugar emblemático donde se dio el grito de independencia, haciendo un llamado al Senado de la República y al Tribunal Constitucional para que lo ratifiquen”, dice Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma). “Nos hemos reunido con senadores y diputados y han dicho que están en la disposición de aprobarlo”.
Los reacios no cambian de opinión
El sábado pasado, justo después de que Belice y Dominica se sumaran, cerró el período para firmar el acuerdo. Eso significa que nuevos países que no lo han hecho –como Chile, El Salvador, Venezuela u Honduras– podrían hacerlo, pero mediante un mecanismo de adhesión distinto, directamente en Naciones Unidas en Nueva York.
Chile: ratifica que no se suma al acuerdo que lideró
En Chile el gobierno de Sebastián Piñera sigue opuesto a un acuerdo cuya negociación irónicamente lideró (junto con Costa Rica) desde su primer gobierno. A pesar de esa oposición, Piñera había evitado dar explicaciones públicas claras sobre su negativa a firmar hasta la semana pasada, cuando –tres horas después de defender en la ONU su compromiso ambiental- su gobierno dijo en un documento público que Escazú es “inconveniente”. Entre sus argumentos están que los conflictos socio-ambientales puedan terminar en los tribunales y que expone al país a pleitos internacionales.
El Salvador: el presidente confirma que no se suma
El presidente Nayib Bukele se refirió la semana pasada a su negativa a firmar el acuerdo, argumentando que está de acuerdo filosóficamente con su contenido pero no con “algunas cláusulas”. “A mí me gusta mucho el espíritu del acuerdo (…) pero nosotros como El Salvador quisiéramos hacerle modificaciones a dos artículos específicos”, dijo, sin especificar cuáles y recalcando la importancia para él de sectores productivos como el de construcción de vivienda.
Honduras: silencio absoluto del gobierno
El gobierno de Juan Orlando Hernández no ha querido firmar el acuerdo, pese a sostener que continúa las consultas con diversos sectores. En medio de esa falta de claridad sobre el proceso, muchas organizaciones sociales y ambientales vienen insistiendo en la importancia del acuerdo para las comunidades hoy no tienen voz en decisiones que afectan sus territorios. “Hasta que ven llegar la maquinaria y personal de la empresa se dan cuentan que hay una concesión. Escazú permite que las comunidades tengan información del proyecto antes de que eso suceda”, argumentaba Clarissa Vega, directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), en Radio Progreso.
