Freirina es una localidad de tan solo 7 mil habitantes ubicada en el norte de Chile donde comienza – o termina, dependiendo desde dónde se mire -, el imponente desierto de Atacama. En 2012, una catástrofe sanitaria ocasionada por el abandono de 450 mil cerdos provocó uno de los más recordados conflictos ambientales en el país, que derivó en la primera norma de contaminación por olores.
Desde el pasado domingo 25 de octubre, la comuna se anotó otro hito: Con el 91,3% de votos por el “Apruebo”, los habitantes de Freirina estuvieron a la vanguardia del histórico plebiscito en que Chile decidió enterrar, para siempre, la Constitución que el dictador Augusto Pinochet instaló hace ya lejanas cuatro décadas.
78%
de los chilenos votaron el 25 de octubre a favor de reemplazar la Constitución de la época de Pinochet
Si bien el “Apruebo” arrasó con un 78% de las preferencias a nivel nacional, llamó la atención los resultados en las “zonas de sacrificio”, el nombre con que en Chile se le llama a las localidades como Freirina, marcadas por conflictos socioambientales. Nueve de las diez comunas donde la opción por el cambio constitucional superó el 89% tienen conflictos vigentes. Desde las termoeléctricas a carbón en Tocopilla, Huasco y Mejillones, los problemas de agua por actividad minera en María Elena y Diego de Almagro, a la “mega sequía” que enfrenta en Petorca a comunidades locales contra la agroindustria de la palta o aguacate.
El contraste está en el “Rechazo”, que ganó solo en cinco comunas y arrasó en el sector oriente de Santiago, que concentra a los más altos ingresos del país. Según el World Inequality Database, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de mayores ingresos concentra el 60% del total de ingresos del país.
Hace un año, en octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios inició una protesta contra el alza de precios de pasajes del metro, que escaló al llamado “estallido social” bajo consignas como “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El presidente Sebastián Piñera, un empresario de centroderecha que gobierna por segunda vez, decidió suspender la realización de las cumbres de la APEC y COP25 que estaban programadas en Santiago, ante la incapacidad de asegurar el orden social.
El plebiscito constituyente fue la salida institucional que los partidos políticos idearon para sortear la crisis que los golpeó en la cara. En abril del próximo año, 155 “constituyentes” serán electos de forma paritaria (50% hombres y 50% mujeres) y tendrán un año para redactar la nueva carta magna, que deberá ser ratificada en un “plebiscito de salida” por la población en 2022.
“Este proceso abre una puerta inédita que pasa cada 40-50 años. Se trata de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile.
Rabi coincide con otros expertos consultados por Diálogo Chino: el proceso constituyente es una oportunidad histórica en contexto de la crisis climática -y en medio de una pandemia- para repensar las relaciones con la naturaleza.
Una Constitución ecológica en Chile
“Eso podría traer problemas en tiempos de sequía”. La frase la dijo el propio general Augusto Pinochet, cuando el grupo de hombres al que encargó la redacción de la entonces nueva Constitución, le presentó sus propuestas en materia de agua. El diálogo está registrado en el libro “El Negocio del Agua”, de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, donde se da cuenta de cómo se tuvo que convencer al propio dictador de un régimen que garantiza, a nivel constitucional, el derecho privado sobre las aguas, con el fin de incentivar las inversiones en el país.
El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, sostiene que la Constitución chilena es una rareza en el mundo por darle la máxima protección legal al derecho de negociar el agua. Su opción es que la nueva carta magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior.
“La Constitución no resuelve todo y está bien que así sea, con principios generales que después se vayan trabajando en leyes. Por ejemplo, si se reconocen los bienes comunes en la Constitución, entonces la ley de pesca, el código de agua, la ley de bosques tendrán que recoger esa idea y ser reformadas y eso se demora”, afirma.
Para Costa, que viene trabajando en las ideas de la Constitución ecológica de Chile, es importante entender que toda Constitución tiene cruces entre derechos y principios y, lo que hace la de 1980, es resolverlos a favor de los privados.
“En una nueva Constitución, cuando haya una disputa entre libertad económica y protección ambiental, esperamos las dos tengan la misma relevancia en la teoría y después sea una aplicación práctica de cómo una u otra es más importante. Y en eso, para nosotros, la protección ambiental sin duda tiene que primar,” agrega Costa.
El derecho humano al agua, la justicia intergeneracional, los derechos de la naturaleza y de acceso a la información, participación y justicia, junto a un compromiso de adaptarse al cambio climático, son algunos de los “intransables” que tiene el mundo ambientalista en Chile para la constituyente. Costa cree que el nudo del debate estará cuando se aborden los “límites ambientales a la propiedad” y en la distribución de poder en los territorios, un punto clave para que los nuevos derechos consagrados no sean “letra muerta”.
Manuela Royo, abogada, doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), cree que se deben “generar los mecanismos para la protección de derechos. Que, por ejemplo, se configure la existencia de organismos especializados como una Defensoría Ambiental que le permita a las personas y comunidades ejercer esos derechos”.
Para nosotros, la protección ambiental sin duda tiene que primar
Royo compara los próximos pasos que tendrá que dar Chile con lo ocurrido con las reformas constitucionales en Ecuador y Bolivia. “Se enfocaron en lo declarativo de los derechos de la naturaleza, no en lo orgánico, de cómo se estructura la participación de comunidades en la toma de decisiones y en la repartición del poder.” Por ello sostiene que se deben incluir a nivel constitucional principios precautorios de prevención que permitan proteger la naturaleza ante proyectos de inversión.
Se buscan constituyentes
En 2013, Michelle Bachelet, hoy en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue electa presidenta de Chile prometiendo una nueva Constitución. Se desarrollaron más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y más de 90 mil consultas individuales. Según las actas del proceso, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantes para una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley.
En noviembre de 2019, en pleno estallido social, la Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta de percepciones y actitudes de los chilenos hacia el cambio climático. La medición arrojó resultados como un 71,8% a favor de prohibir la operación de industrias contaminantes para enfrentar la crisis ambiental y amplias mayorías con la percepción de que ni el gobierno (73,4%), ni las empresas (74%) ni el Congreso (81%) están realizando acciones para resolver la crisis climática.
Para Ricardo Greene, sociólogo y urbanista, a cargo del estudio, la posición de la ciudadanía frente a la explotación de recursos naturales y el extractivismo es clara. Si esto se traslada a la asamblea constituyente “va a depender netamente de quien la conforme. Si es una Convención representativa de la nación, estos temas van a estar incorporados en la Constitución”.
El Congreso chileno, que seguirá funcionando en paralelo a la constituyente durante todo el período de redacción, está tramitando dos leyes que pueden ser claves para la composición de la Convención. Una tiene que ver con las exigencias para que compitan candidatos independientes y si pueden formar pactos electorales entre ellos, para aumentar sus posibilidades de ser electos. La otra es sobre escaños reservados para pueblos indígenas y si estos estarán dentro de los 155 constituyentes o se les entregarán cupos extras. Ambas leyes, si se aprueban, podrían darle mayor pluralidad a la Convención.
155
miembros formarán la asamblea constituyente
Manuela Royo, por ejemplo, será candidata independiente por Modatima a la Convención Constitucional. Si bien cuenta con el cupo de la coalición de izquierda Frente Amplio, están a la espera de que los partidos de oposición decidan si irán juntos, y en cuantas listas, a la elección.
Las votaciones en la constituyente serán por 2/3. Es decir, todo principio o derecho que garantice la nueva Constitución de Chile debe ser con el acuerdo de 104 de los 155 integrantes. Esto fue una medida que el gobierno nacional y los partidos de derecha defendieron en extensas negociaciones políticas, que dieron origen al proceso en curso.
Para Violeta Rabi, todas las posibles piedras de tope en la discusión constituyente dependen de los resultados de la votación de abril de los constituyentes.
“Si la composición de la Convención va a reproducir los poderes que hoy están en el Congreso o si se podrá generar una unidad programática y de candidatos. Hay poderes fácticos que hoy se benefician del ordenamiento jurídico que tenemos y van a intentar mantener esos privilegios, y la regla de los 2/3 implica buscar consensos amplios”, sostiene.
