El 2020 iba a ser un año histórico para la acción medioambiental, antes de que la pandemia del Covid-19 golpeara y causara un trastorno mundial. 2021, por lo tanto, iba a ser el año en el que por fin llegarían las conferencias retrasadas y los tan necesarios avances en materia de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Por supuesto, no ha sido tan sencillo.
Las emisiones y la degradación del medio ambiente repuntaron después de las cuarentenas y siguen existiendo retos para acordar soluciones, a todos los niveles, desde el intergubernamental hasta el popular. No obstante, ha habido avances positivos. A medida que el año llega a su fin, echamos una mirada y recopilamos las principales historias medioambientales de América Latina y el Caribe que Diálogo Chino cubrió en 2021.
La recuperación post Covid frena el progreso verde
Después de los dramáticos cambios y contratiempos de 2020, muchos creían que 2021 iba a ser una especie de tierra prometida. Sin embargo, la recuperación se ha visto obstaculizada en todo el mundo, ya que las nefastas consecuencias financieras de la pandemia han cambiado las prioridades de los gobiernos y han afectado al progreso hacia las economías netas en carbono.
Un informe conjunto de la Universidad de Oxford y la ONU, publicado en mayo, reveló que América Latina había gastado muy poco en medidas de recuperación verde, ya que sólo el 2,2% de los fondos de estímulo de la región se dedicaron a proyectos ambientalmente sostenibles, una cifra significativamente inferior a la media mundial del 19%.
Es evidente que los países en desarrollo de América Latina se enfrentan a difíciles equilibrios en medio de la crisis financiera y de la deuda, pero los expertos subrayaron la lógica a largo plazo de la inversión en sostenibilidad, incluida la protección de la biodiversidad, que podría ser clave en la recuperación de la región después de la crisis.
Un área que sí se recuperó en 2021 fue, por desgracia, la de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Informe de Climate Transparency, publicado en octubre, descubrió que las emisiones aumentaron en todo el G20 tras la interrupción de la pandemia en 2020, incluso en sus países miembros latinoamericanos, Argentina, Brasil y México.
Tras una caída del 6% en 2020, el repunte previsto del 4% en las emisiones de CO2 no era inesperado y era, hasta cierto punto, necesario después de que muchas economías se paralizaran el año pasado, pero el informe también destacó las numerosas oportunidades perdidas en la recuperación ecológica. En vísperas de la conferencia sobre el clima COP26, que se celebró en noviembre, también hubo un amplio pedido de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles, ya que, según se informa, los países del G20 se han comprometido a destinar casi 300.000 millones de dólares a la industria desde enero de 2020 hasta agosto de 2021.
Sin embargo, en 2021 también se produjeron algunos movimientos positivos en materia de financiación climática. Uruguay tiene previsto lanzar un bono verde soberano vinculado a sus objetivos climáticos, para financiar iniciativas sostenibles e impulsar la acción climática. Y después de que en 2020 se emitieran más de 16.000 millones de dólares en bonos verdes, sostenibles y sociales en toda América Latina y el Caribe, este año se han emitido otros 12.500 millones de dólares, hasta junio.
Las transiciones energéticas se tambalean en América Latina
La recuperación financiera de la pandemia es sólo uno de los obstáculos a los que se enfrentan las transiciones energéticas latinoamericanas: la magnitud de la tarea también es desalentadora. La energía eólica y la solar sólo representan el 6,5% de la capacidad energética instalada en la región, mientras que los combustibles fósiles representan alrededor del 75% de la energía primaria, lo que supone un reto importante para la descarbonización.
En junio, informamos sobre los principales emisores latinoamericanos que siguen apostando a los combustibles fósiles, entre ellos Brasil, Argentina y México, a pesar de los cambios globales y los llamamientos a su eliminación. Ese mismo mes, sin embargo, Chile aprobó un proyecto de ley que podría hacer que el país cerrara todas sus centrales eléctricas de carbón para 2025, adelantándose al objetivo anterior de 2040, aunque fue recibido con dudas sobre su viabilidad y el posible cambio de un combustible fósil por otro: el diésel.
La energía ocupará un lugar destacado en la agenda de su nuevo presidente, Gabriel Boric, de 35 años, cuando asuma el cargo el año que viene: la megasequía que sufre el país desde hace 12 años continuó a lo largo de 2021, y el cambio climático amenaza aún más las precipitaciones en un país que obtiene casi el 30% de su energía de la hidroelectricidad, recursos que se agotaron en 2021, provocando escasez energética.
Un anuncio potencialmente significativo para la transición energética de los países en desarrollo se produjo en septiembre, cuando el presidente chino Xi Jinping dijo ante la Asamblea General de la ONU que China dejará de construir y financiar nuevos proyectos de energía de carbón en el extranjero. La participación de China en la energía del carbón en América Latina es limitada, pero el anuncio simultáneo de su intención de aumentar el apoyo al desarrollo verde y de bajas emisiones de carbono podría dar un impulso adicional al cambio de la región hacia las energías renovables.
En octubre, publicamos un mapa interactivo único en su género que muestra todos los proyectos de energías renovables no hidroeléctricas de América Latina, detallando la capacidad instalada y la prevista. El mapa sirve de referencia para la transición de la región y subraya las áreas en las que se puede avanzar.
En una de las historias energéticas más inesperadas de 2021, las medidas del gobierno chino contra el bitcoin hicieron que las operaciones de “minería” de la criptodivisa, que consumen mucha energía, se alejaran de China y se dirigieran a EE.UU., Canadá y Kazajstán, así como a América Latina, con un suministro de electricidad barato en Venezuela y Paraguay que atrajo instalaciones.
Sin embargo, fue El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, el que atrajo los titulares más llamativos de las criptomonedas este año. En septiembre, el país se convirtió en el primero del mundo en reconocer el bitcoin como moneda de curso legal, lanzando a sus ciudadanos a un experimento que dejó a muchos confusos, mientras el presidente se deshacía en afirmaciones sobre la alimentación de sus procesos de minería utilizando los volcanes del país.
Desafíos del IPCC y compromisos de la COP de América Latina
En agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su condenatorio Sexto Informe de Evaluación sobre el cambio climático, conocido como AR6, en el que se identificaron retos y vulnerabilidades particulares para América Latina. El IPCC pronosticó que la región seguirá calentándose a un ritmo más rápido que la media mundial, y descubrió que, en las últimas tres décadas, el nivel del mar ha subido en el Atlántico Sur a un ritmo superior a la media mundial. Se espera que esta tendencia continúe, aumentando la amenaza de inundaciones en las zonas bajas.
Se esperaba que la publicación del informe sirviera de llamada de atención antes de una seguidilla de conferencias, la más notable de las cuales fue la COP26, la retrasada conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se tuvo lugar en Glasgow el pasado noviembre.
Los líderes de los países latinoamericanas anunciaron nuevos compromisos climáticos en la COP26, incluyendo estrategias de descarbonización a largo plazo, y firmaron varios acuerdos internacionales, incluyendo la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre el Uso de los Bosques y la Tierra, comprometiéndose a acabar con la deforestación para 2030. Por otra parte, Ecuador, Panamá, Colombia y Costa Rica anunciaron nuevas áreas marinas protegidas (AMP) y un plan para conectar sus reservas marinas y formar una zona que protegerá una de las áreas de biodiversidad oceánica más ricas del mundo.
Pero los resultados de la COP26 dejaron frustrados a muchos activistas, negociadores y países en desarrollo, y América Latina aún tiene una larga lista de tareas pendientes después de la conferencia. Al igual que otras regiones en vías de desarrollo, sus países siguen insatisfechos con la lentitud de los avances en cuestiones clave, y siguen reclamando una mayor financiación de las naciones desarrolladas para la mitigación del cambio climático, la adaptación, y las pérdidas y daños. Sin embargo, al igual que todos los países, deben desarrollar estrategias más sólidas a largo plazo y mostrar un mayor compromiso antes de la COP27 que se celebrará en Egipto el año que viene.
Por otra parte, la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad, COP15, que también se ha retrasado, se celebró finalmente en octubre, aunque de forma virtual, con la primera de sus dos reuniones celebrada en Kunming (China). Sin embargo, parecía en gran medida preparatoria. La cumbre aportó una declaración compartida y un fondo para la conservación de la biodiversidad de 230 millones de dólares prometido por el Presidente Xi al mundo en desarrollo. Es posible que se ponga en marcha la financiación para la conservación de la biodiversidad que los países de América Latina y de otros lugares necesitan desesperadamente, pero queda mucho trabajo por hacer para aumentar el compromiso antes de la segunda reunión de la conferencia, que se celebrará de manera presencial (con suerte) en 2022.
Escazú entró en vigor en un año difícil para los defensores ambientales
En uno de los avances medioambientales más positivos de 2021, el histórico Acuerdo de Escazú entró en vigor este mes de abril, tras ser ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe. Su marco podría ayudar a proteger a los defensores del medio ambiente en la región de ataques que amenazan sus vidas, garantizar el acceso a la información ambiental, y asegurar la participación pública en las decisiones ambientales.
Las protecciones de Escazú -y su aplicación efectiva- son más necesarias que nunca. En mayo, informamos sobre el proceso y las perspectivas del acuerdo en México, donde ya habían sido asesinados 6 defensores de la tierra y el medio ambiente en el primer semestre del año. Y América Latina en general sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, como reveló el informe anual de Global Witness, publicado en septiembre. En él se constata que casi tres cuartas partes de los 227 asesinatos de activistas de primera línea registrados en todo el mundo en 2020 tuvieron lugar en la región, mientras que siete de los diez países con más ataques se encontraban también en América Latina.
A pesar de las aleccionadoras estadísticas, muchos países de la región que han firmado el acuerdo desde 2018 se han estancado en su ratificación. El recién elegido presidente peruano Pedro Castillo no ha dado señales de que su país esté cerca de hacerlo desde que asumió el cargo en julio. Tampoco lo ha hecho el brasileño Jair Bolsonaro. Las esperanzas de que su país lo ratifique pueden estar luego de las elecciones del próximo octubre, que probablemente serán una de las historias clave en América Latina en 2022, sobre todo por su posible efecto en la dirección que tome Brasil en materia de medio ambiente.
Aumento en el número de litigios climáticos
Lejos de la primera línea, la defensa del medio ambiente tuvo un mejor año en los tribunales, con un notable aumento de los litigios sobre el clima en todo el mundo, incluso en América Latina y el Caribe. En Guyana, donde los descubrimientos de petróleo en alta mar han atraído a inversores estadounidenses y chinos, dos residentes han presentado una demanda contra las operaciones de ExxonMobil -el primer recurso de inconstitucionalidad de la empresa en el Caribe- por infringir el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente seguro y saludable.
Mientras tanto, en Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos llevó a los tribunales a una rama local de una de las mayores empresas petroleras de China por los impactos de la quema de gas, en el primer caso importante de litigio sobre el cambio climático en el país. Perdieron, pero están apelando la decisión. Sin embargo, a finales de año, los tribunales ecuatorianos fallaron contra su empresa minera nacional por violar los derechos de la naturaleza. Se trata de una decisión histórica, que sienta un precedente prometedor para la protección de la biodiversidad en el país, y potencialmente más allá, a medida que la región se acerca a 2022.
