La primera conferencia de las Partes (COP1) sobre el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, se celebró en Santiago de Chile entre el 20 y 22 de abril en un evento híbrido. Allí, representantes de gobiernos y sociedad civil dieron los primeros pasos para la implementación del acuerdo un año después de su entrada en vigor.
El Acuerdo de Escazú pretende garantizar la aplicación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental y de participación del público en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, con el fin de asegurar la justicia ambiental y contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Ratificado ya por 12 países, el acuerdo se considera un instrumento histórico y vital en una región en la que las amenazas en estos ámbitos son demasiado frecuentes. América Latina sigue siendo la región con el mayor número de defensores del medio ambiente asesinados cada año.
La reciente conferencia de tres días confirmó la participación de seis representantes del público en los trabajos para dirigir la aplicación del acuerdo, y la creación de un comité de cumplimiento para exigir responsabilidades a los Estados. Sin embargo, el camino no fue del todo fácil, con varios momentos de tensión en el transcurso de la cumbre.
Rompiendo con lo discutido por los estados firmantes en los meses previos a la COP, los representantes de Bolivia presentaron propuestas para modificar un párrafo del tratado relativo a la participación pública en el comité de dirección del acuerdo, un debate rápidamente resuelto, ya que la propuesta fue rechazada por unanimidad por los más de 700 delegados.
Una de las primeras decisiones acordadas en la COP fue la elección de un presidente. El cargo fue otorgado al director del departamento jurídico del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay, Marcelo Cousillas. En una entrevista con Diálogo Chino, Cousillas reflexionó sobre los resultados de la reunión de la COP1, y miró hacia los próximos pasos para el Acuerdo de Escazú.
Diálogo Chino: La COP tenía como principal objetivo aprobar las reglas para el funcionamiento del acuerdo. ¿Cómo evalúas su desarrollo?
Marcelo Cousillas: La evaluación es totalmente exitosa. Los objetivos que estaban fijados para esta primera COP se cumplieron, los proyectos de decisión que estaban previstos pudieron adoptarse. Es más, pudieron agregarse algunos proyectos y una declaración política, que no estaban previstos en el acuerdo, pero que los países fueron proponiendo con cierta anticipación, y en consecuencia pudieron ser considerados y aprobados en todos los casos por aclamación, por consenso y por unanimidad de los Estados,
¿Qué te pareció el debate que se generó a partir de las intervenciones de Bolivia sobre la efectiva participación del público?
En el transcurso de las negociaciones se plantearon posiciones diferentes (como la de Bolivia) que generaron debate, pero yo creo que no hay que asustarse, no hay que rehuirle a este tipo de situaciones, porque esto es la COP. Es el ámbito en el cual todos los estados miembros tienen los mismos derechos de voz y de voto. Eso fue lo que sucedió.
Para que estas reuniones sean efectivas requieren un proceso previo de preparación, de lo contrario, los tiempos nunca van a ser suficientes. A veces lo que sucede es que no todas las delegaciones pueden llegar con el mismo grado de preparación y entonces se pueden producir desarmonías. En algún punto pasamos por esa circunstancia, lo que nos preocupó, porque parecía que retrasaba nuestros trabajos. Pero a diferencia de lo que ha pasado en otros foros y a diferencia de lo que a veces dicen de nuestra región, pudimos ser bastante puntuales y finalizar a tiempo.
Luego del debate que se generó con la posición de Bolivia, ¿qué va a pasar en concreto con la participación del público en el acuerdo?
En todo el proceso de negociación del acuerdo de Escazú, cuando todavía no era acuerdo, los representantes del público asistieron a las reuniones de negociación y a las reuniones de la mesa . Y de acuerdo con las reglas aprobadas, los representantes electos del público tienen derecho a participar de la COP y tienen el derecho de participar con voz en la mesa directiva.
Por otro lado, también es una innovación del proceso de Escazú, porque es el único acuerdo internacional de medioambiente que se ha negociado con la efectiva y directa participación de los representantes electos del público.
¿Cómo el acuerdo de Escazú y sus organismos subsidiarios como el Comité de Cumplimiento ayudarán a los y las defensoras ambientales?
Lo que hemos hecho en esta conferencia es haber aprobado las reglas de composición y de funcionamiento del Comité de Cumplimiento, que va a estar integrado por siete expertos independientes de los tres poderes del Estado y serán electos por la COP.
Tendrán como función colaborar con los estados para la mejor aplicación del acuerdo, lo que tiene un efecto en la defensa de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Estos siete expertos van a ser electos en la próxima COP que se celebrará el año próximo en Argentina.
¿Cuándo comenzaría a funcionar este Comité y cómo se proyecta su funcionamiento?
Para que este Comité pueda empezar a funcionar se necesitaban las reglas que acabamos de aprobar en esta conferencia, y se va a necesitar que esté integrado. Eso va a suceder en la COP de Argentina, que se va a celebrar en abril de 2023.
El ambiente no se defiende solamente en un territorio, se defiende en toda la región, se defiende de manera planetaria
Es decir, a partir de ahora va a comenzar un proceso de llamado público, de identificación, de relevamiento y de evaluación de los potenciales candidatos que se podrían proponer, de manera que la COP pueda tomar una decisión informada sobre esos candidatos. Entonces es fácil estimar que en el primer semestre del año 2023 el comité va a quedar integrado, y consecuentemente va a poder iniciar sus actividades.
¿Cómo se traspasa las normas que promueve el acuerdo de Escazú a la realidad de las personas?
Cualquier Estado Parte tiene que asegurar que su legislación y sus prácticas nacionales cumplan con las disposiciones del acuerdo en materia de acceso a la información, en materia de información activa, información que se debe brindar activamente a la ciudadanía, de participación en la toma de decisiones ambientales, de acceso a la justicia y de protección de los defensores. Es decir, los distintos artículos que el Acuerdo tiene. Ese es básicamente el rol del país parte.
Finalmente, ¿por qué es importante que los otros países de la región que no han firmado o que no han ratificado el Acuerdo de Escazú lo hagan?
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe, y en su anexo identifica los 33 estados que tienen la capacidad de pasar a formar parte del Acuerdo de Escazú. Doce Estados ya lo han hecho y otros doce lo han firmado. Los países en la región una y otra vez hemos manifestado la necesidad de proteger el ambiente. Hay temas en los que podemos tener diferencias pero yo diría que hay un tema que nos une.
El ambiente no se defiende solamente en un territorio, se defiende en toda la región, se defiende de manera planetaria. En consecuencia, es muy conveniente para un país que la región esté unida en la defensa del ambiente. Como país, me va a interesar que de la misma manera que yo brindo seguridades a mis ciudadanos también lo hagan los demás países. Así, todos tendrán los mismos derechos y mismas obligaciones.
Eso no significa que vamos a aplicar estos derechos bajo iguales reglas. No se aplican igual las reglas ambientales en la zona húmeda del Amazonas que en la zona seca chilena, no se aplica igual en la planicie uruguaya que en la zona andina. Entonces, hay que buscar soluciones diferentes para garantizar los mismos derechos en todas las regiones. Eso es lo que busca Escazú.
