Las vallas publicitarias diseminadas a los lados de las carreteras que atraviesan las mayores explotaciones de soja del país llevaban un mensaje claro: “Mato Grosso fuera de la Amazonia Legal – queremos crecer y producir”, reclamaban los anuncios, instalados en 2020.
En su momento, el manifiesto de los productores rurales para que Mato Grosso dejara de ser designado parte de la Amazonia Legal -la región administrativa que comprende nueve estados brasileños en la selva y la cuenca del Amazonas- causó indignación en las redes sociales. Pero, con el tiempo, el pedido de una “salida” de Mato Grosso dejó de ser noticia. Pero ahora, al acercarse las elecciones presidenciales, la demanda ha vuelto al centro de atención, esta vez llegando a la capital nacional, Brasilia.
Con el apoyo de las bancadas ruralistas del Congreso brasileño, el diputado federal Juárez Costa, que se presenta a la reelección, presentó el 22 de febrero el proyecto de ley 337/2022. Si se aprueba, la ley excluirá a Mato Grosso de la lista de estados que componen la Amazonia Legal.
La Amazonía Legal fue establecida por ley federal en 1953 para incentivar la planificación económica y se complementa con otras normas de protección del bioma.
En 1965, el Código Forestal determinó que los propietarios rurales protegieran el 50% de la vegetación amazónica dentro de sus fincas, la llamada “reserva legal”. En 2012, una revisión del código elevó esta protección al 80%.
Con la exclusión de Mato Grosso de la Amazonia Legal, los campesinos del estado -que es el mayor productor agrícola del país- tendrían que proteger sólo el 20% de la selva tropical de sus propiedades, como ya ocurre en otras regiones brasileñas.
— André Trigueiro (@andretrig) September 21, 2020
“Hoy tienes 1.000 hectáreas y sólo puedes plantar en 200 [en la Amazonia]. Estás obligado a cuidar 800, ¿para quién? ¿Qué clase de preservación es ésta?”, dijo Costa en una entrevista en marzo.
Si en las últimas décadas Brasil consiguió una de las legislaciones ambientales más avanzadas del mundo, lo que contribuyó a frenar la deforestación de la Amazonia, en los últimos años el camino ha sido todo lo contrario: el de la desregulación y la aceleración de la pérdida de bosques.
Según un estudio publicado en Nature, la relajación de la protección ambiental desde 2019 ya ha revertido los avances de años anteriores en el control de los incendios en la Amazonía y “ha provocado algunos de los impactos potenciales más graves sobre la biodiversidad desde 2009”.
Gran parte de estos cambios vinieron de la propia cumbre del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que asumió la presidencia en 2019 y busca la reelección este octubre. Si tiene éxito, es probable que esta tendencia continúe, advierten los ambientalistas. Pero varios grupos han estado presionando por un cambio sostenible.
En este tira y afloja con el telón de fondo de las elecciones, está en juego el futuro de la Amazonia.
Relajación de la protección ambiental
En 2019, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente, propuso un proyecto de ley para eliminar completamente la reserva legal, es decir, para permitir la deforestación de toda una propiedad rural, incluso a lo largo de las orillas de los cursos de agua. Pero con los impactos negativos en las tierras y la protesta internacional en torno a los incendios forestales de la Amazonia en 2019, el proyecto de ley fue archivado poco después de ser propuesto.
Otros proyectos de ley apoyados por el gobierno siguen siendo objeto de acalorados debates. Una propuesta que autoriza la explotación minera en tierras indígenas se discute con carácter de urgencia en el congreso nacional. “La Amazonia es una zona muy rica. En [el estado norteño de] Roraima, hay una tabla periódica bajo el suelo”, dijo Jair Bolsonaro en marzo de este año.
En octubre de 2021, el presidente visitó una explotación minera ilegal en el territorio indígena de Raposa Serra do Sol, en Roraima. En febrero de este año, lanzó un programa de apoyo a la minería, el Pró-Mape, para estimular la pequeña minería, principalmente en la Amazonia.
Este mes, representantes de la bancada rural de legisladores pro-desarrollo y pro-empresa se reunieron con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir el avance de temas importantes para el sector, que cuentan con el apoyo del presidente. Entre ellos está el marco de regularización de títulos de propiedad, que, según los especialistas, legalizaría la ocupación indebida de tierras públicas. Pacheco advirtió a la bancada que una legislación de este tipo no se apresuraría.
Pero aunque la aprobación de leyes como éstas ha encontrado resistencia, las iniciativas hacia una mayor flexibilidad fluyen con más facilidad desde el ejecutivo. Una serie de decretos y actos normativos emitidos por el presidente han eliminado o debilitado las políticas ambientales. Bolsonaro ha extinguido cientos de órganos de participación pública, ha limitado la aplicación de multas ambientales y ha reducido la transparencia de la información sobre las cadenas de suministro, por ejemplo.
Taciana Stec, analista de políticas públicas de Política Por Inteiro, una ONG que monitorea el desarrollo de propuestas legislativas, explica que los discursos de desregulación y ataques al medioambiente se originan en los estados, y llegan lentamente al congreso nacional a través de actos legislativos y ejecutivos.
La ONG también ha observado que muchos proyectos que surgen silenciosamente en municipios y estados vuelven al centro de atención en años electorales. “Este fue uno de los propósitos para nosotros al comenzar a monitorear la política ambiental de los estados, pero encontramos desafíos en la transparencia, especialmente en Mato Grosso”, dijo Stec.
Un informe publicado el miércoles por el Instituto Centro de Vida, una ONG dedicada a la sostenibilidad, muestra exactamente cómo los organismos estatales han estado dificultando el acceso a la información sobre la normativa medioambiental. La falta de transparencia, según el documento, “perjudica la aplicación del Código Forestal, dificultando su seguimiento”.
El presidente también bloqueó la liberación de fondos para la protección de los biomas, siendo el principal el Fondo Amazónico. Financiado con recursos de Noruega, Alemania y Brasil, fue creado para fomentar actividades sostenibles en la Amazonia y controlar la deforestación y los incendios.
“Hay 3.300 millones de reales [684 millones de dólares] ociosos en el Fondo Amazónico desde 2019. Esto es inaceptable”, dijo Suely Araújo, experta en políticas públicas de la red de la sociedad civil Observatório do Clima, y presidenta del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) entre 2016 y 2018. Añadió que cuando ella presidía el IBAMA, el fondo era “fundamental para las medidas de control”.
Araújo es una de las autoras de Brasil 2045, un plan que contiene 62 medidas propuestas por los ecologistas para “deshacer los retrocesos” del actual gobierno en materia ambiental. El documento, lanzado la semana pasada por el Observatório do Clima, sostiene que derrotar a Bolsonaro en las próximas elecciones “es la única manera de revertir el deterioro de la política ambiental, especialmente en lo que respecta a la preservación de la Amazonía”.
Propuestas electorales contra la Amazonia
A pesar de una campaña regional poco efectiva en 2020, la propuesta de sacar a Mato Grosso de la Amazonia Legal ha encontrado ahora partidarios de peso en Brasilia. Neri Geller, ex ministro de Agricultura en 2014 y diputado federal por Mato Grosso, es ponente del proyecto.
“En este mapeo [de la Amazonia Legal] Mato Grosso fue muy perjudicado”, dijo el político estatal y productor rural, que busca un escaño en el Senado en las elecciones de octubre. “Hay un desequilibrio que debemos corregir”.
Sin embargo, según el Observatorio del Código Forestal (OCF), una organización que trabaja en la lucha contra la deforestación, la exclusión de Mato Grosso de la zona de protección abriría al menos 10 millones de hectáreas de la Amazonia a una posible deforestación. La ley también pasaría por alto la anterior deforestación ilegal en la región, reduciendo el área destinada a la restauración en 3,3 millones de hectáreas.
Mientras tanto, la deforestación sigue avanzando rápidamente en el bioma. Los datos del gobierno federal indican que en abril, la deforestación en la selva tropical aumentó un 74,5% en comparación con el mismo mes de 2021. La superficie total de 1.012,5 km2 deforestada fue la mayor registrada durante el mes de abril desde que el sistema comenzó a funcionar en 2015.
Las evaluaciones de los investigadores estiman que el aumento de la deforestación podría provocar sequías regionales y causar pérdidas agrícolas de unos 2.700 millones de dólares al año. “El aumento de la deforestación no implicaría una mayor producción agrícola y ganancia económica – por el contrario, generaría… pérdidas a gran escala”, se lee en una nota técnica de la OCF publicada en marzo.
Las propuestas de flexibilización ambiental y los discursos contra la Amazonia abren el camino a un sentimiento de permisividad hacia la devastación, según Alice Thuault, directora ejecutiva del Instituto Centro de Vida, una ONG que analiza políticas públicas sobre el medioambiente.
“Las leyes propuestas se basan en un discurso simplificador y están llenas de mitos, como el de que Brasil necesita producir para alimentar al planeta”, dijo Thuault.
La gobernanza ambiental en Brasil necesita ser reconstruida, porque ha sufrido en los últimos años un proceso muy claro de deconstrucción, amaño y mala gestión
Por su parte, para Herman Oliveira, secretario ejecutivo del Foro de Medio Ambiente y Desarrollo de Mato Grosso, las propuestas de abrir áreas protegidas para impulsar los sectores agrícolas en la Amazonia son “ideas electoralistas”.
El ex presidente y actual líder de las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, probablemente entrará en un debate polarizado con Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre. A pesar del antagonismo entre ambos, Oliveira ve que el debate sobre la Amazonia aún no está muy presente en el discurso del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Entre sus propuestas está la creación de un “Ministerio Indígena“.
“Es obvio que si se pone al gobierno de Bolsonaro frente a cualquier otro en materia ambiental, este fue el gobierno más desastroso que existió”, dijo Oliveira. “Pero mirando a Lula, no hay ninguna propuesta ambiental. Tiene propuestas sociales y económicas, pero no ambientales”.
Thuault afirma que la situación se ha vuelto tan grave que es vital garantizar al menos el mantenimiento del sentido de la democracia en el país. En este escenario de tierras devastadas, cualquier señal de que la democracia se mantendrá sería un alivio: “Es muy evidente para todos que la gobernanza ambiental en Brasil necesita ser reconstruida, porque ha sufrido en los últimos años un proceso muy claro de deconstrucción, amaño y mala gestión”.
