“La ciencia ha hablado: la crisis climática es el principal problema de la humanidad, puede acabar —y tiene ese potencial— la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática”. Estas palabras, con tono de sentencia apocalíptica, fueron pronunciadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la COP27 que se realiza en Egipto.
Petro le presentó así al mundo una especie de decálogo para enfrentar la crisis climática, producida en buena medida, según él, porque hemos perdido una enorme e inestimable cantidad de tiempo en “la guerra y la geopolítica del dominio de la humanidad”.
Para esta presentación, Petro viajó a la conferencia en Sharm el-Sheik con Susana Muhamad, una destacada ecologista que ha sido ministra de Ambiente del país desde que Petro asumió el cargo a principios de este año.
Politóloga de formación, Muhamad, de 45 años, se dio a conocer por su férrea defensa de una reserva natural que un exalcalde de Bogotá quería urbanizar. Años después, fue una de las fundadoras de la Alianza Colombia Libre de Fracking, y llegó a ser secretaria de Ambiente de Bogotá.
Diálogo Chino: Entre sus prioridades como Ministra de Ambiente, ¿la primera es la de la lucha contra la deforestación?
Susana Muhamad: Es correcto, y eso tiene otra cara de la moneda que es la generación de alternativas económicas para las comunidades que están en esos ecosistemas estratégicos. Alternativas que realmente cumplan con la vocación del suelo, que es forestal, que es de la biodiversidad. Esto es importantísimo porque la inclusión social y económica de esa población nos ayuda con tres objetivos: frenar la deforestación —que es, en resumen, quitarle una base de trabajo a las economías ilícitas—, consolidar el Estado social y de derecho, y avanzar en la consolidación de la paz. En este momento, la deforestación está muy asociada a economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, y al acaparamiento masivo de tierras.
DC: Los anteriores ministros prometieron grandes acciones para frenar la deforestación y nada ha cambiado. ¿Cómo creer que esta vez sí se enfrentará esta problemática?
SM: Hay que entender que ahora sí planteamos esto como una política integral de Estado, no como un problema que le compete solamente al sector ambiental. Las consecuencias son ambientales, claro, pero acá se necesita una política económica y social muy seria en esos territorios y eso va mucho más allá del Ministerio de Ambiente.
Debemos generar una nueva economía de la biodiversidad, que cada núcleo de deforestación se convierta en un núcleo de economía forestal y de restauración ecológica, eso implica que a los campesinos tenemos que ofrecerles crédito, una estabilidad jurídica frente a la propiedad de la tierra… y ese es un trabajo conjunto, de todo el Estado. El otro factor diferenciador es la política de Paz Total del gobierno del presidente Petro. Y también está la herramienta de la investigación criminal. Le hemos dicho claramente a la Fiscalía General de la Nación que lo que nos interesa son las investigaciones a los flujos financieros y a los determinadores de la deforestación con poder político, no a los campesinos en terreno que están haciendo la operación, que cortan el árbol. Es que en este tema estamos igual que con los cultivos de hoja de coca, criminalizando al último eslabón de la cadena, al más débil, pero eso no frena el problema. Necesitamos una intervención integral y que los campesinos y las comunidades recuperen la confianza en el Estado.
El presidente Petro hizo una propuesta para canjear deuda externa a cambio de conservar la Amazonía. ¿Eso sigue en pie?
Sí, sigue en pie, y lo estamos estructurando. Pero a eso se suman unos mecanismos internacionales, como el fondo que el presidente anunció en la Asamblea de Naciones Unidas. El canje por naturaleza es importante porque nos ayuda en nuestra difícil situación fiscal para que nosotros asumamos un compromiso sobre la política pública.
Y vamos a establecer sinergias de toda la cooperación internacional. Al llegar al Ministerio me di cuenta de que tenemos mucho dinero que viene de afuera y está disperso, fragmentado, no está aunado a un resultado de política pública. Por eso, una de las primeras cosas que hice fue sentarme con todos los donantes internacionales para explicarles cuál será nuestra política y dónde necesitamos que ayuden al Gobierno, porque no podemos seguir con que cada uno haga proyectos aislados sin que haya claridad de los resultados ambientales y sin que eso esté conectado con una política pública. 
Colombia es el segundo país del mundo en el que se asesina a más líderes ambientales, después de México. ¿Qué estrategias encontró al llegar al Ministerio para protegerlos?
Se lo voy a decir de forma muy directa: no había ninguna estrategia. Básicamente para el Ministerio de Ambiente este era un problema de la Unidad Nacional de Protección para que les dieran escoltas y del Ministerio del Interior. Es más, recuerdo que en el empalme con el anterior gobierno incluso hubo funcionarios que me preguntaron qué era un líder ambiental, porque metían a los líderes ambientales dentro de una categoría muy amplia de líderes sociales. En los protocolos internos del gobierno ni siquiera existía la categoría de defensor ambiental. Eso no puede ser así. Pero, además, debemos pensar en la prevención, y la prevención significa ayudar a legitimar a los defensores ambientales en los territorios, reconocerlos como una voz legítima que tiene derecho a participar.
Hay un estigma que era muy común en mi época como activista ambiental y ahora desde la institucionalidad he seguido sintiendo: tildar los liderazgos ambientales de opositores al desarrollo y a la sociedad. Eso los aísla y los hace más vulnerables, sobre todo en las regiones más violentas del país, y por eso las amenazas muchas veces terminan en asesinatos. Una forma de prevención es que el Ministerio de Ambiente respalde esos liderazgos, incluso en su derecho a no estar de acuerdo con proyectos del mismo gobierno. Para eso hemos conformado un equipo de 35 personas que estarán en territorio, generando un diálogo social permanente con ellos.
La he escuchado hablar varias veces de “democracia ambiental”. ¿Qué es eso?
Que la voz de la ciudadanía tenga un peso real en las decisiones ambientales. Por ejemplo, hoy si se va a entregar una licencia a un proyecto, el empresario hace el estudio del impacto ambiental, lo presenta a las autoridades y eso es lo que se evalúa, pero no se evalúa, con el mismo peso, lo que quieren las comunidades que se van a ver afectadas. Es la posibilidad de una participación real y eso incluye la democratización de la información, para darle más poder a la gente.
No estamos hablando lo suficiente sobre las vulnerabilidades de la población, los riesgos que corre, a dónde la vamos a mover y cómo vamos a aunar esfuerzos globales en este tema
La transición energética es una de las banderas del presidente Petro. Sin embargo, desde el mismo Gobierno se han enviado mensajes contradictorios al respecto…
Hay que dejar de hablar tanto y hacer la ruta de la transición energética, planeada a 15 años. Esa la debe construir el Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con todos nosotros. Lo que estamos planteando es una transición planificada, responsable, no algo improvisado, porque los enemigos del proceso han querido caricaturizar el tema y vender la idea de que mañana ya vamos a acabar con los combustibles fósiles y eso no es así. Colombia es uno de los países con mayor potencial de diversificación energética.
¿Tenemos que llegar a que Colombia viva y se desarrolle sin hidrocarburos?
No solo Colombia, el mundo tiene que hacerlo.
¿Y usted cree que eso es viable?
El mundo debería reducir sus emisiones en un 45% de aquí al 2030. El problema es que incluso si cumpliéramos los compromisos voluntarios del Acuerdo de París (COP21), tendríamos un 14% más de emisiones. Si le creemos al Panel Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC, por sus siglas en inglés], la temperatura va a subir más de dos grados al final de siglo, y si eso pasa, nadie puede modelar las consecuencias. Ese es el riesgo gigantesco que creamos por mantener una civilización dependiente de los combustibles fósiles.
¿Este tema es central en la discusión en la COP27 de Egipto?
La reducción de emisiones debería ser el tema central, pero no lo es. Cada vez entiendo mejor que eso no es lo que interesa en la COP. Hay países como Rusia, Irán, Irak y todos los de la OPEP que no aceptan los informes del IPCC. Yo siento que no estamos hablando lo suficiente sobre las vulnerabilidades de la población, los riesgos que corre, a dónde la vamos a mover y cómo vamos a aunar esfuerzos globales en este tema. Y nadie está exento del desastre climático para el que no estamos preparados. Ni siquiera Estados Unidos. El problema es que no hay una lógica de cooperación multilateral y la COP termina siendo una reunión para movilizar recursos financieros.
Mientras tanto, la población es cada vez más vulnerable, aumenta la inseguridad alimentaria, aumentan las pestes. Yo soy bastante pesimista sobre esa realidad política y creo que lo que nos corresponde, responsablemente, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde un nivel micro. Trabajar de formas muy prácticas con nuestras comunidades en los territorios.
Brasil está viendo como una posibilidad de generación de energía a las eólicas offshore. ¿El gobierno de Gustavo Petro ha planteado promover esa forma de generación de energía?
Colombia tiene potencial en muchos tipos de energía que debería desarrollar simultáneamente y hay que pensar en la soberanía energética, que sean fuentes del país para el país y no dependamos del mercado internacional, del petróleo. Entonces, los principios de la transición energética son: diversificación, soberanía, seguridad energética y democratización en la producción de energía.
Y para estos fines, ¿China puede ser un aliado en temas medioambientales?
China es un aliado en términos tecnológicos y de grandes proyectos de infraestructura, pero la verdad es que hoy nuestra relación con China en temas ambientales no existe. En estos tres meses como ministra me he reunido con más embajadores que con miembros de las comunidades, porque la cooperación internacional en el sector ambiental es impresionante, pero todavía no lo he hecho con China.
