Cuando asuma la presidencia de Paraguay el 15 de agosto, Santiago Peña no será recibido de la manera más sencilla.
El recientemente elegido ex ministro de Hacienda se hará cargo de un país que en 2022 sufrió una contracción económica como consecuencia de su peor sequía en casi 80 años; un país que ha sido declarado en emergencia nacional dos veces en los últimos cinco años debido a los incendios forestales; un país cuyo principal río, el Paraguay —la ruta comercial para todo lo que vende y compra— ha superado dos veces su nivel mínimo histórico en los últimos tres años; y un país en medio de una crisis sanitaria silenciosa pero generalizada, ya que las olas de calor impulsan la propagación de enfermedades como la chikungunya.
Peña, economista, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y candidato del derechista Partido Colorado, ganó con el 43% de los votos en las elecciones del 30 de abril, muy por delante de la amplia coalición Concertación (28%) y de la Cruzada Nacional (23%), partido nacionalista antisistema liderado por Paraguayo Cubas, que desde entonces ha sido detenido tras instigar protestas por un supuesto, e infundado, fraude electoral.
El Partido Colorado, la fuerza dominante en la política paraguaya, que ha gobernado casi ininterrumpidamente durante 75 años, también consiguió la mayoría en ambas cámaras del Congreso del país.
Según Camilo Filártiga, responsable del programa de procesos electorales de IDEA Internacional, organización de apoyo a la democracia global, Peña tuvo éxito porque “logró unificar y disciplinar el voto partidario y plantear un discurso eficaz, tradicional y conservador”, frente a la “incertidumbre” que ofrecía la coalición Concertación y su candidato, Efraín Alegre.
Con su cómoda elección fuera del camino, el presidente electo Peña debe ahora mirar hacia adelante para hacer frente a una serie de desafíos que enfrenta su nación, incluyendo las crecientes presiones sobre el medioambiente y el clima.
Los interrogantes energéticos de Paraguay
Al igual que los demás candidatos principales, Peña hizo escasas referencias a las cuestiones medioambientales durante su campaña electoral, resumiendo sus ambiciones en un único cartel titulado “Paraguay conserva”. Éste presentaba una serie de amplias promesas, así como referencias a las políticas existentes, como la protección de los cursos de agua de los que depende el país para el comercio y la generación de hidroelectricidad.
El programa medioambiental de Peña propone el “fortalecimiento” de las áreas protegidas públicas y privadas, que en el este del país se ven afectadas por las plantaciones ilegales de cannabis y, en la región del Chaco, por la expansión de la ganadería y la producción de carbón vegetal, a menudo en tierras indígenas, a la que se suma ahora la irrupción de la soja en la región.
Paraguay conserva también menciona la creación de un sistema de alerta temprana de riesgos climáticos, aunque esto ya formaba parte de la política nacional de adaptación del país para 2022-2030. Este sistema será importante para la toma de decisiones en la producción ganadera y agrícola, que sufrió pérdidas catastróficas en 2021, cuando no llovió durante casi un año. A estas dificultades se sumaron las oleadas de incendios forestales desde 2020, vinculadas al desmonte de tierras para la agricultura y agravadas por las olas de calor, cuya frecuencia se ha triplicado en los últimos 40 años en Paraguay.
Santiago Peña también propone “promover las energías renovables”. En este ámbito, se enfrenta a la histórica tarea de renegociar parte de un acuerdo suscrito con Brasil hace 50 años, por el que se creó Itaipú, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, en la frontera de ambos países sobre el río Paraná. En 2022, la central suministró el 86,4% de toda la electricidad consumida en Paraguay y el 8,7% de la demanda total de Brasil.
Una de las cuestiones centrales de esta negociación —y que define la transición energética de un país cuya matriz energética, por lo demás, sigue dependiendo de los combustibles fósiles y la biomasa— es cómo aprovechar el excedente de electricidad que Paraguay tiene derecho a recibir de Itaipú. Ambas naciones tienen derecho al 50% de la generación de la central, pero Paraguay vende actualmente su excedente a Brasil a precios bajos, un ámbito en el que espera negociar un acuerdo más beneficioso.
A diferencia del actual presidente, Mario Abdo Benítez, que indicó que las discusiones sobre los detalles a corto plazo del acuerdo entre los dos países eran una prioridad más urgente, el presidente electo Peña dijo que “Paraguay no necesita renegociar Itaipú para tener esa energía ahora”. Propone “sentarse” con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para “imaginar una relación que pueda durar los próximos 50 años”.
Guillermo Achucarro, investigador de políticas climáticas y energéticas de la Universidad Nacional de Asunción, dijo a Diálogo Chino que la diferencia de discurso entre Abdo y Peña no es en realidad significativa, y que es pesimista sobre los posibles beneficios para Paraguay de las renegociaciones. “Si se logra algo”, dijo, “serán migajas”.
Achucarro cuestionó la forma en que se ha desarrollado hasta ahora la transición de Paraguay de los combustibles fósiles a las energías renovables, con énfasis en grandes proyectos de infraestructura que se han beneficiado de condiciones favorables ofrecidas por el gobierno y han estado rodeados de tensiones ambientales y sociales.
Omega Green es uno de esos proyectos. Una fábrica de biocombustibles que será la mayor de Sudamérica cuando se inaugure en 2025 y utilizará plantaciones forestales que incluyen a la pongamia, una especie exótica que podría comprometer la biodiversidad de la región del Chaco, pero que ha sido declarada “autóctona” por una resolución estatal.
Por otra parte, durante el gobierno del ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) se dio luz verde a un proyecto de fábrica de hidrógeno verde dirigida por Atome Energy, una empresa creada por la petrolera británica President Energy. Atome está dirigida en Paraguay por James Spalding, ex director de Itaipú durante el gobierno de Cartes.
Más allá de estos proyectos existentes para el hidrógeno verde y la biomasa, de la que Paraguay obtiene algo más de un tercio de su energía, aún no hay indicios de cómo, o si, el Gobierno de Peña abordará las energías renovables como la eólica y la solar. Estas fuentes son hasta ahora prácticamente inexistentes en el mix energético del país, pero a medida que aumentan las amenazas de sequía debido al cambio climático y la producción hidroeléctrica de prueba, la necesidad de diversificar la generación puede hacerse más acuciante.
Deforestación y agricultura
La deforestación —especialmente en el Chaco, bioma que Paraguay comparte con Argentina, Bolivia y Brasil— y el papel que desempeña el sector agrícola y ganadero en ella son otras de las cuestiones medioambientales a las que se enfrenta el nuevo Gobierno de Peña.
La ganadería es el principal motor de la deforestación, tanto legal como ilegal, que se ha producido en la última década y media en el Chaco paraguayo. Un informe oficial reconoció que entre 2017 y 2020 se deforestaron 667.000 hectáreas de la región, el 88% de la deforestación total registrada en el país.
El cartel “Paraguay conserva” de Peña menciona planes para restaurar áreas de bosque degradado y “fortalecer” los parques nacionales y las reservas naturales, pero no ha habido ninguna sugerencia de esfuerzos concertados para combatir la deforestación impulsada por la agricultura. Por el contrario, mientras Paraguay y sus socios del Mercosur negocian un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, el presidente electo ha denunciado las condiciones medioambientales que pretenden restringir los productos vinculados a la pérdida de bosques, como la nueva ley de abastecimiento de deforestación cero de la UE.
Durante la campaña electoral, los candidatos se enfrentaron a la presión del sector agrícola y ganadero paraguayo por las relaciones con China. Muchos están descontentos porque el acceso al gran mercado asiático sigue siendo difícil para los productos del país sudamericano debido a sus lazos diplomáticos con Taiwán.
El candidato de la oposición, Efraín Alegre, cuestionó abiertamente estas relaciones, pero Peña ha descartado un cambio. Ha dicho que esto no es un obstáculo para los negocios que Paraguay ya tiene con China, afirmando que “no hay ningún tipo de restricciones”.
Peña también ha argumentado que la calidad de las materias primas paraguayas ya es un argumento para convencer a los potenciales compradores. “China no va a comprar carne o soja paraguaya porque haya un interés diplomático”, dijo durante su campaña. “Va a comprar porque Paraguay tiene carne y soja de buena calidad a precios competitivos”.
Lis García, autora, especialista en agronegocios e investigadora del think tank BASE-IS, dijo a Diálogo Chino que la apertura del mercado estadounidense para la exportación de carne vacuna también está en proceso, pero “no parece que vaya a prosperar”. Una posible razón para ello son las acusaciones de explotación laboral en las granjas paraguayas. Estados Unidos anunció en marzo que financiará a la Organización Internacional del Trabajo para que investigue y aborde estas acusaciones.
El rumbo que tome Peña en la expansión de los mercados para las materias primas paraguayas tendrá implicaciones para el medio ambiente del país que requerirán una gestión cuidadosa, pero la dirección de este rumbo aún no está clara.
Este artículo fue producido por Diálogo Chino y El Surti.
