Tras el voto de rechazo por parte de más del 60% de la población a la propuesta de nueva Constitución en septiembre pasado ―en la que destacaba la inclusión de temas ambientales y relacionados al cambio climático― Chile vuelve a entrar de lleno al debate por una nueva Constitución que reemplace la de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Este proceso político comenzó en 2019, cuando miles de chilenos salieron a las calles a protestar por el alza del costo de la vida y múltiples otras demandas que se sintetizaron en un pedido de nueva Constitución.
Con una pandemia, un cambio de gobierno ―del empresario Sebastián Piñera al joven Gabriel Boric― y un proceso fallido de por medio, ahora 50 nuevos consejeros constitucionales son los encargados de proponer un nuevo texto a la ciudadanía. Tienen solo unos meses para la tarea, ya que el cronograma establece un nuevo plebiscito nacional a fines de 2023.
A diferencia del proceso anterior, liderado por una asamblea constituyente de 155 miembros, los nuevos consejeros no comienzan con una “hoja en blanco”. El gobierno de Gabriel Boric promovió un nuevo proceso constituyente y acordó con la oposición un mecanismo donde el protagonismo lo tienen los partidos políticos.
Las organizaciones con representación en el Congreso designaron a una “Comisión Experta”, que definió un anteproyecto de Constitución. El texto, ya disponible, es la base para el trabajo de los 50 consejeros electos. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre del actual período radica en el rol que tendrá la extrema derecha chilena, representada por el Partido Republicano.
Con 23 de los 50 consejeros, los republicanos arrasaron en las elecciones de mayo pasado, lo que les entregó poder de veto para todas las normas de lo que será la nueva propuesta constituyente.
¿Qué papel jugarán el medioambiente y el cambio climático en la nueva Constitución chilena?
La propuesta de los expertos
Una encuesta publicada por el centro de estudios Espacio Público sobre las percepciones y expectativas frente al proceso en curso arroja que el 89% de las personas ―independientemente de la región en la que viven, su situación socioeconómica, su género y la opción votada en el plebiscito de septiembre― califican como “muy importante” la presencia del ambiente en la nueva Constitución. Es el segundo tema de mayor importancia, solo por debajo de derechos sociales con 91%.
Alexis Cortés es profesor de sociología de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago y fue uno de los expertos designados por los partidos políticos para redactar el anteproyecto de Constitución. Participó de la subcomisión de “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, desde donde se redactaron las normas ambientales. A su juicio, el anteproyecto logra hacerse cargo de esta demanda ciudadana.
“El debate tuvo bastantes dificultades pero logramos un entendimiento que es bastante valorable por el resultado. Si bien los seis artículos que se incluyeron [en el capítulo “protección al medioambiente, sostenibilidad y desarrollo”] son pocos, en términos cualitativos representan un avance sustantivo y ponen al país en una posición de avanzada en estos temas”, afirma.
La protección ambiental se sigue viendo como una amenaza al desarrollo económicoPilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile
El primer artículo del capítulo de medioambiente del anteproyecto sostiene que “la protección del medioambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”.
Para abogadas y abogados ambientales que han seguido el debate, el texto dista mucho de los estándares ambientales que alcanzaba la propuesta rechazada, pero logra algunos avances con respecto a la Constitución vigente.
Aunque el anteproyecto mantiene el régimen de propiedad privada sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento, también reconoce el derecho humano al agua y su carácter de bien nacional de uso público a nivel constitucional. Chile sufre desde hace 13 años una megasequía que ha agotado los suministros y provocado tensiones en varias regiones.
“Esto podría ayudar a resolver problemas hídricos porque el interés de los privados debe alinearse al interés público y al bien común, lo que implica proteger los ecosistemas que permiten que el ciclo del agua siga funcionando”, explica el abogado y director de la ONG FIMA, Ezio Costa.
Otro avance es que se incluyen explícitamente deberes del Estado, y también de las personas, sobre la protección ambiental. “Esto puede dar un campo de acción más amplio en el ámbito judicial. Pero en términos de legislación y de un modelo económico que integre la protección ambiental, no hay un avance tan importante. Se mantiene el status quo, lo que ante la crisis climática que vivimos genera un desfase muy grande”, reflexiona la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga.
Llegar al texto actual no fue fácil, considerando que entre las y los expertos elegidos por los partidos, no hay ninguna persona con trayectoria en derecho ambiental.
“La protección ambiental se sigue viendo como una amenaza al desarrollo económico, y esa tensión se puede ver en los partidos políticos y en los expertos que designaron. En el ámbito político, aún no se logra visualizar una correlación entre lo económico y lo ambiental en vez de una supremacía de lo económico”, analiza Moraga.
La incertidumbre republicana
Justo antes de la inauguración del nuevo Consejo Constitucional, el propio presidente, Gabriel Boric, dio un respaldo abierto al anteproyecto: “Los expertos han realizado un trabajo muy serio, donde nadie ha quedado plenamente conforme. Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación”, agregando que él votaría a favor de un texto así.
Y es que con el triunfo republicano, defender el anteproyecto de los expertos parece ser la consigna. “La propuesta de la Comisión Experta pone un piso muy mínimo en lo que podemos considerar como protección constitucional del medioambiente. Viendo cómo quedó conformado el Consejo Constitucional, ese mínimo va a haber que defenderlo. El primer desafío es que no se retroceda”, reflexiona Moraga.
Hace solo unas semanas, 31 parlamentarios de derecha ―liderados por representantes republicanos― rechazaron una declaración que reconocía la incidencia de la acción humana en el cambio climático.
Ahora, los consejeros electos recibirán el anteproyecto de Constitución y podrán formular enmiendas en las distintas comisiones, que serán finalmente revisadas por el pleno. Los republicanos tienen 23 votos, lo que les permite ejercer poder de veto. Es decir, tienen la fuerza suficiente para impedir la aprobación de cualquier artículo.
Si suman la representación de la derecha tradicional, superan los 30 votos necesarios para la aprobación de cualquier norma. Unidad para Chile ―el actual oficialismo, suscriptores del gobierno de Gabriel Boric― solo tiene 16 escaños, mientras que hay un representante de pueblos indígenas. Esto ya tuvo repercusiones en la conformación de las comisiones. En todas la derecha tiene la presidencia y la mayoría de votos.
Para Alexis Cortés, ahora será más difícil avanzar en normas ambientales. “Los republicanos perfectamente podrían escribir o reescribir la Constitución. Entonces si uno toma en consideración la receptividad de alguna de estas propuestas durante la Comisión Experta, las chances de que avancen son más bajas, pero es distinto a que este tipo de propuestas las sugieran comisionados expertos del mundo de la izquierda a que sea la sociedad la que instale estos debates como urgentes”, afirma.
Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberaciónGabriel Boric
De todas maneras, desde el mundo ambientalista apuestan a ampliar y mejorar el contenido disponible hasta ahora. Temas como la creación de una Defensoría de la Naturaleza, principios de protección ambiental (precautorio, prevención, equidad intergeneracional) y derechos de acceso a información ambiental no lograron entrar al anteproyecto.
El proceso constitucional también contempla participación ciudadana, con 54 propuestas de artículos ya presentadas que serán discutidas por el Consejo Constitucional. Organizaciones académicas y de la sociedad civil se están organizando para incidir en el proceso y ampliar la protección ambiental. Ezio Costa revela que se están coordinando diversas organizaciones “para presentar entre todas y todos los mejores proyectos populares de norma, conseguir las firmas y ojalá lograr que queden en la nueva Constitución”.
