Argentina se comprometió en 2020 a no superar la emisión anual de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (MtCO2e) para 2030, lo que implica una baja del 4,6% respecto de las emisiones registradas en 2018, último dato disponible. El nuevo “Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático” del país es una hoja de ruta para conseguirlo.
El plan incluye 250 medidas de política pública que deberán aplicarse de aquí a 2030 y da prioridad al gas natural como combustible de transición. También busca reducir las emisiones en la actividad agrícola y ganadera, y se centra en gran medida en mejorar la gestión del agua.
¿El costo? Más de 185.000 millones de dólares, equivalentes al 40% del PBI de Argentina en 2021. El gobierno ya adelantó que buscará financiamiento internacional para implementarlo.
“Uno de los principales objetivos del plan era hacer transversal a todas las áreas del gobierno nacional la mirada del cambio climático. Esto es un punto de partida”, explica Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El plan incluye iniciativas novedosas para la agenda pública del país, como la agroecología, reducción de pérdidas de alimentos, el control sobre la deforestación, la conservación de ecosistemas naturales y la mejora de las prácticas ganaderas.
Sin embargo, especialistas advierten que el plan sufre carencias a la hora de definir suficientes indicadores para su evaluación a lo largo del tiempo. “De las 122 medidas de mitigación, solamente 18 tienen cuantificado el potencial de reducción de emisiones”, explica Belén Alejandra Silva, consultora ambiental argentina. “Hay 36 medidas que no tienen metas definidas y otras 56 sin indicadores”.
El gas, ¿un activo varado?
El sector de la energía, excluyendo el transporte, contribuye en un el 37% a las emisiones de Argentina. Para reducirlas, el plan plantea al gas natural como uno de sus ejes prioritarios. “Se implementarán medidas tendientes a gasificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de combustibles líquidos derivados del petróleo,” se afirma en el documento.
Vaca Muerta -uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo, en la provincia de Neuquén, en el noroeste de la Patagonia argentina- se considera clave para aumentar la producción de gas natural en el país.
“Con el nivel de pobreza que hay en la Argentina, hay una enorme cantidad de gente que necesita consumir más energía [pero actualmente no puede acceder a ella]”, indica Diego Roger, investigador de la Universidad de Quilmes y especialista en energía. “No es posible disponer de esa mayor oferta solo con renovables, a causa de temas de costos, estabilidad de la red e infraestructura. El gas es una alternativa relativamente limpia”.
El plan también hace referencia a expansión de las energías renovables y cita a la ley N° 27.191, la cual establece que al fin de 2025 el 20% del total del consumo de energía eléctrica deberá provenir de fuentes limpias. De acuerdo a datos oficiales, el sector de las energías renovables representó el 13,5% de la demanda energética argentina en el tercer trimestre de 2022. Si bien el peso de las renovables viene en ascenso (representaba el 2,5% de la demanda en 2018), las inversiones se ralentizaron desde 2019 a raíz de la crisis económica.
A pesar de ello, estimaciones oficiales indican que la participación de las fuentes térmicas en la generación eléctrica pasaría de alrededor del 60% en la actualidad a un rango de 30- 40% en 2030. Esa mejora podría apoyarse en la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos como Aña Cuá, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner y Chihuido I, que permitirían un aumento de la generación de energía sin emisiones.
“Actualmente, el 64% de la población tiene gas y el 94% cuenta con electricidad [en sus hogares]. Por ello, más viable que ir hacia una gasificación masiva es mejorar la infraestructura eléctrica y así evitar que en 15 años haya activos varados asociados al gas”, sostiene Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional.
Movilidad sostenible
El 13% de las emisiones de Argentina corresponden al sector de transporte.
En Argentina hay casi 15 millones de vehículos, de los cuales 7 de cada 10 son nafteros, 2 funcionan a diesel y 1 utiliza Gas Natural Comprimido (GNC), según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Los vehículos eléctricos e híbridos representan entre ambos menos de 10 mil unidades.
Se prevé también el recambio de 13 mil vehículos de la administración pública nacional por tecnologías eléctricas y hasta 146 mil unidades en compras con otras jurisdicciones.
“La medición energética completa, desde el pozo hasta la rueda del vehículo, ofrece una ventaja para los vehículos eléctricos, especialmente para el uso urbano, frente a los motores tradicionales. Y a medida que avance la participación de la energía renovable en la generación eléctrica, va a aumentar la diferencia a favor del eléctrico. En el caso de la comparación entre las naftas y el GNC, el gas es más conveniente,” explica Gabriel Correa Perelmuter, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)
El Plan también apunta para 2030 a la renovación del 22% de los buses urbanos por buses eléctricos (8.847 unidades) y la incorporación de más de 7 mil buses a GNC a la flota urbana regular. Para el transporte de larga distancia de pasajeros, se incorporan casi 4 mil buses a GNC y 2.722 buses a GNL (gas natural licuado). Hoy el transporte público en Argentina funciona mayormente con combustible nafta diesel.
Fernando Canedo, Director Ejecutivo de Adefa, entidad que agrupa a las empresas automotrices, explica que “en una primera etapa, vamos camino hacia los motores híbridos. También es posible el recambio de la flota de buses urbana, de carga y de mediana y larga distancia si existiera un buen financiamiento. En camiones de carga las terminales ya están trayendo unidades con GNC y GNL, que emiten mucho menos que los gasoleros”.
Asimismo, el Plan menciona medidas para fortalecer el sistema ferroviario y a la mejora del desempeño energético y ambiental de los buques utilizados para el transporte marítimo. Argentina exporta a través de grandes buques cargueros su producción agropecuaria, incluyendo soja, maíz, trigo y cebada, entre otros.
Uso de la tierra: control de la pérdida de bosques
Las emisiones asociadas a cambios del uso de tierras forestales, de cultivo y pastizales, a la gestión de ganado y la aplicación de fertilizantes significaron en 2018 el 39% de las emisiones totales de Argentina. La deforestación libera el carbono almacenado en los ecosistemas y reduce la capacidad del suelo de absorber carbono de la atmósfera.
De acuerdo a datos oficiales, Argentina es el sexto país del mundo en términos de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la fértil llanura Chaco-Pampeana. La contracara de este hecho es que está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015.
“Hoy en día, lo más importante es cómo evitar que se sigan convirtiendo ecosistemas naturales en tierras para la agricultura y ganadería”, advierte Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de FARN. El capítulo de uso de la tierra es uno de los componentes del plan con con menos detalles en cuanto a líneas de base, metas e indicadores, advierte Gonda.
Lo más importante es cómo evitar que se sigan convirtiendo ecosistemas naturales en tierras para la agricultura y ganadería
En el caso de la ganadería, que representa un 16% de las emisiones totales del país, el plan propone reducir la intensidad de gases de efectivo invernadero (emisiones por cada kilo de carne) por medio del aumento de la eficiencia del sistema de producción.
También se contempla la promoción de la ganadería agroecológica, que consiste en sistemas basados en pasturas perennes con carga animal moderada. Pero Gonda advierte que la mejora de la eficiencia puede ir acompañada de un aumento de las emisiones totales, si sigue creciendo la cantidad de ganado.
Adaptación: gestión del agua
“El componente de adaptación tiene como principal capítulo a la gestión del recurso hídrico, ya sea para enfrentar nuevas situaciones de escasez, como por ejemplo a causa de sequías, o también por exceso, es decir ante inundaciones. Aquí aparece la necesidad de realizar obras públicas para mejorar el acceso al agua de poblaciones y sistemas productivos y rotación de cultivos para incrementar la captura de agua del suelo”, indica Florencia Mitchell.
La mayor partida presupuestaria del plan, de US$68 mil millones, corresponde a la ampliación de la cobertura de agua segura y saneamiento. Actualmente, más del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable y un 56% a saneamiento, con un menor acceso en las zonas rurales comparado con las zonas urbanas.
El plan también apunta al fortalecimiento de los programas de conservación de los bosques nativos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana de incendios y acciones para la conservación, manejo y restauración de los humedales. Desde 2013 se debaten en el Congreso proyectos de ley para proteger los humedales, todavía sin lograr un consenso, a pesar de los continuados incendios forestales.
Financiamiento: ayuda internacional
Los 185 mil millones de dólares que tendría que invertir el sector público de acuerdo a las cifras plasmadas en el plan representan un gran desafío en el contexto de restricción fiscal que sufre el Estado. Argentina tiene una deuda externa de US$271 mil millones con organismos internacionales (56% de su PBI) y debe reducir su gasto público como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
“Una de las prioridades para 2023 es identificar cuánto dinero ya se está invirtiendo en la crisis climática”, sostiene Mitchell. “Otra clave es definir una estrategia internacional de financiamiento climático, porque los fondos propios no van a alcanzar”.
