El acuerdo climático de París entró en vigencia hace algo más que un mes. Tratándose de un acuerdo multilateral, constituye un verdadero récord pasar de la firma a la aplicación práctica con tanta rapidez, en menos de un año.
En las recientes negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático que se llevaron a cabo en la COP22, en Marrakech, Marruecos, los países reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de París. Aunque las negociaciones hayan logrado resultados modestos, el punto alto del evento tuvo que ver con una enorme cantidad de acciones que probaron la diversidad de las manifestaciones de los países con relación al cambio climático.
Tanta celeridad tiene que ver con el impulso que significa que más de cien países hayan adherido rápidamente al acuerdo de París. Veinte países de América Latina y el Caribe, que representan aproximadamente el sesenta por ciento de los países de la región, también lo han ratificado, incluyendo a Brasil, Argentina, México y Bolivia.
Los países no están ratificando el acuerdo simplemente para cumplir con sus compromisos internacionales. El apoyo brindado por nuestra región resalta el hecho de que, para nosotros, enfrentar el cambio climático y generar prosperidad son objetivos que se complementan mutuamente, garantizando un desarrollo inclusivo y sostenible.
En Marrakech, países de América Latina y el Caribe, entre otros de otras regiones, presentaron ambiciosas políticas e iniciativas que ya están en curso y otras que fueron planificadas para el futuro. Las iniciativas hacen que se pueda tener una perspectiva optimista, lo que significa que tales esfuerzos podrían redoblarse para eliminar la brecha existente en lo que concierne a las emisiones, tan necesarios para cumplir con los objetivos del Acuerdo.
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Haití, Guatemala y Santa Lucía, además de otros países que participan en el Foro de Vulnerabilidad Climática, declararon su intención de lograr que la producción de energías renovables de sus naciones llegue al 100% tan rápido como sea posible.
México lanzó su estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono para mediados del siglo XX con el objetivo de, hacia 2050, disminuir sus emisiones en un 50% por debajo de los niveles de 2000.
En Brasil, el estado de Mato Grosso tiene la intención de reducir la deforestación en el Amazonas y en el Cerrado en un 90% y 95%, respectivamente hacia 2030, y al mismo tiempo se ha propuesto aumentar la producción agrícola. Colombia planea cerrar la frontera forestal como un componente clave de un futuro post–conflicto, focalizándose en implementar una fuerte reforma de tenencia de la tierra y colocando amplias áreas de bosques bajo el control de los pueblos indígenas.
Tales determinaciones se sumaron a la confirmación del calendario 2018, en el marco de la finalización de la reglamentación del Acuerdo de París y para mantener un diálogo facilitador relacionado con los avances, hacia un objetivo de largo plazo: lograr la reducción total de las emisiones todavía en el corriente siglo.
El diálogo facilitador colocará el foco en los planes nacionales de cambio climático de los países, es decir, en las “Contribuciones Nacionales Determinadas” (CND, o NDC por sus siglas en inglés), que inicialmente abarcarán el período comprendido entre 2020 y 2030.
Estos planes incluyen metas para reducir las emisiones y para cumplir el objetivo principal del Acuerdo de París que es limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius. También contempla la adaptación de los países a los impactos del cambio climático.
El diálogo tiene la intención de ayudar a los países a revisar sus actuales esfuerzos y a impulsar sus metas para que sus CND sean presentadas nuevamente en 2020. En los próximos dos años, en las negociaciones de la ONU, los países deberán considerar la realización de esfuerzos sin precedentes relacionadas con el cambio climático que se vean reflejadas en la economía real
Algunos países no van a esperar hasta el 2020 para revisar sus CND. Argentina anunció una nueva meta. Reducir sus emisiones en un 18% hacia 2030 con respecto a los niveles de emisiones previstos para ese año en lugar del 15% que había propuesto la administración anterior.
Sin embargo, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es necesario ampliar el apoyo existente para asistir a los países en desarrollo para que estos puedan cumplir sus planes climáticos. Los países de América Latina y el Caribe (ALC), están listos para ratificar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, pero sólo pueden hacerlo teniendo acceso al financiamiento.
En octubre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó su plataforma de NDC Invest, que dará apoyo a los países de ALC para transformar sus CND en planes de inversión viables. El banco proporcionará financiamiento para que los países puedan implementar economías con baja emisión de carbono, resistentes al cambio y fortalecidas por mercados internos sólidos, posibilitando la generación de empleo y la captación de inversiones para implementar una infraestructura sostenible y preservar la naturaleza. Uno de sus principales objetivos será aumentar el acceso de los países a la financiación, con el fin de reducir costos y administrar los riesgos asociados a dichas inversiones.
La recientemente presentada Alianza CDN tiene como objetivo apoyar a los países para asegurarles un mayor acceso a recursos tecnológicos y a financiamiento, para que de este modo puedan realizar sus planes. Reúne a más de 40 países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Santa Lucía, y organizaciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Si los países de América Latina y el Caribe incrementan las metas de sus CDN antes del 2020, podrán aprovechar la gran cantidad de beneficios que trae aparejado el desarrollo con bajas emisiones de carbono. Habida cuenta de los importantes beneficios resultantes de la adopción de medidas sobre el cambio climático, la presentación de planes más ambiciosos podría permitir a los países obtener mayores beneficios.
Por ejemplo, se necesitan inversiones relativamente modestas para asegurarles los derechos de la tierra a las comunidades indígenas de la Amazonía, lo que al mismo tiempo permite ayudar significativamente a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y, generar grandes beneficios económicos. En Bolivia, el Instituto de Recursos Mundiales sugiere que los beneficios totales estimados por la protección de las tierras indígenas superarán los US$ 50.000 millones en los próximos 20 años, tomando en cuenta las posibilidades globales de reducir emisiones y la salvaguarda de servicios ecosistémicos tales como el agua potable y la biodiversidad.
En el caso de Chile, el New Climate Institute afirma que si el país aumentara las metas de su CDN y pasara a producir un 100% de energía renovable hacia 2050, evitaría gastos por un valor de US$ 5.300 millones al año en combustibles fósiles, permitiendo así la creación de 11.000 empleos verdes además de evitar 1.500 muertes prematuras debido a la contaminación del aire en Santiago.
Los países de América Latina y el Caribe potencialmente podrían elevar en gran medida sus metas con relación a las CDN. Aprovechar estas oportunidades no sólo constituirá un apoyo para el Acuerdo de París, sino que también actuará en forma complementaria con los esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible. Aumentar las metas y generar prosperidad constituyen objetivos que pueden y deben avanzar juntos.
