La cuestión climática, y los compromisos de Argentina al respecto, parecen incomodar al gobierno del presidente de extrema derecha Javier Milei, desde que entró en funciones el pasado diciembre.
Entre los pasillos del edificio de lo que fue el Ministerio de Ambiente, degradado a una subsecretaría bajo el nuevo gobierno, mencionar las palabras “cambio” y “climático” es tabú. “Usamos ‘impacto’ o ‘gestión’”, explica en conversación con Dialogue Earth, Ana Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente.
Vidal de Lamas afirma que, aunque el cambio climático es “innegable”, también es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, a pesar del abrumador consenso científico sobre el impacto de la humanidad. Por otra parte, hacer frente a sus efectos ―visibles en zonas de todo el país, desde sequías a inundaciones, pasando por olas de calor― no será, al parecer, un tema central en la agenda de Milei. “No vamos a ser superproactivos, pero cumpliremos con lo que hay que cumplir”, afirma.
Sin embargo, para algunos observadores, la posición de la administración sobre el cambio climático ha rozado la negación absoluta. “Para el gobierno no termina nunca de ser central la negación del cambio climático, pero sí hay un coqueteo”, dijo la investigadora especializada en política climática del think-tank Fundar Elisabeth Möhle. Milei y su canciller Diana Mondino han puesto en duda el cambio climático en repetidas oportunidades, además de cuestionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Estas declaraciones de los funcionarios no solo han despertado preocupación sobre la dirección de la política medioambiental nacional de Argentina, sino también sobre las repercusiones que esto puede tener en la escena internacional y los compromisos del país con la acción climática mundial. “Todo gobierno volátil [como el de Milei] genera incertidumbre, no solo en los mercados sino también en organismos multilaterales, bilaterales, internacionales y regionales”, explica Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Finanzas Climáticas para América Latina y el Caribe (GFLAC). Con la nueva administración, dice “hoy los jugadores del mundo están expectantes de ver qué va a pasar”.
A pesar del discurso
Según Vidal de Lamas, al menos por el momento, el eje de la política climática estará trazado por la agenda global. Desde la subsecretaría se muestran abiertos a mantener una línea similar a la que los antecedió, pero con algunos ajustes. Uno de los más llamativos es que Argentina no promoverá ninguna política asociada a la Agenda 2030.
Sin embargo, la subsecretaría de Ambiente aseguró que Argentina presentará la actualización de su meta climática, también llamada Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, en inglés), cuyo plazo vence en febrero de 2025. un compromiso que deben llevar adelante todos los países firmantes del Acuerdo de París de 2015. Será la tercera actualización de la NDC de Argentina. La segunda fue catalogada como “críticamente insuficiente” por la organización Climate Action Tracker.
Y es que, de no continuar con sus compromisos climáticos, el gobierno de Milei se arriesga a perder el acceso a mercados como el de la Unión Europea, con reglas ambientales cada vez más rigurosas para sus importaciones, y a fuentes de financiamiento de organismos multilaterales, coinciden especialistas.
“Desde lo externo, Argentina tiene todas las de perder. Me parece que estar en el marco de las negociaciones es un gran beneficio”, afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor de política climática que ha trabajado con organizaciones locales e internacionales.
A pesar del discurso del presidente, dice el consultor, el mensaje para el mundo siempre fue un claro “no romperemos ningún acuerdo”.
Durante su asistencia a la cumbre climática COP28 de la ONU en 2023, a pocos días de la toma de posesión del gobierno de Milei, Marcia Levaggi, principal negociadora del país y ahora subsecretaria de Política Exterior del Ministerio de Exteriores, trató de disipar los temores a una salida del Acuerdo de París. Durante las negociaciones intersesionales de junio en Bonn, Alemania ―una reunión climática clave en el camino hacia la COP29―, Argentina fue el principal representante del grupo de naciones en desarrollo G77 + China a la hora de discutir la financiación climática. Y hasta ahora, no hay intención de romper relación con el Grupo Sur, que además de incluir a Uruguay y a Paraguay, obliga a la colaboración con Brasil en un momento de tensión diplomática.
Según presume Vidal de Lamas, el rumbo hacia la COP29 y COP30 se mantendrá bajo las mismas bases.
La implementación
A pesar de los compromisos, hasta ahora no es clara la hoja de ruta para cumplirlos. La cartera climática está hoy dividida entre tres ministerios: Cancillería, Economía y ahora Jefatura de Gabinete. Los nombres que sobresalen para estos temas son los de tres mujeres: Corina Lehmann, directora de Asuntos Ambientales; Mariela Beljansky, subsecretaria de Planeamiento y Transición Energética; y Ana Vidal de Lamas.
Cada jueves hay reuniones interministeriales en las que suelen juntarse estas tres funcionarias. Comparten sus agendas en temas climáticos y se retroalimentan, aseguran. También invitan a miembros de otras carteras para comenzar a integrar sus iniciativas de manera transversal en temas puntuales.
Aún así, hoy se sabe poco de cómo se implementarán tanto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, como el Plan de Transición Energética 2030. Estos instrumentos son centrales para cumplir las metas internacionales y fueron diseñados durante el gobierno pasado. Vidal de Lamas explica que, por ley, estos documentos deben respetarse. “Eso no quita que vamos a hacer ajustes de acuerdo a la filosofía de este nuevo gobierno”, añade.
La implementación de estos planes ha sido uno de los focos de atención tanto del Gabinete Nacional de Cambio Climático ―un panel interministerial creado en 2016― como del Consejo Asesor Externo ―creado en 2009 para permitir la participación de la sociedad civil en cuestiones climáticas―, pero tampoco se ha anunciado formalmente si estos órganos seguirán reuniéndose bajo la nueva administración. Según el gobierno, esto se debe a una cuestión puramente administrativa que esperan resolver en los próximos meses. “Guillermo Francos [actual jefe de Gabinete] lo va a convocar en breve”, explica Vidal de Lamas.
No obstante, durante los accidentados primeros meses de gobierno, los vaivenes, despidos, renuncias y recambios han proliferado. Miembros y exmiembros de la Subsecretaría de Ambiente que pidieron no ser identificados reconocen en conversación con Dialogue Earth que durante los primeros meses de gestión de Milei la sensación del trabajo es la de una falta de rumbo.
Möhle resalta que la reducción del personal en el trabajo técnico tanto en el país como en las negociaciones internacionales puede provocar un cuello de botella a la hora de gestionar. Lamas reconoce que están haciendo “el mismo trabajo con menos gente” y que hasta ahora fue difícil “bajar línea”. Esto lo atribuye a un proceso de intensa reestructuración y pone como punto de inflexión la sanción de la llamada Ley de Bases, un controvertido paquete legislativo que significa una amplia desregulación del Estado.
“Ahora que se aprobó, es como que se abrió la puerta. Las cosas que estaban trabadas van a ir saliendo”, asegura Vidal de Lamas. “No podía hablar del proyecto de una subsecretaría a cuatro años cuando todo el accionar del gobierno estaba supeditado a la aprobación de esta ley”, añade.
Inversiones y ambiente
La Ley de Bases ha sido objeto de críticas por las posibles repercusiones que podría tener para la protección del medioambiente en Argentina.
Una de las mayores preocupaciones del sector ambientalista frente a la Ley de Bases es el Régimen de Inversión a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en el paquete legislativo. Esta medida brinda exenciones impositivas, aduaneras y arancelarias, además de posible estabilidad fiscal por 30 años a inversiones que superen los 200 millones de dólares.
Entre los sectores preferenciales bajo este esquema están la forestoindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Pero además de estos incentivos, el temor también recae en la desregulación de los mercados.
Vidal de Lamas explica que la regulación de los recursos naturales corresponde estrictamente a las provincias ―que mantienen la propiedad de los mismos―, por ejemplo el litio en el norte del país, o las vastas reservas de petróleo y gas en la provincia de Neuquén. No obstante, anuncia que están trabajando en evaluaciones estratégicas para, luego, impulsar leyes de presupuestos mínimos. “Estamos trabajando con evaluaciones para la industria forestal, hidrógeno verde y minería. Hidrocarburos no”, detalla.
Si bien Ambiente tiene la responsabilidad de promover la fiscalización de actividades que generen impacto, Vidal de Lamas ha dado declaraciones que generan dudas sobre cuál será su desempeño. En una entrevista que dio a finales de mayo, aseguró que “permitiremos todos los proyectos hidrocarburíferos offshore”. En conversación con Dialogue Earth explica que su función es gestionar las evaluaciones de impacto ambiental.
“Siempre estamos un pasito más allá pidiendo cosas [para las evaluaciones], pero no vamos a ser un escollo”, declara Vidal de Lamas.
El Congreso nacional, mientras tanto, está estancado en cuestiones climáticas y medioambientales. En la Cámara Baja se ha constituido una nueva comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, presidida por el partido de Milei, mientras que en el Senado continúa la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya existente, presidida ahora por el bloque opositor Cambio Federal. Desde que Milei asumió el cargo, ambas comisiones se han reunido una sola vez.
Carlos D’Alessandro, presidente de la comisión en la Cámara Baja y legislador del partido de Milei, declaró a Dialogue Earth que el retraso se ha debido a los debates de la Ley de Bases. “Mis dos grandes objetivos como presidente de la comisión serán sancionar una ley de envases y la ley de humedales”, afirma. Cuando se le pregunta por las políticas climáticas, dice que harán todo lo posible por trabajar en ellas, aunque siguiendo los puntos de vista del partido de Milei sobre el tema.
Adaptación, mitigación y financiamiento
El gobierno de Milei apuesta a que las provincias y las industrias sean las protagonistas en lo que respecta a políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, sostiene Vidal de Lamas. Así, el gobierno actuaría como un articulador y promotor de ello, impulsando medidas que incentiven la inversión y posiblemente lleven, por ejemplo, a una mayor inversión en proyectos que impulsen la transición energética.
En ese sentido la secretaría de Energía, la subsecretaría de Ambiente y la Cancillería juegan en tándem para cumplir con los acuerdos internacionales. El gobierno ha mencionado que avanzará en un marco normativo para el hidrógeno verde este año y además ha sugerido en versiones preliminares de la Ley de Bases crear un mercado de bonos de carbono, con cupos de emisiones para los diferentes sectores de la economía.
Por otro lado, Vidal de Lamas dijo que el gobierno está diseñando una “Mesa del Metano” que buscaría poner en discusión la mitigación de este potente gas de efecto invernadero con sectores como el energético, el industrial y el agrícola, y con los distintos gobiernos provinciales.
¿Quién va a querer financiar a un país que niega el cambio climático?Ex secretaria de Cambio Climático de Argentina (2019-2023)
En cuanto a adaptación, Vidal de Lamas explica que se reunieron con todas las provincias para conocer los respectivos planes de resiliencia y de respuesta al cambio climático. “Vamos a ir estableciendo prioridades de proyectos para respuesta a eventos climáticos en función de todo el intercambio de información”, detalla. Además, la subsecretaria destaca que ya existen algunos proyectos piloto vinculados a la adaptación. No obstante, desde el Ejecutivo esperan que las provincias sean las que busquen el financiamiento, la implementación y ampliación de estos proyectos.
Sin embargo, algunos observadores expresan dudas sobre la viabilidad de atraer al país financiación para iniciativas climáticas, dadas algunas de las posturas expresadas por el gobierno. Cecilia Nicolini, ex secretaria de Cambio Climático durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), sostiene que hoy es “el peor momento” para tener un presidente negacionista. “¿Quién va a querer financiar a un país que niega el cambio climático?”, agrega.
Para Sandra Guzmán, si bien hay expectativa desde organismos internacionales sobre si el gobierno transformará su discurso en políticas concretas que retrasen o reviertan la agenda climática, descarta que se dejen de recibir fondos. Los financiadores internacionales, dice, “siempre se escudan a que ellos dan dinero a los países no a los gobiernos”.
