En todo el mundo, muchas personas vieron una luz de esperanza en la caída récord de las emisiones globales causadas por el confinamiento al fin de detener la propagación de la pandemia del Covid-19. Pero los brasileños no estaban entre ellos.
Las reducciones en el tráfico y la actividad industrial fueron responsables de la caída de las emisiones en la mayoría de los países, pero en Brasil el efecto fue relativamente menor, ya que la destrucción de los bosques es la fuente de casi la mitad del dióxido de carbono (CO2) que se emite a la atmósfera cada año. Y la pandemia lo ha empeorado aún más.
26%
el aumento de la deforestación entre marzo y mayo en comparación con 2019
Los datos preliminares del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil sugieren que, entre marzo y mayo, a medida que el virus se extendió por todo Brasil, se destruyeron más de 1.500 kilómetros cuadrados de bosques, lo que significa un aumento del 26% en comparación con el año pasado.
El Observatorio Climático de Brasil estima que el nivel de destrucción se traducirá en un aumento nacional de las emisiones de entre un 10% y un 20% en comparación con el 2018. Esto significa que Brasil podría enviar entre 2,1 y 2,3 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera este año, una desviación drástica de su compromiso del Acuerdo de París en la limitación de las emisiones a 1.300 millones de toneladas anuales para el 2025.
El presidente Jair Bolsonaro a menudo ha defendido la deforestación como una consecuencia desafortunada del crecimiento económico de Brasil. Sin embargo, aunque la mayoría de la actividad económica está llegando a un punto muerto, la deforestación ha aumentado. Te explicamos por qué.
¿Por qué Brasil no puede detener la deforestación?
Casi toda la deforestación que ocurre en la Amazonía brasileña es ilegal, por lo que las agencias policiales son clave para combatirla.
Sin embargo, IBAMA, la principal agencia de protección ambiental de Brasil fue despojada tanto de sus fondos como de recursos humanos por muchos años. El número de inspectores de IBAMA ha disminuido desde el 2010, pasando de 1.311 a los 730 de hoy.
La falta de nuevas contrataciones significa que la edad promedio de los inspectores de IBAMA está aumentando. Con una edad superior a los 60 años, se los considera uno de los grupos de mayor riesgo cuando se trata de Covid-19. Esto se ha traducido en una menor cantidad inspectores de IBAMA en el campo durante la pandemia.
Además, los inspectores de IBAMA han padecido un nivel de hostilidad sin precedentes bajo la administración del presidente Jair Bolsonaro. Las multas de la agencia disminuyeron un 34% el año pasado, su mínimo en 24 años. Los agentes a menudo son atacados por turbas enojadas que, según los críticos, se sienten fortalecidas por la retórica anti-ambiental del presidente.
Cuando Brasil tropezó con la atención de los medios mundiales el año pasado, debido a los intensos incendios en la Amazonía, el gobierno se vio obligado a actuar. Sin embargo, el curso acción elegido fue enviar al ejército, un movimiento costoso que resultó ineficiente. Y las emisiones continúan aumentando.
¿Qué impulsa la deforestación ilegal en Brasil?
Si bien la tala ilegal y la minería son extremadamente peligrosas para la selva amazónica, muchos investigadores coinciden en que una industria tiene la mayor parte de la responsabilidad en la deforestación ilegal: el acaparamiento de tierras.
El acaparamiento de tierras en el Amazonas permite un mercado inmobiliario multimillonario. Aproximadamente un tercio de la Amazonía está en riesgo de apropiación de tierras, en el marco de un área compuesta de tierras públicas que el gobierno brasileño no ha asignado oficialmente a nadie. No son áreas de conservación, territorios indígenas, asentamientos rurales ni tierras de cultivo privadas.
Investigadores y fiscales dicen que la incertidumbre sobre su estado los coloca en el centro de una lucha destructiva y a menudo violenta entre los acaparadores de tierras, las fuerzas del orden y las comunidades tradicionales, cada uno luchando por la oportunidad de poseer un terreno que el gobierno reconoce.
La deforestación es clave para los acaparadores de tierras, allanando el camino para que puedan imponer su posesión sobre una parcela. Esta práctica se remonta a la década de 1970, cuando el régimen militar de Brasil alentó a las personas de otros estados a ocupar tierras públicas en la Amazonía para desarrollarlas e integrarlas al país.
Cuando los inspectores del gobierno acudieron a las tierras para evaluar si las personas que las ocupaban merecían un título oficial, la deforestación fue uno de los principales aspectos de los cuales tomaron nota. Los inspectores solían exigir que los solicitantes deforesten al menos la mitad de su parcela antes de aprobar su reclamo.
Los datos analizados por el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas muestran que más del 40% de la deforestación ocurrida en el Amazonas ahora se encuentra situada en tierras públicas no asignadas. En el estado de Amazonas, el más grande de la región, más del 50% de las alertas de deforestación a principios de este año sucedieron en terrenos estatales y federales que no se encuentran protegidos.
Si bien el presidente Bolsonaro ha sido claro en su política de no otorgar a las comunidades tradicionales más tierras de las que actualmente tienen acceso, su postura contra los acaparadores de tierras ha sido mucho menos clara. Incluso a veces ha sido alentadora.
El año pasado, la administración de Bolsonaro presentó un proyecto de ley en el cual esencialmente le otorgaría una amnistía a los acaparadores de tierras que se apoderaron del territorio hasta el 2018. El proyecto de ley fue rechazado en el Congreso, pero muchos legisladores han demostrado su apoyo a las propuestas centrales. Los investigadores sostienen que la expectativa en torno a esta amnistía genera que muchas personas sigan acaparando tierras.
¿Qué podría hacerse para detenerlo?
Los fiscales y ambientalistas dicen que cualquier respuesta a la creciente tasa de deforestación de Brasil debe incluir el fortalecimiento de las agencias de protección ambiental y, para algunos, incluso la introducción de sanciones más severas por la degradación ambiental. Una mejora en las herramientas utilizadas para rastrear carne, madera, minerales y otras cadenas de suministro también contribuiría a cortar los vínculos delictivos.
Todo esto costaría dinero y recursos. Sin embargo, hay una política que cuesta muy poco dinero y tendría resultados casi instantáneos: crear mayores reservas. Cuando el gobierno crea reservas, esencialmente excluye la tierra pública del mercado de acaparamiento de tierras, reduciendo severamente las posibilidades de que un acaparador de tierras obtenga algún día un título para esa parcela.
Brasil lo ha intentado antes. Entre el 2003 y el 2008, la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, creó 66 reservas, protegiendo cientos de miles de kilómetros cuadrados de bosque. El resultado de esta política, junto con otras, condujo a Brasil a reducir a la mitad las tasas de deforestación bajo el mandato de Silva, mientras que los agronegocios dispararon sus niveles de ventas y ganancias.
La historia nos muestra que el crecimiento económico no se traduce en más emisiones.
