El cambio climático ha aumentado la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Sequías, inundaciones y olas de calor en lugares tan dispares como Pakistán, Kenia y Chile se están convirtiendo en fenómenos imposibles de ignorar.
Este mes, las condiciones meteorológicas extremas azotaron Brasil, con inundaciones devastadoras en el estado más meridional de Rio Grande do Sul. Imágenes estremecedoras muestran el centro histórico sumergido de la capital del estado, Porto Alegre. Algunos residentes fueron rescatados utilizando pequeñas embarcaciones y motos acuáticas, mientras que otros permanecieron varados en los techos de sus casas mientras sus pertenencias eran arrastradas.
Los daños han paralizado infraestructuras vitales, como puentes, pasos elevados y el mayor aeropuerto internacional de la región. La estimación inicial de reconstrucción del gobierno estatal ronda los 19.000 millones de BRL (3.700 millones de dólares), aunque esta cifra se extrapoló de un fenómeno meteorológico mucho menor en 2023 y podría estar infravalorada. Sólo será posible hacerse una idea completa de las pérdidas cuando bajen las aguas.
Inmediatamente después de una crisis, todos los recursos deben concentrarse en rescatar y apoyar a los afectados por la tragedia. Pero a medida que las aguas se retiran, queda claro que la reconstrucción del estado requerirá un esfuerzo masivo. Ante la destrucción, el gobernador del estado, Eduardo Leite, pidió un “Plan Marshall” para Rio Grande do Sul, en referencia a la movilización masiva de financiación y apoyo para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
La contundente declaración de Leite subraya la necesidad de que los países en desarrollo emprendan acciones audaces para recuperarse de los desastres relacionadas con el clima. La evocación del plan puede servir de heurística útil para un esfuerzo colectivo de reconstrucción, pero hoy se requerirá algo muy diferente en comparación con 1948. La reconstrucción tras un fenómeno meteorológico extremo requiere una respuesta múltiple y holística que se centre en las necesidades de los afectados.
Para Brasil y otros países en desarrollo, una respuesta a los desastres climáticos centrada en el ser humano seguiría cinco medidas fundamentales: moderar las intenciones de austeridad; movilizar financiación nacional e internacional asequible para apoyar los esfuerzos de reconstrucción; dar prioridad a infraestructuras más resistentes a los fenómenos meteorológicos extremos; vincular los esfuerzos de reconstrucción al desarrollo de industrias ecológicas nacionales; y adaptar y reforzar las instituciones locales para permitir una respuesta orientada a la misión.
La respuesta inmediata del gobierno federal a la crisis va en esa dirección. Frente a las protestas de los partidos de la oposición y las críticas de los halcones fiscales de Brasil, el gobierno debe mantenerse firme e ir más allá.
El camino hacia la reconstrucción sostenible
Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva inició su tercer mandato, Brasil ha destacado su papel en la transición climática en foros y discursos internacionales. Aunque este discurso ha tenido a veces eco en la política nacional, las acciones climáticas del gobierno han sido inconsistentes.
Las inundaciones de Rio Grande do Sul, una tragedia sin precedentes y un reflejo de las numerosas emergencias desencadenadas por el clima en todo el mundo, exigen una acción gubernamental decisiva. Hay que mitigar los costos humanos inmediatos y, después, reconstruir el estado de forma resiliente al clima. Aquí proponemos una hoja de ruta para esa reconstrucción.
1. Dejar atrás la austeridad
Abandonar la austeridad fiscal es la primera medida que debe tomar un país en desarrollo en caso de una tragedia climática.
Tras la pandemia, ha habido una tendencia generalizada a la austeridad, a pesar de las enormes necesidades de inversión. El gobierno de Lula se ha esforzado por dar una señal de prudencia financiera, aprobando un Nuevo Marco Fiscal (NAF) en su primer año. El marco fijó un objetivo de superávit presupuestario primario, que limita el crecimiento del gasto fiscal vinculándolo a los ingresos fiscales. En un principio, el gobierno prometió alcanzar el “cero fiscal” en 2024 y lograr superávit en los años siguientes, todo ello mientras relanzaba programas sociales, fomentaba el crecimiento salarial y mantenía a flote la inversión. Hasta ahora, ha tenido dificultades para cumplir estos ambiciosos objetivos.
Puede que el desastre actual no cambie este compromiso general, pero sin duda exigirá una gobernanza audaz y creativa. La reconstrucción requerirá fondos presupuestarios adicionales, lo que significa eliminar estos costos de los objetivos fiscales anuales; el NAF ya incluye los desastres de gran impacto en su lista de exenciones de los objetivos fiscales anuales. Sin embargo, tanto el gobierno como el parlamento deberían acordar una interpretación a largo plazo de esta disposición relativa a la reconstrucción, para salvaguardar la tan necesaria inversión en infraestructuras. Muchos países en desarrollo se enfrentan a dificultades de endeudamiento que ponen en peligro su capacidad para lanzar audaces paquetes fiscales, pero la posición actual de Brasil es sostenible.
Con solo seis años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y los objetivos de Brasil en el marco del Acuerdo de París, ahora no es el momento de que el país redoble la austeridad.
2. Movilizar financiación asequible
En segundo lugar, Brasil necesita movilizar financiación asequible para la reconstrucción procedente de bancos de desarrollo nacionales y multilaterales. Movilizar recursos a través de las líneas de crédito existentes y aprovechar el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil sería un buen comienzo, pero se necesitará más.
Las instituciones multilaterales podrían añadir otra capa de financiación, y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del bloque BRICS ya está demostrando ser un socio interesante. Fundado en 2015, aún se está afianzando en la escena internacional y cuenta con un exceso de capital disponible. El NDB, presidido actualmente por la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, acaba de comprometer 1.115 millones de dólares para la reconstrucción de Rio Grande do Sul, parte de los cuales serán distribuidos por bancos locales. Dado su mandato ecológico, es apropiado que el NDB responda a este desastre relacionado con el clima y apoye a un Estado miembro en su reconstrucción sostenible.
Otras instituciones, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con su amplia cartera de proyectos de infraestructura y resiliencia, serán cruciales para apoyar a Rio Grande do Sul. En el actual escenario de elevados tipos de interés a largo plazo, muchos países se enfrentan a elevados costos de endeudamiento en los mercados privados, que superan su capacidad de reembolso. Por lo tanto, los bancos de desarrollo nacionales y multilaterales tienen un papel clave que desempeñar para garantizar que los países en desarrollo puedan recuperarse y aumentar su resiliencia sin perjudicar la sostenibilidad de su deuda.
Se están haciendo esfuerzos en este sentido. Después de que una diputada federal de Rio Grande do Sul, Fernanda Melchionna, propusiera un proyecto de ley por el que se concedía una amplia condonación de la deuda federal al estado, el viernes 17 de mayo se llegó a un compromiso: los pagos de la deuda estatal de Rio Grande do Sul se suspenden durante 36 meses. Esto permitirá canalizar los recursos hacia inversiones que sigan las directrices de mitigación y adaptación al cambio climático del Ministerio de Medioambiente, en colaboración con organismos técnicos y la sociedad civil. Además, los ministerios se están coordinando para presentar propuestas al Estado; el Ministerio de Hacienda ya ha prometido una cantidad inicial de 50.000 millones de BRL (10.000 millones de USD) para la reconstrucción.
3. Planificar el futuro
En tercer lugar, es crucial que el gobierno adopte una visión a largo plazo y desarrolle resiliencia ante posibles choques futuros. La ley de contratación pública más reciente permite a los gobiernos federales y locales adquirir bienes y servicios basándose en aspectos técnicos, y no sólo en el precio. Como declaró recientemente la ministra de Medioambiente, Marina Silva, las inversiones en ciudades vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos deben tener como objetivo mitigar el impacto de futuros acontecimientos, y cualquier reconstrucción debe hacer lo mismo; el Programa de Aceleración del Nuevo Crecimiento (Novo PAC) del gobierno incluye ahora la financiación de “ciudades resilientes y sostenibles” y menciona específicamente la prevención de catástrofes como objetivo principal.
4. Dar prioridad a la construcción ecológica
En cuarto lugar, en la medida de lo posible, los países que emprendan esfuerzos de reconstrucción deberían dar prioridad a la industria verde y a las cadenas de producción locales. Esto fomenta la resistencia al cambio climático que puede superar, por ejemplo, las interrupciones en las cadenas de suministro globales.
Brasil se ha sumado a los esfuerzos mundiales de industrialización ecológica y su política industrial más reciente pretende cultivar el liderazgo mundial en producción ecológica, lo que incluye aprovechar el potencial del país en acero y cemento ecológicos. En este sentido, un pequeño ajuste en las directrices de contratación de la construcción que dé prioridad a los proveedores “más verdes” puede garantizar la demanda y generar incentivos hacia la descarbonización de la fabricación básica. Tales iniciativas pueden contribuir a la alineación entre la dotación de recursos naturales, los objetivos de reindustrialización y los imperativos de sostenibilidad.
5. Construir un legado institucional
Por último, responder adecuadamente a las emergencias climáticas es, ante todo, un reto político. Merece la pena recordar que el enorme fondo del Plan Marshall para reconstruir Europa fue acompañado de esfuerzos en la construcción institucional como, por ejemplo, la creación del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. En consecuencia, la reconstrucción de Rio Grande do Sul requiere un nuevo marco institucional que pueda servir de ejemplo, no solo para la reconstrucción, sino para crear resiliencia con el fin de evitar o mitigar los inmensos costos del cambio climático.
Siguiendo los principios de la formulación de políticas orientadas a la misión, el gobierno federal brasileño debería facultar a la recién creada Secretaría Extraordinaria de Apoyo a la Reconstrucción de Rio Grande do Sul para coordinar no solo los órganos gubernamentales locales, sino también los esfuerzos de varios ministerios. Esto evitará el aislacionismo burocrático.
Además, la creación de un “Consejo para la Reconstrucción y la Resiliencia Climática”, compuesto por representantes de la sociedad civil, gobiernos locales, grupos empresariales y bancos multilaterales de desarrollo, podría permitir la supervisión y racionalización del trabajo de la secretaría. Este consejo podría centrarse inicialmente en Rio Grande do Sul y servir de marco para orientar futuras respuestas de emergencia y de modelo para las administraciones nacionales y mundiales.
Esperamos que la respuesta a este desastre climático modele positivamente el futuro no solo de Porto Alegre, sino también de otras ciudades e instituciones en las próximas décadas.
Aunque las circunstancias son ahora calamitosas, nadie debería apostar contra Porto Alegre. La capital del estado es conocida por ser pionera en modos innovadores de gobernanza: en 1989, esta ciudad del sur se atrevió a inventar los presupuestos participativos. La innovación alcanzó influencia internacional y se convirtió en un faro de esperanza para un futuro más democrático durante el apogeo del neoliberalismo, cuando las alternativas políticas se reducían. Hoy, Porto Alegre puede volver a demostrar que otro mundo es posible.
