Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur se enfrenta ahora a otro obstáculo: las nuevas exigencias medioambientales de la UE, que el Gobierno brasileño no parece dispuesto a acatar y que incluso los ecologistas han denunciado como “maquillaje verde”.
El acuerdo entre la UE y Mercosur —el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— reduciría y eliminaría progresivamente los aranceles entre las dos regiones, que suman 710 millones de habitantes y representan algo menos del 18% del producto interior bruto mundial.
Aunque en principio se alcanzó un acuerdo entre los bloques en 2019, aún no se ha finalizado ni ratificado. Al año siguiente, varios gobiernos europeos expresaron su preocupación por el acuerdo, criticando las políticas medioambientales del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y paralizando los avances hasta que su administración se comprometiera a adoptar políticas para controlar la deforestación. En aquel momento, la tasa de deforestación de Brasil era la más alta de la última década, mientras que el aumento de los incendios forestales en la Amazonía atraía cada vez más la atención internacional.
Con la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil a principios de año, y sus promesas de revertir los retrocesos medioambientales del gobierno anterior, se abrió una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones UE-Mercosur.
Aun así, Europa ha seguido presionando al bloque sudamericano para que se comprometa a adoptar medidas vinculantes para hacer frente a la deforestación y, en una denominada carta adjunta al acuerdo, ha propuesto cambios en el capítulo centrados en el comercio y el desarrollo sostenible.
En este instrumento adicional —que no se anunció oficialmente pero ha circulado entre los miembros del Mercosur y de la UE, e incluso se ha filtrado a los ecologistas— se reitera la exigencia de los firmantes de “no rebajar sus normas medioambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras”.
La carta también exige nuevos compromisos para aplicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) al Acuerdo de París sobre el cambio climático, y los acuerdos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros tratados y protocolos internacionales.
Pero el nuevo documento ha sido criticado por los legisladores y el Gobierno brasileños. En una reciente reunión en el Congreso del país, el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, dijo que el texto convertía los compromisos voluntarios del Acuerdo de París en obligatorios, y sugirió el riesgo de sanciones a Brasil como represalia, si el país no es capaz de cumplir sus objetivos. Añadió que quiere evitar una situación en la que “el medioambiente se utilice como pretexto para medidas proteccionistas”, y que el Gobierno brasileño está trabajando en contrapropuestas.
El presidente Lula, por su parte, ha adoptado un tono similar. Durante su visita oficial a España en abril, afirmó que el acuerdo UE-Mercosur es “todavía imposible de aceptar”, aunque espera poder llegar a un acuerdo a finales de año.
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil que habían estado presionando para que se establecieran normas medioambientales y de derechos humanos más estrictas en el acuerdo UE-Mercosur se mostraron frustradas por el contenido de la carta adjunta. El acuerdo comercial propuesto ha generado desde hace tiempo polémica entre ecologistas, activistas indígenas y pequeños agricultores de ambos bloques, que han afirmado que el acuerdo podría impulsar la deforestación en los países del Mercosur, crear competencia desleal y amenazar los derechos de las comunidades tradicionales.
En un comunicado conjunto con otras organizaciones, Amigos de la Tierra Europa dijo que el material adicional de la carta adjunta “no hace nada” para proteger el medioambiente, el clima o los derechos humanos, ofreciendo sólo “ajustes cosméticos, aspiracionales e inaplicables”. La organización también criticó el instrumento propuesto por no abordar las actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, como la agricultura brasileña, y afirmó que el acuerdo sigue dejando de lado a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores.
En marzo, un grupo de representantes de comunidades de Brasil, Paraguay y Argentina visitó el Parlamento Europeo en Bruselas para expresar su preocupación por el acuerdo. Ana Paula Santos Souza, agricultora familiar y profesora del estado amazónico brasileño de Pará que asistió a la reunión, describió la falta de compromiso con los funcionarios: “No hubo ni un solo momento en [las negociaciones sobre] estos acuerdos en el que se escuchara a la gente”.
Otros expertos consideraron que la carta era débil desde el punto de vista jurídico. “No es especialmente vinculante”, afirmó Lia Valls Pereira, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en un seminario web celebrado el 11 de mayo.
No vimos en la carta adjunta ninguna perspectiva ni riesgo de aplicar sanciones a los países del MercosurPedro Motta Veiga, director de CINDES
“No vimos en la carta adjunta ninguna perspectiva ni riesgo de aplicar sanciones a los países del Mercosur”, añadió Pedro Motta Veiga, otro de los ponentes y director de CINDES, un think tank centrado en las políticas económicas y el desarrollo sostenible de Brasil.
En el seminario web, Maurizio Cellini, jefe de la sección de comercio de una delegación de la UE que visitó Brasilia la semana pasada, explicó que el instrumento adicional era “esencialmente interpretativo” y debía considerarse “una propuesta más que un dictado”.
La delegación, compuesta por un grupo de legisladores del Parlamento Europeo, había volado a Brasil con el objetivo de desbloquear el acuerdo comercial. Hablaron en el Congreso y visitaron a funcionarios, entre ellos Marina Silva, Ministra de Medioambiente del país.
José Manuel Fernandes, el legislador portugués que encabeza la delegación de la UE, declaró a los medios de comunicación brasileños que consideraba que las reacciones a la carta adjunta eran mayoritariamente positivas, pero afirmó que el acuerdo se enfrentaba a un momento crítico: “Si no se cierra este año, difícilmente se cerrará pronto”.
